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lunes 20 de enero de 2020

Un guión que se repite

Santiago Basabe*

En octubre de 2019 Ecuador vivió la crisis política más importante de los últimos quince años. Desde la salida anticipada del expresidente Gutiérrez, allá por 2005, el equinoccial país no había vivido la turbulencia de las manifestaciones callejeras y el griterío pidiendo la salida del jefe de Estado. Antes y ahora, el movimiento indígena cumplió un papel determinante, aunque con connotaciones distintas. Así, luego de la tensa calma generada en la década de gobierno del expresidente Correa, Ecuador se enfrentó nuevamente a la posibilidad real de un escenario de inestabilidad política. ¿Cuáles fueron las motivaciones tras las agitadas protestas de indígenas y otros sectores sociales? ¿Cuáles los determinantes para que las confrontaciones no hayan derivado en un nuevo caso de relevo presidencial? ¿Cuál es el futuro inmediato de los diferentes actores que tomaron parte en el conflicto? Aquí algunas respuestas.

Los antecedentes de un guión que se repite

Históricamente, la economía ecuatoriana ha dependido de la extracción y venta de petróleo. En la década de los setenta, el primer boom del hidrocarburo encontró en el poder a las Fuerzas Armadas. En la segunda gran explosión del precio internacional del barril de petróleo, la presidencia correspondió a Rafael Correa. Tanto en las administraciones militares como en la década de gobierno de la denominada “Revolución Ciudadana”, el tamaño del sector público creció de forma exponencial y la economía giró alrededor de un modelo estatista. Además, en ambos periodos, la deuda pública del país en el exterior aumentó de manera considerable. Así, cuando la bonanza petrolera decreció, la ausencia de ahorro fiscal y la debilidad del sector privado para generar empleo se hicieron visibles en los dos momentos históricos citados. Por fortuna para las Fuerzas Armadas y Rafael Correa, quienes tuvieron que afrontar las consecuencias de las crisis económicas desatadas fueron sus sucesores, Jaime Roldós y Lenín Moreno, respectivamente.

En el caso de Moreno, luego de romper en parte la línea de acción política seguida por quien fuera su fórmula electoral en 2006 y 2009, en el plano económico decidió también marcar distancias. Para ello, los acuerdos con organismos multilaterales que permitieran cubrir parte de la brecha fiscal se tornaron ineludibles. En ese marco, una decisión clave era inyectar recursos económicos de forma rápida a la economía nacional. En esa búsqueda el abanico de opciones no era demasiado amplio: reforma tributaria vía incremento del impuesto al valor agregado (de 12 a 14%) o eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel. Aunque la vía impositiva fue siempre la primera opción del gobierno, la ausencia de acuerdos en la Asamblea Nacional llevó a que en cuestión de días se decidiera por la segunda medida.

Según encuestas de opinión pública, amplios sectores de la ciudadanía estaban de acuerdo con la eliminación de los subsidios, argumentando que su existencia distorsionaba la economía y generaba un problema de injusticia social. A pesar de ello, esa posición no era compartida por el movimiento indígena y otros sectores, sobre todo las centrales sindicales, que arremetieron en contra del Decreto Ejecutivo Núm. 883, contentivo de la medida citada. Así, las movilizaciones iniciaron con un paro nacional de transportistas que a los pocos días fue sofocado por el gobierno; sin embargo, la arremetida de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (conaie) no se hizo esperar. De esta forma se dio inicio a una serie de protestas y levantamientos populares que, aunque al principio demandaban la restitución del subsidio, con el paso de los días fueron ampliando sus peticiones hasta el punto de llegar a requerir la salida del presidente Moreno.

Movimiento indígena

Los álgidos días de octubre y sus actores

La intensidad de las protestas desarrolladas por el movimiento indígena recordó al país que este segmento de la población es un actor político con demandas y estrategias autónomas. Si bien durante los diez años de gobierno del presidente Correa la capacidad de acción y gestión política de la conaie se vio mermada, los hechos ocurridos hace poco en Ecuador volvieron los ojos del país hacia quienes tradicionalmente han sido definidos, desde el plano informal, como jugadores de veto de políticas públicas. Basta observar que la movilización indígena llevó al gobierno a dejar de lado la medida económica adoptada y, al mismo tiempo, a sentarle en una mesa de negociaciones con todas las condiciones adversas, para evidenciar el papel decisivo de la Confederación en la vida política ecuatoriana. Sin embargo, y a diferencia de episodios conflictivos del pasado, en esta ocasión la violencia y la agresión a bienes públicos y privados se hicieron presentes. Más aún, periodistas y miembros de la policía nacional, así como de las Fuerzas Armadas fueron atacados en su integridad física y emocional.

Las explicaciones para estos cambios vienen desde varios frentes. Uno de ellos, quizás el más creíble, es que el movimiento indígena de ahora ha cambiado los repertorios de acción de sus antecesores, asumiendo la radicalización como su forma de protesta y expresión política. Otras disquisiciones indican que es una facción de la militancia indígena la que ha optado por posiciones más beligerantes y que allí está presente la influencia de actores cercanos al expresidente Correa, interesados en propiciar el caos y la inestabilidad como vía para evitar que su líder sea condenado por los juicios de peculado que ahora enfrenta en la justicia ordinaria. Independientemente de las razones que hayan dado paso a esta mutación en la forma de participación política del movimiento indígena y de las críticas que se han tejido al respecto, el hecho de fondo es que consiguieron reposicionarse en la arena nacional.

Así, en medio de una crisis suscitada tanto por la falta de estrategia del gobierno para comunicar la medida adoptada como para alcanzar acuerdos previos, la posibilidad de la salida anticipada del presidente Moreno fue tomando cuerpo. La escalada de violencia que se vivía, por tanto, no hacía sino reflejar también la ausencia de un análisis adecuado de los alcances de las movilizaciones por parte de los subsistemas de inteligencia policial y militar. Sin embargo, en medio de todas las omisiones, una decisión clave para evitar que la crisis escale al punto del relevo presidencial fue trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. De esta forma se retiró de Quito, principal centro de agregación de los protestantes, el símbolo del poder político, concentrando la toma de decisiones importantes en una ciudad a la que el movimiento indígena tiene serias dificultades de acceso. Tales limitaciones no sólo tienen que ver con razones geográficas –la mayor parte de las organizaciones indígenas se concentran en la sierra central–, sino también con el respaldo que tiene en Guayaquil el centro derechista Partido Social Cristiano (psc), principal apoyo del gobierno nacional en esos días.

Así, luego de doce días de desgaste tanto de las fuerzas policiales y militares como de las organizaciones indígenas, con violaciones de Derechos Humanos atribuibles a ambos contendientes, se llegó a un acuerdo. En esencia, el subsidio a la gasolina y el diésel retornó y se ofrecían salidas alternativas, como la focalización de la medida, en el transcurso de los días siguientes. Sin embargo, tales decisiones gubernamentales nunca llegaron y, más bien, se optó por otro tipo de políticas impositivas para intentar reducir el déficit de la caja fiscal. En definitiva, la conaie se atribuyó una victoria política, el gobierno no tuvo más remedio que asumir su enorme derrota política, mientras que los aliados al expresidente Correa debieron retirarse con una derrota distinta: haber fracasado en su intento de derribar al gobierno nacional.

El conflicto en prospectiva

Una lectura a futuro de los resultados del conflicto citado llevan, de manera inevitable, hacia las elecciones generales de 2021. Por un lado, el movimiento indígena se cohesiona en su interior, resuelve en alguna medida las tensiones entre sus diferentes facciones y se posiciona como una fuerza política en el tablero electoral. No obstante, un segmento de la sociedad blanco-mestiza, que en el pasado había apoyado expresa o tácitamente sus demandas, ahora ha marcado distancias en algunos casos y, en otros, ha pasado a oponerse a su acción política, marcada por la violencia y la intolerancia política. Así, si bien la conaie y su brazo político Pachacutik se visibilizan y generan expectativas en cuanto a una participación activa en las presidenciales de 2021, lo que aún está por verse es si lo harán con candidato propio o en alianzas. El hecho de que históricamente el movimiento indígena no haya superado el diez por ciento de las bancas legislativas, en promedio, torna más dudosa la posibilidad de que sea un candidato de su propia cantera el que los represente para la candidatura a la presidencia del país.

En cuanto al resto de agrupaciones políticas, las movilizaciones de octubre revelaron la ausencia de liderazgos y, sobre todo, la carencia de una estrategia específica para afrontar situaciones conflictivas. Más allá de las apariciones de Guillermo Lasso y Jaime Nebot, referentes de los centro-derechistas creo y psc, el resto de partidos políticos pasaron desapercibidos, afianzando aún más la idea de que en Ecuador el sistema político y, sobre todo, el de ideas políticas es limitado. Aunque el balance de los hechos narrados no mejoró en mayor medida la visibilidad y apoyo popular de Lasso y Nebot, lo que sí ha quedado claro es que al momento esas opciones políticas, ambas aperturistas al mercado y conservadoras en términos valóricos, son las que se ofrecen al electorado.

Por un lado, con una organización indígena que ha optado por anclar su reposicionamiento político más hacia la izquierda de lo que tradicionalmente se había observado en las dos décadas previas y, por otro, con dos referentes de la costa ecuatoriana, ubicados al centro-derecha, lo que queda claro luego de las movilizaciones de octubre es que el centro político en Ecuador se encuentra desierto. Esta amplísima franja del espectro electoral, por tanto, está a la espera de la emergencia de una nueva fuerza política o incluso de un actor que surja de fuera de la escena política tradicional. En este último caso, la posibilidad de un outsider con ideas extremistas no es una opción fuera de lugar. Frente a ello, el reto de diferentes sectores políticos y sociales para evitar tal opción es la formación de grandes acuerdos en el ámbito político y, esencialmente, en el económico, de cara a resolver la crisis heredada de una década de gasto excesivo y recesión del aparato productivo nacional.

En cuanto al gobierno nacional, las movilizaciones y sus resultados han dejado un presidente debilitado en términos políticos y sin mayor capacidad para negociar un proyecto de reforma económica lo suficientemente sostenible y profundo ante la Asamblea Nacional. En dicho contexto, lo que se avizoraba como un periodo de transición, que empezaba en 2017 y terminaría en 2021, debe ser ampliado al menos hasta 2025. Será el próximo jefe de Estado, por tanto, el que deba asumir el duro reto de emprender la reestructuración del modelo de desarrollo del país y consolidar la competencia político-partidista. Si bien Moreno ha avanzado mucho en la reconstitución de las libertades de opinión y participación política, desafortunadamente en el campo del reordenamiento económico del país perdió una batalla clave. La falta de olfato político y la ausencia de acuerdos previos no sólo llevaron al fracaso la posibilidad de eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel. Más allá de eso, la derrota política de octubre de 2019, en la práctica, ha clausurado la posibilidad de que el país pueda dar pasos firmes de cara a su reinserción en la economía internacional, al menos hasta 2021.

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina). flacso Ecuador.

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