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Lunes 12 de noviembre de 2018

Reforma con energía

Pedro Joaquín Coldwell*

La reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto tuvo por objeto fortalecer la seguridad energética, revertir la tendencia a la baja en la producción de energéticos y fomentar una economía de bajas emisiones de carbono. Para ello, se modificaron tres artículos constitucionales y 21 transitorios, lo que dio como resultado las bases de un nuevo modelo que –bajo la rectoría del Estado– ahora está abierto a la inversión privada en todos los eslabones de la cadena de valor del sector. Asimismo, se publicaron leyes secundarias y reglamentos que dan certidumbre de que los cambios que se están poniendo en marcha en México son estables, de largo plazo y permanentes.

Antes de la reforma, el país tenía un marco regulatorio que restringía la participación de privados en la producción, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, así como en la generación, transmisión y distribución de electricidad. Este modelo comenzó a generar rendimientos decrecientes y planteó para el gobierno un sentido de urgencia de emprender una transformación profunda.

En 2004, México alcanzó una producción máxima de 3.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día, récord histórico que se debió al aprovechamiento de grandes yacimientos petroleros, como Cantarell, ubicado en aguas someras del Golfo de México. A partir de ese año, la producción de crudo comenzó su descenso gradual y constante, a pesar de los incrementos en la inversión realizada.

La declinación de Cantarell nos indicó que se aproximaba un cambio de era en el sector de hidrocarburos y que requeríamos métodos más sofisticados, tecnología de punta y recursos financieros para extraer el aceite restante de nuestros campos maduros y acceder a las grandes profundidades marinas, en donde se encuentra gran parte de nuestros recursos prospectivos.

En electricidad, el antiguo modelo le estaba restando competitividad a la economía y tenía un retraso de casi tres décadas en materia de mercados eléctricos, mientras que la transición energética hacia fuentes más limpias avanzaba con lentitud.

Con la reforma energética se rompieron antiguos paradigmas y se emprendió una verdadera revolución. La apertura de los mercados requirió un arreglo institucional y un robusto marco regulatorio que fijara las bases de modernización del sector y que fuera acorde con las mejores prácticas internacionales.

A cuatro años del inicio de su implementación, nuestro sector ya tiene un nuevo rostro. El primer paso fue transformar la naturaleza jurídica de Pemex y CFE para convertirlas en empresas productivas del Estado, dotándolas de herramientas que les permiten operar con mayor flexibilidad y asociarse para potenciar sus capacidades productivas.

Como parte del fortalecimiento productivo de Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo la Ronda Cero, en donde el Estado le asignó aquellas áreas en las que acreditó contar con las capacidades económicas y técnicas para su desarrollo: el 83 por ciento de las reservas 2P y el 21 por ciento de los recursos prospectivos del país. La finalidad fue garantizar su viabilidad como empresa petrolera durante al menos veinte años.

Con el resto de las áreas se formó un portafolio de proyectos de inversión –que complementara al de Pemex– para que los privados participaran con recursos financieros, técnicos, experiencia y tecnología en el desarrollo de los bloques ofrecidos. El gobierno federal realizó nueve licitaciones para la exploración y extracción de recursos en campos terrestres, aguas someras y profundas de nuestro país.

En estos nueve procesos, resultaron ganadoras 73 empresas de veinte nacionalidades, 35 son mexicanas, entre ellas la propia Pemex. Se adjudicaron 107 áreas contractuales que, a lo largo del periodo de vida de los contratos y en caso de éxito geológico total, detonarán más de 900 mil empleos e inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares, con una utilidad promedio para el Estado de 74 por ciento, sin arriesgar un solo centavo de recursos públicos. En la Figura 1 se muestran los principales resultados de los contratos adjudicados.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos llevó a cabo todos los procesos de licitación bajo estándares de máxima transparencia y publicidad; fueron difundidos por internet en tiempo real y todos los participantes manifestaron su conformidad con los resultados. De las 107 adjudicaciones ninguna fue impugnada.

El resultado de las licitaciones será una aportación adicional a la producción del país, que se estima alcance 250 mil barriles diarios de crudo en 2023, 301 mil barriles en 2024 y 740 mil barriles en 2030, año en que se espera que el 27 por ciento de la producción provenga de las áreas bajo contrato adjudicadas en esta administración.

Con las áreas asignadas en los 107 contratos, se ha favorecido también la formación de nuevos clústers petroleros de desarrollo costa afuera. Las fronteras de exploración se están ampliando y, con ello, la creación de economías a escala y sinergias productivas en tres cuencas geológicas del país: Burgos y Perdido, Tampico-Misantla y Cordilleras Mexicanas, así como la Cuenca Salina y Cuencas del Sureste. (Véase la Figura 2.)

Asimismo, se han registrado ya los primeros hallazgos de hidrocarburos que permitirán incorporar reservas y producción. Me refiero a los realizados por Pemex: Ixachi-1, que se estima con reservas iniciales 3P de más de 350 MMbpce y que está en fase de delimitación, así como los anunciados recientemente, los descubrimientos de 2015, Kobán, Kinbé, Xikín y Esáh, así como el éxito en la perforación de los pozos marinos Manik-101A y Mulach, que en conjunto permitirán incorporar para 2020 cerca de 865 millones de barriles de crudo equivalente.

Por su parte, empresas privadas también están aportando para mejorar el escenario de reservas del país, con los descubrimientos en Amoca, Miztóny Tecoalli –adjudicado a la empresa ENI– y Hokchi –adjudicado a PanAmerican Energy y E&P Hidrocarburos–, que en conjunto aportan el equivalente al cinco por ciento de las reservas nacionales.

En materia de reconocimiento y exploración superficial, nuestro acervo geológico anteriormente contaba con información parcial y limitada para estudiar las provincias petroleras, siendo Pemex el único que podía llevar a cabo esta actividad. Ahora, la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorga permisos a empresas privadas interesadas, sujetos al requisito de que entreguen copia de la información obtenida para que forme parte del acervo geológico y geofísico de las cuencas petroleras nacionales. A la fecha se ha otorgado un total de 61 permisos para que empresas privadas realicen estudios de sísmica, lo que además de mejorar la calidad de la información, propició que el Golfo de México se convirtiera en 2016 en la porción marina más estudiada del planeta. En la Figura 3 se puede observar la actividad de sísmica realizada entre 2015 y 2016.

En petrolíferos, se ha empoderado a los consumidores con distintas opciones de expendio de combustibles. Antes solo existía una marca de gasolineras en México, ahora ya operan más de 50 en distintos puntos del territorio nacional. En la medida en que el mercado madure, los usuarios tendrán cada vez más opciones de precio, calidad, rendimientos de las gasolinas y servicio. En la Figura 4 se muestran algunas de las nuevas marcas de gasolineras que existen en el país.

Otro de los retos que teníamos era aumentar la capacidad de almacenamiento de petrolíferos, que actualmente es de apenas tres días de inventarios, cifra que está muy por debajo de la recomendación internacional, que es de al menos 30 días. Hasta hoy, la industria ha anunciado 62 proyectos para el almacenamiento de combustibles en 22 entidades del país que, al ser concluidos, incrementarán en 154 por ciento la capacidad actual en terminales.

En lo que se refiere a gas natural, se puso en marcha un intensivo programa para ampliar los gasoductos y llevar el gas a más regiones. Cerraremos el sexenio con más de 18 mil 800 kilómetros de gasoductos –una expansión de 66 por ciento respecto a 2012–, que estarán llevando a las centrales eléctricas y a la industria productiva un combustible más limpio, más eficiente y a precios económicos. En la Figura 5 se puede observar la ampliación de la red de transporte de gas natural en el país.

En lo que respecta a la vertiente de electricidad, la reforma energética está dirigiendo su política hacia un sector eléctrico más competitivo y más sustentable.

Primero, se puso en marcha el mercado eléctrico mayorista de corto plazo –el de las transacciones diarias–, que promueve la competencia en la generación y la libre comercialización. Este mercado se inició en 2016 con un operador principal que se encargaba de generar, comercializar y suministrar la electricidad. Hoy, ya son 55 los participantes de este esquema, entre ellos los que producen con energías renovables.

En el mercado de largo plazo, nos hemos enfocado en impulsar la compra de energías renovables, a fin de potenciar su papel en la matriz energética y cumplir con objetivos nacionales de generación limpia. La meta es alcanzar para 2024 el 35 por ciento de la generación con fuentes más amigables con el medio ambiente.

Para lograrlo, se crearon mecanismos para que la CFE y empresas privadas participen en el desarrollo de proyectos de energías verdes. De estos instrumentos los principales han sido las subastas de largo plazo, que han demostrado ser una práctica exitosa para promover la generación renovable en diversos países y ahora en México.

A la fecha se han concluido tres de estos procesos, en los que se comprometieron inversiones por ocho mil 600 millones de dólares, para construir 65 nuevas centrales eléctricas. Las nuevas plantas se ubican en 17 entidades federativas; es decir, más de la mitad de los estados del país contará con al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambientales, detonarán la creación de empleos y la derrama económica regional. En la Figura 6 se muestra la distribución de los proyectos de energías limpias ganadores de las subastas.

Las nuevas centrales aportarán casi siete mil mega-watts, suficientes para cubrir las necesidades eléctricas de 6.5 millones de viviendas o la demanda total del estado de México, el principal consumidor nacional. Con esta nueva infraestructura, uno de cada cinco hogares mexicanos tendrá electricidad renovable.

A través de estas subastas, llevadas a cabo exitosamente por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), se han asignado contratos de cobertura eléctrica por un periodo de 15 años para la compraventa de energía, la cual fue adquirida a precios altamente competitivos, sin necesidad de subsidios ni otro tipo de incentivos.

Las ofertas promedio de la energía observadas en el último proceso fueron de las más económicas registradas en las recientes subastas realizadas en el planeta: la eólica se ubicó en primer lugar con 19 dólares por megawatt hora; la solar fotovoltaica en el segundo lugar, con 21.8 dólares por megawatt hora, tan solo después de Arabia Saudita, como se puede observar en la Gráfica 1.

En lo que respecta a Certificados de Energías Limpias (CEL), dichos instrumentos financieros serán adquiridos por los grandes usuarios por medio de contratos de subastas o a través de los intercambios del mercado eléctrico mayorista, para que estos puedan acreditar su consumo mínimo obligatorio de electricidad verde, que se inició en 2018 en un cinco por ciento e irá aumentando gradualmente; en 2022 será de 13.9 por ciento. En lo que va del año, se han otorgado 3.6 millones de CEL.

Al mismo tiempo, este nuevo modelo nos está permitiendo pasar de una generación centralizada a una distribuida entre miles de participantes. Los pequeños consumidores de electricidad pueden producir su propia energía solar y beneficiarse de los ahorros en los recibos de luz, a la par que contribuyen a cuidar el medio ambiente.

El impulso que le hemos dado al esquema de generación distribuida se está traduciendo en resultados positivos. En lo que va del sexenio, hemos pasado de dos mil a 63 mil contratos firmados para que los usuarios instalen sistemas fotovoltaicos en los techos de sus hogares, comercios y pequeñas empresas. Con una inversión de 663 millones de dólares en esta modalidad, se ha instalado un total de 390 megawatts capacidad, que sería suficiente para abastecer a una cuarta parte de la población de la Ciudad de México. En la Gráfica 2 se observa el número de contratos de generación distribuida de 2012 a 2018.

Asegura la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que, si esta tendencia se mantiene, en 2023 en nuestro país 600 mil techos solares estarán produciendo electricidad verde, es decir, un aumento de mil por ciento respecto a lo que tenemos ahora.

En la vertiente social, a través del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, nacido de la reforma, nos hemos propuesto llevar luz a los 1.8 millones de habitantes que viven en las comunidades más alejadas y marginadas y que aún no cuentan con este servicio.

Con recursos excedentes del mercado eléctrico mayorista que nutren el Fondo, se están electrificando viviendas, aulas escolares y dispensarios médicos de pequeñas comunidades que están en pobreza energética, mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos y la extensión de redes de distribución. Sin afectar el presupuesto público, con este instrumento de financiamiento podremos alcanzar el cien por ciento de cobertura nacional en 2021.

Con la suma de acciones de las primeras tres etapas del Fondo que están en marcha, pretendemos beneficiar con una inversión de cuatro mil 311 millones de pesos a casi 600 mil mexicanos en localidades de los 32 estados del país.

Estos son algunos de los grandes avances que esta profunda e integral reforma energética está dando al país; sin embargo, su significado y alcance va más allá. El nuevo modelo nos ofrece además la posibilidad de fortalecer la ciencia y la investigación. Para ello, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología crearon los Fondos Sectoriales en Sustentabilidad Energética y en Hidrocarburos, con el objetivo de detonar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados que generen valor agregado a nuestra industria de la energía.

En renovables, se han puesto en operación cinco Centros Mexicanos de Innovación en Energía solar, eólica, geotérmica, bioenergía y fuerzas del océano, que cuentan con la participación de más de 120 instituciones y empresas que trabajan de manera conjunta en 153 líneas de investigación. El resultado hasta ahora son 22 patentes registradas en el área de la energía solar y cerca de 300 artículos científicos publicados, lo que muestra la gran capacidad de invención de expertos y profesionales mexicanos.

Próximamente se pondrá en marcha la creación de dos nuevos CEMIE: el de redes eléctricas inteligentes y el de captura, uso y almacenamiento de carbono. Este último buscará desarrollar, en conjunto con la academia, industria y gobierno, las capacidades necesarias para ejecutar los primeros proyectos piloto para la captura y almacenamiento de CO2 y para la recuperación mejorada de aceite a través de la inyección de este gas.

Con una inversión de más de cinco mil 882 millones de pesos, México podrá quintuplicar sus inversiones en investigación y desarrollo de energías limpias, con lo que superaría el compromiso adquirido en la iniciativa Mission Innovation, en el marco de la COP 21 celebrada en París en noviembre de 2015. En la Gráfica 3 se muestra la inversión.

En materia de hidrocarburos, destaca el nacimiento del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, liderado por el Instituto Mexicano del Petróleo y llamado a ser el brazo científico y tecnológico de los operadores que incursionen en las grandes profundidades del mar. Con una inversión de dos mil 400 millones de pesos, este Centro contará con laboratorios, por ejemplo, en fluidos de perforación, cementación de pozos y geotecnia, cuya finalidad es proveer a la industria servicios de alto valor y tecnologías que operen bajo principios de máxima seguridad industrial y mínimo impacto ambiental.

Asimismo, en marzo de este año, la Comisión Nacional de Hidrocarburos inició la construcción de dos litotecas nacionales –una en Mérida y otra en Pachuca–, cuyo propósito es el resguardo, preservación y estudio de muestras de aceite y de roca extraídas de los yacimientos de hidrocarburos, a fin de ponerlas al servicio de la comunidad de científicos investigadores.

Para continuar avanzando en el área de la innovación energética, se requieren expertos de alto nivel con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los grandes retos del sector. A través del programa de formación de recursos humanos del sector energético, se destinaron durante el sexenio dos mil 921 millones de pesos para tres mil 286 becas de especialidades, maestrías, doctorados y estancias posdoctorales, tanto en México como en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Holanda, Canadá, España y Francia.

En formación técnica, se apoyó la capacitación de más de tres mil trabajadores de Pemex Exploración y Producción y más de mil 400 técnicos de Transformación Industrial. Además, se construye el Centro de Adiestramiento en Procesos de Producción (CAPP), que desarrollará infraestructura y fortalecerá los procesos de producción costa afuera de la Empresa Productiva del Estado.

Al mismo tiempo, se puso en marcha el Laboratorio Binacional para la Sustentabilidad Energética, liderado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en conjunto con diversas instituciones, al cual se han inscrito casi 54 mil personas, de quienes más de 11 mil se han certificado en competencias laborales en temas como ahorro de energía, redes inteligentes y mercados de energía.

También, estamos trabajando en el fortalecimiento de redes de colaboración con universidades y centros de investigación mexicanos y de otras partes del mundo, para la formación de talento y la conformación de alianzas para el desarrollo tecnológico. Destaco los convenios que hemos concretado con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad del Estado de Arizona, la Universidad de California en Estados Unidos, y las de Calgary y Alberta en Canadá.

La reforma energética está revolucionando la industria nacional. En estos seis años de vida ha logrado comprometer miles de empleos e inversiones cercanas a los 200 mil millones de dólares y más de 900 mil empleos. Proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, estudios de sísmica, terminales de almacenamiento, gasoductos, centrales de generación limpias, generación distribuida, electrificación rural, investigación y desarrollo tecnológico, así como la formación y especialización de recursos humanos. Estos son solo algunos de los grandes cambios que se están gestando en nuestro país, y eso que apenas van cuatro años de implementación.

* Secretario de Energía.
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