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domingo 16 de junio de 2019

Los derechos cue$tan

Elba Arjona*

 

A partir del 1o. de diciembre de 2018 y con la entrada de la nueva administración, el gobierno mexicano se ha caracterizado por sus programas sociales y el combate a la corrupción. Para ello, se ha promovido la entrega de recursos en efectivo a los beneficiarios de dichos programas, en lugar de otro tipo de medidas que involucren a intermediarios. Esta medida ha demostrado ser muy útil para ganar votos, pero ¿es suficiente la entrega de dinero para garantizar los derechos fundamentales que buscan asegurar las políticas públicas?

En los últimos meses, la actuación del nuevo gobierno se ha basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente aquellos establecidos en nuestra Constitución, los cuales son conocidos como garantías individuales o derechos fundamentales. Para identificar estos últimos, es importante primero diferenciarlos de los derechos humanos. La diferencia en realidad no es mucha, ya que los derechos humanos, según la doctrina internacional, son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, que los Estados deben de respetar y que en muchos casos se incorporan a la legislación nacional a través de los tratados internacionales, pero no necesariamente para que los Estados preserven la dignidad humana sin distinciones o discriminación alguna.

Ahora bien, los derechos fundamentales, por su parte, se entienden como las facultades que posee una persona o individuo por el reconocimiento que la norma jurídica nacional vigente otorga para exigir su cumplimiento al Estado. De ahí que los derechos humanos y los fundamentales sean conceptos complementarios.

Nuestra Constitución otorga el carácter de derecho fundamental a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, reconociendo con ello un amplio espectro de derechos al individuo, como el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad, a la salud, a la información y los derechos políticos, entre otros.1 Cabe señalar que el reconocimiento de los derechos humanos se ha ido paulatinamente ampliando a las garantías de todos los mexicanos y de aquellos individuos que se encuentren en territorio nacional.

Los derechos fundamentales que han sido reconocidos en nuestro país son diversos: por un lado existen derechos y libertades en el ámbito personal, que incluyen el derecho a la vida, a la integridad física, a contar con una religión y a la asociación religiosa, a la libertad, a la libre circulación, a la vida privada, etc., y por el otro, derechos y libertades en el ámbito público, que incluyen el derecho a la igualdad ante la ley, libertad de expresión a manifestarse y asociarse, derecho a la información pública y a participar en los asuntos públicos, entre otros.

Asimismo, existen derechos y libertades relacionados con el ámbito socioeconómico, como el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, y los derechos laborales, incluidos la libertad de sindicación, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva y al trabajo.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos derechos fundamentales, la nueva administración ha planteado la implementación de una serie de programas y políticas públicas, que en algunos casos impactan en el presupuesto de la federación y en otros, aun cuando no tengan un impacto presupuestario, por su relevancia dichos derechos deben ser protegidos y garantizados por parte del Estado para velar por la dignidad humana de las personas que se encuentran en territorio mexicano, por el simple hecho de estar en él.

A pesar del cambio de paradigma en favor de los derechos humanos, debemos preguntarnos si las políticas, los programas o la inclusión de partidas presupuestales específicas para la asignación de subvenciones en efectivo a diferentes grupos vulnerable implican que se esté garantizando el acceso o indispensablemente se asegure el cumplimiento de un derecho fundamental consagrado en el derecho nacional, o si es necesario considerar medidas complementarias que apoyen el cumplimiento de las mismas para la dignificación de las personas.

Como se puede apreciar, nuestra Constitución consagra una serie de derechos fundamentales muy diversos entre sí. Existen algunos que no requieren de ejercer un programa o un presupuesto para garantizar su cumplimiento, como lo es la libertad de expresión, pues para que un ciudadano pueda ejercer su derecho a expresarse no necesita que el Estado cree una revista como ésta, por mencionar un ejemplo.

Lo mismo ocurre con el derecho a la migración y al libre tránsito, pues basta con que el Estado no obstruya indebidamente el tránsito de la población o, en su caso, de los migrantes, para garantizar el ejercicio de este derecho. Cabe señalar que el establecimiento de reglas para una migración ordenada es una medida de limitación de un derecho, pero no debe considerarse como una violación a este derecho, ya que con los límites impuestos se pretende proteger la dignidad de los migrantes en tránsito o de aquellos que buscan refugio por las circunstancias extraordinarias que se presentan en su lugar de origen, para lo cual el Estado mexicano deberá destinar recursos humanos y financieros.

No obstante lo anterior, en noviembre de 2018 un grupo de migrantes centroamericanos que formaban parte de las caravanas, solicitó a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) autobuses para facilitar su traslado a la frontera norte. Las exigencias de los migrantes se justificaban en el cumplimiento de sus derechos fundamentales. La ACNUR se negó a otorgar este tipo de apoyos, al no ser parte de sus funciones. Sin embargo, los gobiernos locales proporcionaron camiones para el tránsito de los migrantes, y ciertas facilidades como permitir el uso gratuito del transporte público, justificando esta acción en el cumplimiento de sus derechos humanos.

Esta medida, sin duda, ayudó a los migrantes de las caravanas y evitó daños a la salud debido a las grandes distancias por recorrer; no obstante, el ejercicio de recursos públicos, aun cuando benéficos para un sector de la población, no implica el cumplimiento de derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito.

Otro ejemplo claro de un derecho fundamental que no requiere de programas o medidas que lleven consigo un gasto público es la libertad o la prohibición de la esclavitud. Basta con que la prohibición esté prevista en la Constitución para garantizar el ejercicio de este derecho, en el entendido de que la persona que lo viole será sancionada de conformidad con la normatividad aplicable.

Sin embargo, existen casos en los que el gobierno federal ha implementado medidas; algunas de ellas incluso prevén la entrega de dinero en efectivo a los ciudadanos, con el objeto de garantizar el acceso a algún derecho fundamental o, en su caso, velar por que ciertos grupos vulnerables puedan ejercerlo.

Por ejemplo, una de las medidas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 para garantizar el derecho a la no discriminación de las personas con discapacidad –en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad– es el apoyo económico a niños y jóvenes de hasta 29 años con discapacidad permanente, así como a personas de hasta 64 años con discapacidad que vivan en comunidades indígenas. El apoyo económico otorgado es de $2,500 pesos bimestrales, depositados en una tarjeta bancaria. Conforme a lo señalado en el propio Plan Nacional de Desarrollo, con el programa se busca la vigencia efectiva de los derechos de este sector vulnerable, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo hacia los mexicanos con discapacidad. No hay duda de que la medida beneficia a este sector de la población, pero debemos preguntarnos si efectivamente le permite hacer valer su derecho fundamental a la no discriminación. Se deberá contar con indicadores que demuestren la eficacia de la medida y, en su caso, la necesidad de implementar acciones complementarias para garantizar este derecho fundamental.

En materia laboral se han adoptado medidas en pro de los derechos fundamentales de los trabajadores, sin que éstas impacten necesariamente en el presupuesto, como es la aprobación de la reforma laboral que establece reglas claras para la libertad sindical y la afiliación de los trabajadores, lo cual fortalece el cumplimiento de derechos fundamentales sin significar un crecimiento en el gasto público.

Uno de los programas insignia de este gobierno mediante el cual se busca garantizar el derecho fundamental al trabajo, es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, y cuyo objeto es garantizar el derecho al trabajo mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian ni trabajan, para que se capaciten durante un año en empresas a fin de insertarse con éxito en el ámbito laboral.

El programa es una buena medida para ampliar las posibilidades de un sector de la población que se había visto rezagado por falta de experiencia y para satisfacer la necesidad de las empresas de contratar personal con cierta experiencia. Sin embargo, si no se fortalece la economía y se crean fuentes de empleo, dentro de un año, cuando concluya la primera generación de becarios, el dinero destinado a este programa no podrá garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho al trabajo, pues el mercado laboral no podrá captarlos. En tal sentido, se puede afirmar que este programa es un instrumento útil para capacitar a un sector de la población y convertir a sus beneficiarios en personal competitivo, sin que ello garantice el derecho al trabajo.

Igualmente, se deberá considerar que el dinero para dicho programa surge de las medidas de austeridad del gobierno federal, las cuales incluyen la reducción de plazas dentro del mismo, que conforme a lo manifestado públicamente por representantes del gobierno, corresponde al 30 por ciento. Por un lado el programa busca fortalecer el ejercicio del derecho al trabajo a través de la capacitación de jóvenes y por el otro, se acota al limitar las contrataciones del gobierno federal para su fondeo.

De ahí la importancia de evaluar la aplicación de medidas complementarias que aseguren el objetivo de garantizar el derecho al trabajo, no sólo de este sector de la población vulnerable, sino de todos los mexicanos. Será importante dar seguimiento a este tipo de programas para evaluar la necesidad –o no– de mantenerlos, considerando las características de la población a la que están destinados.

En materia educativa se han implementado diversas acciones y programas para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes. Entre ellas existen algunas que no representan un impacto presupuestario, como la reforma constitucional en materia educativa, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y que se encuentra en proceso de aprobación por las legislaturas estatales.

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se estableció una serie de programas, cuyo objetivo es hacer válido el derecho a la educación a través de becas en efectivo otorgadas a los estudiantes y/o a sus tutores. Por señalar algunas, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez otorga un apoyo de $1,600 pesos bimestrales a las familias con niños y jóvenes menores de 18 años en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde educación inicial y básica, hasta educación media superior y educación superior.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga una beca bimestral de $4,800 pesos a jóvenes menores de 29 años inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, y que vivan en un hogar en situación de pobreza.

En marzo de 2019, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron actividades con 100 planteles en 31 entidades. Dichas universidades tienen una oferta educativa de hasta 32 mil alumnos, los cuales recibirán una beca de $2,400 pesos mensuales. La creación de nuevas universidades ayuda a garantizar el acceso a la educación superior y, en consecuencia, al ejercicio de este derecho fundamental.

No obstante, se deberá analizar si en la práctica, la creación de nuevas universidades maximiza los recursos del Estado, pues en algunos casos fortalecer las capacidades existentes de las universidades estatales y federales permitiría ahorros en infraestructura y servicios administrativos, además de que se aprovecharía la experiencia de los recursos humanos existentes, en aras de beneficiar la calidad de la educación proporcionada. Cabe señalar que el presupuesto aprobado en el PEF 2019 para las principales universidades públicas fue equivalente, en números reales, al presupuesto del año anterior, esto es, sólo fue incrementado por la inflación. Sería interesante conocer si la decisión de no incrementar los recursos presupuestados atiende a la creación de nuevas universidades.

Ahora bien, es importante cuestionarnos si el sistema de becas propuesto garantiza el acceso al derecho a la educación, y si éstas mejoran la calidad de la misma. Mucho se ha discutido en redes sociales si el dinero entregado a los estudiantes es destinado a fines relacionados con la educación; sin embargo, la pregunta principal debería ser si dichas becas garantizan el derecho fundamental en comento, o si por lo menos tienden a su cumplimiento.

Si la respuesta es negativa, se tendrá que evaluar si los recursos destinados al pago en efectivo de becas educativas, pueden destinarse al acondicionamiento de las escuelas, la adquisición de material didáctico o a la capacitación de los maestros. Todas estas opciones con el objeto de asegurar que la educación sea de excelencia. Si bien la entrega de becas o apoyos en efectivo es un mecanismo útil para encaminar al cumplimiento de derechos fundamentales, se deberá de complementar esta medida con programas y acciones diversas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos tutelados.

Asimismo, se deberá contar con indicadores que permitan verificar el impacto de las medidas tomadas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para maximizar el beneficio de los programas y el ejercicio de los derechos humanos.

Como se pudo observar en el presente artículo, el Estado, al velar por el ejercicio de los derechos fundamentales, tiene que considerar una serie de medidas complejas, las cuales cuentan con diversas aristas. En la mayoría de los casos, tratar de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución únicamente mediante el otorgamiento de dinero en efectivo, resulta tan ocioso como tratar de tapar el sol con un dedo.

Por ello, la pregunta que debemos hacernos en estos momentos es qué otras medidas o acciones, además de los apoyos en efectivo, se pueden llevar a cabo para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales.

* Doctora en Derecho.
1 Óscar Armando González Vega (2018), “Derechos humanos y derechos fundamentales”, en Hechos y Derechos [S.l.], junio, disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12556/14135>, consultado el 12 de mayo de 2019.
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