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Jueves 18 de octubre de 2018

Superdelegados

Rubén Moreira*

La existencia en las entidades federativas de un representante del poder central con más atribuciones de lo que se espera en un país federal no es nueva en México. Del siglo XIX es famosa la figura de los jefes políticos, en particular durante los múltiples gobiernos de Porfirio Díaz. Las condiciones del país, un gran territorio y la dispersión de las poblaciones, podían medianamente “justificar” la existencia de ese tipo de funcionarios.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los pasados comicios federales fue contundente. Va a llegar al poder con una impresionante legitimidad electoral. Los motivos que orillaron a más de la mitad de los votantes a sufragar a su favor seguramente son muchos, y quedará para el tiempo, una vez que pase el fervor postelectoral, un análisis mesurado; también al tiempo quedará comprobar si la decisión del ciudadano fue la correcta. Con la holgura de su triunfo, han venido atrevidas declaraciones, entre ellas la de descentralizar el gobierno y crear para las entidades federativas la figura de representantes personales que operen los programas federales.

El anuncio de los representantes, apenas unos días después del triunfo y con la forma en que se realizó, dejó muchas dudas e inquietudes en el ambiente. En la prensa apareció una lista de nombres que en mayor medida son operadores de Morena y se dijo que ellos serían los responsables de conducir, en los estados, las políticas públicas del nuevo gobierno.

Los jefes políticos del siglo XIX, en su versión más acabada, eran la presencia en el territorio nacional de un agente ligado estrechamente al poder de Porfirio Díaz. Sobre estos agentes, en su jurisdicción, pesaba la responsabilidad de que el régimen mantuviera la paz y nadie osara levantarse contra el dictador. Sus funciones eran eminentemente políticas y de seguridad. Representaban incluso un freno para los gobernadores, quienes en muchos casos les temían.

Los jefes políticos de aquel entonces podían usar la fuerza pública y el ejército, aun, convocar y someter bajo su jurisdicción a las fuerzas estatales. México venía de momentos convulsos donde menudearon los levantamientos armados. En la sociedad rural prerrevolucionaria para mantener la paz se imponía vigilar enormes extensiones de territorio. Díaz encontró como respuesta la designación de representantes “plenipotenciarios”, que en muchos casos se convirtieron en señores de “horca y cuchillo”.

Después, durante el viejo régimen, se hizo innecesario tener este tipo de control. Los propios ejecutivos estatales eran personas de gran confianza del presidente de la República, quien prácticamente los había puesto en sus cargos. Además, era tanto el poder acumulado en el titular del Ejecutivo, que pocos osaban enfrentarlo. La operación de los programas federales en los estados se instrumentó a través de los conocidos como delegados, y para evitar la desorganización administrativa se crearon diversos espacios de coordinación, que en muchos casos tuvieron éxito.

Durante las tres últimas administraciones, se impulsó como representantes del gobierno federal en las entidades a los delegados de la Secretaría de Gobernación. La ley y la práctica los llevaban a tener múltiples enfrentamientos con sus pares de otras secretarías, quienes poco caso les hacían. Si nos atenemos a los resultados electorales, podemos concluir que nunca tuvieron una tarea en la materia o la desarrollaron de mala forma.

Ahora no podemos saber con exactitud qué pretende el nuevo gobierno con la figura que propone crear, pero, como ya se dijo, la lista de personajes dada a conocer levantó suspicacias. Muchos de ellos fueron candidatos o líderes del partido triunfante. A una buena parte no se le conoce destreza en la administración pública y, por ende, tampoco se les puede conceder la duda de que abonarán a una mejor forma de administrar la cosa pública.

¿Qué hubiera pasado en un gobierno priista o panista con una propuesta como la anterior? La respuesta es fácil: el cielo se hubiera caído a pedazos. Si sumáramos otras ideas que andan en el ambiente, el escándalo sería mayúsculo. Hay en el horizonte la propuesta de la revocación del mandato, y por tanto la posibilidad de que en las elecciones intermedias el nombre del presidente vaya en la boleta, además de la ya citada idea de diseminar en el país secretarías y oficinas del gobierno federal. No es difícil llegar a la conclusión de que todo tiene una fuerte connotación político-electoral.

Entre lo que se ha mencionado sobre los llamados “superdelegados”, se dice que no serán solamente 32, es decir uno por entidad; el número filtrado es de más de 200 y tendrían funciones regionales dentro de los estados. Curiosamente en el Porfiriato la cantidad de jefes políticos era muy parecida a la que ahora se propone. En los últimos días hemos visto que a lo largo del país los futuros funcionarios han empezado a hacer todo tipo de declaraciones sobre asuntos de la más diversa índole. Parece que ellos mismos no tienen claro cuál será su papel; algunos hablan de temas operativos y otros se confrontan con las autoridades estatales.

No hay claridad sobre el marco jurídico que va a soportar la función de los representantes, tampoco ha salido a la luz pública si se les está capacitando en alguna tarea específica de la que será su encomienda. En el imaginario se construye la idea de que bajo su mando quedarán todas las delegaciones federales; de ser así, hay quienes afirman que se trataría de gobiernos paralelos a los estatales. Otros señalan el peligro de que instituciones del Estado mexicano, como las vinculadas con la seguridad y la inteligencia, puedan verse impactadas por connotaciones de carácter político. No falta la interpretación político-electoral, y hay quien sostiene que se trata de sembrar en el territorio a futuros candidatos a todo tipo de cargos, en particular, a diputados en las elecciones intermedias. Ni falta quien advierta afanes centralistas en un país que desde hace varios años ha perdido mucha de su esencia federal.

Nadie puede negar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su legitimidad como futuro presidente. Son claros su carisma y el apoyo recibido por la oferta política que hizo a los votantes. Tenemos a un presidente electo que viaja sin seguridad, utiliza aviones comerciales y dialoga con quien se atraviesa a su paso. Para quien tiene el respaldo popular, ¿es necesaria una decisión tan cuestionada como la de designar a esos representantes que ha anunciado? ¿Por qué un gobierno que proclama una “cuarta transformación” de la vida nacional recurre a una figura del siglo XIX identificada con prácticas centralistas y autoritarias? A mi juicio, más que ayudar a la construcción de la democracia o mejorar la administración pública, nos encontramos ante una acción que tarde o temprano va a demeritar la legitimidad del próximo gobierno.

Quienes lo asesoran en el tema parece que no ponderan el fuerte respaldo popular que hoy tiene el futuro presidente, que no requiere “trucos” para mantener la gobernabilidad. Tampoco parece que se haya evaluado el impacto negativo que tendrá en la administración pública la anacrónica institución del siglo xix que se pretende emular. Resulta difícil de comprender para qué afectar el ánimo de cambio que acompaña al futuro gobierno con una medida tan controvertida, más aún cuando no hay un motivo legítimo para hacerlo.

El control de Morena en el Congreso federal permite al futuro gobierno hacer prácticamente cualquier cosa. En el caso concreto, la aprobación no tendría ninguna dificultad y las mayorías estarían listas para levantar la mano y validar la iniciativa que se les mande. El tema es hasta dónde mejorar lo que se esbozó como una idea y qué contrapesos se diseñan para eliminar posibles prácticas perniciosas, e incluso la sospecha que hoy tiende su sombra sobre los “superdelegados”.

La tensión que despertó la medida se puede aligerar si desde ahora se acotan ante la opinión pública las funciones que tendrán las figuras que actuarán a nombre del presidente y cuando quede claro que no se invadirá la soberanía de las entidades ni se buscará construir una autoridad intermedia entre la Federación y los estados.

Muchos piensan que la aceptación de una forma federal de organizar la nación fue solo una copia del modelo estadounidense, pero la historia del siglo XIX, con el desprendimiento de Texas y el intento de Yucatán y otros territorios de separarse de la unión, nos debe dejar claro que el país no es uniforme y que hay grandes diferencias que solo se salvan si somos una federación. También, en la idea que propone el futuro gobierno se debe ser puntual en cuanto a que no se intenta centralizar funciones y facultades que corresponden ahora a las autoridades locales.

Ayudaría a distender los ánimos que se recapacitara sobre las propuestas presentadas y se designara a los delegados en entidades distintas de aquellas en que viven o desarrollan su vida política. Mucho servirá, en caso de que se implanten, que al legislarse sobre la creación de estos espacios administrativos se determine que quien los ocupe no pueda contender por cargos de elección popular sino hasta pasado un buen tiempo después de haber dejado el encargo administrativo.

México tomó una gran decisión, sobrepasa incluso a la de quién será su presidente, se aloja en el espíritu de cambiar el régimen y el rumbo del país. Ponderar todas las acciones que se tomen en el ámbito de la administración pública debe ser tarea mayúscula para los receptores del voto. Los “superdelegados” suenan más a idea precipitada que a buena política pública o práctica democrática sana.

* Vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
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