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sábado 23 de febrero de 2019

Mitos poblanos

Fernando Ojesto Martínez Manzur*

El mito del fraude ha sido el peor enemigo de la democracia mexicana. A casi 25 años de haber transitado hacia el camino de la consolidación democrática con instituciones confiables y con un sistema que privilegia la equidad en la contienda, no hemos podido vencer ese fantasma que nos acecha desde hace tanto tiempo: el fraude electoral.

Esas dos palabras pueden destrozar un proceso electoral sea cual fuere el resultado; hemos tenido contiendas cerradas como las presidenciales de 2006, en donde el mito del fraude se hizo más presente que nunca, y algunas voces todavía lo mencionan (véase el currículum oficial del presidente de la República).1 Hemos tenido elecciones donde, aun cuando el resultado arroje una diferencia considerable, los actores políticos, generalmente el segundo lugar, se encargan de hacer que renazca ese fantasma y gritar en todos los rincones ¡Fraude! ¡Nulidad!

El caso más reciente es la elección de gobernadora de Puebla celebrada el 1º de julio de 2018 junto con las elecciones federales. Desde que se dieron a conocer los resultados, la coalición que obtuvo el segundo lugar pregonó el fraude y causó un litigio jurisdiccional intenso, pero sobre todo un litigio en los medios, que desestabilizó totalmente la situación en la entidad federativa. Lo anterior es base de esta reflexión.

El fraude electoral no tiene definición exacta pero sí propósitos específicos, que son deslegitimizar a las instituciones, reventar un proceso electoral e incendiar a la opinión pública respecto a los resultados de la elección. Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, afirma que “la instauración de una narrativa de fraude debilita a la democracia y la institucionalidad de un país… Cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario”.2

Eso justamente fue lo que ocurrió en el estado de Puebla. Fue tanta la estridencia del candidato que quedó en segundo lugar, de los partidos políticos de la coalición que no resultó ganadora y sus dirigentes, con la ayuda de algunos medios de comunicación que sirvieron como caja de resonancia, que la idea del fraude se adueñó de un sector importante de la sociedad poblana hasta ocasionar una fuerte polarización.

Ahora bien, es importante decir que el fraude ha existido y puede existir en los procesos electorales; sin embargo, no podemos olvidar la máxima de que el que afirma está obligado a probar, y es aquí donde me detendré en las próximas líneas. Un recuento breve de lo que pasó:

  1. El 1º de julio se celebraron elecciones para la gubernatura de Puebla; la coalición ganadora obtuvo el triunfo por más de cien mil votos.
  2. Dicho resultado fue impugnado ante el Tribunal Electoral de Puebla, incluida la petición del recuento total de casillas. La estrategia jurídica de los actores fue sostener que hubo una elección de Estado, al supuestamente haber violencia generalizada, compra de votos, inequidad en los medios y rebase de topes de gasto de campaña, por lo que solicitaron la nulidad de la elección.
  3. Al negársele el recuento total, la coalición Juntos Haremos Historia impugnó ante la Sala Superior del TEPJF. Esta, por primera vez en la historia, bajo un criterio fundado en principios y no en lo que establecía la ley, mandó recontar voto por voto. El recuento arrojó resultados muy similares a los que ya se tenían, cosa que la coalición actora desconoció.
  4. Al retomar el análisis del caso, el Tribunal Electoral de Puebla confirmó la elección, al no encontrar irregularidades determinantes para anularla.
  5. Dicha sentencia fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, con un cambio en la estrategia jurídica de los inconformes, ya que el agravio principal era ahora una irregularidad en la cadena de custodia de los paquetes electorales una vez que habían sido contados y resguardados en la bodega del OPLE.
  6. El magistrado ponente publicó en su Twitter personal el proyecto de sentencia, donde proponía anular la elección por la violación en la cadena de custodia de los paquetes y la gravedad de esta falta.
  7. El pleno de la Sala Superior, en una votación cuatro a tres, decidió confirmar la elección, derivado de que aun cuando habían existido algunas irregularidades, como violencia focalizada, no fueron determinantes para viciar el resultado.

Esta breve narración nos da un panorama de cómo se llevó a cabo todo el proceso litigioso ante las autoridades electorales jurisdiccionales, hasta concluir con la confirmación de la elección y la victoria de la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo (q.e.p.d.).

Ahora bien, este intenso litigio electoral se dio en medio de un litigio en medios que opacó todo el proceso; los actores políticos se encargaron de difundir por todos lados el mito del fraude sucedido en la elección de Puebla, cambiando su discurso según su conveniencia.

En primer lugar, el supuesto fraude, según los actores, lo había cometido el gobierno del estado al utilizar recursos públicos, rebasar los topes de gasto de campaña, generar violencia en el estado y fabricar un laboratorio clandestino para alterar material electoral. En segundo término, pasaron a la exigencia del recuento voto por voto asegurando que en los paquetes se iba a encontrar la alteración de documentos electorales. En tercer término, ante la Sala Superior del TEPJF ya no se trataba de los agravios anteriores, sino de una supuesta manipulación de los paquetes electorales en la bodega de resguardo, es decir, una violación a la cadena de custodia.

La narrativa del fraude fue cambiando según el momento del litigio y, por lo tanto, la percepción ciudadana también, lo que afectó de manera irremediable la legitimidad, que no legalidad, del proceso electoral.

Cada uno de los mitos del fraude se fue desvaneciendo con argumentos jurídicos y no por declaraciones mediáticas. Por ejemplo, el INE determinó que no existió rebase de topes de gasto de campaña; la Fepade determinó, sobre el supuesto laboratorio de material electoral, que no había ningún documento ilegal; la violencia, aunque sí la hubo en el estado, no fue generalizada; y no hubo ninguna prueba de la compra votos ni de la intromisión del estado en la elección.

Es decir, los fantasmas del fraude iban desapareciendo uno por uno, hasta llegar a la violación de la cadena de custodia, la cual, para la minoría de los magistrados de la Sala Superior, sí era determinante para anular la elección con mayor participación en la historia de Puebla. El nuevo mito del fraude afirmaba que, durante el resguardo de paquetes en la bodega del OPLE, había existido una manipulación de los votos que no permitía dotar de certeza al resultado; se basaba en unos videos en donde se veía que entraba gente a la bodega, y también en el argumento de que la bodega tenía dos entradas, así como en que hubo inconsistencias en el llenado de la bitácora de entrada y salida de personal.

Una vez más dicho mito se desvaneció, ya que en primer lugar los resultados del PREP, al ser contrastados con los conteos distritales y el recuento en sede jurisdiccional, coincidieron en su mayoría, con pequeñas variaciones que se dan generalmente en un recuento; incluso, la coalición ganadora perdió algunos votos en el recuento, cosa que sería absurda de acuerdo con la narrativa del supuesto fraude. Y en segundo lugar, la cadena de custodia es una cuestión formal y no sustantiva, que no debe viciar todo un proceso electoral. Una vez más, no existió una prueba plena y determinante para concluir que se hubiera cometido un megafraude en la elección de Puebla.

El TEPJF, en sesión pública en medio de dimes y diretes de las y los magistrados, que dicho sea de paso debilitaron a la institución, por mayoría de cuatro votos confirmó la validez de la elección y desmitificó el fraude en Puebla mediante el expediente SUP-JRC-204/2018 y acumulado. No obstante, ese mito alimentado por los actores y los medios debilitó a las instituciones electorales y sobre todo a la democracia mexicana.

La función de las autoridades electorales no es justificar que no haya habido fraude en una elección, sino proteger los derechos políticos y la voluntad de la ciudadanía, cosa que están haciendo. El fraude electoral es un mito creado por los segundos lugares que no aceptan los resultados de las urnas.

Cuando analizó la situación democrática en México, Dieter Nohlen escribió que “no se distingue bien entre irregularidades y fraude. Se magnifican y sobreestiman irregularidades que ocurren en cualquier proceso electoral que no deberían deslegitimarlo, pero que afirman un prejuicio profundamente enraizado: que las elecciones son fraudulentas… Se dice que el Estado solo puede ser tan justo como lo son sus ciudadanos. Esta idea presupone la lealtad al derecho de las personas y organizaciones participantes en política”.3

Es momento en nuestro país de que los actores políticos tengan una mayor lealtad al derecho y sobre todo una mayor responsabilidad ante la ciudadanía; la palabra fraude es el peor descalificativo de una contienda electoral, cuya afectación muchas veces es irreversible. Irregularidades no son lo mismo que fraude.

Desafortunadamente, el 24 de diciembre pasado, la gobernadora falleció en un accidente aéreo; por lo tanto se tendrán que celebrar nuevas elecciones en Puebla. Es necesario que los partidos políticos, sus dirigentes y sus candidatos actúen con apego y lealtad al derecho y, lo más importante, que terminen con el mito del fraude.

Seamos una ciudadanía informada, participativa, crítica, y construyamos una democracia sustantiva, en donde los derechos humanos sean respetados y garantizados, la igualdad de hombres y mujeres sea una realidad e impere el estado de derecho.

Las elecciones son solo una parte de la democracia, y en nuestro país desde hace muchos años gozamos de democracia electoral; no perdamos lo que hemos ganado durante todo este tiempo. Ninguna elección será perfecta, como lo menciona el académico alemán, pero tenemos que estar seguros de que la voluntad ciudadana está garantizada. Dejemos el mito del fraude atrás y pasemos a hablar de cosas más relevantes para nuestra democracia.

* Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor electoral.
1 En donde se establece: “En este lapso, el TEPJF convalida el fraude electoral al admitir en su resolución…”. Puede consultarse en: https://www.gob.mx/presidencia/estructuras/andres-manuel-lopez-obrador
2 De Icaza, Gerardo. “La narrativa del fraude en los procesos electorales”. En: http://www.estepais.com/articulo.php?id=1234&t=politica-la-narrativa-del-fraude-en-los-procesos-electorales
3 Nohlen, Dieter (2009). “Justicia electoral y sus desafíos actuales en América Latina”. En Richard Ortiz Ortiz (ed.), Estudios de Justicia Electoral. Quito: Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, pág. 27.
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