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domingo 20 de enero de 2019

Malos conocidos, buenos por conocer

Jorge Alcocer V.*

En el primer día hábil de 2019 el INE abrirá la ventanilla para recibir las notificaciones de las organizaciones interesadas en obtener registro como partido político nacional y, en su caso, participar en las elecciones federales intermedias y en las estatales de 2021.

Entre lo que la reforma de 2014 no cambió, mención destacada merece la norma que desde 2008 limitó el trámite y procedimientos de registro de nuevos partidos por el INE al año siguiente al de la elección presidencial, que es el caso que nos ocupa.

Recordemos brevemente los requisitos principales que deberán cumplir las organizaciones interesadas en el registro legal como partido político.

Los sencillos son de orden más bien formal, como que los solicitantes estén constituidos legalmente –ante fedatario público– como organización civil, que cuenten con un representante legal y entreguen al INE los proyectos de documentos básicos del partido que se pretende registrar (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos).

Los duros de cumplir son los relativos al mínimo de afiliados que deben acreditar y las asambleas que deben realizar, en presencia de los fedatarios que el INE designa de entre su propio personal ejecutivo. En cuanto a lo primero, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece un doble rasero: tener al menos tres mil afiliados en al menos 20 entidades federativas, o 300 en por lo menos 200 distritos electorales; en todo caso, el total de afiliados no podrá ser menor al 0.26 por ciento de la lista nacional de electores utilizada en la elección federal ordinaria inmediata anterior.

En lo que a las asambleas se refiere, la ley establece cualquiera de dos vías: una es la de asambleas estatales en 20 entidades federativas, con al menos tres mil afiliados que asistan a cada una; la otra es la de asambleas distritales en al menos 200 distritos electorales, con asistencia mínima de 300 afiliados. La asistencia del número mínimo de afiliados y el cumplimiento de otros requisitos de tiempo y forma deben quedar certificados por los funcionarios ejecutivos del INE que actúan como fedatarios.

La ley prohíbe que en la realización de las asambleas intervengan organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente al de constituir un partido político, por ejemplo, cámaras empresariales, iglesias o similares. Sin embargo, cabe traer a la memoria que en dos casos recientes la autoridad electoral (IFE/INE) se hizo de la vista gorda cuando se violó flagrantemente esa prohibición. Fueron el Partido Nueva Alianza (Panal), creado mediante el uso de los recursos e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entonces dirigido por Elba Esther Gordillo, y el Partido Encuentro Social (PES), creado por pastores evangélicos con el respaldo político de dos ex gobernadores hidalguenses (Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong).

La práctica de que nuevos partidos surjan al amparo y por el interés directo de personajes del poder no tiene nada de novedoso. Se remonta a los años cincuenta del siglo XX, en que por obra y gracia del favor presidencial la autoridad electoral de ese entonces (bajo control de la Secretaría de Gobernación) facilitó la creación y registro legal del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y del Partido Popular, al que luego su fundador, Vicente Lombardo Toledano, agregó la palabra “Socialista” (PPS). Volvió a presentarse en 1978, cuando desde Palacio Nacional se ordenó el registro del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) creado en el sexenio de Luis Echeverría, con su influjo y respaldo, por Rafael Aguilar Talamantes. Del PST fueron dirigentes hasta 1986 personajes que luego lo serían en el PMS y el PRD, como Jesús Ortega Martínez y Graco Ramírez Garrido Abreu.

En los años noventa del siglo XX se repitió la práctica, cuando por los intereses y ambiciones del entonces regente capitalino, Manuel Camacho Solís, se otorgó registro al Partido Ecologista de México, al que más tarde su impulsor y dueño, Jorge González Torres, le añadió el término “Verde”. El PVEM, al que caractericé hace años como un “partido canalla”, ha sido desde su origen la generosa mina de oro que nutre la fortuna de la familia de su fundador, quien hace años heredó a su hijo la administración del negocio siempre puesto al servicio del mejor postor, ayer el PAN, luego el PRI, ahora Morena, sin olvidar los favores otorgados a las televisoras privadas a través de la conformación de las llamadas “telebancadas” en ambas cámaras del Congreso. Al partido canalla debemos también la aparición de figuras de la picaresca legislativa mexicana, como las llamadas “juanitas”, o los legisladores apodados “sandías”, por ser rojos (PRI) por dentro y verdes (PVEM) por fuera, como lo fue el hoy gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Desde la reforma política de 1978, en que se creó la figura del registro condicionado al resultado de las elecciones, más de una docena de partidos obtuvieron –y perdieron– su registro legal, de tal forma que en un balance podemos decir que en el sistema de partidos de México la característica dominante ha sido la alta tasa de mortalidad infantil, es decir, la pronta desaparición de la mayoría de los nuevos partidos. Para documentar lo anterior basta con tener presente que, de los actuales siete partidos políticos con registro legal, dos provienen de la etapa previa a la reforma de 1979 (PAN y PRI), cuatro más de la etapa comprendida entre 1979 y finales de los años noventa (PRD, PT, PVEM, MC) y el séptimo es criatura del nuevo milenio, con la novedad de que, además de ser el más joven en su registro, Morena arrasó en las elecciones de julio pasado. Pero esa es otra historia.

Al terminar de escribir este texto (noviembre de 2018), lo que se sabe, o se rumora, es que los primeros apuntados para volver a buscar registro serán los dos partidos que lo perdieron este año, el Panal y el pes, en particular este último, que por su alianza electoral con Morena y su respaldo incondicional al futuro presidente en las dos cámaras del Congreso (en donde violando la Constitución se le permitió formar grupos parlamentarios), podría cumplir los requisitos legales sin mayor dificultad.

El caso del Panal es diferente, ya que el retorno de Elba Esther Gordillo a las lides sindicales y políticas será el mayor obstáculo para que los sobrevivientes del naufragio del 1o de julio alcancen el objetivo de encontrar una isla para refugiarse. Menos aún si, como algunos creen, la profesora vuelve no solo por sus fueros sindicales, sino también por sus privilegios partidistas, para lo que necesita buscar el registro de un partido en el que ella sea, como lo fue en el Panal, jefa y dueña.

Queda la pregunta de si los consejeros del INE incurrirán en la conducta de cerrar los ojos o voltear para otro lado ante las evidencias de que, por segunda ocasión, un sindicato (SNTE) y unas iglesias (evangélicas) estarían interviniendo en la realización de las asambleas y la afiliación de ciudadanos a partidos que pretenden obtener su registro. Habrá que ver si los otros partidos guardan silencio ante la eventual violación de la Constitución y la ley.

Otra posible solicitante de registro será la organización liderada por el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y hoy diputado federal sin partido (postulado por el PAN) Emilio Álvarez Icaza y el ex consejero del IFE Alfredo Figueroa. Ostentándose como auténticos ciudadanos, los promotores de ese proyecto de partido político repiten la estratagema que el PVEM utilizó hace muchos años: criticar a los partidos y a la política. La capacidad de resonancia que en algunos medios de comunicación tienen los políticos mencionados contrasta con su casi nula presencia e influencia territorial, lo que hace difícil que puedan cumplir los requisitos de asambleas.

Post Scriptum. En el flanco derecho, después de su renuncia al partido en que se formó y del que fue dirigente y candidato presidencial, Felipe Calderón ha dado a conocer su intención de crear un nuevo partido político, al lado de su esposa Margarita Zavala. Los reiterados fracasos de ambos en sus recientes aspiraciones y proyectos políticos autorizan a ser escépticos sobre la posibilidad de que cumplan con los requisitos de afiliación y asambleas, salvo que lograran vaciar al PAN de afiliados, como en sus orígenes lo hizo el PRD al PRI en algunos estados.

Corren rumores sobre las supuestas intenciones de algunos gobernadores y priistas que –se dice– podrían buscar registro para nuevos partidos, como lo han venido haciendo, desde hace lustros, creando partidos locales y agrupaciones políticas de membrete. Igual intención se atribuye a personajes recientemente salidos del PRD, como Héctor Serrano, brazo derecho del ex jefe de gobierno capitalino y ahora senador Miguel Ángel Mancera, que sigue sin afiliarse al PRD aunque es el coordinador de la minibancada en el Senado de lo que queda de ese partido.

Como ha sucedido en el pasado, seguramente en enero veremos un gran número de pretendientes al registro, de los que la mayoría no llegará a la fase de asambleas; luego vendrá la depuración y salida de los que abandonen la carrera al no poder saltar las vallas. Por experiencia sabemos que al final de esa carrera llegan unos cuantos; tres fue el número más alto de registros otorgados a nuevos partidos en experiencias anteriores (2002).

Los nuevos partidos obtendrán su certificado de ingreso entre junio y agosto de 2020 para entrar de inmediato en septiembre, casi sin respiro, a las contiendas electorales de 2021, su segunda prueba para mantenerse con vida y trazar ruta y estrategia rumbo al siguiente relevo presidencial, en 2024.

Por la naturaleza del sistema electoral y las normas legales producto de sucesivas reformas, todos los partidos políticos están, de jure y de facto, sujetos al llamado “registro condicionado al resultado de las elecciones”, es decir que cada tres años su registro y derechos quedan supeditados al refrendo del voto popular. Al partido que no alcanza un mínimo de tres por ciento de la votación nacional, se le cancela el registro.

La sacudida que los votantes propinaron al sistema de partidos en julio de 2018 tendrá su siguiente episodio en 2021; en junio de ese año veremos si los electores terminan con la depuración o devuelven confianza y apoyo a partidos que hoy aparecen en estado de coma, en proceso de extinción.

Las preferencias de los electores son como el viento, cambian de dirección y conducen a resultados inesperados.

* Director fundador de Voz y Voto.
Este artículo fue entregado por su autor en noviembre del año pasado; se publica hasta ahora por razones editoriales.
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