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jueves 21 de marzo de 2019

Lenín en Ecuador

Gibbran Montero y Mauricio Polin*

Si bien apenas estamos en el primer trimestre del año, Ecuador será el tercer país en realizar elecciones (seccionales) en América Latina.

Bolivia fue el primero en tener cita con las urnas este año; el 27 de enero se celebraron elecciones primarias para elegir a los candidatos a presidente y vicepresidente que contenderán en las elecciones del próximo octubre. El segundo país fue El Salvador, que el 3 de febrero eligió, en primera vuelta, a su nuevo presidente.

Las elecciones intermedias de Ecuador adquieren relevancia porque serán el termómetro que dé los primeros indicios de lo que podría esperar el presidente Lenín Moreno, tanto en los próximos años de su mandato como en las presidenciales de 2021. Los ciudadanos saldrán a las urnas y manifestarán, mediante su voto, su apoyo o rechazo a los primeros años de gobierno de Moreno. Así, estos comicios podrían tener impacto en la (re)definición de la agenda política, económica y social del país.

El contexto nacional e internacional que enmarca el proceso electoral no es nada sencillo. Dentro de Ecuador, el descontento social es cada vez mayor y la situación económica se torna cada vez más compleja. A su vez, América Latina se ha visto dividida en torno a la crisis de Venezuela, a lo que se suman otros retos generalizados en toda la región.

Rumbo a la jornada

Los comicios se celebrarán el domingo 24 de marzo; ese día se elegirá a más de 11 mil autoridades (titulares y suplentes) a lo largo de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Los cargos en disputa son 23 prefectos provinciales, 23 viceprefectos provinciales, 221 alcaldes municipales, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4,094 vocales de juntas parroquiales rurales y –por primera vez mediante votación popular– los siete consejeros principales y siete consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).1 El periodo que cubrirán estas autoridades comienza el 14 de mayo de 2019 y durará solo cuatro años (2023), a diferencia de las dos veces anteriores, en que habían sido elegidas por cinco años.

Es importante mencionar que en esta elección se implementarán algunos ajustes relativos a la reelección que fueron aprobados en años recientes tanto en la Constitución como en la ley electoral. Por ejemplo, aquellas autoridades que fueron elegidas en dos ocasiones para el mismo cargo no podrán reelegirse nuevamente; asimismo, la reelección indefinida fue eliminada en 2018.

La autoridad encargada de organizar las elecciones en Ecuador es el Consejo Nacional Electoral (CNE); se renovaron los cinco miembros de su Consejo General en noviembre del año pasado, es decir, estos serán los primeros comicios que organicen los nuevos titulares. Al igual que México, Ecuador cuenta con un ente encargado de resolver las controversias e impugnaciones electorales, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Para esta ocasión, en el padrón electoral están registrados 13.3 millones de ciudadanas y ciudadanos (1.6 millones más que en 2014), quienes podrán emitir su voto en más de 40 mil casillas. Las provincias con el mayor número de electores son Guayas (3.2 millones), Pichincha (2.3 millones) y Manabi (1.2 millones). Del universo de ciudadanos, 6.7 millones son mujeres (50.3 por ciento) y 6.6 son varones (49.7 por ciento); 11.9 millones se encuentran en el rango de edad entre 18 y 65 años, por lo que su voto es obligatorio.

Al respecto, tanto los ciudadanos que no emitan su voto como aquellos que no cumplan con la tarea de ser funcionario de casilla, se harán acreedores a una sanción económica de diez por ciento de un salario mínimo mensual, que en 2019 es de 394 dólares en Ecuador (es decir, la sanción equivale a 39.4 dólares, aproximadamente 800 pesos mexicanos).

La única forma de evitar la sanción es justificando ante el CNE alguna de las siguientes razones: accidente doméstico grave (ocurrido el día del sufragio), impedimento físico, ausencia del país, cambio de domicilio o mandato legal. Hay que señalar que el certificado de votación es necesario para que los ecuatorianos lleven a cabo cualquier trámite público.

En este sentido, cabe destacar que en Ecuador existe el voto facultativo para mayores de 16 y menores de 18 años, para mayores de 65 años, para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, para personas con discapacidad, personas analfabetas y extranjeros desde los 16 años que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hayan inscrito en el padrón electoral.

Respecto a los candidatos, se registraron más de 80 mil ecuatorianos para disputarse los cargos en estas elecciones seccionales, de los cuales 50.8 por ciento son varones y 49.1 por ciento, mujeres.

La campaña electoral tiene una duración de 45 días; comenzó el 5 de febrero y terminará el 21 de marzo. La ley electoral establece que 48 horas antes del día de los comicios y hasta las cinco de la tarde del día de la votación, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda electoral. En esta ocasión, el CNE contrató a una empresa para que se encargue del monitoreo de la campaña en medios de comunicación; asimismo, calificó a 597 medios (televisión, radio y prensa) para que funjan como proveedores de la promoción electoral durante estos comicios.

Tal como está establecido en la convocatoria oficial que hizo el CNE para estos comicios, el jueves 21 de marzo sufragarán las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Posteriormente, el viernes 22 de marzo, las personas mayores de 65 años y aquellos ciudadanos que tengan 75 por ciento de discapacidad grave o aguda y que lo hayan solicitado al CNE, podrán emitir el voto desde su casa. Esta será la segunda vez que se despliegue esta modalidad de voto “a domicilio” en el nivel nacional; antes se había hecho solo en algunas provincias, la primera vez, en 2005 (el año pasado votaron 753 personas de esta forma). Finalmente, la jornada de votación general se efectuará el 24 de marzo a partir de las siete de la mañana y hasta las cinco de la tarde en territorio ecuatoriano, y en las circunscripciones del exterior, de acuerdo con el huso horario respectivo.

Contexto actual en Ecuador

Estas elecciones se desarrollarán en un contexto nacional complicado. En lo económico, Ecuador terminó 2018 con una deuda externa mayor al 40 por ciento del PIB nacional, y en enero de este año se vio en la necesidad de emitir bonos soberanos por mil millones de dólares para cubrir apenas 12.5 por ciento de sus necesidades de financiamiento para 2019.

La determinación del mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, de emitir los bonos meses antes de las elecciones, prendió la alerta roja en los mercados e incrementó las especulaciones respecto al futuro económico del país para este y los siguientes años. Se espera que en las próximas semanas se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo, lo que, junto con otro préstamo por 900 millones de dólares que le hizo China a Ecuador en diciembre de 2018, ayudaría a solventar las finanzas públicas del país.

Estos datos contrastan con la percepción que tenían los ecuatorianos al inicio de 2018. El Informe de Latinobarómetro 2018 muestra que Ecuador era uno de los tres países más satisfechos con su economía (junto con Chile y Bolivia) y se tenía una expectativa positiva acerca del futuro económico del país. Sin embargo, quizá como resultado de las circunstancias internacionales y de las medidas tomadas por el presidente Moreno, el escenario esperanzador cambió en los meses recientes.

A las decisiones macroeconómicas tomadas por el gobierno de Moreno en los primeros días de 2019, se suman las políticas poco populares aplicadas en 2018, por ejemplo, el aumento de 0.37 dólares por galón de gasolina, así como la eliminación de 25 mil vacantes en el sector público. En el caso específico de los combustibles, la decisión provocó protestas y un fuerte rechazo entre los ecuatorianos.

Estas dos decisiones no son ajenas para los mexicanos. Por una parte, el 1º de enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó la determinación de liberar los precios de la gasolina, lo que se vio reflejado en un aumento de hasta 20 por ciento en su precio. La decisión fue rechazada por la mayoría de los mexicanos y se sumó a los escándalos de corrupción y a la crisis de seguridad que atravesaba el país. En las elecciones presidenciales de 2018, el partido de Peña Nieto (PRI) perdió la elección por más de 36 puntos porcentuales.

En el caso de la eliminación de plazas en el sector público, fue una de las primeras acciones del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Morena). Encuestas recientes muestran que esta decisión no ha tenido ninguna consecuencia en la aprobación del presidente; sin embargo, debemos tener en cuenta que López Obrador ganó la elección con 53 por ciento de la votación y que en sus primeros días de gobierno ha implementado otras políticas que han sido ampliamente apoyadas por los mexicanos.

De acuerdo con las encuestas de Ecuador, las políticas de Moreno han tenido amplio rechazo de la ciudadanía: según Latinobarómetro 2018, la aprobación del presidente pasó de 66 por ciento al inicio de su mandato en 2017, a 26 por ciento en 2018, es decir, perdió 40 puntos en tan solo unos meses (el promedio de aprobación en América Latina es 32 por ciento).

Aunado al descontento social y a la situación económica poco alentadora que vive Ecuador, el contexto internacional tampoco es nada favorable. El FMI estima que las economías de América Latina y el Caribe crecerán 1.7 por ciento en promedio y que recibirán menos flujos de capital como consecuencia del incremento en las tasas de interés en Estados Unidos y la depreciación de las monedas.

En específico para Ecuador, el pronóstico de la CEPAL es que su crecimiento será menor que el del resto de la región; se prevé que en 2019 crezca solo 0.9 por ciento.

Con base en análisis elaborados por la CEPAL, para enfrentar este complejo contexto internacional los gobiernos de la región deberán aplicar políticas públicas para reducir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, así como promover impuestos verdes. De igual forma, es urgente que enfoquen la inversión pública en proyectos sostenibles y en los cuales exista participación tanto pública como privada.

Retos

  1. En el ámbito institucional, hay que mencionar el reto que tienen los nuevos integrantes del Consejo General del CNE en torno a la credibilidad y legitimidad que poseen. Estas elecciones serán su carta de presentación con la ciudadanía ecuatoriana, en un marco donde únicamente 25 por ciento de los ecuatorianos confía en la autoridad electoral, de acuerdo con Latinobarómetro 2018.
  2. Por otro lado, se espera una alta participación electoral, porque se trata de un país donde, como ya mencionamos, el voto es obligatorio. La participación electoral en 2009 fue de 75.3 por ciento y en 2014, de 82.6. Esto impone grandes desafíos, sobre todo en materia de logística y organización electoral, la impresión de más de 81 millones de papeletas y más de 22 millones de documentos electorales, la capacitación de funcionarios de casilla, la instalación y el funcionamiento de casillas, el conteo de votos, la transmisión de resultados, entre otros.
  3. El desencanto de los ciudadanos con su mandatario vino acompañado de una importante disminución en el apoyo de los ecuatorianos a la democracia con respecto a 2017, que pasó de 69 a 50 por ciento (el promedio en América Latina es 48). Además, 51 por ciento de los encuestados considera que Ecuador es una democracia con grandes problemas (Latinobarómetro 2018). Esto sin duda es un foco rojo para la forma en que se han conducido los procesos y la toma de decisiones en este país sudamericano.
  4. Por último, un hecho que ha causado controversia en las semanas recientes es la decisión que tomó el CNE de no invitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a participar como observador internacional, la cual se especula que fue tomada por considerar que la Misión de Observación Electoral de la OEA enviada a la consulta popular de febrero de 2018, violó el reglamento del órgano electoral ecuatoriano. A finales de enero de este año, la OEA negó haber incurrido en alguna falta, ante lo cual la presidenta del CNE, Diana Atamaint, declaró que el organismo no fue invitado debido a un cambio en el reglamento con respecto a la observación electoral en el país. Finalmente, la elección contará con la presencia de otros observadores internacionales, como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), entre otros.
* Consultor internacional y consultor en el área de Gobierno de Integralia Consultores, respectivamente.
1 Con la nueva Constitución Política de 2008, se creó este Consejo, el cual había sido transitorio, pero ahora será permanente. Sus funciones son la promoción de la participación, control social, rendición de cuentas, fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción y, especialmente, la selección y designación de autoridades a través de procesos inclusivos y transparentes. Para mayor información, véase: http://www.cpccs.gob.ec
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