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jueves 21 de marzo de 2019

Mujeres migrantes

Ana Mercedes Saiz*

Los recientes flujos de personas, integrados por grupos de unos dos mil a cuatro mil, que han llegado masivamente desde Centroamérica, las llamadas “caravanas” o “éxodos”, han generado gran inquietud en el país. Por México cada año pasan alrededor de 400 mil personas, así que digamos que una caravana es una concentración de aproximadamente el uno por ciento.

Como muestran las cifras, somos un país familiarizado con los flujos de población en movilidad pero, aun así, la concentración de estas personas en grandes grupos causa inquietud, miedo y xenofobia entre la población. Sentimientos avivados por las coberturas de algunos medios de comunicación masiva y redes sociales que parecen esforzarse en exhibir conductas violentas y antisociales y retratar a las personas migrantes como peligrosas, con supuestos ánimos de invadir y agredir.

Estas manifestaciones de discriminación, estigmatización y miedo las hemos visto patentes incluso en ciudades con tradición de ser receptoras de estas poblaciones, como Tijuana, respaldadas incluso por su alcalde.1

Al respecto, resulta importante considerar que, según datos de la reciente Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM, siete de cada diez personas en México piensan que a los migrantes que cruzan por el país se les discrimina; de ellas, el 35.5 por ciento consideró que se les discrimina mucho.2 En contraste, el 54 por ciento de las personas migrantes reportaron haber sido discriminadas por las razones que se desglosan en la tabla de esta misma página.

Estos fenómenos antropogénicos que se han registrado a finales del año pasado y durante este año, están compuestos mayoritariamente por personas de Honduras, aunque también hay presencia de nacionales de Guatemala y El Salvador, los tres países del llamado triángulo norte de Centroamérica. No está de más mencionar que la zona de origen tiene múltiples problemáticas, que van desde la inestabilidad política, la violencia generalizada, la delincuencia organizada y hasta afectaciones graves por la sequía a consecuencia del cambio climático.

Por lo anterior, es razonable suponer que un buen número de esa colectividad son personas que no solo están viajando en busca de una vida mejor, sino que también están huyendo para tratar de preservar su vida o su integridad física y, en muchos casos, la de sus hijos.

México firmó y ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo en 1967. Además de los instrumentos anteriores, suscribió la Declaración de Cartagena en 1984, la cual amplía la definición de refugiado a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.3

Si bien la declaración de Cartagena está calificada como soft law por no ser vinculante desde el punto de vista del derecho internacional, su contenido está incorporado ahora al derecho nacional, por lo que es parte del marco regulatorio vigente en materia migratoria y de protección internacional.

Asimismo, nuestro país ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, y no solo suscribió recientemente en Marrakech el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, sino que ha sido un actor clave en la construcción del mismo.

Ahora bien, hay que comprender las razones de esta modalidad de migración que, vale la pena recordar, no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad.

Desgraciadamente, debido a los graves abusos y las violaciones a derechos humanos, el paso por México es sumamente riesgoso para la migración. Basta recordar la llamada masacre de San Fernando, Tamaulipas, acaecida ya hace ocho años, en donde 72 migrantes fueron asesinados y la cual aún no se ha resuelto de manera satisfactoria. Hasta el momento, según lo reportado por la organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, hay once procesados y ninguna sentencia dictada en relación con ese terrible crimen.4

Además del peligro de perder la vida, las personas en tránsito por nuestro país sufren múltiples abusos y violaciones a sus derechos. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil documentamos en nuestro trabajo cotidiano los peligros, extorsiones, secuestros y violaciones perpetrados tanto por agentes oficiales como por el crimen organizado.

Evitar en lo posible estos riesgos es lo que ha propiciado que las personas se organicen para viajar en grupo y de esta forma sentirse menos vulnerables ante los peligros descritos, evitar el pago a los llamados “polleros” y las posibles detenciones y deportaciones por las autoridades mexicanas.

Por las mismas razones, para muchas de estas personas centroamericanas México no es su destino ideal. Incluso tomando en cuenta las declaraciones disuasivas del presidente Trump, hay quienes, por diversas razones, prefieren intentar pedir asilo en Estados Unidos, ya sea por temor fundado o bien porque consideran que tienen un caso argumentable de reunificación familiar.

Estos riesgos se potencian para las mujeres. Se habla de que siete de cada diez mujeres migrantes son víctimas de abuso sexual al cruzar por nuestro país.5 Como lo refleja esa cifra, las mujeres en movilidad se ubican en una situación particularmente precaria, porque padecen una discriminación interseccional, esto es, un trato diferencial desfavorable agravado por su condición de migrantes y de mujeres, muchas veces incluso menores, indígenas, con alguna discapacidad, o bien por la diversidad sexual.

Las mujeres en los fenómenos migratorios, como en muchas otras dinámicas sociales, han estado invisibilizadas, lo que es sorprendente dado que, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, el 48 por ciento de la migración internacional está integrada por mujeres (Gráfica 1).

Las mujeres componen cerca de la mitad de los flujos migratorios en el mundo, proporción que se repite en el caso del continente americano. Algunos autores hablan de una feminización de la migración, no solo por el aumento de su presencia en los flujos migratorios; también porque las mujeres hoy por hoy migran de manera masiva por iniciativa personal y no con hombres que migren o para reunirse con sus familiares.

Otro aspecto que se debe considerar es que las mujeres en la actualidad tienen mayores grados de autonomía sobre sus propias vidas y, por lo tanto, deciden estudiar, formar una familia o trabajar. Igualmente, pueden optar por migrar, ya sea de manera voluntaria o bien forzosa.

Las razones para tomar esta decisión son las mismas que para los hombres: la falta de oportunidades; los desastres naturales; la necesidad de mejorar los ingresos de la familia y garantizar su subsistencia; huir de una situación peligrosa o de alguna extorsión o amenaza; proteger a sus hijos o hijas de la cooptación por grupos delictivos. Asimismo, algunas mujeres han reportado que sufren persecución en razón del desempeño de algún encargo público o su desempeño en roles comunitarios antes exclusivos de hombres. Aunado a lo anterior, la violencia intrafamiliar y de género es otro factor que determina la movilidad de muchas mujeres.

Vale la pena reconocer que es hasta 2007 cuando se empiezan a desagregar los datos por sexo, por lo cual ahora sabemos, por ejemplo, que durante 2018 la Unidad de Política Migratoria registró 138,612 detenciones de personas, de las cuales 104,939 fueron hombres y 33,673 mujeres. En cuanto a las deportaciones en ese año, la misma instancia registró 112,317 deportaciones de personas, de las cuales 84,889 fueron hombres y 27,428 mujeres.

En las últimas décadas México había sido considerado tradicionalmente como un país expulsor, principalmente, hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esto ha cambiado. Nuestro país presenta las llamadas cuatro dimensiones de la migración. Somos un país de origen, retorno, tránsito y, según datos recientes, una cada vez mayor opción de destino.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, recabados en enero de este año en la frontera sur entre personas que solicitaron su entrada al país, el 46 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta su preferencia por quedarse en México. En la Gráfica 2 podemos observar la proyección realizada por la agencia para 2019.

Se ha trazado una división un tanto formalista en el análisis y gestión de los distintos flujos migratorios, los cuales se han catalogado en migrantes económicos y personas que padecen un desplazamiento forzado. Si bien la división no es tan fácil de trazar, las personas en movilidad tienen derechos y México tiene obligaciones con ellas.

Nos enfrentamos a un reto importante que bien se puede afrontar si se logra construir una política de Estado que tenga como eje la movilidad humana y, para responder a la realidad descrita antes, se construya con perspectiva de género. Para lo anterior se requieren un respaldo político del más alto nivel y un esfuerzo de coordinación eficaz entre las distintas instancias del gobierno, como la Cancillería, las secretarías de Gobernación, del Trabajo, Educación, de Bienestar, de Cultura, etc.

Finalmente, debemos cambiar nuestra concepción sobre las personas en movilidad, particularmente de las mujeres. Si bien muchas veces las concebimos como personas débiles, y sin duda por la condición en que se encuentran viven una situación de extrema vulnerabilidad, es importante reconocer que son personas con mucha determinación y valentía, que en muchas ocasiones tuvieron que salir de sus hogares sin más que lo puesto y con alguno de sus hijos, teniendo que dejar atrás al resto de la familia. Lo que necesitan es que se respeten sus derechos para que así puedan construir por sí mismas una opción de vida y un futuro mejor.

* Directora general de Sin Fronteras IAP.
1 https://elpais.com/internacional/2018/11/17/mexico/1542412389_526379.html
2 CNDH-IIJ UNAM (2018). Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, pág. 124.
3 https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf
4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-11-procesados-y-ninguna-sentencia-por-matanza-en-san-fernando
5 https://www.sinembargo.mx/19-11-2017/3353491
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