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domingo 16 de junio de 2019

“Todes”

Ericka López Sánchez*

Los derechos políticos y civiles fueron los primeros grandes derechos humanos reconocidos a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa; a estos derechos se les reconoció más tarde como los derechos de primera generación. El propósito de estos derechos fue garantizar la libertad de las personas, concretamente limitar el poder de su intervención en la vida privada de otras y garantizar su participación en los asuntos públicos.1

Los derechos civiles y políticos, gestados dentro del naciente liberalismo, delinearon legalmente el orden cívico–público, y con ello constituyeron el reconocimiento del sujeto político en su calidad atómica–individual y política (en lo individual, los derechos civiles y en lo político, la democracia), dimensiones que serían inmediatamente después los elementos constitutivos de la democracia liberal: la ciudadanía y el espacio público–privado.

Tener la condición ciudadana significó a partir de entonces gozar de derechos civiles y políticos. La ciudadanía se refirió desde sus inicios a un tipo de sujeto político, con determinadas características que se convirtieron en condiciones de acceso, de deber ser, de rasgos normativos. En un principio, quienes podían ser personas ciudadanas fueron aquellas que tenían propiedad privada. El orden económico, social y cultural que imperaba, condicionaba a la ciudadanía a los hombres de clase media, blancos y heterosexuales.

El rasgo normativo de la ciudadanía produjo desde su nacimiento la discriminación de determinados grupos, que al paso del tiempo se han conformado como colectividades históricamente marginadas, siempre en lucha por alcanzar la condición ciudadana. Los obreros, las mujeres, las personas de color, las personas indígenas, las personas de la diversidad sexual y de género, todos ellos han emprendido en diferentes épocas acciones colectivas a través de movimientos sociales que implican prácticas disruptivas del orden institucional.

El surgimiento de estos movimientos en demanda de sus derechos civiles y políticos  evidenció cómo el carácter normativo de la ciudadanía tuvo como propósito invisibilizar la identidad de las personas, y con ello su materialidad corpórea. Esto se consiguió mediante la neutralización del conflicto que pudiera generarse a partir de las diferencias, de todas las diversidades que constituyen a los sujetos.

 La presión política de estos grupos por alcanzar la condición ciudadana ha cuestionado en diferentes momentos el principio de igualdad de la democracia liberal, el cual no es más que una igualdad abstracta ante la ley que remite al ámbito de lo privado las diversidades concretas de los sujetos, pero sin lograr desaparecerlas.2

Al establecerse la oposición de la razón al deseo –la afectividad y el cuerpo–, lo cívico–público excluyó los aspectos corporales y afectivos de la existencia humana, formando de este modo una homogeneidad de ciudadanos sobre lo cívico–público. Entre los requisitos de esta ciudadanía normativa se colocó la heterosexualidad y la cisnorma3 como la base de lo homogéneo que da sustento a la universalización ciudadana, quedando excluidos de lo público aquellos individuos y grupos que no se adecuan al modelo de ciudadano racional, que puede trascender el cuerpo y los sentimientos.4

La democracia liberal acepta y valida la pluralidad pero no la diversidad, pues la primera se refiere a una diversidad acotada a las formas de pensar, a las ideas que albergan los sujetos, en tanto productos mentales, no a la materialidad real que pone en entredicho lo homogéneo.

Dentro de los entramados que han constituido las lógicas de la ciudadanía, las personas de la diversidad sexual y de género no han podido acceder a una condición ciudadana plena. Para gozar de derechos civiles y políticos han tenido que dejar de ser quienes son para poder adquirirlos, lo que representa una violencia. Y si en la vida pública se muestran tal como son, vivirán también discriminación y violencia.

La ciudadanía en tanto modelo de reconocimiento de los sujetos políticos dentro de una comunidad, se asienta en un andamiaje legal que los Estados diseñan, elaboran, ponen en acción y hacen una observancia del mismo. El diseño y operación de dicho marco legal está edificado sobre parámetros en torno a la sexualidad normativa y determinista, los cuales se basan en una “verdad de sexo” sustentada en términos binarios (masculino–femenino). Y esta verdad de sexos no da cabida a los tránsitos entre los sexos o a la existencia de un sexo biológico “ambiguo”.5

A partir de los años sesenta del siglo XX, el debate político de los problemas de redistribución económica fue desplazado por los conflictos identitarios (reivindicaciones de género, sexuales, étnicas, culturales, etcétera). Los movimientos surgidos en este momento de la historia atrajeron la atención hacia la importancia de tomarse en serio la diversidad y atenderla.6

Hacia finales de esa misma década, 1969, gays, lesbianas y trans de Nueva York respondieron por primera vez ante la ofensiva que vivieron dentro de un bar llamado Stonewall Inn, que se caracterizó por una redada llevada a cabo por la policía de esa ciudad. Ese hecho sería el inicio de la lucha por los derechos civiles de la población LGBTI. En México, un año antes de los hechos de Stonewall (26 de julio de 1969), apareció por primera vez, en una manifestación que conmemoraba el inicio de la revolución cubana, un contingente de hombres homosexuales y lesbianas. Sus demandas se sintetizaban en las siguientes consignas: “no hay libertad política sin libertad sexual”, “en mi cama mando yo” y “lo personal es político”.

El movimiento que se empezaba a gestar cuestionaba implícitamente la imposición de la heterosexualidad para otorgar derechos civiles y políticos, la neutralización de las identidades, la falsa homogeneidad y la anulación del conflicto como parte inherente de la vida social y humana. Es decir, se denunciaba en las consignas la engañosa creencia de que el Estado no se inmiscuía en la vida privada, cuando era todo lo contrario; el espacio público logra funcionar con éxito bajo los requisitos establecidos porque en el espacio privado se establecen las bases socio–culturales para normar a las personas ciudadanas, y se constituyen y entrenan los cuerpos validados, bajo los principios de la familia monogámica, heterosexual, con roles y estereotipos de género muy bien establecidos, opuestos y complementarios.

El 27 de junio de 1979 se realizó la primera marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México. La marcha fue organizada por tres colectivos: el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. La consolidación de una identidad propia permitió que en los ochenta surgieran muchos más colectivos de la diversidad sexual.

Cobró tal impulso la lucha política, que en 1982 el Movimiento de Liberación Homosexual (MHL) concretó un acuerdo con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) para impulsar tres candidatos homosexuales, y se formó el Comité Lésbico–Homosexual de apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra.7

En 1983 se registraron los primeros casos de SIDA en México. En ese entonces se afirmó oficialmente que el 92% de las personas enfermas eran homosexuales, promiscuos y drogadictos, con lo que se difundió un discurso de pánico que reactivó la discriminación y estigmatización de la comunidad.8 Esto debilitó al movimiento en su lucha por los derechos civiles y políticos, y la reorientó hacia la movilización de la atención médica, a exigirle al gobierno generar políticas públicas para prevenir la enfermedad y eliminar la discriminación.

Fue hasta 1997 cuando el movimiento LGBTI tuvo un nuevo impulso. Patria Jiménez se convirtió en la primera diputada federal, abiertamente lesbiana, que representó los intereses del movimiento LGBTI en el Congreso de la Unión. A partir de ese momento se empezaron a promover más candidaturas de personas de la diversidad sexual y de género. El hito de esta candidatura fue la enunciación pública que hizo la diputada de su orientación sexual y la agenda que presentó a favor de la comunidad LGBTI.

Lo anterior propició que los partidos de izquierda empezaran a realizar foros de trabajo, con el propósito de construir agendas legislativas enfocadas a las poblaciones LGBTI, aunque su intención política oculta era ampliar el mercado electoral.

Mientras tanto, en la escena internacional la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, fue el preámbulo para posicionar el tema de la orientación sexual no heterosexual como un tema de la agenda de los derechos humanos. En 1997, en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales del Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia, España, se reconocen los derechos sexuales como derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos.9

Ocho años después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en abril del 2003, dentro de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Brasil, se propuso una resolución llamada Derechos Humanos y Orientación Sexual, tomando como modelo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en 2004 y 2005, se introdujo también el tema de identidad sexo–genérica.

Fue así como el discurso de los derechos humanos se fue consolidado como uno de los espacios más prominentes para la creación de normas y discursos internacionales acerca de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas de la población LGBTI.

El reconocimiento de las personas LGBTI por parte de los derechos humanos obligaron, en principio a los Estados a proteger los derechos humanos de estas personas en cinco aspectos: 1) protegerlas contra la violencia homofóbica y transfóbica; 2) prevenir la tortura y que las priven de su libertad; 3) derogar leyes que penalicen la homosexualidad; 4) prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y 5) preservar la libertad de reunión, expresión y asociación política de las personas LGBTI.

El punto cinco fue el que más se aproximó a la defensa de derechos civiles y políticos. Sin embargo, los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2006), fueron un parteaguas en la defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, y ampliaron la defensa de los derechos civiles, políticos y sociales. En materia de derechos políticos y civiles destacan: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que contribuye a permitir el cambio de identidad para las personas trans; a la seguridad personal; derecho a toda persona a no ser detenida arbitrariamente; derecho a un juicio justo; derecho a la libertad de opinión y expresión sin ocultar su orientación o identidad; a la libertad de reunión y asociación pacíficas; a la libertad de movimiento; derecho a formar una familia; a participar en la vida pública.10 Cabe señalar que estos principios incorporaron también importantes derechos sociales, el tercer elemento constitutivo de la ciudadanía.

Así se fueron creando instrumentos supranacionales para salvaguardar las condiciones humanas, políticas, civiles y sociales de las personas LGBTI. Al conformarse los derechos humanos como un indicador de la calidad de las democracias, los Estados–nación cuya forma de gobierno es democrática han tenido que ir atendiendo los acuerdos firmados que versan sobre esta materia. No obstante, las recomendaciones que los organismos internacionales puedan hacer, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son sólo eso: recomendaciones, que no obligan a los Estados a legislar sobre derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, por lo que de la práctica estratégica desarrollada por organizaciones y colectivos LGBTI para hacer valer sus derechos ciudadanos, el único derecho que ha alcanzado el carácter de derecho humano es el litigio estratégico.

El litigio estratégico es una herramienta que las víctimas y la sociedad civil han utilizado para la protección de derechos humanos, a través del uso de sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección. Esta herramienta sirve para: 1) develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos; 2) promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva sólo se activa a partir de los reclamos de los grupos; 3) controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan los derechos humanos; 4) incluir en la agenda del Poder Judicial temas ausentes y exigirle a éste que abra arenas de discusión para nuevos temas relacionados con los derechos humanos.11

Los derechos humanos, al ganar terreno como campo articulador de nuevas demandas, reivindicaciones y aspiraciones, han hecho que cualquier grupo de interés pueda formular sus argumentos en términos de derecho para emprender una demanda, y esto resulta ser una estrategia muy poderosa ante la máxima de que “los derechos no se niegan”. De ahí lo fructífero del litigio estratégico.

De primera instancia esto es muy esperanzador para que las personas LGBTI consigan derechos; sin embargo, una lectura más crítica indica que los derechos políticos, civiles y sociales de las personas de la diversidad sexual y de género se judicializan, lo que no ocurre con las personas que acatan la normatividad hegemónica de la heterosexualidad y el cisgénero.12

La judicialización de los derechos ha establecido un orden donde las relaciones sociales se tornan jurídicas y no administrativas, lo cual continúa colocando a las personas LGBTI en una situación asimétrica frente al resto de la ciudadanía. Además de que sólo quien tenga las posibilidades económicas, capital simbólico, redes de apoyo, podrá emprender un litigio estratégico, que muchas veces es de largo aliento.

Por ejemplo, el reconocimiento del cambio de identidad en seis entidades federativas del país (Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Colima, Hidalgo y Coahuila) es un derecho no armonizado con otras leyes. El cambio de acta por sí mismo carece de peso y de un cambio de identidad real, pues se tienen que emprender litigios estratégicos ante la Secretaría de Administración Tributaria para regularizar la nueva identidad frente al fisco, ante Relaciones Exteriores para obtener un pasaporte, ante la Secretaría de Educación Pública para regularizar la documentación escolar, en el empleo donde se labora y se tiene antigüedad, etcétera

El derecho al voto para las personas trans debió pasar por un protocolo que se sustenta en los Principios de Yogyakarta para que las personas que no tuvieran su cambio legal de identidad lo pudieran hacer, pero es un protocolo, no una ley. Esto pone en entredicho la universalidad del sufragio.

En conclusión, se puede decir que los derechos civiles y políticos que forman la primera generación de derechos humanos y la base mínima de la condición ciudadana, siguen siendo una deuda pendiente si existen pretensiones de construir democracias incluyentes. Su acceso es complejo en tres sentidos: 1) se logra tenerlos por instancias de orden supranacional; 2) se tienen que judicializar, y 3) debe intervenir la sociedad civil organizada y especializada para conseguirlos. Lograr los derechos ciudadanos para las personas LGBTI implica relaciones jurídicas y de sofisticación en la materia, por lo que la ciudadanía continúa siendo un estatus de privilegio.

* Profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Entre sus líneas de investigación se encuentran derechos políticos y civiles de la comunidad LGBTI.
1 Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión y a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, a ser votado, a la huelga, a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros.
2 C.B. Macpherson (1998), La democracia liberal y su época, Madrid: Alianza Editorial.
3 Un marco legal que sólo reconoce a las personas cuya identidad de género corresponde con su sexo asignado al momento de nacer.
4 La ciudadanía normativa, desde su origen, privilegió aspectos predominantes del cuerpo en las sociedades europeas y norteamericanas, lo que produjo el reconocimiento corporal de unos cuantos y la exclusión sistemática de la mayoría, a través de valores y normas depositadas en la ciudadanía occidental. La minoría se convirtió en el prototipo del ciudadano, y se dio a conocer a nivel internacional como rasgo homogéneo y universal, sin considerar la diversidad de los seres humanos.
5 Sofía Argüello (2014), “¿Tiene sexo el Estado? Imbricaciones entre las luchas políticas transgénero y el Estado en Ecuador, 2002–2013”, en Alejandro Agudo Sanchiz y Marco Estrada Saavedra, Formas reales de la dominación del Estado, México: El Colegio de México, pp. 111-149.
6 Elena García Guitián (2010), “Problemas de la representación política”, en Aurelio Arteta, Elena García, Román Máiz (eds.), Teoría política: poder, moral, democracia, Madrid: Alianza Editorial.
7 Esto le permitió al movimiento promover sus objetivos y generar alianzas con activistas de otros sitios. Asimismo, MLH logró la visibilización de la problemática que vivían los homosexuales.
8 “Breve cronología del movimiento LGBTTTI en México”, en <https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/breve-cronologia-del-movimiento-lgbttti-en-mexico/>, consultado el 25 de junio de 2016.
9 Abraham N. Serrato Guzmán y Ericka López (2018), “Del coming out a los derechos humanos en las demandas de las organizaciones de la sociedad civil del movimiento lgbt: estrategias discursivas de refugio”, en Revista Andamios, México, vol. 15, núm. 37, mayo–agosto.
10 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, en <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2>, consultado el 6 de mayo de 2019.
11 Véase: ¿Qué es el litigio estratégico en derechos humanos?, disponible en <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=467>, consultado el 6 de mayo de 2019.
12 Cisgénero es un concepto que se emplea para designar a las personas cuya identidad de género, con la cual se identifican, concuerda con el sexo asignado al momento de nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”.
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