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viernes 18 de octubre de 2019

No hay derecho

Kenia López Rabadán*

Una de las políticas de la Cuarta Transformación que más afecta a los mexicanos es el ataque sistemático del gobierno federal contra los organismos públicos autónomos, especialmente, contra aquellos que le son incómodos al titular del Ejecutivo Federal.

Los primeros ataques a esos organismos se iniciaron con una serie de reducciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2019; por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral sufrió una disminución de 36% en su presupuesto y vio mermadas sus tareas sustantivas, como la credencialización y el monitoreo de radio y televisión en las elecciones locales de cinco entidades federativas.

Otro caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo presupuesto mermó en 24%. Del mismo modo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tuvo un lamentable recorte presupuestal de 43%, lo que redujo la posibilidad de contar con una evaluación del sistema educativo; sin embargo, dicho recorte resultó muy oportuno para su desmantelamiento. Es importante señalar que la educación fue una de las principales promesas de campaña de la presente administración.

Por su parte, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también se le disminuyó el presupuesto en 18%, lo cual deja entrever que a este nuevo gobierno no le interesa transparentar el ejercicio del gasto público. De igual manera, la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo encargado de promover, vigilar y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados tuvo un decrecimiento presupuestal de 5%. Por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección, respeto, promoción, estudio y divulgación de los derechos fundamentales, también fue afectada con una reducción de 10% de su presupuesto.

Es justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que más ha lastimado el gobierno federal, ya que el presidente no sólo decidió no recibir en persona el informe anual de dicha Comisión, sino que a la primera recomendación que se le entregó por actos de su gobierno, resolvió rechazarla, aun y cuando en los primeros días de su gestión se comprometió en público a aceptar y cumplir con todas las recomendaciones que emitiera y a respetar su autonomía.

En esta primera recomendación con nomenclatura 29/2019, relativa a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, el gabinete federal respondió: “es una aberración inaceptable que, por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, dicha dependencia emita una recomendación dirigida a nuestro gobierno en la que defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción en perjuicio de niñas, niños, padres y madres de familia en las llamadas estancias infantiles”.

Aunado a lo anterior, tanto la Secretaría de Bienestar, como la de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, iniciaron una campaña de difamación contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ante la negativa de dichas dependencias de aceptar la recomendación, la cndh solicitó al Senado de la República, con fundamento en el artículo 102 de la Constitución Política, se llamara a comparecer a los funcionarios responsables de la cancelación de las estancias infantiles por violaciones a los derechos humanos de las personas beneficiarias y usuarias de ellas; sin embargo, la mayoría de los legisladores del partido oficial, decidieron desechar la solicitud que realizó el ombudsperson con argumentos totalmente lamentables.

Con este tipo de actos demostraron una vez más que la prioridad de la Cuarta Transformación no son los derechos humanos, ya que, de lo contrario, se vería reflejado no sólo en la aceptación de las recomendaciones que emitiera la cndh, sino en el aumento presupuestal de todas y cada una de las instancias encargadas de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos.

Este tema debe ser inherente a toda política de Estado; se hace necesario revisar la integración del gasto público para destinar mayor recurso que apoye a las instancias que, por mandato constitucional o legal, se dedican a proteger los derechos fundamentales, para que con ello se logren los objetivos que durante tantos años han trabajado organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos autónomos y ciudadanos que no tienen otro fin más que preservar la paz y el respeto a la dignidad de la persona humana.

Como se puede observar en el siguiente tabulador, el presupuesto destinado a las instancias en materia de derechos humanos ha decrecido:

Asimismo, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 no es más alentador, ya que no se dota a las instituciones de recursos suficientes para poder proteger de manera eficiente los derechos humanos de las y los mexicanos.

Las políticas de austeridad que ha implementado el gobierno federal a capricho del señor presidente para realizar proyectos inviables o perjudiciales para el medio ambiente, como el aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, no concuerdan con el principio de progresividad establecido en el artículo primero de nuestra Carta Magna, ya que vemos con tristeza que no existe un presupuesto con perspectiva de derechos humanos.

Hoy se deben formular mejores políticas públicas que no afecten a la población, sin dejarla en desamparo o a la expectativa de recibir o no los servicios que la autoridad debe brindar. Ahorrar sin una visión real de Estado no sirve de nada y menos si la población está siendo violentada en sus derechos fundamentales.

A este gobierno se le olvida que los ahorros no se dan con recortes sino con transparencia, licitaciones públicas legales y eficiencia en el gasto, ya que los mexicanos tenemos derecho a recibir servicios oportunos, profesionales, idóneos y responsables, sin que sean vulnerados nuestros derechos humanos. Las adjudicaciones directas que realiza el gobierno federal, no sólo fomentan opacidad sino también corrupción; si bien se optó porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidara todas las compras del Estado mexicano, las mismas no son transparentes, ni hay licitaciones públicas o, habiéndolas, se decretan desiertas y, por tanto, se procede a realizar adquisiciones directas.

Por otro lado, es vergonzante que el presupuesto que se invertirá en el deporte favorito del presidente –el béisbol– sea mayor a 350 millones de pesos, mucho más que el destinado hoy en día para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos o para la tarea que realiza la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.

La situación de los derechos humanos en México es complicada y el hecho de que representantes del gobierno federal se reúnan con grupos del crimen organizado, no abona a lograr que los derechos de justicia y verdad que requieren los mexicanos se vuelvan una realidad.

Confío en que el gobierno rectifique el rumbo, cada golpe a los derechos humanos es un golpe a nuestra democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo.

* Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República.
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