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lunes 20 de enero de 2020

Y sin embargo…se movió

Cristhian Uribe Mendoza*

El domingo 27 de octubre de 2019 más de 36 millones de colombianos fueron convocados a las urnas para elegir un total de 20,428 representantes políticos en todo el territorio nacional (32 gobernadores, 418 diputados, 1,101 alcaldes, 12,063 concejales y 6,814 ediles). Para muchos analistas, en esta jornada de votación no sólo se eligieron las autoridades políticas que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos del país durante el periodo 2020-2023, sino algo más profundo: el modelo de sociedad, más incluyente y democrática, que anhelan las nuevas ciudadanías.

Estos comicios evidenciaron una transformación de la política colombiana no sólo por tratarse de las primeras elecciones locales y regionales después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las farc-ep,[1] el 24 de noviembre de 2016; sino también por el sorprendente ascenso que tuvieron las fuerzas políticas independientes y de oposición, que lograron vencer las candidaturas de la clase política tradicional y del partido de gobierno en muchas zonas que eran consideradas su bastión electoral.

Las tensiones latentes entre críticos y defensores del Acuerdo de Paz son clave para entender no sólo los resultados electorales del pasado 27 de octubre, sino también parte de la coyuntura del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, que rápidamente se convirtió en una histórica jornada de movilización, en la cual la ciudadanía manifestó masivamente su descontento frente a las políticas del presidente Iván Duque, quien ganó las elecciones presidenciales del 2018 con la ayuda del expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe.

Paz y polarización política en Colombia

Desde la firma del Acuerdo de Paz, el clima político del país se hallaba fuertemente polarizado. Uno de los principales antecedentes de esto fue el “plebiscito por la paz” con que el expresidente Santos pretendía refrendar los puntos acordados en La Habana.[2] En las urnas, el “No” de quienes se oponían al Acuerdo (50.21%) se impuso –por un estrecho margen– sobre el “Sí” de aquellos que lo respaldaban (48.78%). Por tanto, el gobierno tuvo que renegociar algunos puntos con los promotores del No para después firmar el Acuerdo de Terminación Definitiva del Conflicto, que fue refrendado –esta vez– por el Congreso de la República.

La polarización atizada por los resultados del plebiscito se mantuvo intacta hasta las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.[3] En este contexto, los promotores del No, encabezados por el expresidente Uribe, intentaron capitalizar electoralmente el descontento de sectores sociales que se habían opuesto a los Acuerdos de Paz, bajo el argumento de que éstos favorecen la impunidad. Los demás sectores políticos, por su parte, hicieron campaña a favor de la implementación de lo acordado en La Habana, puesto que su objetivo es subsanar los problemas estructurales que alimentaron el conflicto armado interno durante más de medio siglo.

Como resultado, el expresidente Uribe promovió la figura de Iván Duque, logrando que este candidato ganara las elecciones presidenciales por el partido Centro Democrático,[4] pese a su escasa experiencia política y administrativa. El historial político de Duque se reduce sólo a un periodo como senador entre 2014 y 2018, en el que se caracterizó por apoyar incondicionalmente todas las posturas de su mentor y líder natural del Centro Democrático. Así, la elección de Duque significó el retorno del “uribismo” al Poder Ejecutivo luego de ocho años del gobierno de Santos, lo que –entre otras cosas– generó una gran incertidumbre frente a la realización del Acuerdo de Paz.

Un breve balance del primer año de Duque

El 7 de agosto de 2019, Iván Duque cumplió un año de haber sido elegido presidente de Colombia. Distintos analistas han calificado este primer año de gobierno como improductivo y errático. Aunque el Ejecutivo ha tenido aciertos en temas puntuales como el manejo de la crisis migratoria de venezolanos en el territorio nacional, el plan de vivienda rural y proyectos clave para el desarrollo del país en las áreas de infraestructura y vías, entre otros, Duque no ha conseguido evidenciar ante la opinión pública un liderazgo propio ni resultados significativos de su gestión, en gran medida, porque parece gobernar bajo la sombra del expresidente Uribe.

Siguiendo el mandato del “uribismo”, Duque ha intentado torpedear la implementación de los Acuerdos de Paz,[5] en lugar de buscar soluciones a los problemas más urgentes del país, como el desempleo, la inseguridad y la corrupción, entre otros. Los resultados en estas materias han sido nefastos. Según cifras del dane,[6] la tasa de desempleo nacional del trimestre agosto-octubre fue de 10.3%. Además, ha habido un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, entre ellos, las disidencias de las farc-ep, y más de 236 líderes sociales fueron asesinados durante su primer año de gobierno.[7]

La relación del presidente Duque con el legislativo ha sido bastante débil. Por un lado, los partidos de oposición y los independientes han intentado aplicar en diferentes ocasiones el mecanismo de moción de censura contra altos funcionarios del gobierno, como los ministros de defensa y hacienda, entre otros. Por otro lado, en su primer año de gobierno, Duque sólo logró tramitar con éxito cuatro de 18 proyectos de ley presentados en el Congreso, ya que el partido de gobierno no alcanza a reunir las mayorías necesarias para su aprobación, y los partidos independientes, como el Partido de la U o Cambio Radical, no siempre respaldan las iniciativas del Ejecutivo.

Estos son algunos de los motivos por los que la gestión del presidente no ha gozado de buena aprobación en las encuestas. Desde que Iván Duque se posesionó, su nivel de aprobación ha caído en picada, puesto que inició su mandato con 47% de aprobación, su punto más alto, y en noviembre de 2019 su desaprobación llegó a 70%, según la más reciente encuesta Gallup,[8] que mide la opinión de los colombianos en las grandes ciudades desde hace más de 20 años.

Las primeras elecciones regionales tras el Acuerdo de Paz

Las elecciones regionales del pasado 27 de octubre fueron las primeras de su tipo, celebradas después de la firma del Acuerdo de Paz. La jornada electoral sirvió para medir –por primera vez en el ámbito subnacional– la opinión ciudadana frente al partido político de los exguerrilleros, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (farc), que presentó 248 candidaturas en trece alcaldías, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales (jal).

Otra novedad de la jornada fue la implementación del artículo 25 de la Ley de Equilibrio de Poderes 1909 de 2018, el cual indica que los candidatos que obtengan la segunda votación más alta para alcaldía y gobernación tendrán derecho –si así lo desean– a ocupar una curul en el concejo o en las asambleas departamentales, respectivamente. Esto con el objetivo de garantizar el acceso de los partidos de oposición a las corporaciones públicas correspondientes para que puedan defender allí́ sus puntos de vista.

En algunas zonas del territorio nacional, las campañas electorales se desarrollaron bajo un clima de violencia. Según la Misión de Observación Electoral (moe), la violencia política contra candidatos aumentó respecto a elecciones anteriores, puesto que en el último año se registraron 108 actos violentos (34 más que en 2015) en 57 municipios del país; siendo las comunidades campesinas e indígenas las más afectadas. En este contexto, se registraron 57 agresiones contra mujeres con el fin de impedir o desestimular su aspiración a diferentes cargos de elección popular. Entre ellos, se destaca el caso de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) por el Partido Liberal, quien fue amenazada y masacrada junto a cinco personas más por grupos armados ilegales.

Si bien en esta elección se registró el número más alto de candidatas mujeres en la historia de Colombia (43,824 inscritas, que representan cerca de 40% del total de candidaturas), el país aún está lejos de garantizar el cumplimiento de la cuota mínima (30%) de participación femenina que establece la ley. En 540 municipios, casi la mitad del país, ninguna mujer se postuló a la alcaldía y tampoco se presentaron candidatas para la gobernación en 18 de los 32 departamentos. Finalmente, sólo dos mujeres fueron elegidas como gobernadoras y 130 como alcaldesas.[9]

Las sorpresas de la jornada de votación

En términos generales, la votación transcurrió con normalidad en la mayor parte del país, sin ninguna alteración relevante de orden público ni hechos de violencia que impidiera a la ciudadanía ejercer su derecho al voto.
Los resultados electorales evidenciaron el avance de las fuerzas políticas independientes y de oposición. En este sentido, se destaca la sorpresiva derrota del partido Centro Democrático en zonas del país que eran consideradas bastión electoral del “uribismo”, entre ellas: la alcaldía de Medellín, que fue conquistada por el candidato independiente Daniel Quintero, la gobernación de Antioquia, donde resultó vencedor el candidato Aníbal Gaviria de la Coalición “Es el momento de Antioquia”.

La mayor sorpresa de la jornada fue el histórico triunfo de Claudia López (Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y movimiento Activista), quien se convirtió en la primera mujer abiertamente gay en llegar a la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante del país, lo que constituye un avance favorable hacia la equidad de género. López ganó la elección con 35.2% de los apoyos ciudadanos, derrotando a candidatos que –en mayor o menor medida–contaban con grandes maquinarias políticas o con el apoyo de los partidos tradicionales y de los sectores más conservadores del país (v. gr. movimientos evangélicos).

Otros candidatos alternativos vencieron a la clase política tradicional en ciudades como Cartagena, donde ganó William Dau (Movimiento Ciudadano Salvemos a Cartagena), y Cúcuta, donde fue elegido Jairo Yañez (Alianza Verde). Además, el excombatiente de las farc, Guillermo Torres derrotó a las fuerzas políticas en el municipio de Turbaco (Bolívar), con el aval del movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica.

Adicionalmente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (farc) obtuvo dos curules en la jal (Bogotá) y la alcaldía del municipio de Guapi (Cauca). Pese a que estos resultados parecen bastante modestos, no deja de ser significativo que el partido político derivado del proceso de paz haya logrado competir en elecciones, obteniendo tres cargos de representación por voto popular, más aún si se tiene en cuenta la fuerte estigmatización y la violencia política de la que han sido objeto los miembros de esa colectividad tras su reintegración a la vida civil.

Estos resultados manifiestan un cambio en la historia política reciente de Colombia. Las elecciones presidenciales de 2018 mostraban un país derechizado y altamente polarizado en torno al Acuerdo de Paz; sin embargo, el discurso del miedo (al “castro-chavismo”, a la “ideología de género”, a la “impunidad del Acuerdo de Paz”, etc.) que le sirvió al “uribismo” para hacer campaña y ganar elecciones durante varios años, esta vez perdió efectividad. Incluso, el expresidente y senador Álvaro Uribe supo reconocer públicamente la derrota del partido de gobierno.[10]

En contraste, las principales capitales del país (Bogotá, Medellín y Manizales, entre otras) eligieron candidatos que de algún modo representan las nuevas ciudadanías, esto es, aquellas personas preocupadas por una multiplicidad de asuntos como la diversidad, los derechos sexuales, el respeto a los animales y el medio ambiente, además del feminismo y la corrupción, por ejemplo. De esta manera, las elecciones del pasado 27 de octubre dejaron un clima de optimismo y esperanza de cambio en la sociedad colombiana, como lo expresa el escritor Ricardo Silva: “¿Y si ésta es en verdad una nueva época? ¿Y si Bogotá es así? ¿Y si Colombia es así?”.[11]

Coletilla: el Paro Nacional del #21N

El jueves 21 de noviembre de 2019, la ciudadanía convocó una jornada de paro nacional para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, que previamente había anunciado dos reformas: una pensional y otra laboral, las cuales buscaban reducir los beneficios sociales y económicos de los trabajadores y pensionados. La convocatoria, promovida en Twitter como #21N, despertó rápidamente la solidaridad de estudiantes, sindicatos, indígenas, ambientalistas y diferentes sectores sociales que rechazaban las políticas del gobierno y criticaban su mala gestión.

Por su parte, el expresidente Uribe y líderes del partido de gobierno alegaron que el Paro Nacional del #21N hacía parte de un complot del “comunismo internacional” patrocinado por el Foro de São Paulo con el fin de desestabilizar la democracia en América Latina. Paso seguido, la fuerza pública desplegó una campaña de persecución y allanamientos contra colectivos juveniles y medios alternativos de comunicación con el propósito de impedir la protesta social.

Dichos actos de intimidación terminaron por intensificar el descontento ciudadano; razón por la cual el paro del #21N se convirtió en la movilización de “mayor magnitud y acogida” que se ha visto en Colombia desde 1977.[12] A grandes rasgos, la multitudinaria jornada del jueves se desarrolló pacíficamente (con algunos hechos aislados y esporádicos de vandalismo) y culminó con un inédito cacerolazo que se escuchó no sólo a lo largo y ancho del territorio nacional, sino también en otros países: Alemania, Estados Unidos, Francia y México, entre otros, donde los colombianos que viven en el exterior se congregaron para rechazar lo que se denominó: “el paquetazo de Duque”.

En los días siguientes, el repertorio de la protesta incluyó actividades pacíficas y creativas de diversa índole, como: el cacerolazo sinfónico, la tamborada de los pueblos negros, el besatón, el yogatón, el concierto del paro, etc.; lo que ha suscitado que más personas se unan a la movilización, con nuevas reivindicaciones. Algunas de estas actividades han tenido una respuesta represiva por parte del Estado por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios (esmad) de la policía nacional, que en su intento de frenar las manifestaciones ha causado un sinnúmero de heridos y la muerte del estudiante Dylan Cruz.

Al momento de escribir este análisis van 12 días de protestas y el Paro Nacional sigue. Esto se debe, en gran medida, a la negativa del gobierno nacional de negociar con el Comité Nacional del Paro, que ha elaborado un pliego de peticiones de 13 puntos específicos, que incluye: el retiro del proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso, la implementación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los estudiantes universitarios, indígenas, funcionarios públicos y los sectores campesinos, entre otros.

Más allá de los últimos resultados electorales y de los acuerdos que se puedan derivar del Paro Nacional, las dos situaciones descritas son señales de que la sociedad colombiana está cambiando, dejando atrás el ambiente de polarización política que ha caracterizado al país en los últimos 20 años. Todo parece indicar que estamos asistiendo a la emergencia de nuevas ciudadanías, más empoderadas y mejor informadas, que anhelan una sociedad más justa, incluyente y democrática.

* Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Coordinador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (iij-unam/oea).
#ObservatorioREFPOL. Miembro del grupo de investigación: “Conflictos sociales, género y territorio” de la Universidad Santo Tomás, Colombia.
Twitter: @CUribeMendoza

[1] Las siglas corresponden al extinto grupo guerrillero autodenominado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
[2] Durante el periodo 2012-2016, el Estado colombiano y las farc-ep negociaron en La Habana (Cuba) un conjunto de acuerdos para el cese definitivo de las hostilidades y el desarme de este grupo subversivo. El Acuerdo de Paz de La Habana consta de seis puntos clave que tienen por objetivo subsanar las causas del conflicto armado interno: 1) Reforma rural integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 5) Víctimas, 6) Implementación, verificación y refrendación.
[3] Cabe aclarar que las elecciones en Colombia no son concurrentes. Las elecciones legislativas se realizaron el 11 de marzo de 2018. Por su parte, las presidenciales se celebraron el 27 de mayo de ese mismo año (primera vuelta) y el 17 de junio (segunda vuelta).
[4] Iván Duque, apoyado por el Centro Democrático y otros partidos de centro-derecha, ganó la segunda vuelta electoral con 54% de los votos frente a 42% obtenido por Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana, que aglutinó a diferentes sectores políticos independientes y de centro-izquierda.
[5] Una de las primeras acciones del presidente Duque fue objetar ante el Congreso de la República la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), instancia creada por el Acuerdo de Paz con el objetivo de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el transcurso del conflicto armado interno. Tales objeciones se relacionaban con la reparación económica de las víctimas, la extradición y el papel de la justicia ordinaria, entre otras. Luego de seis meses de discusión, la solicitud del Ejecutivo fue rechazada mayoritariamente tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado puesto que las objeciones aludían a sentencias que ya había resuelto la Corte Constitucional. Por último, Duque tuvo que sancionar la Ley Estatutaria.
[6] El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.
[7] “702 líderes sociales y 135 excombatientes habrían sido asesinados desde firma del Acuerdo”. El Espectador, 23 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-135-excombatientes-habrian-sido-asesinados-desde-firma-del-acuerdo-articulo-862367
[8] La encuesta completa está disponible en: https://es.scribd.com/document/438328097/2019-12-Gallup-Poll
[9] “Disminuye la presencia de mujeres en cargos de elección popular”. rcn Radio, 29 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.rcnradio.com/politica/disminuye-la-presencia-de-mujeres-en-cargos-de-eleccion-popular
[10] El Centro Democrático disminuyó su votación total para las alcaldías, de 1,489,240 votos en 2015, a 1,171,560 en 2019, con los agravantes de ser el partido de gobierno y de haber perdido, aunque eran considerados bastiones electorales del “uribismo”, los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila y Caquetá.
[11] “¿Y si Colombia es así?”, columna de Ricardo Silva Romero, publicada el 30 de octubre de 2019. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2019/10/30/opinion/1572444850_207815.html
[12] “Las estrategias del Estado para estigmatizar la protesta social persisten con otros apellidos”. En: Revista Arcadia, 27 de noviembre de 2019. Entrevista disponible en:
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/roberto-gonzalez-arana-habla-del-paro-nacional-de-noviembre-en-colombia/79224

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