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lunes 23 de septiembre de 2019

Leyes para la niñez

Josefina Vázquez Mota*

 

Sólo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos
a nuestros hijos: uno, raíces y el otro, alas

William Hodding Carter

Próximos a la conmemoración de los treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito por el Estado mexicano en 1990, vale la pena dar un recorrido al camino que, como país, hemos trazado en los derechos de niños y adolescentes, reconociendo aquello en lo que hemos avanzado y darnos a la labor de poner sobre la mesa lo mucho que aún falta por hacer.

Un momento histórico para este sector en México fue la reforma constitucional al artículo cuarto en 2011, donde se reconoció el interés superior de la niñez, convirtiendo a los menores en titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo y participación, entre otros.

Lo cual dio lugar a que el 4 de diciembre de 2014 se promulgara la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ésta ha sido, sin lugar a dudas, un paso determinante de la sociedad civil y el Poder Legislativo para consolidar un marco jurídico adecuado a la niñez, atendiendo al retraso de 25 años en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.

Todo ello nos convoca a continuar trabajando para preservar un marco jurídico centrado en el pleno respeto de los derechos humanos, sin dejar de lado que el resultado fue una ley sin comparación, innovadora en su enfoque para garantizar los derechos y la gobernanza democrática de alto nivel, pues manda articular y coordinar a todas las personas, a la administración pública en sus tres órdenes de gobierno y a los tres poderes del supremo poder de la Unión. La misma ley que creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya obligación es hacer cumplir la ley en la materia y vigilar el ejercicio legislativo del Congreso de la Unión.

Sin embargo, es necesario mejorar los mecanismos para regular la acción de los diversos sectores que pueden, en última instancia, afectar o beneficiar a los niños del país en términos de salud, violencia, calidad educativa, acceso al agua y al saneamiento, contenidos de los medios de comunicación, adopción y primera infancia, entre otras más.

Desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República, la cual tengo el grato honor y la enorme responsabilidad de presidir, buscamos establecer diálogo permanente, colaboración y trabajo en conjunto con organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales, así como con expertos en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Tenemos la tarea de proteger y promover sus derechos, haciendo valer en todo momento el interés superior de los niños y materializar los principios rectores consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Entre los mayores aciertos en el primer año de legislatura destaca la prohibición del matrimonio infantil. Si bien la reforma constitucional de 2011 fue un primer reconocimiento de los derechos humanos de niños y adolescentes, esta obligación no se estaba cumpliendo en la realidad, puesto que las estadísticas arrojaban que México era el octavo país en el mundo con mayor número de tales prácticas, sólo por debajo de India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopía, Pakistán e Indonesia. Una de cada cinco mujeres contraía matrimonio antes de cumplir dieciocho años de edad.

De igual manera, se aprobaron distintas iniciativas de legislaturas pasadas, así como de la actual, que tuvieron por objeto adicionarlas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre las que destaca dotar de atribuciones a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para coadyuvar con mecanismos de protección en los derechos de niños y adolescentes migrantes, pues muchos de los menores no acompañados se encuentran en un entorno vulnerable, con necesidad de normativas y políticas públicas que resguarden en todo momento su dignidad, además de que garanticen su desarrollo integral.

Por otra parte, se incorporó el derecho a la paz en la Ley General, donde los menores son titulares. Éste no sólo se debe entender conforme a la teoría jurídica de los derechos humanos en casos de ausencia de guerras y conflictos, sino que permite, en su ámbito individual y comunitario, que vivan en una sociedad donde se garanticen los factores más aptos para su desarrollo, bienestar y el cumplimiento de sus derechos. Con lo cual organizamos el primer foro especializado para adolescentes “Los Instrumentos Internacionales para la Paz y Promoción de los Derechos de los Adolescentes y Jóvenes en México”, con el apoyo de la organización Fuerza Ciudadana A.C., para comunicarles la importancia de construir la paz y ver de qué manera se incorpora en su vida cotidiana, sobre todo en situaciones que impliquen la promoción y garantía de sus derechos.

Asimismo, se declaró al Día Nacional del Balance Trabajo-Familia para conmemorarse el 1 de junio de cada año, lo cual es una acción afirmativa que tiene por objeto concientizar al sector público, privado y a las familias respecto de la importancia en la atención, el cuidado y la educación de los niños, así como la imperante necesidad de conciliar la vida familiar y laboral de muchas de las familias mexicanas.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de ambas cámaras, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  (sipinna) y la unicef México, organizamos el taller “Enfoque de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el objetivo de conocer la manera en que se garantiza y trabaja a favor de los derechos de la infancia mexicana, desde el gobierno y la sociedad civil.

En noviembre del año pasado se emprendió el primer foro “Embajadoras y Embajadores Adopción México”, donde recibimos a distintos representantes de las entidades federativas en el Senado de la República para dialogar sobre adopción, con la finalidad de homologar el sistema jurídico en esta materia. En seguimiento a lo anterior, en abril de este año se llevó a cabo el “Foro Nacional de Adopción y Acogimiento Familiar 2019”, allí escuchamos testimonios y la problemática sobre la adopción y acogimiento familiar en México.

Desde la Comisión hemos tenido apertura para dialogar y tratar conjuntamente en mesas de trabajo con distintos temas que afectan a niñas, niños y adolescentes mexicanos, como el diálogo en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de diciembre), con miras a conocer propuestas que se puedan incluir en la agenda legislativa, o el tema del Trastorno del Espectro Autista, ya que se calcula que uno de cada 115 niños enfrenta esta condición en México.

Durante el periodo ordinario (septiembre a diciembre de 2019), que da inicio al segundo año de la lxiv Legislatura, el trabajo que se buscará impulsar desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia será combatir de manera directa y frontal la violencia sexual infantil.

Las niñas, niños y adolescentes en México son víctimas, en muchos casos, de una sociedad en la que no tienen manera de expresar lo que están sufriendo o bien porque no entienden las situaciones a su alrededor, expuestos a diferentes tipos de violencia, ya sea dentro de su hogar o de su comunidad.

La violencia sexual infantil en México y en el mundo es algo que existe y subsiste en la oscuridad, tema que en nuestro país no se ha atendido. La asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C., apunta que 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de algún tipo de violencia sexual y sólo se denuncia uno de cada diez casos, por lo que nada más 1.5% de ellos llega a una instancia judicial. Esto genera un clima de impunidad para el agresor ante la falta de denuncia y penalización, e incrementa los riesgos para la niñez y adolescencia de México.

Por su parte, unicef ha reportado que el mayor obstáculo para medir la violencia sexual infantil es la cifra oculta, pues entre 30 y 80% de las víctimas no admiten haber pasado por una situación de esta naturaleza sino hasta la edad adulta, sin tomar en cuenta los casos en los que se generan graves consecuencias, desde inseguridad y resentimiento hasta el suicidio de la víctima.

Es alarmante el déficit de datos, comunicación y capacitación alrededor de la violencia sexual infantil, es por esto que buscaremos la manera de crear mecanismos que den mayor apertura al tema, así como plantear propuestas de políticas públicas eficientes.

El fortalecimiento de la agenda de la niñez en el Estado mexicano es prioritario, en especial del sector más vulnerable, como aquellos movilizados por migraciones, quienes viven explotación sexual y laboral, así como las peores formas de violencia, en específico, la violencia sexual infantil.

* Senadora por el PAN, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
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