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domingo 16 de junio de 2019

Las dos Venezuelas

Pippa Norris* y Miguel Ángel Lara Otaola**

El contexto: dos presidentes y un puesto

El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro obtuvo la reelección para un segundo mandato como presidente de Venezuela. Con un 67.7% de los votos en las elecciones de mayo de 2018, Maduro calificó el proceso electoral de “impecable” y aseguró que su triunfo en las urnas había sido “legítimo y legal”, a pesar de las irregularidades detectadas por los observadores electorales internacionales. Para él, la democracia había triunfado una vez más.

De forma paralela, la ausencia de un ambiente competitivo, la manipulación de datos de participación y la falta de garantías para otros candidatos durante el proceso electoral provocó que la oposición rechazara los resultados de la elección. Otros actores compartieron esta opinión, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó la elección de mayo de “el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica”.

El 23 de enero de 2019, sólo dos semanas después de la ceremonia de juramento de Maduro, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó presidente interino y convocó a nuevas elecciones “para restablecer la democracia”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Guaidó, y no a Maduro, como presidente de Venezuela. De manera similar, la mayoría de los países de la región, incluidos Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica y Perú, calificaron a Maduro de dictador y apoyaron a Guaidó. Un segundo grupo de países (Bolivia, China, Cuba, Rusia y Turquía) reconoció a Maduro como presidente y argumentó que el derecho de Venezuela a la libre determinación estaba bajo ataque. Maduro llamó a esto un “regreso al siglo XX de intervenciones gringas y golpes de Estado”.

Como resultado de lo anterior, el pasado 30 de abril Juan Guaidó puso en marcha la fase final de la “Operación Libertad” con la liberación de Leopoldo López, dirigente opositor emblemático que permanecía en arresto domiciliario desde julio 2017. Acto seguido, con el apoyo de un grupo de militares que abandonaron las filas del oficialismo, Guaidó hizo un llamado a los venezolanos para convocar “elecciones libres, un gobierno de transición y acabar con la usurpación del poder” por parte de Nicolás Maduro.

Tanto la liberación de Leopoldo López como las manifestaciones masivas en contra de Maduro y la aparición en escena de Juan Guaidó como jefe del Legislativo y presidente interino –reconocido por más de 50 países–, se suman a la lista de factores que revelan profundas fisuras en el gobierno de Maduro. No obstante, sin el completo respaldo de la cúpula militar venezolana, sigue siendo poco probable que las operaciones de la oposición logren resquebrajar el régimen chavista.

Un país y dos presidentes: uno ganador de la controversial elección presidencial de 2018, el otro elegido formalmente como presidente de la Asamblea Nacional. El primero habla de una gran conspiración internacional para socavar su autoridad, el segundo pide la celebración de nuevas elecciones para determinar al legítimo representante de la voluntad popular venezolana. Ambos pretenden defender la voluntad del pueblo y se autodenominan paladines de la democracia. Los dos no pueden tener la razón al mismo tiempo. La historia nos demuestra que en nombre de la democracia se han cometido muchas atrocidades. Después de todo, Corea del Norte es una “República Popular Democrática” y a Alemania del Este durante la Guerra Fría se le conocía oficialmente como República Democrática Alemana. En la práctica, ambos regímenes estaban muy lejos de este ideal.

Entonces, ¿quién tiene la razón?, ¿cuál de los reclamos por la autoridad máxima en Venezuela debe considerarse legítimo? En el fondo, mucho tiene que ver con la forma en que se realizaron las elecciones presidenciales de 2018. Cabe preguntarse: ¿fueron éstas legítimas?;  ¿los votantes ejercieron su derecho democrático de manera libre y justa? Para encontrar la respuesta a estas interrogantes se deben estudiar dos elementos: 1) el contexto en el cual se organizó la votación y 2) la integridad de la votación misma. Para responder a lo anterior, rescatamos nuestra propia investigación sobre integridad electoral en América Latina, así como los principales índices sobre la calidad de la democracia y las elecciones desarrollados por IDEA Internacional (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) y el Proyecto de Integridad Electoral de las universidades de Harvard y Sídney. En este sentido, sólo la evidencia empírica y robusta puede proporcionar una respuesta satisfactoria.

Midiendo libertad y equidad

Primero, el contexto. Toda acción política –incluyendo elecciones democráticas o no– responde y es al mismo tiempo producto de coyunturas políticas, sociales y económicas, por lo que ésta debe ser analizada a la luz del contexto configurado por tales particularidades. Sobre este punto, los índices del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional (GSoD, por sus siglas en inglés) no sólo evalúan si un país celebra elecciones “libres y justas,” sino también analizan otros aspectos clave, como la medida en que el acceso a puestos de poder es competitivo, la existencia de una administración imparcial, así como el respeto a ciertos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el grado en que las cortes, parlamento y medios de comunicación ejercen contrapesos al gobierno en turno. Los índices utilizan una escala de 0.0 a 1.0 para ilustrar el cumplimiento de cada una de estas dimensiones.

En el caso de Venezuela, se observa un descenso constante en todos los indicadores desde 1998, año en que Hugo Chávez fue electo como presidente por vez primera. Desde aquella elección, hasta la última actualización de los índices realizada en 2017, las dimensiones del gobierno representativo, la administración imparcial y los controles al gobierno han disminuido significativamente.

Lo anterior se ha traducido en una creciente centralización del poder en el Ejecutivo, flagrantes ataques legales (y físicos) contra la oposición, un control orwelliano de los medios de comunicación por parte del aparato estatal y la invasión de facultades y colonización de instituciones clave, como el Poder Judicial y el Congreso. La incesante ofensiva contra la Asamblea Nacional y la colocación de incondicionales y partidarios del chavismo en los tribunales son algunos ejemplos del deterioro de la democracia en Venezuela.

Para demostrar lo antes dicho, la Figura 1 ilustra la disminución en la dimensión del gobierno representativo (que considera aspectos como tener un gobierno electo, elecciones competitivas y partidos políticos libres), que pasa de 0.71 en 1998 a 0.33 en 2017. Expresado de otra forma, mientras que América Latina caminaba lentamente pero con seguridad hacia la democracia, Venezuela se dirigía hacia la dirección opuesta.

De mal en peor: el índice de Percepción de Integridad Electoral

Con el retroceso democrático observado, resulta difícil hablar de elecciones libres, inclusivas y competitivas. No obstante, para profundizar en este punto, utilizamos el índice creado por el Proyecto de Integridad Electoral (EIP, por sus siglas en inglés) de las universidades de Harvard y Sídney. El índice de Percepción de Integridad Electoral (PEI, por sus siglas en inglés), creado a través de una encuesta realizada en 153 países –entre ellos Venezuela– aprovecha el conocimiento especializado de expertos y registra sus percepciones sobre la calidad de cada una de las 11 subdimensiones del ciclo electoral (incluidas las leyes electorales, la distritación electoral, el registro de votantes, los medios de comunicación, el recuento de votos y las autoridades electorales, entre otras). Desde 2012, 5 534 expertos han brindado información acerca de 312 elecciones realizadas en 166 países alrededor del mundo. El puntaje general de PEI varía de 0 a 100 puntos.

Como hemos postulado en otras investigaciones, el índice PEI de Venezuela ha disminuido de manera significativa, pasando de un puntaje de 54 puntos para las elecciones de 2012, a 39 puntos para las de 2013 y a 27 puntos después del proceso electoral de 2018, donde Maduro resultó reelegido. Como resultado de lo anterior, la última versión del índice PEI (Versión 6.5 de 2018) coloca a Venezuela en el extremo más bajo de la escala de integridad electoral. Los competidores más cercanos de Venezuela son Irak (32 puntos), Malasia (33 puntos) y Yibuti (34 puntos).

Además del puntaje general, las subdimensiones analizadas por el PEI también muestran un deterioro significativo durante las elecciones de 2018. La categoría “Leyes electorales” tiene una calificación de tan sólo 12 puntos, mostrando un claro sesgo a favor del partido gobernante y en contra de los partidos de oposición. Igualmente, la categoría “Autoridades electorales” obtuvo 19 puntos de 100, haciendo evidente la imposibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar de manera imparcial. En el mismo sentido, el atributo de “Procedimientos electorales”, entendido como la columna vertebral de una elección libre, obtuvo solamente 16 puntos. Como lo demuestra la Figura 2, la lista continúa: el resto de los indicadores son igualmente bajos y Venezuela tiene un desempeño muy inferior al promedio regional en todos ellos.

El caso (mucho) más fuerte a favor de Guaidó: la vuelta de la democracia

En suma, las elecciones venezolanas realizadas en mayo de 2018 no cumplieron con los mínimos estándares internacionales para realizar elecciones libres, inclusivas y competitivas. Los niveles de integridad electoral no sólo fueron extremadamente bajos comparados con el resto de la región (y el mundo), sino que su legitimidad se vio seriamente afectada por la creación de barreras a la entrada y la neutralización de candidaturas de la oposición, tal como la de Henrique Capriles y Leopoldo López.

Además, acontecimientos clave como la disolución de la Asamblea Nacional en 2017 y la represión de civiles por parte de las fuerzas armadas y grupos paraestatales dejan una cosa en claro: es Guaidó –un líder que hace un llamado a elecciones libres y justas con supervisión internacional–, y no Maduro –un dictador que simula una fachada democrática–, quien debe ser considerado y reconocido como el presidente legítimo de Venezuela. La evidencia empírica no deja lugar a incertidumbre.

Ahora bien, ¿puede esperarse un desenlace democrático a la crisis venezolana? La respuesta es sí, pero no es cuestión de horas. La oposición liderada por Guaidó y López mantiene su capacidad de movilización y la esperanza, pero además cuenta con el visto bueno por parte de la comunidad internacional y el respaldo de las y los venezolanos; la oposición al régimen represor de Maduro necesita del apoyo de la Fuerza Armada Nacional (FAN), cuya participación será clave para destrabar el conflicto y recuperar espacios ahora controlados por Maduro y sus secuaces.

Venezuela merece un gobierno y un líder que, cuando menos, respete los derechos humanos y acepte la celebración de elecciones libres. Guaidó es ese líder. No solamente la historia sino la abundante evidencia empírica mostrada en este artículo lo respaldan. Hacemos votos por que la presión internacional y la resistencia civil continúen, y  por que la balanza interna se incline a favor  del compromiso con la democracia.

* Directora del Proyecto de Integridad Electoral de las universidades de Sídney y Harvard. Profesora de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.
** Jefe de la Oficina para México y Centroamérica de IDEA Internacional. Maestro y doctor en Ciencia Política por la London School of Economics y la Universidad de Sussex, respectivamente.
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