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viernes 19 de abril de 2019

Nuevos tiempos,nuevos retos
Entrevista a Lorenzo Córdova

Gloria Alcocer Olmos

Pasada la temporada electoral federal, el presidente del INE tiene que enfrentar nuevos tiempos en los que otros actores y un nuevo escenario político plantean nuevos retos para la autoridad electoral. El recorte presupuestal, inédito por su monto, puso en entredicho el cumplimiento de las responsabilidades del INE en los procesos locales de este año, en tanto que la tentación de una reforma a modo y color moreno se perfila como el mayor riesgo para el futuro del sistema electoral. De esos temas conversamos con el presidente del Consejo General.

 

GA: Bajo las nuevas atribuciones del INE, ¿qué reflexiones, experiencias o pendientes tiene el Instituto, de acuerdo con lo que pasó en 2018?

LC: La elección de 2018 marca un parteaguas porque cierra el primer ciclo de vida de la reforma de 2014. Ya con los elementos suficientes para hacer un balance, te diría que las lecciones son, primero, que no es una reforma sencilla pero sí practicable; segundo, que ha continuado la consolidación del cambio político que se viene articulando en el país en los últimos 40 años, particularmente en los últimos 25. La reforma ha regido el proceso de mayor alternancia de nuestra historia en los ámbitos municipal, local y federal. Desde ese punto de vista, ha fortalecido aún más las condiciones de equidad en la contienda, los blindajes y garantías para el ejercicio del voto libre. A pesar de sus complejidades, la reforma funciona; aun si implicó rupturas, como la nacionalización de las elecciones entre otras, puede circunscribirse en el ciclo de consolidación de la democracia. Tiene sus áreas de mejora, pero también nos enseña que un cambio electoral se puede ver como una refundación del propio sistema electoral, que siempre tendrá muchos márgenes de riesgo e incertidumbre.

GA: ¿En dónde ves las áreas de oportunidad y la complejidad en la instrumentación de esta reforma?

LC: Primero, en la figura de la casilla única. Tiene toda la justificación: para qué haces ir al elector a dos centros de votación distintos, además de multiplicar el número de personas y los esfuerzos de la organización, etc. También es cierto que nunca habíamos tenido centros de votación en los que se contaran tantas boletas; esto hizo mucho más compleja la operación, tal vez no de las elecciones en su conjunto, pero sí de cada una de estas células que son las casillas.

La reforma no innova pero sí continúa una línea que ha sido el sello distintivo de las últimas reformas electorales, aunque no necesariamente sea algo pertinente; es decir, vuelve todavía más frondoso el entramado normativo y, en consecuencia, las elecciones se hacen mucho más difíciles de operar, incluso para los jugadores, que deben cumplir con todas sus obligaciones, y, sin lugar a dudas, hace mucho más difícil para los ciudadanos entender procesos técnicamente muy complejos. Tuvimos la elección más explicada en la historia, no como producto de la reforma, sino de la vocación de la autoridad electoral. La reforma no ayudó a simplificar la operación, la regularización y el entendimiento de los procesos electorales, así que el desafío está en cómo simplificar el sistema electoral.

GA: El modelo mixto ideado por la reforma de 2014 pareciera que no entregó los resultados que prometía o que se esperaban.

LC: Hay una narrativa falaz, lo dijimos varios desde el momento en que se discutía y, digámoslo así, se vendía públicamente esa reforma: que iba a abaratar costos. No solamente se veía que no iba a ocurrir, sino que en los hechos no ocurrió. Si obligas a una institución como el IFE a crecer tanto como creció en su tránsito a INE, es imposible que cueste menos. Las fortalezas de la reforma no están en esa dimensión; habrá que ver cómo hacemos elecciones menos onerosas.

GA: ¿De dónde salió la idea de que el sistema electoral iba a ser más barato y eficiente?

LC: De una retórica que quiso vender una reforma. Voz y Voto lo documentó: cuando se dice que el financiamiento local se va a aumentar en tales proporciones (algunos estudios hablan de 1,500 a dos mil millones de pesos al año) para equipararlo al financiamiento federal, como lo hizo la reforma, quien afirme que eso va a reducir los costos, simple y sencillamente está tomando el pelo. No creo que ese haya sido el propósito de la reforma, pero si lo fue, los que la hicieron se equivocaron de cabo a rabo.

GA: Haciendo un ejercicio de futuro, ¿cuáles son los asuntos que realmente requieren ese cambio a las normas legales?

LC: Respondo con una provocación. Creo que los cambios legales que necesita el país tienen que ver con aquello que nos permita resolver la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Dicho de otra manera, no creo que el país esté urgido de una ulterior reforma electoral; es pertinente revisar las normas, afinarlas, para volver más sencillo lo electoral sin perder garantías y certezas, sin abrir la puerta a la desconfianza, que es la que nos trajo a donde estamos, por cierto. Es pertinente revisar los procedimientos, los criterios, para que las elecciones cuesten menos, sin lugar a dudas, pero estamos muy lejos de los tiempos en que nació Voz y Voto. La revista nace como un observatorio para analizar el proceso del cambio electoral y la instrumentación de elecciones democráticas, cuando el gran problema político, el gran problema social y por ende sus traducciones económicas, era lo electoral. Me parece que nos vamos a equivocar si hoy lo queremos colocar en el centro de las preocupaciones políticas, porque la elección de 2018 nos enseña que ganó quien mejor entendió las preocupaciones, la insatisfacción, el humor público que una serie de políticas equivocadas habían venido generando.

Dicho lo anterior, ¿es mejorable lo electoral? Siempre, pero no entremos al revisionismo sino más bien a los ajustes cuyo punto de inflexión sea la simplificación: menos normatividad, menos prohibiciones, no necesariamente menos controles porque ahí nos equivocaríamos, pero sí un sistema electoral más fácil, más asequible y que no pierda credibilidad. ¿Dónde están esos ejes? Hay temas que hemos hiperregulado, como la libertad de expresión; el asunto del dinero, que en buena parte es responsabilidad del INE, no tanto de las normas. También hay absurdos, por ejemplo, en términos económicos, el voto de los mexicanos en el extranjero; dice la ley que los mecanismos que desarrolle el INE tendrán que ser validados por dos empresas de prestigio internacional. El último ejercicio de sondeo del mercado que hicimos implicaba gastar más de 60 millones de pesos en esa validación, cuando tenemos instituciones de educación superior como la UNAM, que elección tras elección audita el PREP, con costos que no tienen nada que ver con aquellos.

Las elecciones de 2018 pueden ser un paso adelante para simplificar las normas y el sistema, sin perder credibilidad. Eso debería ser el eje de los futuros cambios, bajo la premisa provocadora con la que inicié mi respuesta.

GA: No es prioridad, pero sí importante.

LC: Si tenemos que escoger entre resolver la pobreza y reinventar el sistema electoral, no hay duda de dónde debemos empezar. De alguna manera llegamos al juego perverso que el PNUD en su primer informe, si no me equivoco, a principios de la década pasada, mencionaba sobre el estado de la democracia en nuestra región: América Latina le está jugando a ver cuánta pobreza aguanta la democracia. Buena parte de los problemas que hoy tenemos va por ahí.

GA: Ya no digamos la democracia, sino la calidad de la misma. Déjame pasar de la esfera federal a lo que pasa en la local, con los OPLE. ¿Cuál sería su futuro, cerrarlos? ¿Cuál es tu valoración personal e institucional al respecto?

LC: Lo digo con una frase coloquial anglosajona: si funciona, no lo arregles. El sistema electoral funciona y, a pesar de que ha sido muy complicado construir una relación de coordinación muy bien aceitada entre INE y OPLE en estos cuatro años, las elecciones de 2018 dieron muy buenos resultados.

El entendimiento que el INE tuvo como órgano rector del sistema electoral en este periodo siguió una lógica pendular, hasta que logró centrarse. En un primer momento dijimos cada cual es responsable de lo que le toca, según lo manda la Constitución; establezcamos convenios de colaboración y vamos para adelante. El primer resultado, que nos alarmó, y en esto tuvo razón la reforma de 2014, es que en el ámbito local teníamos una enorme disparidad de procedimientos, criterios y prácticas que, evidentemente, no generaron el mejor contexto en términos de confianza. Yo no acompaño la idea de la reforma de 2014, que decía que en lo local todo estaba mal, porque no es cierto; lo que se tenía era una enorme diversidad de sistemas electorales, estados que tenían una institucionalidad muy robusta frente a otros con una precaria, por decir lo menos. Estados donde había controles muy claros y otros en que las elecciones salían porque sí.

Entonces, de la postura de que cada cual hiciera lo que le tocaba y nada más tener relación en los puntos de intersección, se movió el péndulo hacia el otro extremo. En 2016 emitimos el Reglamento de Elecciones, que implicó meternos a fondo en lo local; establecer reglas, criterios, procedimientos, normas de cómo los órganos electorales en los estados tenían que hacer elecciones. Mi impresión es que se nos pasó la mano porque pagaron justos por pecadores, tratamos prácticamente a todos los órganos locales como si no tuvieran un camino andado. Insisto, no todos tenían la misma robustez ni la misma capacidad de resistir las presiones del poder político local.

Y aquí vino la vuelta del péndulo hacia el otro lado. Decidimos hacer las elecciones de 2018 basándonos en una relación sin supremacismos, sin la postura de que nosotros sí sabemos hacer elecciones y les vamos a enseñar; ni soberanismos, de que nosotros somos la trinchera que va a defender la soberanía estatal frente a la intromisión centralista del INE. No, estamos en un mismo barco; o remamos de manera sincronizada o no llegamos a ningún puerto, sobre todo cuando enfrentamos la elección más grande de la historia. En ese sentido, los resultados son positivos. Dicho lo anterior, es muy complicado administrar este sistema y vale la pena avanzar hacia formas más simplificadas.

Me preocupa mucho que por este sistema híbrido –como algunos lo han llamado– los conflictos políticos locales adquieren una relevancia nacional que, lejos de ayudar a resolverlos, muchas veces los complica. El Consejo General es un espacio de exposición pública muy importante y hemos visto que muchas veces las disputas en algún municipio acaban por volverse problemas de trascendencia nacional.

El sistema funciona, pero no creo que la mejor solución sea la nacionalización total de las elecciones. Si los consensos políticos caminan hacia allá, sí tendría que hacerse una reingeniería de la estructura del INE, porque fue pensado para hacer elecciones federales y solo coadyuvar en las locales.

GA: No para hacer las elecciones locales.

LC: Soy un reformista conservador.

GA: Explícate bien.

LC: Sí, porque puede parecer esquizoide. Soy reformista porque estoy convencido de la gradualidad de los cambios, en ese sentido no soy un revolucionario, pero soy conservador porque creo que hay ciertas cosas que nos han salido bien. Si lo electoral fuera un desastre, hoy el INE no sería, como lo fue el IFE en los años noventa, un punto de referencia y, en consecuencia, nuestro sistema electoral, un punto de referencia internacional. Estamos por firmar un convenio con la Comisión para la Promoción de la Democracia en Legalidad del Consejo de Europa, mediante el cual el INE se va a convertir en el órgano de asistencia técnico-electoral de la Unión Europea. Si hubiéramos hecho mal la tarea, no estaríamos allí; entonces, lo que quiero decir es que está bien ir hacia adelante cuidando mucho lo que hemos hecho bien, que no es poco.

GA: Siguiendo con la relación con los estados, ¿cómo están mirándose frente a los procesos locales que tenemos en este momento?, ¿cómo van? En particular pregunto sobre Puebla, que ha sido tan complicado.

LC: A estas alturas los procesos electorales están muy bien aceitados. Te hablaré de los otros cinco estados y luego de Puebla. Hay estados en donde, por ejemplo, el problema de la inseguridad es muy complicado.

GA. Tamaulipas, por ejemplo. En el país en general tenemos focos rojos y no está siendo nada sencillo el tema de seguridad.

LC: Claro, pero no es un fenómeno nuevo ni que haga explotar las elecciones, como lo mostró la de 2018, por cierto. La inseguridad ya estaba ahí, estuvo durante las elecciones y sigue estando después de ellas. Lo mismo ocurre este año, aunque al no ser un tema nuevo, sabemos muy bien qué le toca hacer a cada una de las autoridades, qué vinculación tiene que haber con las instancias de seguridad federales y locales, etc. Esto tampoco está siendo problema, nuestros CAE están haciendo el trabajo de campo en los seis estados sin ningún tipo de problema, más allá de las complejidades que tiene nuestro país, que no están impidiendo la organización de las elecciones. Todo se está siguiendo puntualmente en los términos y tiempos del libreto, la ley electoral.

El caso de Puebla se cocina aparte porque es una elección extraordinaria de gobernador. El estado tiene el quinto padrón más grande del país, es la mayor elección que se va a realizar en este año y se cuenta con un tiempo muy abreviado. La organización de una elección ordinaria llevaría nueve meses, y estamos teniendo que operar en solo cuatro meses para llegar a tiempo al 2 de junio. Todas las etapas del proceso se están dando de manera mucho más rápida y comprimida; se han tenido que tomar decisiones extraordinarias ante las circunstancias de la elección. Es la segunda vez que organizamos en su totalidad una elección local, la primera fue Colima.

La elección de Puebla la asumió totalmente el INE, que es el único responsable en la parte de capacitación electoral, organización electoral, lista nominal, así como de radio y la televisión –que siempre ha ocurrido–, pero también de la parte de arbitraje electoral. Las quejas que se presenten respecto de la propaganda, de los registros de candidatos, de intervención indebida de funcionarios públicos, etc., todas van a ser procesadas por el INE. Ello plantea un desafío particular. Me atrevo a decir que, sin descuidar las otras elecciones, la de Puebla es la que mayor atención está demandando al Instituto.

GA: Nos parecería incluso normal, dadas las circunstancias. En términos procedimentales, digamos, está resuelta la elección, pero hay un clima enrarecido. Que el INE diga yo tomo la elección, también genera tensión en los OPLE y empieza un efecto en cadena respecto a qué va a pasar en lo local.

LC. Sin lugar a dudas, pero afortunadamente ha habido un buen entendimiento, y qué bueno que lo mencionas porque me permite aclarar que la decisión de que el INE fuera el único responsable de esta elección no obedece a un juicio sobre la actuación ni sobre las capacidades del instituto electoral del estado. La asumimos por tres razones.

Primera, que la elección no estaba prevista en el calendario, tiene que realizarse porque falleció la gobernadora.

Segunda, porque en la elección de Puebla de 2018, digámoslo así, la irresponsabilidad de los actores políticos produjo un clima de crispación y de mucha tensión, no solo entre los partidos contendientes sino incluso entre la sociedad poblana, que no logró disiparse al cabo de la jornada de votación, ni del cómputo de los votos, ni de la resolución de las disputas en los tribunales. Es decir, después de que la elección se validó siguió habiendo muchísima crispación y confrontación, producto de la irresponsabilidad de los actores políticos. Eso marcó un contexto inédito para esta elección extraordinaria.

Tercera razón, de tipo político y que no podíamos soslayar como INE –lo digo como lo expresó en el Consejo General nuestro colega, el consejero Ciro Murayama: la crispación era tan fuerte que no lograron ponerse de acuerdo en nada salvo en una cosa, que el INE era indispensable para organizar la elección. Hubo exhortos de todas las fuerzas políticas para que el INE la asumiera.

Bajo esas tres condiciones resultaba casi inevitable la asunción. Eso para muchos ocasionó una tensión entre la estructura nacional y las estructuras electorales locales. No es una tensión INE-OPLE, incluso hubo pronunciamientos de los consejeros del OPLE de Puebla y de otros órganos electorales locales, que señalaron que la asunción era, sí extraordinaria, pero dentro del orden constitucional. No ocurrió lo mismo en algunos tribunales; hubo por ahí una declaración de algún presidente de tribunal, el mismo Tribunal de Puebla impugnó la decisión de asumir la elección, pero el TEPJF nos dio la razón. En fin, no creo que esta sea una discusión sobre la viabilidad del modelo centralizador, sino un ejemplo adicional de que el modelo funciona a pesar de su complejidad.

GA: Acabas de decir una frase que me lleva a mi siguiente pregunta: “el TEPJF nos dio la razón”. A veces el Tribunal no se las ha dado, en casos como Coahuila, como el del Bronco. Hablando de tensiones, las ha habido entre el INE y el TEPJF. ¿Cómo se miran ahora que hay un nuevo magistrado presidente, cuando venimos de este reacomodo, me atrevería a decir no solo de una reestructura electoral sino política?

LC: Hay que partir de un punto: el diseño institucional coloca al INE y al Tribunal Electoral en una natural tensión; si los actos del INE no fueran impugnados, el Tribunal no se pronunciaría sobre ninguna actuación del Instituto. En nuestro sistema electoral hay solo un momento en el que ya sabemos que va a ocurrir este cambio de estafeta, y es la conclusión de la elección presidencial. Lo dicen nuestras normas, esa elección la hace el INE, toda la organización, los datos preliminares, el cómputo distrital. Pero el cómputo final y la calificación los hace el Tribunal. En el resto de los temas, si el TEPJF se pronuncia respecto a alguna decisión, alguna regla, algún criterio, alguna actuación del INE, es porque hay un litigio. El Tribunal es la última instancia en materia electoral, siempre y cuando haya un litigio, y por cierto tenemos muchísimos; pero si no hay litigio, la última instancia es el INE.

El problema que veo es el de establecer adecuados y fluidos canales de comunicación. Ha habido decisiones muy importantes, como los calendarios electorales para 2018; teníamos 31 que no tenían prácticamente nada que ver entre sí, salvo la fecha de la jornada de votación, a partir de la cual, cada uno caminaba por su lado y eso volvía prácticamente inmanejable una elección tan grande –30 elecciones locales más las federales. Cuando el INE homologó algunos puntos del calendario electoral, fue avalado por el Tribunal. También es cierto que ha habido diferencias, que tienen que ver con lo que llamamos cancha pareja, o condiciones de equidad en la contienda; con el uso de tarjetas que prometían beneficios futuros durante las campañas; con la reglamentación para asumir que un programa social tiene un fin electoral; con la regulación del artículo 134, que se refiere a la prohibición del uso de propaganda gubernamental y el principio de parcialidad al que tienen que ajustarse los servidores públicos. De la mano del Tribunal tuvimos que construir una solución alternativa para conteos rápidos; están también las diferencias respecto a los candidatos independientes, y un largo rosario de temas.

Sobre el cambio de la Presidencia del Tribunal no me pronuncio porque es un asunto interno, pero espero que se traduzca en una cohesión de dicho órgano que nos conviene a todos. También es una ventana de oportunidad. Con el magistrado Felipe Fuentes ha habido una muy buena comunicación, no que no la hubiera con la magistrada Janine Otálora, pero con el magistrado Fuentes está planteándose cómo mejorar la comunicación. Diferencias siempre va a haber y siempre es pertinente un diálogo entre instituciones; como yo digo, lo importante en esta historia es que las sentencias siempre se acaten, y el Instituto las ha acatado todas. El diálogo entre ambas instituciones le aporta al INE mayores elementos para saber hacia dónde va caminando la política judicial del Tribunal, es decir, hacia dónde está orientando las preocupaciones que traduce en sus sentencias. En ese sentido, nos podemos ir ajustando, no necesariamente a golpe de sentencia, sino en la construcción de una política coordinada con ellos.

Por otro lado, el Tribunal Electoral es un órgano de legalidad, jurídico, no un órgano operativo, y en la medida en que es un órgano operativo que conoce el campo, que sabe de las complicaciones de instalar una casilla, o de las dificultades para operar en un país tan complejo, tiene más elementos para emitir mejores sentencias, más apegadas a la problemática real del país. Eso es provechoso para ambos.

GA: Ahora, no es que se esté hablando de “La reforma electoral”, pero sí está la posibilidad de una reforma.

LC: Hay muchos temas que tendrían que ser objeto de un análisis y que fueron novedosos después de la elección de 2018. Hay uno no resuelto: en el proceso de cambio democrático se asumió que un Congreso realmente democrático no solamente es electo mediante el voto popular conforme a las reglas que nos dimos, sino que también es representativo de la pluralidad política. En la reforma de 1996 se modificó el techo a la sobrerrepresentación que pueden tener los partidos políticos en la Cámara de Diputados y se estableció una norma que sigue vigente: ningún partido puede tener más del ocho por ciento de las curules, respecto al total de esa Cámara, frente al porcentaje de votación. Dicho en otras palabras, si tuviste el 30 por ciento de votación no puedes tener más del 38 por ciento de la Cámara. Eso es lo que el INE, elección tras elección, ha venido aplicando. Por ejemplo, en 2018 al PT se le dejaron de asignar diputados de representación proporcional a los que tenía derecho, pero de habérselos asignado, el PT hubiera rebasado el techo del ocho por ciento. Y hay otro fenómeno, que varios legisladores hoy de Morena habían criticado en el pasado a sus adversarios; es el hecho de que la figura de las coaliciones fuera utilizada para que diputados de un partido llegaran a la Cámara bajo las siglas de otro partido, con lo que se burla, o se rebasa, ese techo de sobrerrepresentación del ocho por ciento que señala nuestra Constitución en la asignación de los diputados. Ese fenómeno no está previsto en la Constitución, ¿qué pasa después de que los asignaste y después de que ya ocuparon su curul, con los diputados que dejan un grupo parlamentario y se van a otro? Eso no está normado.

GA: Y es lo que está pasando.

LC: Tan está pasando, que la fracción parlamentaria mayoritaria en la Cámara de Diputados, Morena, tuvo el 37 por ciento de los votos, no rebasó el ocho por ciento de sobrerrepresentación en la asignación que hizo el INE de los diputados que le correspondían, pero por la vía de estos cambios de grupo parlamentario, hoy la bancada de Morena tiene el 51 por ciento de las curules. Alguien podrá decir, y tendrá toda la razón, que el ocho por ciento tiene que ver con la asignación, no con lo que ocurra una vez que los diputados toman posesión de su cargo. Es cierto, pero creo que este tema, que no se nos había presentado de manera importante en el pasado, tendrá que ser objeto de una discusión y, eventualmente, si se considera –como se consideró en su momento– que la sobrerrepresentación debilita la representación democrática, habrá que revisarlo por la vía de una reforma constitucional. Y recordemos que todas las grandes reformas, desde la de 1977 en adelante, por lo menos hasta las de 2007, fueron antecedidas de una gran discusión pública; antes de plantear una reforma constitucional se hacían foros, se escuchaba a las distintas partes.

GA: Se hacían consultas entre los partidos políticos.

LC: Las consultas eran espacios para generar consensos, para articular puntos de convergencia. La reforma de 1996 es el prototipo, los cambios constitucionales se hicieron con el voto unánime de todas las partes. Esa es la aspiración que deberíamos plantearnos cuando tenemos cambios en las reglas del juego democrático; no que una reforma de albazo, de mayoriteo, los cambios sin medir consecuencias, sean los que prevalezcan.

Las reglas del juego democrático tienen que adaptarse a los tiempos. Hoy hay nuevos fenómenos que hay que entender, asimilar; estamos en un contexto en el que, por primera vez en nuestra etapa democrática, el presidente y su partido gozan de mayoría parlamentaria. Sí nos había ocurrido, pero en la época del pri hegemónico, antes de la transición a la democracia.

Desde 1996 –que es cuando se tienen condiciones de equidad en la contienda electoral– hasta la fecha, esta es la primera vez en la que, como resultado de una elección, hay una mayoría parlamentaria afín a la Presidencia de la República, por las razones que sean, incluida la transferencia de diputados de un grupo a otro. Por eso hay quien dice que vamos a volver a los años setenta.

GA: ¿Hablaríamos de regresión?

LC: Hay cierta similitud, sí. El partido del presidente tiene mayoría en el Congreso, pero es el único elemento de similitud con los años sesenta o setenta. Hoy tenemos un contexto democrático, una ciudadanía empoderada, una institucionalidad, porque los equilibrios y los controles del ejercicio del poder se fortalecieron en los últimos 30 años, hay una Corte que es un verdadero árbitro de la política, hay órganos autónomos que funcionan como equilibrio y control del ejercicio del poder. Hay también un sistema de partidos que, si bien no goza su mejor momento, es radicalmente distinto al de antes. Hay una vida electoral con garantías de respeto al ejercicio libre del voto, que hace que las y los ciudadanos no solo elijan a sus representantes sino también juzguen a sus gobernantes; gobierno que no cumpla con las expectativas, va a ser sancionado en las urnas.

GA: Lo acabamos de ver, acaba de pasar.

LC: Claro, no estoy haciendo futurismo, la historia de los últimos años es esa. En 2000 se hablaba de la primera alternancia como producto de un voto de castigo; me parece que nadie puede obviar el hecho de que en 2018 hubo un clarísimo voto de castigo.

GA: Finalmente te pregunto sobre la austeridad. A ustedes les pegó también, ¿cómo ha impactado la reducción salarial en la planta de funcionarios y funcionarias del INE? ¿Cómo quedaron los sueldos? Parecía un INE muy caro, y entonces vinieron los recortes.

LC: El costo del INE tiene que ver con la cantidad de funciones que no hace ningún otro órgano electoral en el mundo. Primero, es el responsable de resguardar, administrar, depurar, vigilar la base de datos personales y biométricos más grande e importante del país, que nos está sirviendo para tener elecciones libres y ciertas, pero también para identificar cadáveres o para combatir el robo de identidad; es decir, para autentificar la identidad de las personas. Solamente esa función cuesta entre el 35 y 40 por ciento del presupuesto que ejerce el Instituto.

Segundo, es el único órgano electoral en el mundo que monitorea la totalidad de las estaciones de radio y televisión, y eso está sirviendo para abaratarles costos a otras instancias del Estado. Acabamos de firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación que le está ahorrando 500 millones de pesos de un monitoreo que la dependencia contrataba con particulares; nosotros se lo hacemos gratis.

El INE es el único órgano electoral en el mundo que fiscaliza, como se fiscaliza en México, a los partidos políticos. Es, por decirlo de algún modo, una organización prototípica o modelo en el combate a la corrupción en el país, y eso ha sido reconocido incluso por funcionarios del actual gobierno, que están planteando que el INE se incorpore al Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo.

Entonces, hay que entender todas las funciones que hace el INE, lo que no es una justificación para que tenga un costo desmesurado. Estamos viviendo un momento importante y es una oportunidad para que todas las instituciones públicas hagamos un esfuerzo de contención en el presupuesto. En noviembre del año pasado, el INE aprobó, atendiendo a ese llamado, el presupuesto más bajo de su historia; el costo promedio del INE era del orden de 20, 21 o a veces 22 centavos de cada cien pesos que gasta la Federación. Para 2019 planteamos un presupuesto que era solo 19 centavos, el más bajo en la historia del Instituto; sin embargo, se nos hizo el recorte más grande de la historia. Tan grave es la situación en este sentido, que esta es la primera vez en 28 años, en la historia del IFE-INE, que se pide una ampliación presupuestal para poder cumplir con todas nuestras obligaciones legales y constitucionales.

Estamos en una situación inédita, que pongo en contexto. A lo largo de 28 años solo se había pedido una ampliación presupuestal; fue cuando el IFE se convirtió en INE y tuvo que crecer porque se crearon nuevas áreas y se le dieron 74 nuevas atribuciones. Se pidieron entonces poco menos de 150 millones de pesos. El recorte de 950 millones de pesos que nos impuso la Cámara de Diputados nos abre un boquete, en el que nosotros hemos hecho un esfuerzo adicional, porque hemos podido absorber más de 330 millones de pesos, pero hoy tenemos un déficit de 619 millones, justo lo que hemos solicitado de ampliación a la Secretaría de Hacienda. Al respecto, ha habido una buena relación y disposición, sin ningún tipo de condicionamiento ni mucho menos; yo creo que se va a solucionar pronto, pero no es pertinente, no es bueno que un órgano constitucional autónomo tenga que estar pidiendo ampliaciones presupuestales al gobierno.

Dicho lo anterior, todos los órganos estamos obligados a buscar cómo gastamos menos, mediante una ruta bien planeada, bien diseñada, producto de una modernización administrativa y no de los machetazos que se les impongan a los órganos autónomos desde el propio gobierno. El asunto de los altos sueldos frente al costo del Instituto Nacional Electoral, realmente es marginal. Los funcionarios que teníamos una remuneración mayor a la del actual presidente éramos algo así como 130, de una plantilla de más de 17 mil funcionarios a lo largo y ancho del país, así que los montos de ahorro son marginales. La cuestión es que, por el modo en que se procesó esta decisión, se ha generado en el INE, en toda la administración pública y en el resto de los órganos autónomos, y por cierto en el propio Poder Judicial, un número muy grande de amparos, que dan una visión del impacto que esto va a tener.

Consideramos inconstitucional el recorte al INE, y además contradictorio, porque cuando crece el presupuesto federal, la Cámara de Diputados nos reduce la asignación de recursos. También la Cámara de Diputados, asumimos, cometió un error o un abuso al decirnos que aplicáramos en los salarios lo que dice determinada base de la Constitución, cuando esta tiene muchas otras bases.

GA: Empezando por que hubo un debate respecto a si podía o no ser retroactivo.

LC: Es un asunto muy complejo, tiene que ver con la retroactividad, tiene que ver con la especialidad. El INE está en una circunstancia muy particular; por mandato constitucional, los altos directivos, los consejeros, no podemos tener otro empleo, cargo o comisión, y hay una lógica detrás de eso, que es el criterio internacional que todas las democracias constitucionales han establecido para la justicia. Este es un órgano que cumple una función técnica, los funcionarios del INE se encuentran, sobre todo los del Servicio Profesional Electoral, en todos los parámetros de excepción de una retribución mayor de aquella que la Constitución prevé para el presidente de la República. Eso nos corresponde interpretarlo a nosotros, en el ejercicio de nuestra autonomía, pero la Cámara de Diputados dijo no, no puedes interpretar más que la visión que yo te impongo. Esto es lo que nos llevó a presentar una controversia constitucional, y será la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en un estado de derecho, la que defina quién tiene la razón.

Lo que sí queda claro es que en el INE nunca ha habido una violación a las normas, es una institución que siempre ha estado sometida al escrutinio público. Tan no se trata de los salarios, que el INE es el único órgano del Estado que en dos ocasiones ha intentado reducir el sueldo de los consejeros electorales y de los altos directivos. Hace dos años, en plena crisis del gasolinazo, nos bajamos el sueldo; luego el TEPJF, en una resolución que no comparto, impidió que nos lo bajáramos. En noviembre del año pasado, cuando aprobamos el presupuesto, en un ejercicio de nuestra autonomía disminuimos los sueldos de los altos funcionarios en un monto superior al 20 por ciento en términos reales, lo que por cierto después también hizo la Suprema Corte de Justicia. La Cámara de Diputados hoy plantea una coyuntura en la que será el Poder Judicial el que dé la última palabra.

El objeto de la controversia no es salarial sino institucional; se trata de la protección de la autonomía del INE. No es bueno que un órgano electoral esté pidiéndoles dinero a los gobiernos, eso es justo lo que pasa en muchos casos en el ámbito local y, por cierto, esa es una de las principales amenazas para la autonomía de los OPLE.

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