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domingo 19 de mayo de 2019

Salas regionales, también existen

Gabriela del Valle Pérez*

A partir de la década de los noventa México trazó una ruta hacia la democracia a través de instituciones ciudadanas y especializadas que dieran certeza a los comicios electorales del país. De este modo surgieron el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Federal Electoral1 (que a la postre se convertiría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como los distintos institutos y tribunales locales en cada entidad federativa.

Esta ingeniería electoral que comenzó hace más de dos décadas, ha sido testigo y protagonista de grandes cambios políticos en nuestro país, como la transición partidista en el año 2000, la búsqueda de la paridad en los derechos políticos de las mujeres, y más recientemente, el triunfo de un partido político de nueva creación que trajo consigo una nueva configuración política en el país.

Una pieza importante en la historia reciente de la democracia mexicana han sido las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que son las encargadas de dirimir y solucionar los conflictos surgidos durante las diversas etapas que integran el proceso electoral, con relación a la renovación de quienes integrarán los poderes públicos en las entidades federativas,2 así como las diputaciones federales y senadurías.

Igualmente, velan por el respeto, goce y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, y garantizan a las y los ciudadanos de la circunscripción política que les corresponda,3 que sus representantes sean aquellas personas que fueron electas popularmente a través del voto, mientras que a candidatas, candidatos, militancia y partidos políticos, les garantizan que las elecciones se lleven a cabo con apego a la legalidad, es decir, siguiendo las reglas en la contienda.

Con relación a la Sala Regional Especializada, ésta se encarga de resolver los asuntos relacionados con al acceso a la radio y televisión de los partidos y sus candidatos, la propaganda electoral o política, así como los actos anticipados de precampaña o campaña.

Como magistrada electoral integrante de una sala regional, considero necesario plantear el papel que juegan las salas regionales en la vida democrática del país, pues han sido constantes y cíclicos los cambios o las reformas en materia electoral, y su rol de garante de la justicia y el Estado democrático de derecho se mantiene con independencia de estos cambios.

Nuestro sistema electoral se fue forjando a partir de la experiencia en distintos procesos electorales y de la demanda ciudadana por elecciones libres y transparentes. Basta recordar que hace un par de décadas, las elecciones eran organizadas por una Comisión Federal Electoral que estaba integrada por el secretario de Gobernación y representantes de las cámaras en el Congreso y de los partidos políticos. También, quien calificaba las elecciones y resolvía los conflictos de las mismas, eran los propios miembros de las cámaras, lo que los convertía en juez y parte.

 Por ello, en el país se crearon organismos profesionales en su desempeño y autónomos en sus decisiones. Las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, forman parte del Sistema Electoral Nacional y se encargan de salvaguardar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad en las elecciones.

Estos principios se mantienen inalterables para las y los juzgadores, sin importar el partido político que gobierne. En los niveles federal, estatal y municipal, hemos sido gobernados por distintas fuerzas políticas y el compromiso de los tribunales es el mismo: el apego a la legalidad y otorgar certeza y seguridad jurídicas a los procesos electorales.

La justicia electoral es una parte fundamental para el cumplimiento de la legalidad en los comicios y, a pesar de las inconformidades naturales de aquellos que no obtienen el triunfo, he de afirmar que la justicia electoral existe porque las sentencias de los tribunales electorales garantizan que los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica en las elecciones se respeten y fortalezcan de manera efectiva, y además, porque han potencializado los derechos de las personas a las que históricamente se les ha negado el ejercicio de sus derechos políticos, como las mujeres, las personas con discapacidad o los pueblos y comunidades indígenas.

Las salas regionales han jugado un importante papel en este sentido, ya que tan sólo en el último periodo reportado en sus informes anuales de labores (1 de noviembre 2017 a 31 de octubre 2018), recibieron más de 13 mil asuntos,4 cifra que va en aumento sistemáticamente en cada proceso electoral, lo que indica que cada vez más, los actores políticos (candidatos, militancia, partidos políticos, entre otros) y la ciudadanía se acercan a la justicia electoral federal para resolver los conflictos por las vías legales establecidas.

El reparto de este cúmulo de trabajo encuentra su lógica en la división geopolítica del país, lo que ha permitido a las salas tener un mayor acercamiento al contexto y circunstancias particulares de las elecciones dentro de la circunscripción plurinominal de su competencia.

Además, las salas regionales cuentan con un complemento idóneo en los tribunales electorales de los estados, pues la comunicación y coordinación en la resolución de los asuntos del orden local han sido una constante que permite hacer más eficiente la labor jurisdiccional.

Por otro lado, desde las salas –sin importar colores partidistas ni ideologías– se han impulsado criterios que contribuyen a reducir la brecha de desigualdad e injusticia en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad.

Respecto al principio de paridad de género, de las 356 sentencias emitidas sobre este tema por el TEPJF durante el periodo de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, fueron pronunciadas por las salas regionales 227,5 tomando criterios preexistentes de la Sala Superior y creando nuevos, como en el expediente SM-JRC-148/2018, en el que la Sala Regional Monterrey determinó que el principio de paridad de género debe prevalecer en todo momento, incluido aquel en el que se realicen sustituciones de candidaturas, pues cuando esto suceda, los partidos y coaliciones deben registrar a una persona del mismo género.

Del mismo modo, la Sala Regional Especializada señaló que los partidos deben hacer un uso consciente y responsable de los tiempos del estado que les son asignados, y por ello se encuentran obligados a eliminar prejuicios y discriminación basados en estereotipos, evitando expresiones que denoten desprecio o subordinación de las mujeres. Lo anterior, en el juicio SRE-PSC-195/2018, relativo a un promocional difundido en contra de la candidata a la gubernatura de Puebla en la campaña electoral.

Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México dejó sin efectos la toma de protesta de un diputado que arribó al congreso de Guerrero en sustitución de una fórmula integrada por mujeres que solicitaron licencia para separarse del cargo en forma indefinida. En este asunto (SCM-JDC-066/2019) que, dicho sea de paso, fue promovido por un grupo de diputadas guerrerenses, se privilegió la integración paritaria en el congreso y se hizo efectiva la participación política de las mujeres, ya que se ordenó al referido órgano legislativo que realizara una nueva asignación en la que quien se integre sea una mujer.6

Un tema que ha afectado gravemente a las mujeres que hacen política, es la violencia política en razón de género, de la que son víctimas en sus distintas formas. Ante ello, desde el TEPJF se han emitido una serie de criterios para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta nociva práctica antidemocrática, y así, abonar a procesos electorales con igualdad y equidad en la contienda.

Entre las 110 resoluciones sobre esta temática emitidas por el TEPJF durante el año 2018, destaca aquella de la Sala Regional Xalapa que frenó las aspiraciones de reelegirse a dos candidatos (presidente municipal y síndico de ayuntamientos de Oaxaca) que habían ejercido violencia política en contra de dos de sus compañeras integrantes del cabildo respectivo. Esta sentencia (SX-JRC-140/2018) sin duda será un punto de inflexión para prevenir esta problemática, pues en adelante, quien ejerza este tipo de violencia sabe que esta acción tendrá una consecuencia cierta que afectará su carrera política.

Por otro lado, velar por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas también ha sido una prioridad del TEPJF, en la que las salas regionales, en conjunto con la Sala Superior, han maximizado sus derechos políticos, pues no es posible concebir una democracia universal e incluyente sin la participación de todas las personas.

La perspectiva intercultural que asumen las salas regionales en la solución de los asuntos en los que se encuentran involucradas las comunidades indígenas, ha permitido que su integración a la vida política nacional se dé bajo su cosmovisión y con respeto a su autonomía.

En el expediente SG-JDC-27/2018, la Sala Regional Guadalajara garantizó la participación de una persona indígena como candidato independiente, pues no recibió la asesoría adecuada por parte de la autoridad administrativa local y, a criterio de la mencionada sala, se debieron otorgar las facilidades para que cumpliera con los requisitos para aspirar a la candidatura.

Por su parte, la Sala Ciudad de México, en el expediente SCM-JDC-402/2018 y su acumulado SCM-JDC-403/2018, determinó que los partidos políticos deben postular de forma preferente a personas indígenas en los lugares cuya población sea mayoritaria.

Con estos ejemplos, podemos afirmar que la labor de las salas regionales del TEPJF va en una ruta progresista y garantista que busca la maximización de los derechos político-electorales de las personas, misma que se ha trazado en conjunto con la Sala Superior y los tribunales electorales locales, lo que hace de la justicia electoral mexicana un entramado fuerte y necesario para la democracia en el país. Los actores políticos deben tener confianza en que la actuación de los tribunales electorales seguirá apegada a la legalidad, aun cuando alguna de las partes no esté conforme por no haber obtenido su pretensión.

Más allá de la impartición de justicia, el TEPJF se ha propuesto contribuir a la construcción de la cultura democrática de México. Con este fin realiza labores académicas, de investigación y capacitación dirigidas a los distintos sectores de la sociedad que participan o tienen interés en la materia, como universidades, partidos políticos y asociaciones ciudadanas, entre otros.

Sin embargo, aún hay desafíos que deben enfrentarse, pues el horizonte tanto nacional como internacional presenta una tendencia a la polarización entre la sociedad y los órganos de justicia, y al desencanto hacia la democracia y sus instituciones.

Ante esto, el principal reto de las salas regionales es con la ciudadanía; debemos eliminar la distancia que habitualmente separa a los órganos de justicia del resto de la sociedad y construir puentes cimentados en un diálogo transparente y respetuoso, y, al mismo tiempo, consolidarnos como un tribunal abierto en el que, entre todas y todos, construyamos nuestra justicia electoral.

Debemos fortalecer la relación con la ciudadanía y con los distintos actores políticos para que tengan la certeza de que existen órganos de justicia encargados de defender sus derechos y la legalidad de los procesos electorales

Gracias a los órganos de justicia la democracia mexicana garantiza la celebración de comicios en forma pacífica y se abren las puertas a la participación política de la pluralidad que cohabita en el país. Las salas regionales han contribuido desde sus ámbitos territoriales a que esto sea posible.

Ante cualquier escenario político, con independencia de quien ostente la responsabilidad de gobernar o legislar, nuestra misión es la misma: continuar como bastión para la justicia, la paz social y la democracia, garantizando el Estado de derecho, como se ha hecho desde la creación de este tribunal.

A través de nuestras sentencias y labores de vinculación queremos recibir un voto de confianza no sólo de partidos políticos, candidatas o candidatos, sino de toda la ciudadanía, a quien sabremos responder con integridad, independencia y compromiso. Seguiremos con la protección de los derechos políticos de las y los mexicanos a votar, ser votados y asociarse libremente con fines lícitos, así como otorgar certeza y seguridad jurídicas con nuestras resoluciones. Sabemos que debemos hacer más… Asumimos el reto.

* Magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 Tiene su antecedente en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que surge en 1987 con la reforma al artículo 60 de la Constitución.
2 Con excepción de las elecciones a gobernador cuyo conocimiento es competencia de la Sala Superior.
3 México se encuentra dividido en cinco circunscripciones plurinominales; en la cabecera de cada una de ellas hay una Sala Regional (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca). Además, se cuenta con una Sala Especializada.
4 Fuente: Informes anuales 2017-2018 de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5 SRG 34, SRM 100, SRX 39, SRCDMX 36, SRT 18. Fuente: Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género TEPJF.
6 Se confirmó el criterio; únicamente se modificó la sentencia en el SUP-REC-60/2019 y su acumulado SUP-REC-62/2019, en el sentido de dejar sin efectos la orden dada al congreso local para que tomara las medidas regulatorias y legislativas pertinentes.
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