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viernes 19 de abril de 2019

Tamaulipas: seguridad para el voto

María de los Ángeles Quintero Rentería*

Tamaulipas es un estado con muchas virtudes y complejidades; su ubicación geográfica y su población lo hacen rico en territorio, cultura, diversidad y política. Tiene 43 ayuntamientos y 22 distritos electorales. A diferencia de otras entidades, Tamaulipas cuenta mínimo con diez municipios significativos, cada uno con su particularidad e importancia: en la frontera de arriba hacia abajo tenemos a Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros; un poco más abajo, San Fernando; en el centro se encuentra Ciudad Victoria, nuestra capital, y en el sur, El Mante y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Aunado a lo anterior, ser frontera con Estados Unidos, vecino de una de las entidades con más desarrollo industrial y empresarial, que es Nuevo León, y costa con el Golfo de México, lo sitúan aún más en un contexto particular por el tránsito migratorio y las situaciones de riesgo e inseguridad, acentuadas aproximadamente en la última década.

Cada proceso electoral plantea retos y ejercicios por desarrollar, ofrece también un conjunto de experiencias en el fortalecimiento de la cultura democrática de cada entidad federativa; es al mismo tiempo una oportunidad colectiva de la ciudadanía para dar muestras de valor cívico y buena voluntad y trabajar para alcanzar mejores estándares de vida en las generaciones venideras.

El presente trabajo tiene como propósito fundamental otorgar una panorámica sobre la experiencia que hemos tenido a lo largo del proceso electoral ordinario de Tamaulipas 2018-2019, desde la declaratoria de inicio del 2 de septiembre de 2018, destacando detalles relativos a la etapa de preparación de las elecciones y hacia dónde vamos encaminados. Se concluye con la reflexión sobre los grandes retos que debemos atender a lo largo de una tarea tan importante como la que ahora nos hemos trazado; destacan el fortalecimiento de la vida democrática de Tamaulipas, la credibilidad de las instituciones y los ejercicios comiciales, y la garantía de la seguridad social durante la celebración de las elecciones.

Si echamos un vistazo hacia atrás, la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada en febrero de 2014 introdujo, entre otros, los siguientes lineamientos:

  1. El establecimiento del INE como la autoridad electoral nacional, otrora IFE.
  2. La definición de organismos públicos electorales locales (OPLE) integrados por consejeras y consejeros designados por el Consejo General del ine, en forma escalonada.
  3. La facultad que tiene el Consejo General del INE para remover a las y los consejeros electorales de los OPLE.
  4. La definición constitucional del INE como única autoridad electoral para administrar el uso del tiempo oficial en radio y televisión nacional en materia electoral.
  5. La aplicación de figuras nuevas como la paridad, la reelección y las candidaturas independientes, que vinieron a revolucionar la forma en que se tenía concebida la forma de participar por un cargo de elección popular.
  6. La creación y actualizaciones de un Reglamento de Elecciones que englobaría todos los acuerdos tomados en los primeros ejercicios electorales a partir de la reforma.
  7. La creación y actualización de convenios generales de coordinación y colaboración entre el INE y los OPLE, que se siguen reforzando y perfeccionando día con día.

En ese sentido, debo señalar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, Base V, apartado B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y el artículo 32 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE tiene competencia originaria en los procesos electorales locales en lo siguiente: capacitación electoral; ubicación de casillas y designación de los funcionarios de sus mesas directivas; integración del padrón y la lista de electores; actualización de la cartografía para los distritos electorales y su división en secciones electorales, y el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos necesarios para implementar el PREP, encuestas o sondeos de opinión, la observación electoral, conteos rápidos, así como la impresión de documentos y validación de materiales electorales, entre otros.

Los elementos enumerados trajeron consecuencias en lo local. Para Tamaulipas, significaron la adecuación al marco normativo en la materia, así como la implementación de ejercicios derivados de la reglamentación de elecciones, la celebración del Convenio general de coordinación y colaboración entre el INE y el IETAM; todo ello impactó en los procesos electorales a partir de la reforma (2015-2016, 2017-2018) y actualmente determina las bases a partir de las cuales se llevan a cabo los trabajos específicos del proceso electoral en curso (2018-2019).1

Para entrar en materia, en el proceso electoral que corre se renovará el H. Congreso Constitucional del Estado, integrado por 36 diputaciones, 22 de ellas por el principio de mayoría relativa (MR) y 14 de representación proporcional (RP). Como ya se ha dicho, el 2 de septiembre de 2018 empezó formalmente la etapa de preparación de la elección y concluirá al iniciarse la etapa de la jornada electoral, que tendrá lugar el 2 de junio de 2019.2

Es importante destacar que, como lo indica el artículo Segundo Transitorio del Decreto número LXIII-193 de la Constitución Política del Estado, expedido el 7 de junio de 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado núm. 69, del 8 de junio de 2017, por única ocasión las y los ciudadanos que resulten electos como diputados locales durarán en su encargo solamente dos años; el Legislativo tamaulipeco previó lo anterior con la finalidad de empatar la elección local con la federal. Recordemos que algo similar ocurrió en el proceso local de 2015-2016, en el cual se realizaron elecciones de ayuntamientos, cuyos integrantes desempeñarían su encargo únicamente por dos años.

A partir del inicio del proceso electoral y hasta el 28 de febrero de 2019, el Consejo General del IETAM ha celebrado 20 sesiones, 14 de carácter extraordinario y seis ordinarias, y ha emitido y aprobado un total de 54 acuerdos, que se detallan en el Cuadro 1.

Entre los acuerdos emitidos, citaré ejemplos que, por su trascendencia en el desarrollo del proceso electivo en curso, constituyen normas de aplicación obligatoria que deberán observar los diferentes actores políticos.

– Aprobación de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos del estado interesados en participar como consejeros electorales distritales y municipales;

– Emisión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como observador electoral.

– Definición de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes aplicables al proceso electoral ordinario 2018-2019.

– Aprobación de la Propuesta de modelo de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes, así como el periodo de precampañas, intercampañas y campañas electorales.

– Se fijaron los topes de gastos de precampaña para la elección de diputados por el principio de mr.

– Se aprobó el diseño de la documentación y el material electoral que se empleará, además del informe que da cuenta de las acciones implementadas para su elaboración y producción.

– Emisión de los criterios aplicables para garantizar el principio de paridad de género en la integración del Congreso del Estado.3

Estos acuerdos, entre otros, han definido las pautas generales; sin embargo, también se han llevado al seno del Consejo General otros de relevancia, como los relativos a la procedencia e improcedencia del registro del Partido Nueva Alianza como partido político local, a partir de su pérdida de registro nacional, impugnados y sancionados por los tribunales competentes en la materia (local y regional), que sitúan al partido político en su actual estatus, que es el de la negativa.4

Ahora bien, uno de los fines que por disposición legal tiene conferido la autoridad electoral local es promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. En ese sentido, el OPLE de Tamaulipas ha celebrado diversos convenios de colaboración con instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Junta Local Ejecutiva del INE y el Tribunal Electoral local, por mencionar algunos.

Hecho emblemático para Tamaulipas también fue el foro llevado a cabo el 16 de mayo de 2017, denominado “Tamaulipas rumbo a una democracia paritaria”, en que se firmaron el convenio marco que dio paso a la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas,5 así como el primer Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en Tamaulipas. A partir de ahí, se ha generado y reforzado la cultura de la igualdad de género en la entidad, tanto desde las instituciones, como desde los partidos políticos y la ciudadanía en general, por lo que en esta materia nuestra entidad cuenta con números alentadores6 y asegurados, por lo menos para el Congreso del Estado, con los últimos criterios aprobados, donde se puede realizar un ajuste con las candidaturas de RP.

Como se ha dicho, la organización de todo proceso electoral conlleva una serie de responsabilidades, atribuciones y esfuerzos compartidos que no solo realizan las autoridades electorales, sean administrativas, el INE y el IETAM, o jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral local, sino que además confluyen los esfuerzos realizados por la ciudadanía, que manifiesta su disposición en las diferentes formas de participación ciudadana, ya sea como votante, funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla, consejero o consejera de los consejos municipales y distritales, observador u observadora electoral, o también los protagonistas políticos, a través de candidaturas de partido o independientes.

Sin embargo, todo lo anterior suele manifestarse en un contexto colmado de retos, pues es innegable el descontento general de la ciudadanía con las instituciones, y que se atraviesa por una crisis de credibilidad y de confianza que hay que trabajar.

Los retos son muchos, pero si tuviera que enumerar algunos, destacaría los siguientes:

  1. Mantener los índices de confianza ciudadana en las elecciones. Un elemento fundamental en todo sistema democrático radica principalmente en la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar los comicios; para conseguirlo, habrá que potenciar el principio de máxima publicidad y redoblar esfuerzos para que la ciudadanía se involucre.
  2. Garantizar la seguridad de las elecciones. Un fin de la autoridad electoral local es garantizar la celebración pacífica de las elecciones. Para lograrla, es necesaria la coordinación de esfuerzos entre las diversas instancias gubernamentales y de seguridad pública de los diferentes órdenes de gobierno, y así salvaguardar la integridad de electores, autoridades electorales y funcionarios durante la jornada. Es prioridad que las elecciones transcurran en completa armonía y sin incidentes, y que las autoridades encargadas de resguardar el orden cumplan con su función.
  3. El fortalecimiento de la vida democrática en Tamaulipas. Buscar elevar los índices de participación democrática en el estado, lo que no implica solamente la participación votante, puesto que el ejercicio comicial es solo una pequeña demostración de la participación cívica; así, más bien enfocarnos en involucrar a la ciudadanía en las demás formas de participación (véase el Cuadro 2).

Para Tamaulipas este proceso electoral significa un reto particular, el de mantener el porcentaje de participación votante, pues aunque los números indican que ha ido al alza, por el contexto de cada tipo de elección los comicios anteriores resultaban más visibles y atractivos. Se continúa trabajando en ello; en su momento, los resultados hablarán.

* Consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas.
1 2015-2016, elección de gobernador(a), diputaciones locales y ayuntamientos; 2017-2018, de ayuntamientos; 2018-2019, de diputaciones locales.
2 Artículo 204, antepenúltimo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
3 Para el proceso electoral anterior, el 4 de octubre de 2017 ya se habían aprobado los Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019, Acuerdo IETAM/CG-27/2017.
4 Acuerdos relativos a la situación de Nueva Alianza en lo local: IETAM/CG-103/2018, IETAM/CG-12/2019, IETAM/CG-18/2019. Y las sentencias de los tribunales local y Sala Regional del TEPJF, que derivaron en cumplimientos: TE-RAP-61/2018, SM-JRC-4/2019 y SM-JRC-5/2019.
5 El Observatorio puede consultarse en la página: http://ietam.org.mx/observatoriomujerestamps
6 17 alcaldesas de 43 municipios (39.5 por ciento del total) y 16 diputadas de un total de 36 curules (44.5 por ciento).
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