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sábado 24 de agosto de 2019

Reforma inacabada

Marcos del Rosario Rodríguez*

El pasado 1 de mayo fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos jurídicos relacionados con la materia. Con esta modificación se armonizó la legislación secundaria y la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, sobre justicia laboral y libertad sindical. La razón de ser de la reforma constitucional en cuestión es generar beneficios a las personas empleadoras y a las trabajadoras, mejorando las condiciones de trabajo y fortaleciendo la tutela judicial efectiva de sus derechos.

El referido Decreto de reforma se sustentó en los parámetros de regularidad constitucional, es decir, en los principios y derechos laborales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, estableciendo las bases de un núcleo solvente que impulse una transformación y democratización real del régimen sindical, tanto como de la negociación colectiva, toda vez que se incluyeron los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de los sindicatos.

Aunado a estos cambios, destacan las aprobaciones hechas por el Estado mexicano del Convenio 98 de la oit sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, efectuado el 20 de septiembre de 2018, así como la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) del 19 de junio; ambos ratificados por el Senado de la República.

La reforma laboral viene a garantizar los derechos de libertad de agrupación correspondientes a la clase trabajadora, quienes durante años lucharon por la reivindicación legítima de sus derechos laborales.

En este sentido, se puede decir que la reforma contribuye al avance progresivo del derecho de los trabajadores, generando desde un asidero legal las condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical, evitando con ello cualquier posible presión o coacción por parte de los empleadores o de las autoridades.

  1. Reconocimiento efectivo de la libertad sindical y negociación colectiva

Con base en lo anterior, es legítimo considerar que la norma jurídica modificada es relevante para los trabajadores, ya que se hace efectiva su libertad de tomar decisiones respecto a su representación sindical, así como en lo relativo a la defensa de sus intereses, siendo respetadas y cumplimentadas en todo momento.

Además, se puede decir que la importancia de la mencionada reforma radica en incorporar medidas tendientes a regular con mayor eficacia la libertad sindical, contenidas en el artículo 123 de la Constitución Federal, la cual reconoce el derecho de asociación en materia laboral, incluyendo una tutela especial que garantiza al trabajador su derecho a sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales en cualquier ámbito profesional.

Dentro de los derechos reconocidos y protegidos en el marco de la libertad sindical se encuentran: el derecho a constituir sindicatos, a redactar sus estatutos, a administrarse internamente, libertad de elegir a sus dirigentes y ser electo, la libertad de reglamentación o estatutaria, la de representar los intereses tanto individuales de sus afiliados como los derivados de las Convenciones Colectivas, libertad de gestión, la libertad de suspensión y disolución y la de conformar Federaciones y Confederaciones.

El derecho a la libertad sindical está reconocido en distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 20 establece que: “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Así también, el artículo 23 de dicho instrumento indica: “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. De igual forma, la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), mediante convenios y recomendaciones, ha impulsado la defensa del derecho de asociación, como son el Convenio 11, que promovió el derecho de asociación y coalición de los trabajadores agrícolas; el Convenio 87, que tiende a la tutela de la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, al igual que el Convenio 98, con el que se pretende asegurar la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de la negociación colectiva.

Con lo anterior, se advierte que los cambios legislativos aprobados son trascendentales para la persona trabajadora, toda vez que se materializa su libertad de tomar decisiones que repercutan en la representación y defensa de sus intereses.

  1. Conciliación prejudicial

La reforma dispone de una nueva instancia de conciliación como requisito prejudicial, la cual estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales.

Este nueva configuración conciliatoria permitirá una auténtica posibilidad de solucionar los conflictos laborales, acotando los plazos para su resolución mediante un procedimiento conciliatorio que se llevará ante funcionarios especialistas en la materia.

Al respecto, es importante señalar que tal autoridad tendrá el carácter de organismo público descentralizado, con autonomía operativa y de gestión, contando para ello con independencia, profesionalismo e imparcialidad suficiente para garantizar que su actuación genere confianza y certeza a las partes en conflicto, con el fin de lograr que se alcance un convenio satisfactorio y evitar así la judicialización del caso.

En este apartado, la reforma viene a colmar una exigencia social que durante años fue manifestada por diversos sectores de la sociedad, en torno a la objetividad e imparcialidad de la justicia tripartita, materializada en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por medio de un órgano independiente, avocado en su diseño a respetar el debido proceso. Lo anterior da la oportunidad de transigir, probar, alegar y emitir una resolución mediante la cual se solucione el conflicto laboral sin tener que acudir a una instancia judicial dentro de plazos razonables.

  1. La nueva justicia laboral

Durante décadas ha existido una preocupación fundada por diversos sectores económicos y laborales, respecto a que se garantice a los trabajadores el pleno acceso a la justicia laboral, ya que hoy en día la instancia prevista para solventar los conflictos laborales presenta diversos obstáculos que impiden la consecución de una auténtica justicia.

En este sentido, la reforma reconoce el derecho a una tutela jurídica efectiva, entendida como el derecho a acudir a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, mediante un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades y se dicte una sentencia con efectos definitivos y de cumplimiento obligatorio para las partes.

Con esta reforma en el apartado de justicia laboral, se garantizarán los derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional en materia laboral, toda vez que se privilegiará la conciliación y una mejora en la calidad y eficacia de los procedimientos jurisdiccionales, trayendo consigo que las sentencias a emitir consoliden un estado verdadero de equidad social.

Con la reforma en cito se faculta al Poder Judicial de la Federación para conocer los diversos conflictos de trabajo y, de esta forma, se otorgue una mayor certeza jurídica a trabajadores y empleadores, propiciando a corto, mediano y largo plazo incrementar la productividad y competitividad económica, así como el desarrollo sustentable e integral de las y los mexicanos.

  1. Reconocimiento y tutela de los derechos de las trabajadoras del hogar

Durante años, las trabajadoras del hogar pugnaron por un reconocimiento efectivo de sus derechos laborales, tanto en la ley como en la práctica. De ahí que la reforma en cuestión, aunada a un dictamen aprobado de forma previa por el Senado de la República y aceptada en minuta posterior por la Cámara de Diputados, solventará por fin la lucha histórica y social de este sector trabajador, trascendental para el mercado laboral de nuestro país.

Con la reforma se garantizan mejores condiciones laborales para estas trabajadoras, a fin de dignificar esta actividad económica, de la cual dependen millones de familias mexicanas.

En síntesis, el Estado mexicano adquirió la obligación de reconocer y proteger los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, quienes por años fueron margindas de una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, como: jornadas de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo la protección de maternidad.

  1. Consideraciones finales

Se puede concluir que el Decreto de reforma laboral promulgado el 1 de mayo del presente, modifica sustancialmente al sistema laboral mexicano, toda vez que transforma el estatus quo de los derechos de los trabajadores.

Esto significa que se sienta una base normativa sólida para cumplir con los objetivos deseables hacia la construcción de una sociedad justa, responsable y progresista, en la que las personas trabajadoras y los empleadores coexistan en sus acciones, en beneficio de sus propios intereses y del interés social.

La reforma laboral edifica un nuevo paradigma, esto se confirma en la medida que se viene a cambiar la esencia del sistema laboral en su integridad. La nueva clave para entender la materia laboral deberá ser por medio de los derechos humanos, sólo así se podrá advertir el contenido y alcances de dicha reforma.

Si bien su beneficio e impacto se podrá percibir a mediano y corto plazo, el hecho es que por sí misma, desde el plano legislativo, representa una acción con la que se puede asegurar que el cambio allí plasmado traerá consecuencias positivas para todo el sector laboral, toda vez que el sistema laboral se ubica en estándares internacionales de protección para los derechos laborales, anteriormente distantes y lejos de concretar.

Cabe mencionar que la reforma en cito no viene a colmar todas las necesidades del sector laboral, de ahí que se deban revisar aquellos aspectos que no fueron contemplados por la misma y pueda considerarse que, por sí sola está inacabada, ubicándonos en un tránsito permanente hacia un sistema laboral pertinente e idóneo.

* Investigador del Sistema Nacional de Investigadores y Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.
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