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Lunes 12 de noviembre de 2018

Pacto insepulto

Gustavo Madero*

Al cumplirse seis años de la firma del Pacto por México se hace conveniente realizar un balance integral, y no solo de sus resultados; es decir, conviene analizarlo tanto por su forma, como por su contenido y también por sus resultados. En las tres dimensiones creo que tenemos aprendizajes que vale la pena sistematizar.

En un par de entrevistas recientes me han preguntado con insistencia si lo volvería a firmar. La respuesta ha sido que no. Esto es muy lamentable, porque sigo convencido de que era un magnífico ejercicio de trabajo político para la construcción de acuerdos en un marco de gobierno dividido y en un país atrapado en una transición remisa, lerda, costosa y frustrante.

Es pertinente recordar que el Pacto se negoció con un presidente electo, no con uno que ya estuviera en funciones. Esta sin duda fue una condición propiciatoria de una comunicación fluida y más bonancible, aunque efímera.

Habían concluido dos sexenios de administraciones panistas y el ánimo generalizado era de frustración ante las grandes expectativas que se habían generado y la falta de comunicación empática y de construcción de alianzas sociales que acrecentaran el capital político obtenido al inicio de ambas administraciones.

Los antecedentes: 2006-2012

La victoria electoral del presidente Felipe Calderón fue desconocida por el candidato Andrés Manuel López Obrador, quien se declaró presidente legítimo y se instaló en un plantón en la Avenida Reforma, principal arteria vial de la capital de la República.

Ese acto fue acompañado por los integrantes de la Coalición Por el Bien de Todos, los militantes y simpatizantes del PRD, el PT y MC, que fueron en coalición electoral en esa campaña.

En ese contexto, el presidente Calderón quedó obligado a negociar solamente con el PRI para lograr cualquier aprobación en el Congreso. Esta dependencia fue hábilmente identificada por el PRI, que chantajeó y regateó cada reforma legal y constitucional, cada presupuesto de egresos y cada nombramiento, en el esquema costoso e ineficaz de “pago por evento”.

La frustración por ese esquema, originado en la falta de una mayoría legislativa, ya que el PAN solo tenía un 33 por ciento y dependía siempre del PRI-PVEM para todo acuerdo en el Congreso, se convirtió en una de las principales razones por las que nos convencimos de la necesidad de un acuerdo integral y tripartita.

De esta forma, ante la opinión pública, el presidente Calderón injustamente quedaría para la historia como un mal negociador de acuerdos político-legislativos, porque se omite reconocer la mezquindad del PRI al lucrar con la dependencia del gobierno federal para llegar a los acuerdos, dado que el PRD nunca se sentaría a negociar, al grado de que ni el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aceptó reunirse con él durante todo su sexenio.

En la misma proporción, pero de manera inversa, el presidente Peña quedaría para la historia como un gran negociador, al no reconocer que la voluntad vino de la oposición para acordar de forma generosa y sin regateos, a diferencia de lo hecho por el PRI como oposición.

El triunfo de Peña

El presidente electo venía de una campaña victoriosa y embriagado por la euforia del regreso del PRI a Los Pinos; eso le generó un clima de confianza para aventurarse en un experimento de negociación trilateral de su equipo de transición con los dos principales partidos de oposición.

Las negociaciones se iniciaron entre un reducido grupo de seis personas, dos del equipo de transición del presidente electo, dos del PRD y dos del PAN. Una vez que se reconocieron la disposición recíproca y el inventario de temas puestos sobre la mesa, se recurrió a invitar a un tercer integrante de cada equipo para ir avanzando en la sistematización y redacción de los acuerdos y de sus temas encorchetados bajo el principio de que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado.

La confección del Pacto

Los principios fundamentales sobre los que se construyó el Pacto fueron tres.

Uno, el fortalecimiento del Estado mexicano (no del gobierno federal, mucho menos del presidente Peña).

Dos, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación eficaz de los derechos sociales.

Y tres, la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Se establecieron 95 compromisos, agrupados en cinco grandes ejes:

  1. Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades:
    1. Seguridad social universal
    2. Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza
    3. Educación de calidad con equidad
    4. La cultura como elemento de cohesión social
    5. Defender los derechos humanos como política de Estado
    6. Derechos de los pueblos indígenas.
  2. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad:
    1. Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos
    2. Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial
    3. Promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación
    4. Desarrollo sustentable
    5. Realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo
    6. Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable
    7. Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de hogares y empresas
    8. Transformar el campo en una actividad más productiva
    9. Aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del Sur-Sureste
    10. Deuda de los estados
    11. Realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa.
  3. Acuerdos para la seguridad y la justicia:
    1. Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria
    2. Reformar los cuerpos de policías
    3. Implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral
    4. Implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales único
    5. Reforma a la Ley de Amparo
    6. Reforma integral del sistema penitenciario.
  4. Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción:
    1. Reforma para la rendición de cuentas contables
    2. Ampliar facultades del IFAI
    3. Sistema Nacional contra la Corrupción.
  5. Acuerdos para la gobernabilidad democrática:
    1. Gobiernos de coalición
    2. Toma de protesta del presidente el 15 de septiembre en 2024
    3. Partidos políticos y elecciones
    4. Reforma del Distrito Federal
    5. Revisión global de los fueros
    6. Leyes reglamentarias de la reforma política
    7. Reelección de legisladores
    8. Medios de comunicación.

El tercer capítulo del Pacto por México refiere a los acuerdos del presupuesto de egresos de la Federación de 2013, entre los que se incluyeron el seguro de vida para jefas de familia, la pensión a adultos mayores de 65 años, salud reproductiva, equidad de género, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

El método de trabajo del Pacto se articuló a través de la conformación de un Consejo Rector responsable de la elaboración de las iniciativas que serían sometidas al Congreso de la Unión.

Hay que reconocer que este mecanismo produjo fricciones y reclamos de inclusión, así como una recurrente competencia de protagonismos, que contaminaron y dificultaron su desempeño.

La firma

El Pacto pudo haberse firmado antes de la finalización del sexenio (e incluso con la presencia) del presidente Calderón, pero al final se decidió su firma como primer acto del gobierno entrante.

Se habían logrado mantener en resguardo las negociaciones, la noticia realmente sorprendió a la opinión pública y conmocionó al sistema político nacional, al presentar una gran disrupción y anticipar una nueva relación, inédita, entre las tres principales fuerzas políticas del país, que preveían entendimientos y compromisos profundos y audaces.

La noticia no dejó de generar incredulidad en una parte de la opinión pública y molestia en muchos que no fueron considerados para que formaran parte del Pacto; hay que aceptar que los celos y la condición humana acaban siendo tan poderosos como los grandes intereses de los poderes fácticos, que se verían todos afectados.

Para el acto de la presentación del Pacto, unas horas antes elaboramos el orden del día y el secretario de Gobernación dio lectura al documento, incluidas las dos páginas introductorias que han sido eliminadas en los pocos lugares donde aún se puede consultar.

Era inédito escuchar en la voz del secretario expresiones tan poco convencionales en el protocolo oficial como “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, estos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de la riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad”.

Ese era el signo de los tiempos: pronunciar y suscribir, gobierno y oposición, esas declaraciones que alentaban vientos de esperanza nacional.

El gusto duró…

Las reformas constitucionales surgidas del Pacto sorprendieron siempre al alza por su audacia. Surgieron diez grandes reformas de las cuales compartimos, desde la doctrina de nuestro Partido Acción Nacional, su talante democratizador, modernizador y fortalecedor del Estado mexicano. La mayor parte de los contenidos del Pacto había formado parte de la agenda y las plataformas electorales de nuestro partido por varios lustros; su inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la consideramos una gran victoria política y cultural.

Como era de esperarse, en un país presidencialista, de culto al jefe del Estado mexicano y con ese síndrome popular del vértigo por el vértice, el presidente Peña acaparó todos los créditos y los partidos de oposición que hicimos posibles los acuerdos quedamos relegados en la narrativa. Sin embargo, es importante recordar que el Pacto nunca apareció en la plataforma ni en la campaña del presidente Peña, incluso, que en sus documentos oficiales el PRI establecía planteamientos absolutamente contrarios, como es el caso de no reformar la Constitución en materia petrolera.

La foto del presidente Peña con la leyenda “Saving Mexico” en la portada de prestigiadas revistas internacionales envenenó la disposición oficial; empezó a florecer la soberbia, al tiempo que la camisa de fuerza de los aliados del régimen acabó por imprimir nuevos términos a la relación gobierno-oposición. El gran cambio en los términos de la relación se dio en el paso de negociar con un equipo de transición a hacerlo con el presidente en funciones, su gabinete y su partido.

Ladrones de elecciones

“El Pacto no elimina las diferencias ni la competencia política. No pretende ignorar que venimos de una intensa lucha electoral en la que confrontamos programas de gobierno y disputamos el voto de los mexicanos”, reconocía el documento firmado.

En el transcurso de la presentación de las iniciativas empezaron a idearse varios formatos con el fin de mantener su vigencia. Sin embargo, por naturaleza el pri acabó manejando un doble discurso, negociando las reformas por arriba de la mesa y fraguando vergonzantes fraudes electorales por debajo de la mesa, como el evidenciado y denunciado caso de los ladrones de elecciones en el estado de Veracruz, donde el PRI y los tres órdenes de gobierno se confabularon para la utilización de los programas sociales de la Sedesol con burdos fines electorales.

Al denunciarlo, nos levantamos de la mesa del Pacto y obligamos a la firma de un adéndum para blindar los procesos electorales y adelantar los compromisos 89 y 90, es decir aprobar la reforma electoral antes de la energética.

El Pacto nunca tuvo sepultura

El Pacto corrió la suerte de la imagen del presidente Peña, que empezó a deteriorarse 180 grados a partir de los graves señalamientos de corrupción de su gobierno, de la pésima capacidad de control de daños y atención de crisis, de la soberbia y de la impunidad que marcaron su administración.

Las reformas secundarias de las diez reformas del Pacto quedaron mucho a deber. Se dieron en un ambiente de rompimiento de la relación a partir de la firma de la reforma energética, que el PRD votó en contra, y de la hacendaria, que el PAN combatió como una reforma tóxica para la economía de las empresas y las familias.

El PAN tuvo el alto costo electoral de haber participado en este acuerdo principalmente por el desprestigio que acumularon el PRI y el presidente Peña, que se le contagió al Pacto. Así, quedó estigmatizado como un acto fallido, aun cuando sus reformas sin duda ayudarán a la construcción de un mejor país en el mediano plazo.

Concluyo insistiendo en que los contenidos del Pacto son positivos; invito a los lectores a que lo comprueben revisando los compromisos firmados, incluido el adéndum, así como el contenido de las reformas constitucionales, que ahora estarán en la cancha del nuevo gobierno de López Obrador, quien las rechaza por principio. Para ilustrar, puede verse en la tabla en esta página la matriz de navegación que elaboramos en el PAN para mapear algunos de los impactos que se lograrán con estas reformas, al minar el poder fáctico de algunos actores que han desempeñado un papel retardatario en la transición democrática de nuestro país.

* Presidente nacional del PAN en distintos periodos entre diciembre de 2010 y agosto de 2015.
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