Jueves 26 de abril de 2018

Los que votarán en 2018

Roberto Heycher Cardiel Soto y Víctor Morales Noble*

La población mexicana que votará el 1º de julio es totalmente distinta a la de 1990. La ciudadanía mexicana del último cuarto de siglo demandó y logró la apertura del régimen autoritario. En 1996 se consolidó el modelo electoral que, desde entonces, ha respondido a las exigencias de certeza, legalidad, objetividad, independencia del órgano electoral, imparcialidad y máxima publicidad.

En 1990 había 43.6 millones de mexicanas y mexicanos de 18 años de edad o más; en 2015 la cifra se incrementó a 80.2 millones. Para 2018 se proyecta una lista nominal de 89 millones de personas. Así, se duplicaría la población en edad de votar.

La composición poblacional ha variado también. Las y los jóvenes de 18 a 24 años constituían el 26.4 por ciento del total en 1990, porcentaje que se redujo a 16.8 en 2017. La población adulta joven de 25 a 34 años (que en general ya tiene hijas e hijos menores de 15 años de edad) representó el 27.0 por ciento, en contraste con el 23.3 por ciento de ahora. En conjunto, la población joven redujo su presencia de 53.4 a 40.3 por ciento. En cambio, la población adulta1 de 35 a 59 años incrementó su representación de 35.1 a 43.4 por ciento; las edades correspondientes a la etapa adulta mayor tuvieron un cambio más relevante: de 11.4 en 1990 al 16.5 por ciento actual, es decir, de 5.0 millones a 14.7 millones de personas.2

Así, ha concluido un largo proceso de transición demográfica, al pasar del predominio de las edades jóvenes al equilibrio entre los distintos grupos etarios; a partir de 2018, se incrementará la proporción de las personas de edades mayores (Figura 1).

Durante el último medio siglo han confluido dos procesos de transición en México: el demográfico y el democrático. El envejecimiento de la población ha propiciado la expansión del sufragio universal: cada vez más ciudadanas y ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a quienes integran los gobiernos en los niveles federal, estatal y municipal. En 1960 tenían edad para votar cuatro de cada diez habitantes; en 2018 serán siete de cada diez (Figura 2).

Las mujeres se incrementan de manera importante entre la población electora. En 1990 eran 22.7 millones de mexicanas ante 21.0 millones de hombres; la lista nominal de 2017 nos dice que ellas son 44.9 millones frente a 41.6 millones de ellos. Así, la brecha de mujeres ante hombres se ha duplicado, de 1.7 millones a 3.3 millones de personas (Figura 3).

La transformación no se limita, entonces, al incremento de magnitudes. La población mexicana ha sufrido importantes cambios de estructura y características. Dos procesos relevantes conciernen a sendos sectores de la población: la mayor importancia de las mujeres y el paulatino ocaso del imperio de la juventud entre el electorado.

Las ciudadanas de hoy

Si nos constreñimos a los indicadores de la población en general,3 veremos que el alfabetismo entre las mujeres pasó de 64.2 por ciento en 1990 a 69.8 para 2015. Pensaríamos que el avance habría sido muy limitado en un cuarto de siglo. Pero las transformaciones adquieren otra dimensión según los grupos etarios.

En 2015 las mujeres jóvenes de 18 a 24 años de edad sobrepasan en alfabetismo a los hombres (98.3 por ciento de ellas y 98.1 de ellos): es la primera vez en la historia de nuestro país que sucede tal hecho. El porcentaje de personas alfabetizadas se reduce conforme aumenta la edad, tanto entre hombres como entre mujeres, pero nunca es menor a 90 por ciento para la población que tiene menos de 60 años. Existe en este caso una transformación relevante: las elecciones de 2018 cuentan con una población mexicana con el mayor índice de alfabetismo en la historia de nuestro país, especialmente en el caso de las mujeres (Tabla 1).

Además, es una ciudadanía con mayor promedio de escolaridad, algo especialmente notable en el caso de las mujeres jóvenes, quienes han revertido el rezago histórico en el último cuarto de siglo. Desde 1990, la población joven tuvo un promedio de años de escolaridad equivalente al primer grado de bachillerato, que se reduce de manera destacada entre las personas de mayor edad: las adultas no sobrepasan la secundaria y la población adulta mayor no completa la educación primaria básica.

En 2015, las mujeres jóvenes ya rebasan a los hombres en años de escolaridad. Si bien seguimos siendo en promedio una población con bachillerato incompleto, se ha dado un cambio importante, pues las cohortes de mayor edad alcanzan niveles de secundaria completa en la actualidad, salvo la población adulta mayor, que muestra incluso un mayor rezago que su antecesora (Tabla 2).

El cambio más notable en los últimos 25 años se observa con nitidez en el caso de las mujeres mexicanas, muy distintas de aquellas de 1990. Tener más de seis hijas o hijos en el transcurso de la vida, al parecer, es un hecho que pertenece al pasado, vigente solo entre las personas mayores de 60 años. Antes era todavía una realidad para las mujeres entre los 45 y 59 años de edad; en cambio, en la actualidad las mujeres de estas edades señalan que tienen, en promedio, un número equivalente a la mitad.

A los 44 años de edad, las mujeres de 1990 tenían en promedio cuatro o cinco hijas o hijos. Hoy esa cifra se actualiza de dos a tres. Aún más interesante es que, antes, ocho de cada diez mujeres menores de 24 años ya tenían a su primer descendiente; en 2015 eso ocurre en cuatro de cada diez. En la etapa de mayor fecundidad, de los 25 a 34 años de edad, también ha disminuido de manera relevante el promedio de hijas e hijos: pasó de 2.6 a 1.7 nacidos vivos (Tabla 3).

Este cambio de la dinámica reproductiva tiene su contraparte en las actividades económicas: las mujeres de ahora tienen un papel más relevante, aunque no en la magnitud lograda en el ámbito escolar. Se ha reducido la presencia laboral de las y los jóvenes. Esto tiene que ver con el hecho de que la juventud de ahora continúa asistiendo a la escuela en mayor proporción (en 1990 el 19.4 por ciento de ella asistía a la escuela, cifra que se duplicó a 43.4 por ciento en 2015). En las demás etapas de vida, a excepción de la edad adulta mayor, los hombres mantienen una cifra equiparable a la de antes; en cambio, las mujeres sistemáticamente duplican la tasa laboral de sus antecesoras (Tabla 4).

Observamos también que las mujeres son más proclives a la participación electoral. En las elecciones de 2015 en el ámbito nacional, 47.8 por ciento de ellas votó, por 40.3 por ciento de hombres.4 Si analizamos los porcentajes de participación electoral por sección, veremos que la distribución por deciles es muy distinta entre mujeres y hombres. Entre ellas la mediana de participación se ubica en 59.6 por ciento, mientras que entre ellos disminuye a 50.5. Esto significa que, en la mitad de las secciones electorales, las mujeres participan en una proporción de 60 por ciento o más. Incluso, en las tres cuartas partes de las secciones electorales, las mujeres acuden a las urnas en una proporción de 51.7 a 96.4 por ciento, mientras que entre los hombres esas proporciones disminuyen a entre 45.1 y 80.0 por ciento. En la Figura 4 se observa que la mediana de participación electoral de las mujeres se ubica por encima de la participación de hombres en tres cuartas partes de las secciones.

Mujeres mejor preparadas, con un menor número de hijas e hijos, de mayor incidencia en actividades laborales y, además, en mayor número (44.9 millones) que sus antecesoras de 1990 (22.7 millones), son el sector de la población más propenso a aprovechar los cambios democráticos habidos en este cuarto de siglo. Este es uno de los mayores retos que enfrentará nuestra democracia en los años por venir, pues deberá responder a ciudadanas cada vez más exigentes.

La juventud de hoy

Los cambios del modelo electoral configurado en los años noventa respondieron a la exigencia de una población predominantemente joven. En la actualidad, esta población ejerce el derecho al voto en menor proporción que los demás grupos etarios. En conjunto, en 2015 votó el 49.3 por ciento de la población joven y adulta joven (de 18 a 34 años de edad); en contraste, acudió a las casillas el 59.7 por ciento de la población de 35 años y más (Figura 5).

El sector joven disminuye su ritmo de crecimiento y dejará de ser el principal componente de la población. Su ausencia de las casillas lo marginaría de la vida política del país, a diferencia de la importante aportación democrática hecha por la juventud durante el periodo autoritario. Esto se aplica en especial a los hombres, pues su asistencia se mantiene por debajo de la del resto de la población.

La Figura 6 muestra la notoria diferencia en la participación de la población en las secciones electorales, según el sexo. Entre los hombres, la mediana de votación se ubica en 48 por ciento tanto para jóvenes como para adultos jóvenes; se incrementa a 54.7 por ciento entre la población adulta, la juventud de ayer que acostumbra asistir a las urnas después de tres décadas de cambios electorales hechos pensando en ella. Los hombres jóvenes son, entonces, particularmente apáticos para ejercer sus derechos políticos.

Las mujeres jóvenes muestran un perfil similar: 49.0 por ciento es su mediana de participación a nivel seccional. Las adultas jóvenes intensifican su votación a 58.8 por ciento; entre las mujeres adultas (35 años de edad o más) se incrementa a 65.0 por ciento. Así, acuden a las urnas en mayor proporción tanto las mujeres que en su juventud vivieron las reformas electorales de fin de siglo como aquellas de mayor edad, ciudadanas que han participado desde la reforma que reconoció el derecho al voto de las mujeres (Figura 6).

Resulta notorio que la población joven no muestre tanto interés para incidir en los resultados electorales. Esta situación, aunada al hecho de que la juventud pierde presencia porcentual en el total de la población, derivaría en que –de continuar esta tendencia– se autoexcluyera de la vida política del país, al menos de la electoral.

Aquí radica el segundo reto para nuestra democracia. Hemos visto que, en primer lugar, debe responder a una población de mujeres cada vez más numerosa, con mejor preparación y con interés en ejercer a plenitud sus derechos humanos, lo cual requiere la transformación profunda de nuestras instituciones para erradicar la discriminación y la violencia contra ellas. Por otro lado, debe encontrar la manera de incorporar a un sector joven de la población que no muestra un interés pronunciado por participar en la vida electoral, autoexclusión que se conjuga con ciertos aspectos de marginación en la vida económica y social y que en conjunto puede dar lugar a un foco de insatisfacción que ponga en riesgo la viabilidad de nuestra democracia.

Tenemos una población joven con altos estándares educativos que no corresponden a la realidad laboral o a los esquemas de seguridad social. Los jóvenes de ahora son totalmente distintos a los de antes en términos socioeconómicos.

En el caso de quienes tienen 18 a 24 años de edad, los indicadores educativos arrojan un perfil muy similar: 94.9 por ciento de alfabetismo en 1990 que asciende a 98.2 para 2015. El promedio de escolaridad se ubica en diez años. Pareciera, entonces, que la labor educativa en el país ha mantenido los mismos niveles existentes desde hace un cuarto de siglo; es decir, no ha logrado erradicar el analfabetismo ni incrementar de manera importante la escolaridad.

Para la población adulta joven (con edades de 25 a 34 años, cuando generalmente tienen descendientes menores de 15 años), los indicadores son similares: el alfabetismo pasó de 92.2 a 97.3 por ciento y los promedios de escolaridad pasaron de diez a 10.6 años. Ciertamente, tenemos un mayor nivel escolar respecto a otros grupos etarios, pero la preocupación concierne a que no hemos logrado aprovechar el bono demográfico para el futuro de un país cuya población envejece progresivamente.

Un cambio notorio entre la juventud, en el ámbito educativo, consiste en el porcentaje de personas que aún asisten a la escuela. Entre las y los jóvenes, en 2015, el 43.8 por ciento dijo que estudiaba, cifra muy superior a lo manifestado en 1990 (19.4 por ciento). Entre la población adulta joven la proporción aumenta ligeramente: en la actualidad asiste a la escuela un 5.1 por ciento, similar al 4.7 por ciento reportado en 1990.

Así, la juventud de ahora alarga el periodo de estancia en la educación formal pero su inserción en el mercado laboral ya no es igual que hace un cuarto de siglo. En 1990 tenía trabajo el 47.5 por ciento, ante el 35.5 por ciento reportado en 2015. El desempleo aumentó de 2.0 a 3.0 por ciento en el mismo lapso. Este rezago tiene implicaciones graves, pues reduce su capacidad de ahorro y pone en riesgo su bienestar para cuando alcance la edad de jubilación.

En la edad adulta, el empleo pasó de 56.6 por ciento en 1990 a 65.6 para 2015; el desempleo también se incrementó de 1.2 a 2.7 por ciento.

Los roles en el hogar igualmente se han modificado. En el sector joven de la población disminuyó el porcentaje de jefaturas al cargo de jóvenes (de 10.3 a 6.6 por ciento), se contrajo la tasa de parejas de la persona jefa del hogar (15.6 ante 7.6 por ciento) y aumentó la proporción de jóvenes que aún vive en el hogar parental (56.4 ante 67.5 por ciento). La juventud de ahora, a pesar de tener igual o mejor preparación que sus antecesoras, no accede fácilmente al mercado laboral y se prolonga su dependencia de la casa familiar. La estrategia de dependencia es evidente si observamos la proporción de jóvenes que vive en casa de la familia de la pareja: en 1990, el 2.6 por ciento reportó ser nuera o yerno, cifra que se incrementó a 5.3 por ciento en 2015.

La dinámica descrita se replica entre la población adulta joven: la proporción de jefaturas del hogar se redujo (35.3 por ciento en 1990 a 30.6 en 2015), al igual que el parentesco de parejas (34.9 ante 27.1 por ciento). En contraposición, se incrementó la relación de hija o hijo (10.0 en 1990 respecto a 30.3 por ciento en 2015), y el parentesco de nueras y yernos aumentó casi cuatro puntos: pasó de 1.6 en 1990 a 5.5 por ciento en 2015.

Las poblaciones joven y adulta joven no han tenido, entonces, una vida próspera durante el cuarto de siglo de transición democrática. Las difíciles condiciones laborales y de dependencia respecto a la familia ascendiente deterioran los esquemas de seguridad social para este segmento de la población. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) se ha reducido el porcentaje de jóvenes derechohabientes: en 1990 el 33.0 por ciento contaba con este registro, a diferencia del 28.3 por ciento actual. Entre la población adulta joven esas cifras pasan de 37.3 a 33.9 por ciento. Los servicios del Seguro Popular han sido la alternativa: acudieron a éste, en 2000 y 2015, el 21.3 y 39.7 por ciento de jóvenes, respectivamente, mientras que entre la población adulta joven los porcentajes son de 19.5 a 34.5 por ciento. Un dato más esclarecedor del rezago de atención médica para jóvenes y adultos jóvenes lo revela la consulta médica en farmacias: el 11.1 por ciento de las personas jóvenes y el diez por ciento de las adultas jóvenes reciben atención médica de primer contacto en esos lugares, tasas que agrupan a más de 3.5 millones de personas.

La complicada situación económica por la que pasa la población joven y adulta joven se constata por el incremento de personas que reciben apoyos de programas gubernamentales. Entre la población joven, en 1990 el 2.1 por ciento recibió algún tipo de esta ayuda; para 2015 el porcentaje se expande a 6.7, donde las mujeres destacan (8.9 por ciento de ellas). En el caso de la población adulta joven, fue beneficiada el 5.2 por ciento del total, cifra que aumentó a 9.1 en 2015; las mujeres, en este caso, son mayor proporción: eran el 6.7 por ciento en 1990 y el 14.7 por ciento en 2015.

La dependencia de programas sociales para compensar la dura situación económica hace que la población joven sea vulnerable a prácticas clientelares y coacción en la participación electoral. Pudiera ser, asimismo, motivación para ver los procesos electorales como oportunidad de transacción útil para la difícil vida cotidiana.

La depreciación democrática

El orden de la preferencia de mexicanas y mexicanos sobre el tipo de gobierno no se ha alterado en el último cuarto de siglo. La democracia sigue siendo el sistema de gobierno que se considera mejor, seguido de los gobiernos tecnocrático, autoritario y militar.5 En 1995 la población consideraba que un sistema democrático era bueno o muy bueno en una proporción de 73.4 por ciento, cifra que se incrementó a 84.4 por ciento en 2015. Sin embargo, el prestigio de los gobiernos militares tuvo un aumento aún más vivo: pasó de 26.7 a 52.6 por ciento de las preferencias. En 1995 la valoración de un sistema democrático ante uno militar estaba enfrentada: apenas una cuarta parte veía positivamente un régimen de este último talante, ante tres cuartas partes que preferían la democracia.

La transición mexicana a la democracia muestra, dos décadas después, que un gobierno de las fuerzas armadas es considerado adecuado por más de la mitad de la población, aunque también manifiesta predilección por la democracia. Lo que antes era una certidumbre ahora es un espectro de riesgo: la democracia no cuenta ya con el prestigio de hace un cuarto de siglo.

Las mujeres expresan una preferencia más consistente por un régimen democrático: de 72.2 por ciento en 1995 pasó a 84.4 en la actualidad. Lo más relevante es que entre ellas hay ligera menor propensión a regímenes autoritarios: 46.6 por ciento valora positivamente un gobierno militar (48.6 por ciento entre los hombres) y el 58.2 por ciento, a un liderazgo fuerte sin contrapesos en el ejercicio de gobierno (59.2 por ciento entre los hombres).

Entre la población joven y adulta joven aumentó la predilección por gobiernos militares o autoritarios entre 15 y 25 puntos porcentuales en las últimas dos décadas, en contraste con los 14 de diferencia respecto a la democracia (Tabla 5).

Así, para la juventud de ahora, a contrapelo de aquella de hace un cuarto de siglo, no existe una marcada distinción entre gobiernos dictatoriales y democráticos. Las y los jóvenes no encuentran, necesariamente, una contradicción entre estos sistemas políticos, algo que sería evidente para la juventud de hace un cuarto de siglo: la democracia ha dejado de ser un valor en sí mismo para ser apreciada según contribuya al bienestar individual. Las personas que cumplieron la edad ciudadana desde 1990 no han constatado las ventajas que hace 25 años se consideraban inherentes al arribo de la democracia a nuestro país.

Nuestra democracia logrará consolidarse plenamente en la medida en que atienda la exigencia de igualdad de las mujeres (postergada durante más de medio siglo después de reconocer su derecho al voto), al tiempo que signifique para la juventud algo más que una transacción útil en el día de la jornada electoral. Sin embargo, no debemos esperar a que la vida de las personas mejore para que la democracia sea valorada por sí misma; para cuando ello ocurra, sabremos lo ya aprendido por las y los jóvenes del siglo xx que enfrentaron al régimen autoritario, esto es, que la democracia es la única alternativa viable de largo plazo para incrementar el bienestar y el desarrollo sustentable del país que leguemos a las futuras generaciones. Hagamos votos para que, cuando eso suceda, no sea demasiado tarde.

* Respectivamente, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Electoral y líder de Proyecto de Capacitación Electoral, ambos del INE.
1 La población adulta comprende a los grupos etarios de adultez (35 a 44 años) y adultez plena (45 a 59), los cuales corresponden a las etapas de fisión (con descendientes de edades menores y mayores a 15 años) y expansión (todos los descendientes tienen 15 años o más). Véanse López Ramírez, Adriana (abril, 2001). El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997. México: Conapo; Tuirán, Rodolfo (julio, 1993). “Vivir en familia: hogares y estructura familiar en México, 1976-1987”, en Comercio Exterior, vol. 43, núm. 7. México: Bancomext, págs. 662-676.
2 INEGI, 1990 y 2015; Registro Federal de Electores, 2017.
3 INEGI, 1990 y 2015.
4 INE (2016). Estudio censal sobre la participación ciudadana en la elección federal de 2015. México.
5 ICSR (1990). World Values Survey Wave 2 (1990-1994). Viena: Institute for Comparative Survey Research. Archivo para spss. Disponible en: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV2.jsp. icsr (2016). World Values Survey Wave 6 (2010-2014). Viena: Institute for Comparative Survey Research. Archivo para SPSS. Disponible en:  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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