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martes 18 de diciembre de 2018

¿Un gobierno incomunicado?

Humberto Musacchio*

En ocasiones se expresa con exasperante lentitud, como si fuera víctima de dislalia, pero frente a la masa mitinera aparece el orador enjundioso, certero, sencillo, dueño de un didactismo que le permite establecer comunicación instantánea y cabal con sus oyentes.

Así es y así ha sido Andrés Manuel López Obrador, lo que no le impide entrar en un contacto casi mágico con sus seguidores. Esa formidable capacidad para relacionarse con la multitud lo llevó a sostenerse en la pelea por varios sexenios y a ganar la elección presidencial en 2018. Su aptitud para comunicarse con los grandes auditorios se la reconocen tirios y troyanos, lo mismo la masa anónima que sus críticos más feroces.

Sí, es un gran comunicador, pero… cualquiera sabe que una cosa es la oratoria de campaña, siempre favorecida por los errores y las deficiencias del adversario, y muy otra la que corresponde a un jefe de Estado, que, además de la propia elocuencia, debe contar con un aparato capaz de magnificar el mensaje, de explicarlo y hacerlo llegar a todos los rincones.

López Obrador ha insistido en que respetará la libertad de expresión, pero agrega que él también va a usarla. Con esa advertencia, coloca al jefe del Estado en la misma tesitura que a sus críticos, se considera con tanto derecho como cualquier periodista o como cualquier opositor. Es un muy discutible punto de partida.
Mientras fue candidato, el líder de Morena, en efecto, respondió a cada uno de los muchos ataques gratuitos o pagados que recibió. Las leyes y la costumbre política lo autorizaban. Como presidente de la República debe contener su retórica para no lesionar valores democráticos. Tiene todo el aparato del Estado para llevar adelante sus propósitos, y eso le otorga sobre sus críticos una inigualable ventaja que no debe usar o que, de hacerlo, tendrá que ser en forma medida y meditada, más responsable que respondona, pues en su caso, para decirlo en términos bíblicos, el verbo puede hacerse carne, la palabra puede derivar en hechos no siempre legítimos. En tanto que funcionario, tiene atribuciones, no derechos.

Se dirá que un político tan controvertido no puede renunciar a la palabra. No, y nadie puede pedir tal cosa. Pero tenemos ejemplos no muy lejanos del daño que puede causar la logorrea, como fue el caso de Luis Echeverría, cuya locuacidad con frecuencia comprometía a los funcionarios a él subordinados e incluso políticas de Estado que debían tratarse con mayor delicadeza.

El Estado y quien lo encabeza disponen de diversos medios para informar a la sociedad y a los sectores directamente interesados en uno u otro asunto. Para eso están las oficinas de prensa, más pomposamente llamadas de comunicación social. Tienen la función de difundir hechos, aunque con frecuencia van más allá y salen en defensa de la verdad oficial, para lo cual actúan con buenas y malas artes. Así ha sido desde los tiempos de Maximiliano de Habsburgo, que tenía a Domingo Ibarrondo como dador de chayotes y otras prebendas.

Las oficinas de prensa tienen una historia larga, pero fue en los años cuarenta cuando un secretario de Gobernación que luego fue presidente, Miguel Alemán, transformó las oscuras covachas donde se aburrían dos o tres burócratas y a veces solo uno, en maquinarias que de manera sistemática y cotidiana emitían –y emiten– boletines informativos, otorgan publicidad, tratan con los reporteros y los directivos de medios para recibir un buen trato.

En gran medida aquello es historia, pero lo cierto es que los medios –prensa, radio, televisión y ahora internet– se acostumbraron a vivir de esa manera y ahora la rebatinga por los recursos será más encarnizada, pues se redujo a la mitad el presupuesto gubernamental de publicidad para el próximo año.

La que más padecerá por la merma es la televisión, a la que se destinaba alrededor de 85 por ciento del gasto gubernamental en publicidad. Sabiamente, el licenciado López Obrador ya le compensó la eventual pérdida a TV Azteca, a la que le dio a manejar mediante Banco Azteca las tarjetas de programas de apoyo a la tercera edad, a madres solteras y otras. Como se sabe, el citado banco es de los que cobran las más altas comisiones por sus servicios, lo que le augura otro negociazo a la empresa de los Salinas.

Para Televisa y otras empresas ya se le ocurrirá algo al ocupante del Poder Ejecutivo a partir del 1º de diciembre. Lo mismo tendrá que hacer para apaciguar a ciertas estaciones de radio, donde hay conductores de noticieros que no se ahorran adjetivos para zarandear la Cuarta Transformación y otros atentados contra el sagrado derecho al embute. ¡Faltaba más! Las páginas de internet sufrirán menos porque sus costos son muy reducidos en comparación con los de otros medios.

En lo que se refiere a los medios impresos, quizá tenga que adoptarse un sistema semejante al implantado en la España posfranquista, donde se creó un organismo que, de acuerdo con los tirajes certificados y específicamente con la circulación real, daba a las empresas editoras un subsidio. En tal caso, habría que considerar los tirajes, pero también la importancia de publicaciones que, sin ser de tiraje masivo, tienen una incidencia determinante en la política, la cultura, la economía y otros órdenes.

Por otra parte, el gobierno morenista tendrá que analizar su entusiasta contribución al desempleo. No parece una medida sana ni democrática dejar en la calle a los empleados públicos que no tengan plaza de base. Se estima que 70 por ciento del personal del sector público trabaja por honorarios, esto es, sin derecho a ISSSTE ni fondo de ahorro para el retiro, sin que se les tome en cuenta la antigüedad y en la mayor desprotección laboral. Tal es el caso de un alto porcentaje de empleados en oficinas de prensa.

Direcciones de comunicación social desmanteladas y carentes de presupuesto, poco será lo que puedan hacer para difundir sus proyectos y realizaciones. Incluso la emisión diaria de boletines pasará a ser historia y los reporteros de la fuente tendrán que trabajar como lo hacen sus colegas de otros países, atenidos a su olfato y a sus afanes de investigación, lo que no es necesariamente malo, pues se elimina la uniformidad, algo que siempre es positivo para el desarrollo periodístico.

Lo que no parece viable es que la información se centralice en la oficina respectiva de la Presidencia de la República, pues eso significa apostarlo todo al carisma y las aptitudes de comunicación del titular del Ejecutivo. Se puede responder que la oficina de prensa de la Presidencia se encargará de informar más ampliamente de lo que interesa al gobierno, pero lo cierto es que hasta ahora López Obrador ha carecido de buenas “segundas manos” en lo que se refiere a la comunicación social.

El hasta hace poco encargado de esa función era un perfecto desconocido en el ámbito periodístico. Ya no, porque ganó una discutible celebridad gracias al derroche de diez millones de pesos en su boda con una empresaria poblana. Sin un matrimonio tan sonado, el actual vocero de López Obrador se halla en un plano completamente secundario, ignorado por la inmensa mayoría de los medios, sin posibilidad alguna de salir a aclarar dudas, responder preguntas o apaciguar inconformidades.

Sin una vocería eficaz, sin oficinas de prensa, con presupuestos publicitarios férreamente centralizados, no se ve por dónde transitará la relación entre medios y gobierno. Para empezar, sectores interesados ya están presionando para que el Estado se deshaga de lo poco que tiene en el ámbito de la comunicación, cuando lo urgente es precisamente lo contrario. La película que ahora empezamos a ver tendrá varios emocionantes episodios.

* Periodista
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