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Miércoles 20 de junio de 2018

Pleonocracia:  crítica de la democracia mayoritaria

Michelangelo Bovero*

Hablaré de una cosa bastante complicada bajo este título, “pleonocracia”. Los amigos saben que de vez en cuando invento palabras, pleonocracia no existe, como no existía caquistocracia, ni otra que viene siendo mía, duopoliteia, que quiere decir la república de los siervos contentos.

Les hablaré de la crítica de la democracia mayoritaria, que es un objeto muy extraño, de rara invención, casi toda italiana. Mi maestro Norberto Bobbio decía a todo el mundo “Italia es un gran laboratorio político”. Hace algunos años, justamente aquí me permití agregar “Es un gran laboratorio político que se parece al laboratorio de Frankenstein”, produce monstruos, y como la política en todo el mundo produce monstruos, quizás algo de lo que voy a decir pueda servir también de este lado del océano.

Sin más, no desde ayer sino de mucho tiempo, sostengo la tesis de que los regímenes actualmente predominantes en el mundo occidental, a los cuales tomamos por templos y clasificamos bajo el tipo de la democracia, han padecido un proceso de mutación que los hace deslizarse hacia el tipo de la autocracia.

Voy a proponer un instrumento teórico que me parece bastante nuevo para replantear el problema y desarrollar el análisis de las tendencias degenerativas de las democracias, concretamente, las contemporáneas. Se trata de un paradigma conceptual que se articula en la distinción entre tres categorías, forma de Estado, forma de régimen y forma de gobierno, aplicando este esquema conceptual al problema general de mutación autocrática de los regímenes democráticos, con especial referencia al caso particular del laboratorio de Frankenstein, el caso italiano, que considero emblemático. Trataré de demostrar que dicha mutación se realiza a través del cambio en la forma de gobierno; es decir, mediante la transformación de las relaciones entre los órganos Ejecutivo y de la representación política.

Para comenzar, una serie de precisiones acerca del significado de las tres categorías principales que voy a emplear en el análisis.

La expresión forma de Estado, que estamos acostumbrados a oír, es ambigua, flexible, no me parece que se pueda encontrar en la literatura un perfil neto y preciso; en lo personal tengo una actitud renuente a su uso y tiendo a emplearla solo en casos muy reducidos y determinados, para evitar malentendidos y confusiones. Con esta expresión se indica normalmente una multitud indeterminada, a mi juicio demasiado vasta, de caracteres que contribuyen a modelar la configuración de un ordenamiento estatal. Un texto ya clásico de Norberto Bobbio comienza por observar que los elementos que se tienen en cuenta para distinguir las formas de Estado son muy heterogéneos y, por ello, las mismas tipologías, las clasificaciones de las formas de Estado, son extremadamente variadas y mutadas.

Para poner un poco de orden en la materia, Bob-bio propone adoptar dos criterios principales. Con el primero, el cual llama simplemente histórico, se distinguen en secuencia las formas del Estado feudal, estamental, absoluto y representativo. Con base en el segundo criterio, relacionado con la mayor o menor expansión del Estado respecto a la sociedad, se contraponen por una parte el Estado confesional y el Estado laico, y por la otra el Estado mínimo liberal, liberista como decimos en italiano, y el Estado máximo social o de bienestar.

Este cuadro conceptual siempre me ha parecido un poco defectuoso, ante todo porque no abarca la distinción entre Estado legislativo y constitucional, y entre Estado unitario y federal.

En particular, la primera clasificación propuesta por Bobbio, la histórica, parece insatisfactoria por más de una razón; sin embargo, es precisamente la perspectiva histórica la que le permite reconstruir de una manera muy eficaz la figura del Estado representativo como resultado de distintos procesos, evolutivos en Inglaterra o revolucionarios en Francia, que en lugares y tiempos diversos han conducido a la superación de la representación estamental y su transformación en la representación propiamente política.

De esta manera se delinea el perfil de un verdadero y propio modelo de convivencia, en el cual, uno, los miembros de la colectividad, los ciudadanos como individuos, a través del ejercicio de sus derechos políticos determinan la composición del órgano representativo, titular de la función legislativa, y de tal forma participan indirectamente en la formación de la voluntad pública. Dos, el poder político en su conjunto (el poder de la colectividad sobre sus miembros, es decir, el poder de expresar, ejecutar y aplicar la voluntad pública) se divide en una pluralidad de órganos distintos: la forma de Estado representativo con poderes divididos. Tal como se ha ido formando en Europa en los últimos tres siglos, aún hoy, dice Bobbio, es el modelo ideal de las constituciones escritas, que se han ido afirmando en las últimas décadas, incluso en los lugares en los que de facto se encuentran suspendidas o mal aplicadas.

Este modelo ideal del Estado representativo con poderes divididos soporta muchas posibles declinaciones, que dependen principalmente de dos tipos de variantes, aquellas que en mi diccionario corresponden respectivamente a la forma de régimen y a la forma de gobierno.

Aquí hay algo novedoso, no solamente en muchos contextos del lenguaje común sino también con frecuencia en el lenguaje especializado de la teoría del derecho y de la teoría política: los dos términos, régimen y gobierno, son usados en forma intercambiable, como en las expresiones de uso corriente “régimen democrático o no democrático” y “gobierno democrático o no democrático”.

Considero oportuno atribuir a cada uno de estos términos, régimen y gobierno, así como a las expresiones correspondientes, forma de régimen y forma de gobierno, un significado especializado, de modo que se puedan distinguir y mantener analíticamente separados dos aspectos diversos, si bien relacionados, de los ordenamientos políticos.

Y aquí mis propuestas lingüístico-conceptuales, desde mañana todos los juristas, los constitucionalistas, las van a usar.

Llamo regímenes a las distintas configuraciones posibles de la relación del poder político, o sea, de la relación entre gobernantes y gobernados, configuraciones alternativas cuyos caracteres esenciales son definidos por las normas que regulan la titularidad y el ejercicio de los derechos políticos, aquel tipo de derechos que atañe precisamente a la participación individual en el poder político, es decir, a la formación de las decisiones colectivas.

¿Qué son estas normas? Son las normas de competencia y de procedimiento que Bobbio llamó, sencillamente, reglas del juego, y que, en su lenguaje simplificado y esclarecedor, establecen el quién y el cómo de las decisiones colectivas.

Es decir, uno, cuáles y cuántos sujetos tienen el derecho de participar en el proceso decisional político, o sea, quién sería titular del ius acto de Aquinitate, el derecho de ciudadanía activa, y con base en cuál criterio de atribución del estatus de ciudadano.

Dos, de acuerdo con cuáles procedimientos, o sea, cómo se debe desarrollar la participación de los ciudadanos en este proceso, por ejemplo, con base en qué sistema electoral.

Siguiendo la lección de Kelsen y de Bobbio, los tipos ideales de aquello que yo llamo régimen son dos y solo dos, autocracia y democracia, cada uno de los cuales incluye numerosas especies y subespecies.

Pasando a la expresión “formas de gobierno”, está claro que el término gobierno tiene el sentido amplio del latín gubernáculum, que quiere decir poder de dirección de la vida colectiva mediante decisiones y vinculantes erga omnes, y no el sentido estricto y técnico de Ejecutivo. Llamo formas de gobierno a las distintas variantes posibles de la arquitectura institucional, Aristóteles decía de la táxis tôn archôn, el ordenamiento de los poderes públicos en un Estado representativo con poderes divididos.

Cada una de estas variantes se caracteriza por un complejo específico de relaciones entre los órganos dotados de funciones propiamente políticas, o sea, concernientes a la toma de decisiones colectivas, principalmente el parlamento y el gobierno, esta vez en el sentido técnico. Las clasificaciones de los órganos de gobierno son muchas, algunas veces complejas, pero sabemos bien que las principales especies que aparecen en casi todas son parlamentarismo y presidencialismo.

La distinción entre forma de gobierno parlamentaria, presidencial, etc, es diversa de la distinción entre autocracia y democracia, está fundada a partir de otro criterio y concierne a otra dimensión del ordenamiento político.

La cuestión que pretendo plantear, digamos de mayor alcance teórico, es la siguiente: más allá de la distinción analítica entre autocracia y democracia, entre parlamentarismo y presidencialismo, que debe ser clara y firme, pregunto, ¿cualquier configuración de la relación entre el gobierno gabinet y el parlamento es compatible con el régimen democrático, o bien, una determinada arquitectura institucional, cierto diseño de las relaciones entre gobierno y parlamento, puede influir sobre la forma democrática de la relación entre gobernantes y gobernados, hasta el punto de cambiar su naturaleza?

El mayor constitucionalista francés contemporáneo, Michel Troper, recientemente construyó o reconstruyó una distinción conceptual similar a la que propongo, pero con términos invertidos que hay que perfeccionar. Dice Troper: los constitucionalistas franceses actualmente distinguen entre las formas de gobierno y los regímenes políticos; las formas de gobierno se definen con base en varios criterios que dan lugar a múltiples clasificaciones, considerando principalmente la naturaleza del titular de la soberanía, donde el sentido de la clasificación es poner aristocracia, democracia o, según Montesquieu, despotismo, monarquía, república, las más modernas, autonomía, heteronomía o autocracia, democracia.

Sigue Troper: los regímenes políticos se definen con referencia a una clasificación secundaria, interna a la clase de las formas de gobierno democrático. Las democracias se dividen en directas y representativas, los regímenes políticos son entonces las distintas variedades de la democracia representativa según la forma en que se regula la separación de poderes: regímenes parlamentario, presidencial, semipresidencial, etc. Como ven, los conceptos son iguales pero la forma de enunciarlos, digamos, es invertida.

Me gustaría adoptar este modelo de Troper; por razones histórico-filológicas me parece más adecuado, pero una elección como esta contrastaría inútilmente con el uso consolidado en italiano y en español, de indicar solo como formas de gobierno el parlamentarismo, el presidencialismo, etc.

Troper agrega una observación: parece que en italiano (no sé si en español podamos ver las dos expresiones) forma de gobierno y forma de régimen son sinónimos, y muy oportunamente sugiere que la falta de distinción podría crear confusiones en el análisis de los casos reales. Concuerdo.

No obstante, en mi opinión produce dificultades análogas la caracterización adoptada por Troper de las diferentes articulaciones de la división de poderes, lo que llama regímenes políticos y lo que yo llamo formas de gobierno. La diferente articulación de los poderes como variantes institucionales internas a la democracia representativa, a mi parecer, puede producir dificultades. Yo propongo dos momentos: el primero concierne a la relación entre formas de Estado y forma de régimen […] Un Estado representativo puede tener distintos regímenes, puede ser regido en forma democrática, pero también, en el caso de los llamados Estados liberales del siglo XIX, el poder de decisión colectiva efectivamente se encontraba depositado en el órgano de representación política, que era representativo solo de una oligarquía restringida. Cuando nació el Estado unitario italiano en 1861, los votantes eran el dos por ciento de los ciudadanos; el Parlamento del Estado italiano era oligárquico.

A la inversa, pero análogamente, la democracia puede ser el régimen del Estado representativo, pero también de una forma de Estado no representativo, como es el caso de la democracia directa de los antiguos, de acuerdo con su modelo idealizado.

De la misma manera, la autocracia puede ser el régimen no solo de un Estado no representativo, por ejemplo la monarquía absoluta, sino también de un Estado representativo, como precisamente sucede cuando la composición del órgano de la representación política se basa en un sufragio censitario, restringido. Parece obvio, pero como decía Hegel, en quien siempre me he inspirado, justamente lo obvio, por serlo, no es conocido.

La oligarquía es una de las especies de la autocracia y puede ser el régimen de un Estado representativo; los parlamentos anteriores a la institución del sufragio universal eran propiamente oligárquicos. Pero aquí llega la novedad: es también una especie de la autocracia, la pleonocracia

Propongo reconocer tres especies de la autocracia: monocracia, poder de uno; oligocracia u oligarquía, poder de pocos, y pleonocracia. Con este término que he acuñado hace algunos años, indico una especie de autocracia mayoritaria, el poder autocrático no de uno, solo el monarca, o de los pocos en griego, sino de los más, en griego, pleones. De allí, pleonocracia.

La autocracia mayoritaria es aquella que se instaura cuando el proceso político a partir del momento electoral está diseñado de tal manera que se le atribuye a una parte del pueblo todo el poder indiscutible e irrevocable hasta las siguientes elecciones; todo el poder a una parte del pueblo, aunque sea esta la parte mayor o mayoría. De esta forma, busco proponer una idea afín a la evocada por Alexis de Tocqueville: “tiranía de la mayoría”.

El régimen pleonocrático es identificable como una tiranía de la mayoría y, por lo tanto, debe reconocerse como una especie de la autocracia, ya que instaura un flujo descendente del poder sobre las minorías, las cuales no pueden hacer más que soportar las decisiones de la mayoría “autorizada” para gobernar.

Las características que identifican a este régimen, la pleonocracia, la cracia de la mayoría, como régimen autocrático, se observan de una forma descarada cuando se trata de una mayoría fingida, falsa, fruto de técnicas alquimistas ampliamente empleadas por los manipuladores de las leyes electorales, capaces de transformar místicamente una minoría de votos en una mayoría absoluta o más que absoluta, de los escaños parlamentarios. En este caso, una pleonocracia es una tiranía por defecto del mismo título al que se apela el principio de mayoría.

En segundo lugar, invito a considerar que no todas las formas de gobierno, no toda articulación y distribución de las funciones propiamente políticas a los diversos órganos en un Estado representativo con poderes divididos, son compatibles con el tipo de régimen democrático. Si se quiere instaurar y mantener un régimen democrático, el diseño de las instituciones, la arquitectura de los poderes públicos y en especial el complejo de las relaciones entre el órgano representativo, el Parlamento y el órgano así llamado Ejecutivo, deben ser adecuados para canalizar el proceso político de toma de decisiones en modo de favorecer la autodeterminación de una colectividad de sujetos libres e iguales. Esta es mi definición mínima de democracia: autodeterminación de una colectividad de sujetos libres e iguales.

La arquitectura de los poderes públicos debe favorecer la autodeterminación colectiva. Favorecer, no obstaculizar, desviar, bloquear, abrumar o incluso invertir el flujo ascendente del poder, de acuerdo con la imagen que distingue a la democracia de la autocracia, o sea, de un régimen en el que las decisiones políticas caen desde lo alto sobre las cabezas de una parte relevante de los miembros de la colectividad.

La capacidad de canalizar la autodeterminación colectiva respetando la dignidad y el peso de todas las orientaciones políticas, es el parámetro que considero adecuado para juzgar el grado de compatibilidad de una determinada forma de gobierno con el régimen democrático.

Todos recuerdan el juicio más matizado –hay otros más tajantes– de Kelsen: la república presidencial es una democracia en la que el elemento autocrático es fuerte.

Ahora bien, y aquí digamos que es el primer vistazo al laboratorio de Frankenstein: las formas de parlamentarismo presidencializado o las variantes radicales de aquello que se podría llamar premierismo o liderismo desparlamentarizado, una especie de gobierno de gabinete con un parlamento sin poder, subordinado, destituido, corren el riesgo de ser más presidencialistas que el presidencialismo y, con ello, de invertir la democracia hacia la autocracia.

Moviéndome en el horizonte de este paradigma conceptual, aquí termina la parte más abstracta. Voy a desarrollar algunas consideraciones retrospectivas sobre las dos reformas, constitucional y electoral, propuestas en Italia en la pasada Legislatura, la que apenas finalizó, por el gobierno de Renzi, y aprobadas por el Parlamento, pero que luego fueron rechazadas respectivamente por un referéndum popular al final de 2016 y por una sentencia de la corte constitucional italiana a mediados de 2017.

Voy a reflexionar no tanto sobre la ley, el texto de estas reformas, sino sobre su espíritu, el proyecto político al cual eran conducibles y el modelo de convivencia en que se inspiraban.

La identidad de una forma de gobierno se determina con base en las normas, mejor dicho, tomando en cuenta el grado de efectividad de las normas de la Constitución formal que regulan la atribución y distribución de las funciones políticas a los órganos institucionales y disciplinan la interrelación de los poderes de estos órganos. Pero la identidad de una forma de gobierno también es moldeada, y quizá aún más, por el comportamiento real de estos órganos y la manera en que concretamente funcionan estas relaciones en el plano real, ya no solamente en el de la Constitución formal.

Es un hecho generalmente reconocido que en los últimos 30 o 40 años, todos o casi todos los Estados representativos, gobernados por regímenes que todavía llamamos democráticos, donde rige una forma de gobierno parlamentaria, Europa casi toda, han experimentado en modos, tiempos y ritmos diversos un deslizamiento del centro de gravedad del poder político, del poder de decisión colectiva, de las asambleas representativas al vértice del Ejecutivo, estableciendo con frecuencia, sin modificar la Constitución, una supremacía del gobierno sobre los parlamentos.

Los verdaderos soberanos se han vuelto los titulares del Ejecutivo. Si tenemos que seguir con el uso de llamar con tal término a órganos que en realidad se convirtieron en decisivos, se trata de un uso distorsionado, engañoso, ya que en un sentido estricto debería llamarse Ejecutivo un poder subordinado, del cual se espera precisamente que ejecute o lleve a cabo las decisiones de un poder superior, en la visión que heredamos de Montesquieu sobre el Poder Legislativo conferido al órgano de la representación política.

En Italia, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, entre el final del siglo XX y el inicio del XXI, hemos observado una progresiva deformación del parlamentarismo casi puro que se instituyó en la Constitución de 1948, hasta la inversión de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que me interesa observar particularmente es que esta inversión, una vez que se asentaron con el tiempo las prácticas institucionales que le dieron lugar, ya no es considerada o percibida como tal, sino acogida como una estructura regular y legítima, una situación normal.

Un joven colega de derecho constitucional me comentó hace un par de años que durante un examen le pidió a un estudiante explicar el significado de esa institución italiana que se llama voto de confianza, que es el acto con el cual un parlamento aprueba un programa de gobierno y la composición del mismo gobierno, y con este acto el gobierno ocupa legítimamente su cargo. Pero, según el ordenamiento italiano, la formación de gobierno ejecutivo puede poner la cuestión de confianza, la ley que está proponiendo, diciéndole al Parlamento “si me apruebas esta ley seguimos, si se cancela esta ley se cae el gobierno y quizás se va el Parlamento mismo”; es una amenaza poco velada.

El estudiante del joven colega, a quien se le había pedido explicar el significado del voto de confianza, dijo: es el acto a través del cual el Parlamento le jura fidelidad al gobierno. La primera vez que conté esta anécdota, hace un par de años, tenía a mi lado a una de las grandes constitucionalistas de Italia, que afirmó “este estudiante ha comprendido perfectamente la situación real italiana”.

En los últimos periodos políticos, incluida la Legislatura apenas pasada, en Italia nos hemos acercado mucho al ejercicio del poder político por simple decreto del gobierno, mediante el abuso o el trastrocamiento de todas las normas que deberían regir la dialéctica parlamentaria.

En 2001, antes de que se celebrara el referéndum que rechazaría la reforma de Renzi, Luigi Ferrajoli escribió: actualmente, alrededor del 90 por ciento de la producción legislativa deriva de fuente gubernamental. Llegados a este punto uno podría preguntar qué querían hacer con esta reforma que luego fue rechazada, para qué el Parlamento aprobó la ley de división constitucional, luego rechazada, qué cosa se buscaba agregar o quitar, de qué forma se pretendía modificar esta situación de facto.

El mismo Ferrajoli dijo: la silla manda a revisión constitucional; equivale a la constitucionalización y perfeccionamiento de este proceso de verticalización y concentración del poder en el vértice del Ejecutivo, al cual se le asignan con la ley, luego rechazada, canales privilegiados y tiempos reducidos para promulgar leyes señaladas como esenciales para la realización del programa de gobierno. Dicho en otras palabras, si el referéndum hubiera confirmado la ley de revisión constitucional, ahora el gobierno –quien fuera que ocupase el cargo y en este momento no lo sabemos– no tendría ya la necesidad de abusar de ciertas normas, de ciertas instituciones, como aquella del voto de confianza. Le sería suficiente usar los canales dispuestos en la nueva ley para llevar a cabo su programa político, apoyado por su mayoría, suya en el sentido de que el jefe de gobierno dispone de ella, con base en el espíritu y la letra de la otra ley electoral, denominada “italicum”, también rechazada con sentencia de la Corte Constitucional, y que yo llamaría sencillamente Frankenstein, cuyo artículo 2 preveía la investidura electoral directa del líder.

No son pocos los estudiosos que han ofrecido deconstrucciones de los diversos intentos de reformar la Constitución en Italia, un largo proceso que se inició en los años ochenta del siglo pasado. Creo que es útil no solamente por un interés histórico, sino también desde un punto de vista teórico, reflexionar sobre los tortuosos caminos que nos han llevado en Italia a la situación cultural en un sentido amplio, ideológica, en que las propuestas de reforma electoral y constitucional han germinado.

Sintéticamente, las etapas decisivas de este camino fueron tres. En primer lugar se ha desarrollado, más bien cultivado, fomentado, la hostilidad hacia la sinergia entre la forma de gobierno parlamentaria y el sistema electoral proporcional que es, era, la estructura fundamental de la República Italiana desde sus comienzos con la Constitución de 1948.

En segundo lugar, se ha sostenido que es culpa de esta sinergia parlamentaria proporcional que el gobierno en Italia siempre sea débil, inestable, ineficiente, una opinión que ha crecido hasta asentarse en el sentido común.

En tercer lugar, ha madurado la idea frankensteniana de sustraer la formación del gobierno a la voluntad del Parlamento, como es propio de una forma de gobierno parlamentaria, y dársela en cambio al cuerpo electoral en dos momentos: primero, obligando al ciudadano a votar por el cargo de jefe del Ejecutivo en el mismo acto con el que designa a sus representantes en el Parlamento, ya que en la boleta usada para las elecciones parlamentarias al símbolo de cada partido estaría asociado el nombre de un candidato a primer ministro. Y segundo, ideando un modo para garantizar al gobierno y a su jefe una mayoría parlamentaria prefabricada por un mecanismo electoral ad hoc, y si esta mayoría de asientos parlamentarios no correspondiera a la mayoría de votos electorales, lástima por la representatividad del órgano representativo, lástima por la igualdad política de los ciudadanos, que puede y debe ser sacrificada a favor de la gobernabilidad.

También el origen de la idea de la gobernabilidad que flota en una posición eminente en el repertorio de los prejuicios más difundidos, merecería una reconstrucción rigurosa. No tengo el tiempo de hacer un análisis crítico de esto; no obstante, en un minuto quisiera ofrecer la modesta contribución de una anécdota.

Recuerdo que en algunos seminarios de los años ochenta, de los cuales no creo que haya quedado registro, Bobbio invitaba a distinguir entre tres figuras de la ingobernabilidad.

La primera corresponde a una situación de conflicto antagónico, insuperable, entre una pluralidad de grupos, algunos de ellos, incluso armados. Un estado de naturaleza real del cual Bobbio ponía como ejemplo en ese entonces al Líbano; hoy podríamos hablar de Siria.

La segunda figura de la ingobernabilidad es aquella delineada en la contribución de Huntington en el famoso informe sobre la gobernabilidad de la democracia escrito en 1975 junto con Crozier y Watanuki, que fue objeto quizá de la primera contribución científica del presidente de esta casa.

La ingobernabilidad en el sentido de Huntington consiste en la dificultad extrema de conciliar las demandas contrastantes, los inputs que el cuerpo social dirige al sistema político, lo que tiene como consecuencia una crisis del propio sistema, incapaz de responder con un output coherente, satisfactorio.

Y luego, en fin, Bobbio llamaba coloquialmente ingobernabilidad a la italiana a la tercera figura, que consiste en la dificultad crónica para formar mayorías estables y gobiernos eficientes. Vean que está pasando todavía hoy, de lo que resulta una crisis permanente de la política en Italia. Pero Bobbio no atribuía la responsabilidad de esta situación a la Constitución, específicamente no la imputaba ni al parlamentarismo ni al proporcionalismo, que él siempre defendió.

Pocos años antes, Bobbio había escrito un artículo titulado “La Constitución no tiene la culpa”. Él repetía con frecuencia que las constituciones, las reglas del juego, no pueden hacer nada si quienes juegan son malos jugadores, y quería decir todos los jugadores, no solo los políticos, también y quizás ante todo los ciudadanos.

Al contrario, la actitud que ha prevalecido en la clase política italiana es culpar a la Constitución y es así como, por un lado, se ha fortalecido y afirmado en los hechos un marco institucional no conforme con la Constitución, en el cual el Ejecutivo se ha impuesto como el supremo poder legislador. Por el otro lado, se ha reclamado repetidamente, por este arreglo institucional, un nuevo destino constitucional.

El modelo de convivencia que de tal manera se ha ido delineando tiene sus raíces en las llamadas teorías realistas de la democracia, que se desarrollaron en el siglo xx, en contraste con la corriente bobbiana; basta mencionar los nombres de Schumpeter y Duverger.

De esta corriente, digamos antikelseniana, ha surgido en Italia una teoría de la democracia, más precisamente, una teoría de la subespecie del régimen democrático en la cual rige formalmente una forma de gobierno parlamentaria, teoría que desemboca en la verdadera y propia ideología de la democracia mayoritaria.

De acuerdo con quienes la sostienen, en una democracia mayoritaria las elecciones políticas parlamentarias, subrayo parlamentarias, tienen la función principal y esencial de designar al gobierno, confieren a un sujeto colectivo, partido o coalición y a un sujeto individual, su jefe, un mandato de gobernar, y establecen un gobierno que dura una entera Legislatura.

Este gobierno establecido por los votantes requiere, dicen sus teóricos, un sistema electoral con efecto mayoritario, aún más, requiere un sistema de votación con segunda vuelta, el cual tiene como efecto inevitable la personalización de la confrontación política. Obviamente, añaden, son necesarios varios de mecanismos de control y de equilibrio, pero, subrayan, un primer ministro elegido directamente por el pueblo que podría contar con una mayoría en el Parlamento sólida y disciplinada, y nunca puede ser remplazado por los parlamentarios, de hecho son los miembros del Parlamento quienes deben eventualmente caer con él.

Este modelo de organización de la convivencia política ha sido presentado por sus seguidores como una especie madura y especialmente recomendable de régimen democrático.

Ahora bien, una visión teórica como esta es el resultado de una interpretación, a mi juicio, profundamente equivocada del concepto elemental de democracia de los modernos. Dicha interpretación se basa en dos ideas simplificadas, que son tomadas como acciones. Primero, la idea de que la democracia se resuelve en última instancia en el poder de la mayoría. Segundo, el sufragio universal es la marca inequívoca de la democracia y, por lo tanto, legitima cualquier resultado, cualquier arreglo institucional como democrático.

Se trata, como dije, de una idea burdamente simplificada; por un lado, el principio de mayoría no es la regla reina de la democracia, incluso, la gracia de la mayoría puede ser tiránica, o sea, antidemocrática. Por otro lado, también una autocracia puede ser electiva, he argumentado esto en diversos textos, incluso aquí, en esta sala, hace pocos años.

Me limito a formular algunas tesis esenciales contra la idea misma de democracia mayoritaria, en particular contra su declinación italiana, que puede arrastrar en la concepción que inspiró las reformas del texto constitucional y de la ley electoral promovidas por el gobierno de Renzi en la Legislatura apenas finalizada.

En primer lugar, la investidura electoral de un líder, de un guía de la nación o dux, como se dice en latín, no es democrática de ninguna forma en el mismo acto con el que se legitima desde abajo al jefe del Ejecutivo dotado de poderes preponderantes sobre el órgano de la representación política. Dicha investidura invierte el flujo del poder y lo vuelve descendente, trastoca a la democracia, se podría parafrasear a Rousseau en su célebre afirmación: podríamos decir que los italianos se creen libres, creen llevar a cabo un acto de autodeterminación cuando votan para designar al primer ministro, pero un instante después vuelven a ser súbditos, padecen su poder, sobre todo las minorías que no votaron por el candidato vencedor no tendrán ninguna manera de hacer pesar su opinión alrededor de los problemas públicos en el proceso de decisión política.

En segundo lugar, ahí donde un gobierno cabinet impera sobre el Parlamento al ser dotado de una mayoría prefabricada, y esta mayoría impera sobre las minorías ya que tiene el poder de decidir por sí sola o de bloquear cualquier decisión que no le agrade, incluso en asuntos que involucran la garantía de los derechos de las minorías, estamos en presencia de una tiranía de la mayoría, de un potencial ejercicio tiránico del poder de la mayoría, en mi léxico, de una pleonocracia, que es una especie de la autocracia. Para limitarnos al ejemplo italiano más escandaloso, quién no recuerda las leyes en pro de sí mismo y de sus amigos y parientes –o como decía el constitucionalista Leopoldo Elia, las leyes sibi et suis–, ¿de quién? De un personaje al que nunca nombro… ¿Quién puede olvidar la reducción al silencio de las voces críticas más influyentes?

Por último y en tercer lugar, ahí donde una mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, o mejor dicho de la cual el gobierno dispone, es una medida ficticia, artificial, creada por una manipulación electoral que ha transformado una minoría de votos electorales en una mayoría absoluta de escaños parlamentarios, la mayoría se convierte en tirano, incluso, sin título de legitimación, el mismo título al cual se apela el principio de mayoría. Como diría Kelsen, en este caso se trata en realidad del gobierno de una minoría sobre la mayoría, de una oligarquía propiamente hablando, a la cual la legitimación electoral le confiere una apariencia de democraticidad.

La democracia en cuanto que autodeterminación colectiva de individuos iguales en el derecho de participar en la toma de decisión política, requiere que cada orientación política, siempre que haya alcanzado un mínimo de consenso, tenga la posibilidad de contar, de ser escuchada, de intervenir en la medida correspondiente a su peso en la ciudadanía, en el electorado; de lo contrario, el Parlamento, el órgano de la representación política, no es realmente representativo, y la democracia representativa, si no es representativa, no es democracia.

En conclusión, la democracia mayoritaria no es democracia, es, por un lado, una pleonocracia, una tiranía de la mayoría; y por el otro, una autocracia electiva, más autocrática de lo que puede ser una forma de régimen en la que se ha instaurado una forma de gobierno presidencial.

Imaginemos que en un ordenamiento esté previsto que se elija por sufragio universal al jefe de gobierno, presidente o como se le quiera llamar, pero no a un parlamento. Me atrevo a decir que nadie diría que tal presidencialismo sin parlamento es compatible con el régimen democrático. En una forma de gobierno presidencial, la independencia de un parlamento no destituido de poderes vale como un potencial imparcial colectivo, democratizador.

Me parece oír que dicen en voz baja los amigos aquí presentes “como… el presidencialista”. Tranquilos, no. Lo que sostengo es que un presidencialismo clásico, al menos formalmente, es menos peor desde un punto de vista democrático, que un parlamentarismo presidencializado, mejor dicho, que un liderismo desparlamentarizado, como el vislumbrado por los teóricos y prácticos de la llamada democracia mayoritaria.

Por decirlo en broma pero no tanto, yo estaría dispuesto a considerar la forma de gobierno presidencial como un mal menor, casi compatible con el régimen democrático, si y solo si se me garantizara que siempre habrá gobierno dividido. Pero en todo caso soy terco, seguiré siendo parlamentarista, proporcionalista, lo que en mi lenguaje equivale a democrático en sentido pleno, y justamente por eso soy enemigo de la pleonocracia.

* Versión de la conferencia magistral dada en el INE el 15 de mayo de 2018.
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