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viernes 19 de abril de 2019

Los desafíos del Tribunal

Felipe Fuentes Barrera*

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un órgano fundamental para la vida democrática del Estado mexicano, no solamente porque es nuestra Constitución la que lo crea, sino porque su presencia en el ordenamiento jurídico es reflejo de la visión que tuvo el Poder de Reforma Constitucional para que los conflictos políticos se resuelvan mediante la intervención de un órgano de naturaleza judicial.

La defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y el perfeccionamiento de la vigencia del modelo democrático del Estado mexicano son parte de las muchas encomiendas constitucionales que tiene el TEPJF, y que a su vez conforman las decisiones que inciden en todos los poderes públicos, los sectores sociales y, como consecuencia de ello, en la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

Por ello, cuando el 23 de enero de este año asumí la presidencia del TEPJF, por unanimidad de votos de las magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior, señalé que representaba para mí el reto de mayor responsabilidad y compromiso en mi vida y el mayor honor en mi carrera profesional.

He expresado abiertamente que trabajar en el Poder Judicial de la Federación implica servir a la sociedad con profesionalismo, sensibilidad, humildad, autonomía e independencia.

De igual manera he precisado que sería una equivocación pensar tanto que las decisiones fundamentales de la Constitución pueden ser eficaces por sí mismas, como que deben ser los propios órganos políticos los que moldeen, en última instancia, su actuar en la vida pública nacional.

La realidad internacional actual nos obliga a considerar un panorama en el que la sociedad en general muestra un desinterés en sus instituciones, donde la democracia representativa se deslegitima constantemente y donde los sectores de la población se vuelven más polarizados. Tenemos que ser conscientes de que los constantes desencuentros entre unos y otros debilitan y desgastan a una democracia que privilegia el pleno ejercicio de los derechos de las personas y, en contraste, aumenta el enojo colectivo y cierra las puertas al debate.

En México, debemos encarar el desafío tomando en cuenta los valores de nuestra Constitución para armonizar las visiones de las distintas esferas de la población. De ahí la relevancia de adoptar las mejores prácticas globales que nos ha dejado la cooperación internacional. Y, para lograrlo, nuestras sentencias, además de apegadas a derecho, tienen que organizar el papel que desempeñan los poderes políticos, fácticos y constitucionales de nuestro país.

Pienso que la defensa de los derechos humanos y el sistema democrático de relaciones políticas y sociales que tenemos necesitan contar con órganos equipados con las facultades para hacer que los actos de los poderes y otras instituciones del Estado se vinculen con las normas, valores y principios de nuestra Carta Magna.

Pudimos contemplar esta defensa del orden constitucional en el proceso electoral de 2017-2018, cuando el TEPJF garantizó que todas las elecciones fueran auténticas y democráticas, salvaguardando la que es –quizá– la regla más importante de todas: que quien ocupe un cargo de elección popular sea, efectivamente, aquella persona que haya recibido el mayor número de votos de la sociedad.

El TEPJF cumplió la función que tiene encomendada: proteger la voluntad ciudadana en la integración de los órganos del poder público con el objetivo de mantener su equilibrio sustantivo. Es de esta forma como este órgano jurisdiccional incide en la configuración del poder público.

Cabe señalar que el esfuerzo y constante profesionalismo con el que todos los días se conduce el personal del Tribunal Electoral fue galardonado por el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios, en enero de este año, con los premios electorales en las categorías de “Igualdad de género” y “Participación minoritaria”.

El TEPJF garantizó la legalidad y legitimidad de los procesos concernientes a la toma de decisiones de la ciudadanía respecto de la conformación de los órganos del poder, lo cual permitió la transmisión de todos los cargos públicos de manera pacífica y ordenada, incluida desde luego la Presidencia de la República. Realizar los fines que la Constitución otorga al TEPJF es un reto institucional especialmente complejo, porque se trata de un órgano dinámico que responde a distintas necesidades de la ciudadanía y no debe limitarse a la labor sustantiva de resolver controversias.

Si bien el TEPJF tiene como principal función resolver los juicios que surgen entre los actores políticos y las autoridades electorales, también es un órgano esencial para la promoción y difusión de la cultura de la democracia; la igualdad de derechos para todas y todos; la justicia abierta; la vinculación internacional con organismos de múltiples países y la capacitación a los demás organismos, autoridades y ciudadanía en general, sobre los avances y retos en la materia.

De este modo, el TEPJF cumple con otras funciones frente a la sociedad que impactan en la democracia sustantiva, tales como las acciones que se toman para fortalecer la equidad de género, la participación política de los pueblos originarios, la libertad de expresión e igualdad de condiciones en materia político-electoral y la defensa del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Pero no podremos cumplir de manera adecuada con estas encomiendas si no somos capaces de eliminar las barreras que comúnmente surgen entre ciudadanía y órganos de impartición de justicia.

El primer obstáculo que debemos vencer es la distancia que suele existir entre las instituciones públicas y la sociedad. Los órganos jurisdiccionales no son la excepción; no solo en México, sino en otras democracias del mundo, es frecuente que las y los jueces se alejen y pierdan contacto con la ciudadanía que tanto los necesita. Nuestras sentencias resuelven todos los días asuntos importantes que afectan directamente la vida de las personas, pero, desafortunadamente, no hemos sabido comunicar a la sociedad qué resolvimos y de qué manera le benefician nuestras decisiones.

Aunado a ello, el TEPJF tiene el reto de cumplir con el mandato ciudadano de que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, responsabilidad y racionalidad, sin lujos ni dispendios. Esta exigencia cobra relevancia especial en el caso de los jueces, en tanto que debemos ser referentes de ecuanimidad, austeridad y racionalidad en nuestro actuar, no solo en el desempeño de nuestra función, sino en nuestra vida cotidiana.

También estoy convencido de que, para ser un tribunal más eficiente, debemos emprender una mejora administrativa, a la par de utilizar de manera óptima todos los avances tecnológicos de los que disponemos, sobre todo, con la finalidad de hacer más accesible la justicia para la sociedad.

Por todos estos motivos, desde el primer día en esta nueva administración institucional elaboré ocho ejes de trabajo encaminados a mejorar la actividad del Tribunal, tanto en el área administrativa como en la jurisdiccional, que son los siguientes.

  1. Trabajo en equipo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está conformado por personas preparadas y comprometidas con su labor para la ciudadanía. Es importante que el diálogo y la armonía permanezcan y mejoren día con día, pues el resultado de ese ejercicio integrador, sin duda, refleja el profesionalismo, pulcritud, ética, autonomía y certeza en cada una de las resoluciones que emitimos.
  2. Tribunal cercano a las personas. Estoy convencido de que un tribunal constitucional no debe permanecer estático ante las exigencias de la ciudadanía; debe evolucionar con ellas y ser sensible en el estudio de los problemas. En todos los casos, está en manos del Tribunal decidir sobre la protección de los derechos que están en juego, lo cual exige a este órgano jurisdiccional resolver los asuntos con justicia y responsabilidad social. Para acercarnos a la ciudadanía, debemos explicar con un lenguaje claro el sentido de lo que resolvemos.
  3. Seguridad jurídica. Una condición inherente a la función de impartir justicia es la pluralidad de opiniones que se presenta en el contexto de la discusión de los asuntos. Esa diversidad de criterios jurídicos, lejos de establecer divisiones o afectar la unidad institucional, contribuye a que las decisiones del Tribunal Electoral se dicten en un contexto de colaboración interna que construye criterios sólidos y estables, al incorporar todos los puntos de vista de las magistradas y magistrados. Reconozco que hay ocasiones en que la decisión no siempre será unánime, pero también estoy cierto de que, en la disidencia, se construyen bases para la reflexión de los criterios debatibles.
  4. Diálogo. Entablar una comunicación permanente, respetuosa y transparente con la sociedad en general. Los medios de comunicación y todos los sectores de la población que así lo soliciten, constituyen un rubro importante en la agenda de este Tribunal, porque las decisiones que aquí se toman tienen impacto en todo el sistema jurídico, político y electoral. Ello nos compromete a escuchar detenidamente todas las inquietudes que se presenten en relación con los asuntos que se llevan, porque solo de esta manera cumplimos con el mandato de nuestra Constitución en el sentido de mejorar constantemente el sistema de vida económico, social y cultural.
  5. Homologar criterios administrativos. El Poder Judicial de la Federación está comprometido con el manejo responsable, mesurado y necesario de recursos, lo cual motivó que, a través de la Presidencia que encabezo en el Tribunal Electoral, se haya establecido como eje rector la homologación de los criterios de administración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, lo que permite hacer eficiente y racionalizar el ejercicio de los recursos públicos.
  6. Tribunal abierto. En un modelo de gobernanza actual, la labor de este tribunal constitucional debe satisfacer distintos parámetros para cumplir con su obligación de transparentar sus sentencias y procesos administrativos. Es necesario tener en cuenta que la ciudadanía participa de forma constructiva, por lo cual requiere los insumos e información para que se conozca completa toda la información necesaria para el análisis. La confianza que actores políticos y ciudadanos depositan en este órgano electoral debe conservarse y reafirmarse.
  7. Modernización administrativa. Preocupado por la constante preparación y profesionalización de los servidores públicos que contribuyen con su trabajo en este Tribunal, contemplé como eje de actuación el fortalecimiento del servicio profesional de carrera, que abonará a la formación de excelencia de quienes tienen la responsabilidad de estudiar y proponer los proyectos de sentencia, lo cual se verá materializado en beneficio de la comunidad en general. Debemos generar información para la adecuada toma de decisiones.
  8. Uso de la tecnología. Los avances tecnológicos son imprescindibles para la administración de justicia, por eso es necesario intensificar el uso de herramientas digitales, como comunicaciones procesales por medio de correo electrónico, juntas de trabajo con las Salas Regionales mediante enlaces vía streaming, envío de proyectos de sentencia en formato electrónico, entre otras. Con ello contribuimos a la sustentabilidad, así como al aprovechamiento de recursos para lograr una mejor calidad y mayor cercanía en la administración de justicia.

Con esos ejes de trabajo, en la presidencia se estableció un marco de actuación que permitirá contar con un Tribunal Electoral preparado para afrontar los retos que la sociedad nos plantea todos los días.

El mundo está inmerso en un profundo proceso de cambio, impulsado por una sociedad cada vez más informada, crítica y participativa en los asuntos públicos. Frente a esta dinámica global, la transparencia y la rendición de cuentas son un incentivo especialmente poderoso para mejorar el desempeño de las autoridades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El TEPJF se encuentra en una condición singular, pues las disputas que resolvemos tienen que ver con el poder político. Por ende, es natural que quienes no se vieron favorecidos con determinada resolución, puedan adoptar cierta posición crítica, de la cual el Tribunal siempre es y será respetuoso, pues una democracia auténtica solamente puede considerarse como tal si está permanentemente abierta al debate y a la crítica institucional.

Para que haya democracia se necesitan demócratas. Para que haya justicia se requieren juzgadores íntegros e imparciales, que hagan realidad –a través de sus sentencias– los valores de nuestra Carta Magna. Como bien ha señalado el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el rol de un tribunal constitucional en una democracia radica en la defensa de la Constitución como garantía fundamental del respeto al estado de derecho”. Concuerdo totalmente.

La función de las juezas y jueces constitucionales se refleja, principalmente, en el establecimiento de límites al ejercicio del poder, tanto para proteger el diseño institucional, como para salvaguardar los derechos humanos, condición esencial para la vigencia de la democracia. El Tribunal Electoral es un órgano jurisdiccional autónomo, independiente e imparcial, que no cede a presiones de ninguna especie. Con sentencias claras, razonadas y robustas ejercemos el control que nos ordena la Constitución sobre las normas y actos de los otros poderes públicos. De esa manera fortalecemos la función jurisdiccional y contribuimos al fortalecimiento de la democracia.

* Magistrado presidente de la Sala Superior, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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