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Miércoles 18 de julio de 2018

Municipios, el eslabón más débil

Amalia Pulido Gómez*

El proceso electoral actual se ha visto opacado por una fuerte ola de violencia focalizada en contra de candidatos y políticos, especialmente del nivel local. Sin embargo, este tipo de hechos violentos no es un fenómeno nuevo en México. Recordemos que a finales de los años ochenta y principios de los noventa, los asesinatos y enfrentamientos políticos eran recurrentes en los procesos electorales,1 aunque distaban mucho de la intensidad actual.

Mientras que en el régimen de partido dominante esta violencia respondía a una lógica meramente política e ideológica, en la actualidad los asesinatos políticos han cambiado en su intención, en los actores que perpetran los crímenes y en los incentivos que hay detrás de cada uno de los episodios. Es decir, en esta violencia focalizada hay una alta variación, por lo que es cada vez más complejo ofrecer explicaciones sobre la crisis que atraviesa la incipiente democracia mexicana.

Los asesinatos políticos no son exclusivos de México. Cientos de países han sufrido episodios de violencia focalizada en contra de candidatos y mandatarios. En la literatura sobre guerras civiles y violencia política se han planteado diversas explicaciones teóricas para entender el fenómeno. Siguiendo a Kalyvas,2 estos actos responden a una lógica de violencia selectiva que requieren información sofisticada y detallada sobre la víctima, y en su mayoría son premeditados y planeados. En el caso de México, es bastante claro que los asesinatos se dan en un contexto de competencia electoral. También, hay elementos para sostener que el ámbito más afectado por la violencia electoral es el local.

Los ataques a políticos y candidatos no son hechos aislados ni aleatorios, lo cual genera una serie de interrogantes sobre su complejidad. ¿Por qué atacar el nivel local? ¿Por qué matar candidatos en pleno proceso electoral? En el presente ensayo ofrezco algunas hipótesis y respuestas tentativas a estas interrogantes. Con datos de Justice in Mexico y de la consultora Etellekt, muestro evidencia sobre la variación geográfica, temporal y política de la violencia electoral, poniendo especial atención al ataque de precandidatos y candidatos locales.

Diagnóstico

De acuerdo con el “Cuarto informe de violencia política” publicado por Etellekt Consultores (2018), en el actual proceso electoral mexicano 93 políticos han sido asesinados. En su mayoría, contendían o ejercían un puesto de elección popular de ámbito local. Resalta que casi 40 por ciento de estas personas asesinadas fueran candidatos y precandidatos locales.

La violencia electoral selectiva ha tenido importantes variaciones temporales y geográficas. Como lo muestra la Gráfica 1, de acuerdo con datos de Justice in Mexico3 y de la consultora Etellekt, las cifras de candidatos y precandidatos asesinados en el actual proceso electoral nunca antes se habían alcanzado. Entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, 35 precandidatos y candidatos fueron privados de la vida. Con una búsqueda en internet al respecto, se encontró que solo tres de esos crímenes fueron atribuidos a motivos de índole personal o robo directo;4 es decir, 32 casos responden a diferentes causas políticas, electorales y criminales. Si bien es cierto que otros políticos han sido letalmente atacados, por la naturaleza del proceso electoral que se está viviendo en México es relevante analizar específicamente el caso de candidatos y precandidatos.

De los 32 candidatos asesinados, el 62.5 por ciento era de partidos diferentes al partido en el poder del municipio en donde fueron atacados. Aunque no se pueden ofrecer conclusiones ni causalidades a partir de esta cifra, sí se pueden plantear hipótesis sobre la crisis de violencia focalizada en México en el ámbito local.

En un contexto electoral los asesinatos de candidatos locales pretenden sembrar incertidumbre, desequilibrio y miedo. De acuerdo con Trejo y Ley,5 la violencia electoral local responde a tres factores: la competencia entre grupos criminales rivales, la relevancia económica de los municipios y el clima político local. Es decir, el asesinato de candidatos y precandidatos de oposición abre una serie de preguntas sobre las condiciones que el Estado mexicano ofrece a los ciudadanos para el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.

Otro dato interesante es que, de estas 32 víctimas, cuatro eran alcaldes que buscaban la reelección. Mientras que una de las principales razones de asesinar a candidatos de oposición puede relacionarse con mantener el statu quo y reducir la incertidumbre sobre la posible llegada de una fuerza opositora, asesinar a quienes buscaban la reelección puede responder a incentivos opuestos. Planteo tres principales hipótesis: la proliferación de grupos criminales en una región determinada, asegurar que una fuerza política diferente gane la contienda y el desequilibrio de acuerdos entre la clase política dominante y los grupos criminales dominantes de una región.

Por otra parte, la violencia focalizada en contra de candidatos y precandidatos ha tenido una importante variación geográfica. No todas las entidades federativas son afectadas por igual. De acuerdo con Justice in Mexico, durante el periodo de 2005 a 2016 los estados que registraron al menos un asesinato de candidato local fueron Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco y Guerrero. Por otro lado, en el actual proceso electoral, como lo muestra la Gráfica 2, el estado con el mayor número de candidatos asesinados es Guerrero, en donde se concentra más del 40 por ciento de los ataques letales y donde más de la mitad se perpetró contra candidatos de partidos diferentes al partido en el gobierno local.

Aunque es común atribuir a las organizaciones criminales la responsabilidad de estos ataques, es necesario mirar con lupa cada uno. En el actual proceso electoral, en estados con fuerte presencia de organizaciones criminales, como Sinaloa, no se han registrado sucesos letales de violencia electoral.

Como lo ilustra la Gráfica 1, la magnitud y densidad del problema de violencia política que aqueja a México es evidente, preocupante y urgente. Si se desglosa el problema, uno podría argumentar que matar a una candidata en pleno proceso electoral es una decisión atrevida y arriesgada que puede tener graves consecuencias para los perpetradores. Por la naturaleza de las elecciones de 2018, la atención mediática está puesta en el desarrollo de los comicios, por lo cual asesinar a candidatos da señales claras de los fines electorales y políticos que hay detrás de estos crímenes. No obstante, vale la pena reflexionar sobre las posibles lecturas de los ataques.

Primero, el asesinato de candidatos exhibe una falla tanto en las instituciones de seguridad como en el proceso democrático mismo. Segundo, estos hechos dan señales del desequilibrio en una región, que puede responder a dinámicas criminales locales o a un incremento de la incertidumbre para algunos actores. Por último, la violencia política selectiva puede ser el resultado de la falta de voluntad para establecer acuerdos de cooperación entre las organizaciones criminales y los candidatos. En este último punto cabe apuntar que sería un error criminalizar a todas las víctimas. Si bien es cierto que algunos ataques pueden responder al rompimiento de acuerdos establecidos, también puede ser el caso contrario, es decir, que los candidatos se niegan a pactar con las organizaciones criminales pero al hacerlo no encuentran esquemas de seguridad que garanticen su integridad física.

Implicaciones electorales 

La ola de violencia electoral focalizada tiene graves implicaciones para la calidad de la democracia y el desarrollo de los procesos electorales. Aunque México tenga importantes avances en la construcción y fortalecimiento de sus instituciones democráticas, mientras no se pueda garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y electorales de forma segura y plena, lejos estaremos de una democracia consolidada.

Considero que existen tres principales consecuencias de estos ataques letales. Primero, los asesinatos de candidatos y precandidatos producen desequilibrio dentro y fuera de los partidos políticos. Segundo, pueden sembrar miedo entre los electores, quienes quizá decidan no participar en las elecciones por miedo a ser víctimas colaterales de la violencia electoral. Tercero, estos ataques exteriorizan una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre las agencias e instituciones encargadas de la vida democrática mexicana.

Tener a más de 93 políticos asesinados, de quienes 32 eran candidatos y precandidatos, es la señal más clara de que algo no está funcionando en la democracia mexicana. Es una señal contundente de la falta de condiciones para ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Por último, es un llamado de atención al Estado mexicano. ¿Cuántos candidatos asesinados más se necesitan para que se entienda la crisis que sufren los partidos políticos y las instituciones electorales?

* Doctora en Ciencia Política por la Universidad del Norte de Texas. Investigadora visitante del Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California, San Diego.
1 https://www.proceso.com.mx/157613/lo-que-va-del-6-de-julio-de-1988-al-18-de-agosto-de-1991
2 Kalyvas, Stathis N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Cambridge University Press.
3 En este ensayo no se incluyó a Oaxaca en la muestra, ya que existen elementos para argumentar que la violencia en ese estado no responde a dinámicas criminales [Calderón, Laura (2017). An Analysis of Mayoral Assassinations in Mexico 2000-17. Working Paper: Justice in Mexico.]
4 Estos candidatos fueron Germán Villalba, a presidente municipal de Zacatlán; Maribel Barajas Cortés, a diputada local en Michoacán, y Adiel Zermann Miguel, a alcalde en el estado de México.
5 Trejo, Guillermo y Sandra Ley. “Municipios bajo fuego (1995-2014)”. Nexos, 1º de febrero de 2015.

 

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