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viernes 18 de octubre de 2019

¿Laicidad en jaque?

Pauline Capdeville*

Considerado como decimonónico, superado y obsoleto en los últimos años, el tema de la laicidad es objeto de un interés renovado en México. No es una casualidad: la historia muestra que se (re)activa en los contextos de reacomodo de fuerzas entre el poder civil y el religioso, es decir, cuando se rompen los equilibrios que tan arduamente se habían alcanzado y surgen nuevas coyunturas.

Nos encontramos en un contexto político y social con un alto grado de incertidumbre, caracterizado por la llegada al poder de una fuerza política que nunca había gobernado, cuyos vínculos con grupos religiosos se hicieron patentes desde la campaña electoral de 2018. Aún recordamos las múltiples referencias bíblicas que saturaron la investidura de Andrés Manuel López Obrador como candidato del Partido Encuentro Social, identificado en esta ocasión como el nuevo “Caleb a punto de conquistar el Monte Hebrón”;1 o los tintes religiosos de la ceremonia de investidura del presidente en el Zócalo, tildada por algunos observadores de “rito de purificación”.2

No obstante, el proceso de erosión de nuestra convivencia laica no nació con este nuevo periodo presidencial, sino que empezó por lo menos desde hace veinte años. La alternancia política en México se inauguró bajo el manto de la Virgen de Guadalupe y el presidente Fox quien, rompiendo con la cultura política laica que había prevalecido en el país, expresó abiertamente sus creencias católicas durante su sexenio, tomando posesión con crucifijo en mano,3 o bien besando el anillo del sumo pontífice durante la visita de Juan Pablo II en julio de 2002.4 A partir de ahí se operó una ruptura con el régimen de laicidad que había prevalecido en eras priistas y empezaron a normalizarse actos que hubieran sido objeto de repudio entre la clase política dominante. Los sucesores del primer presidente panista tampoco fueron ejemplares en materia de respeto al Estado laico. Se hicieron alianzas pragmáticas con diversos grupos religiosos y afines, las cuales permitieron –al final– un reposicionamiento del ámbito religioso en la esfera pública. Pero es verdaderamente a nivel local donde lo religioso regresó con inusitada fuerza. A partir de 2013 se multiplicaron las ceremonias de culto público en las cuales los mandatarios públicos entregaban sus municipios o entidades federativas a divinidades, en concreto, a la Virgen de Guadalupe o a Jesucristo.5 Hoy día, las constantes alusiones religiosas son parte de nuestra rutina política mañanera y dejaron, en gran medida, de generar indignación. Justo ahí reside el riesgo: la normalización de un discurso oficial que toma partido por una visión religiosa del mundo, creando de esta manera brechas cada vez más profundas dentro de la sociedad mexicana.

Pero vayamos a lo básico. ¿Qué entendemos por laicidad? Una manera muy didáctica de acercarnos al tema es retomar la propuesta formulada en la Declaración Universal sobre la Laicidad en el siglo xxi, documento redactado por académicos provenientes de diferentes tradiciones políticas, sociales y jurídicas, que buscaron presentar un concepto a la vez general y útil sobre lo que se entiende por Estado laico.6 De acuerdo con dicho texto, la laicidad se basa en: 1) el reconocimiento de la libertad de conciencia y religión; 2) la igualdad y no discriminación de las personas con base en sus convicciones fundamentales, y 3) la autonomía efectiva entre el Estado y los grupos religiosos, filosóficos o éticos particulares. Más allá de estos elementos, resulta imprescindible pensar la laicidad como un modelo de convivencia político, jurídico y social; como un horizonte a alcanzar, basado en un respeto genuino a las diferentes convicciones esenciales y planes de vida de todas las personas, los cuales se encuentran garantizados por una normatividad incluyente e, incluso, hospitalaria de todas las diferencias, en especial, de los grupos que han sido victimas de discriminación y marginación a lo largo de la historia. De esta manera, la laicidad se concibe como un proyecto institucional antidogmático, es decir, que rechaza la imposición de verdades absolutas, ya sea por parte del propio Estado como de los grupos religiosos, para asegurar a todos los individuos una amplia esfera de soberanía y con ella decidir libremente sobre sus creencias, valores y convicciones que han de guiar su vida. Su objetivo, asimismo, es constituir un dique ante los impulsos dogmáticos de ciertos grupos o entidades que pretenden imponer concepciones cerradas y totales en torno al bien y al mal.

Es cierto que este modelo contemporáneo de laicidad, que va de la mano con una concepción robusta de los derechos humanos, no ha prevalecido siempre. En diferentes latitudes –sobre todo en países que se caracterizaron por la presencia de una iglesia hegemónica– los procesos de separación Estado-Iglesia se tiñeron de jacobinismo, entendido como la imposición intransigente y exaltada del laicismo, el cual rayaba en no muy pocas ocasiones en una actitud hostil del Estado hacia el fenómeno religioso. La Constitución de 1917, en su versión original, constituye un buen ejemplo de esta manera de entender la laicidad, al prohibir el culto fuera de las iglesias, eliminar los votos religiosos, imponer la educación laica en las escuelas privadas, limitar el número de sacerdotes en las entidades federativas o, sencillamente, no reconocer la existencia jurídica de las iglesias. Esta laicidad de combate fue superada en definitiva con las reformas modernizadoras de 1992 y debe pensarse, siguiendo a Roberto Blancarte, como parte de un proceso más amplio para lograr una separación cabal entre el Estado y la Iglesia católica en México, además de permitir así el arraigo de las “libertades laicas”; es decir, de los derechos y libertades que surgen al contener la religión y desplegar las diferentes facetas de la vida de las personas.7

Ahora bien, ¿cuáles son, en la actualidad, las características de nuestro régimen laico? En primer lugar es importante mencionar que el Estado laico se plasma de manera explícita en el artículo 40 de la Constitución, donde señala, a partir de la reforma del 30 de noviembre de 2012, que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal (…)”. Lo anterior merece subrayarse, al articular la laicidad como uno de los atributos esenciales de nuestro pacto de convivencia. Sobre esta base, algunos de los elementos que caracterizan nuestra laicidad son los siguientes: 1) Educación laica en las escuelas públicas y libertad educativa en las instituciones particulares; 2) Protección de la libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión, y reconocimiento de la igualdad y no discriminación; 3) Principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, lo que implica que éste sea aconfesional, así como la prohibición para el Congreso de la Unión de favorecer o discriminar religión alguna; 4) Restricciones al estatus de ministro del culto, en particular, prohibición para ser votados y ser titulares de cargos públicos con el fin de realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato o partido político y para oponerse a las leyes e instituciones del país en actos públicos del culto; 5) Prohibición de utilizar recursos religiosos en los comicios electorales y de formar partidos políticos cuyo nombre alude a una confesión religiosa; 6) Reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias en los términos previstos por la ley, y 7) Prohibición a los servidores públicos de participar en actos públicos del culto en su carácter oficial, entre otros.

En los últimos meses, esta normatividad se ha cuestionado con fuerza por parte de diferentes grupos religiosos. Ciertamente, no se trata de un fenómeno nuevo: la Iglesia católica siempre se ha mostrado crítica respecto al régimen de laicidad mexicano, buscando temperar su rigor, en especial, en materia de estatus del ministro de culto y encontrar nuevos espacios de colaboración en el campo educativo y sanitario. La novedad, más bien, reside en la politización de las fuerzas evangélicas, las cuales, en pocos años, han pasado de centrase en cuestiones puramente espirituales a participar de forma activa en la política nacional, mediante la creación de partidos políticos, bancadas y organizaciones sociales.8 Unas de las primeras ofensivas fue plantear la posibilidad, para las asociaciones religiosas, de ser propietarios o concesionarios de telecomunicaciones, algo explícitamente vetado por La ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Hace unas pocas semanas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó, de manera formal, a La Visión de Dios, A.C, el título de concesión para explotar en Mérida una frecuencia de radio (fm).9 Más allá del otorgamiento puntual de radiofrecuencias, el objetivo es, de acuerdo con Arturo Farela, líder de Cofraternice (una federación de iglesias evangélicas) “dar a todas las iglesias y asociaciones religiosas concesiones o permisiones de radio y televisión (…) Ya es tiempo de que se reforme la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que todas las iglesias podamos tener concesiones y permisiones de todos los medios de comunicación”.

Otro embate en contra de la legislación laica ha sido la propuesta de modificar el artículo 130 de la Constitución para permitir a los ministros de culto ser votados y titulares de cargos públicos pues, de acuerdo con el líder de Confraternice, las restricciones en la materia les hace “ciudadanos de segunda” por no tener derechos políticos plenos.

¿Qué pensar de dichas demandas? ¿Se ha vuelto anacrónico nuestro marco jurídico? Muchos intelectuales, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil se muestran preocupados por una vulneración solapada de nuestro régimen de laicidad, que pasa por un vaciamiento progresivo de sus contenidos. Asimismo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado el carácter social y de interés general de los medios de comunicación, incompatible con una emisora de índole religiosa que es, por definición, doctrinaria.10

Respecto a la posibilidad de modificar la legislación para permitir a los ministros de culto ser votados y ocupar cargos públicos, Diego Valadés notó que, si bien se puede justificar dicha posibilidad a partir del discurso de los derechos humanos, acceder a esta demanda constituiría un grave error desde el punto de vista de la responsabilidad política, en una coyuntura marcada por un debilitamiento de la laicidad estatal. En definitiva, se pueden tener dudas legítimas sobre la capacidad de un ministro de culto y titular de un cargo público para someterse a la ley civil y representar a todos los ciudadanos, no sólo a los fieles de su religión particular.

Sin duda, lo más preocupante es que estos ataques a la laicidad no provienen únicamente de los grupos religiosos, sino, como hemos visto, de los propios dirigentes, que no dudan en utilizar la retórica religiosa para subsanar una legitimidad política gastada. Asimismo, la propuesta de redactar una “Constitución moral” revela un desencanto respecto a las promesas fallidas de la política y la tentación de buscar en lo sagrado nuevas bases para la convivencia. Pero no deja de ser cierto, como lo apuntaron con tino diferentes comentaristas, que dicho proyecto constituye una violación al espíritu laico que anima nuestro ordenamiento jurídico y una ruptura del orden republicano, basado en los valores éticos y políticos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las interrogaciones que plantea dicho proyecto son muchas; dos en particular nos llaman la atención: ¿qué tipo de alcance tendrá dicho documento? y ¿de qué moral estamos hablando? Ello no es un problema menor en un México cada día más plural y secularizado, como lo muestran las diferentes encuestas sobre creencias y prácticas religiosas.11

Por si fuese poco, la distribución de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes por parte de diferentes iglesias evangélicas ha contribuido a intensificar el malestar respecto a una confusión cada vez más importante de las esfera pública y religiosa. En un sentido similar, se puede analizar la adopción –muy discreta– de un nuevo reglamento interno en la Secretaría de Gobernación, que faculta a la Dirección de Asuntos de Religión para “coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones u organizaciones religiosas para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven en la consecución de las atribuciones en la materia”.

Nadie niega la urgencia en México de devolver al país las condiciones de paz social y de restaurar un tejido social profundamente dañado por la violencia y la inseguridad, la corrupción e impunidad. Sin embargo, resulta fundamental pensar estas problemáticas a la luz de los principios ético-políticos que contiene nuestra Constitución, en particular, la libertad e igualdad, la promoción de la democracia, el Estado de derecho y el “principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias”, como arreglo institucional básico orientado a la protección de las libertades. En este sentido, los embates a la laicidad que estamos viviendo no son acontecimientos anecdóticos y aislados, sino que son sintomáticos de una nueva atmósfera en el nivel más alto del poder, que privilegia una visión religiosa del mundo por encima de una secular; una visión maniquea, que escinde entre fieles e infieles, entre el pueblo sabio y devoto por un lado, y las élites intelectuales, laicas y secularizadas por el otro.

Esta polarización es, sin duda, un rasgo dominante de nuestra sociedad, que se hace estrepitoso en algunos temas sensibles, tal como el aborto, la contracepción de emergencia, eutanasia, familia, educación sexual, etcétera. Estas temáticas, remachadas ad nauseam por parte de los líderes de diferentes grupos religiosos –tradicionales o de nuevo cuño– les ha permitido incrementar su protagonismo en la esfera pública, mediante el tema de los valores morales y la disolución del orden social tradicional. Estos grupos conservadores han demostrado ser contrincantes serios, al haber logrado adaptarse a la modernidad y a los contextos democráticos de nuestras sociedades: más que pugnar por un reconocimiento institucional, han optado por participar plenamente en el juego democrático: lo hemos visto con la constitución de partidos políticos de inspiración religiosa o con el desarrollo de “bancadas”, pero también con la movilización de la sociedad civil como portadora de reivindicaciones. Esta estrategia fue utilizada con éxito para frenar el proyecto de reforma constitucional impulsada por el presidente Peña Nieto a fin de ampliar la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo.12 De cara a la presión social liderada por el Frente Nacional para la Familia y demás asociaciones autodenominadas profamilia, los diputados no se atrevieron a descontentar potenciales votantes.

Desde luego, estas posturas religiosas fundamentalistas perjudican en gran medida los esfuerzos que se realizan en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la comunidad que integra la diversidad sexual. De hecho, no es exagerado afirmar que los grupos religiosos constituyen el principal obstáculo de una legislación más progresista en la región. Ciertamente, existen conservadurismos seculares y laicismos conservadores, y religiosidades progresistas que buscan, con base en nuevas exégesis, proponer lecturas de los textos sagrados acordes con una mayor libertad sexual, reproductiva y de género. Sin embargo, las voces religiosas más estridentes están sin duda al servicio de un proyecto ultraconservador, para el cual los principios religiosos han de guiar el actuar político.

El riesgo para nuestras libertades no es meramente teórico. Antes asociado con su carnaval y estilo de vida relajado, así como a la solidez de sus instituciones democráticas, Brasil parece hundirse cada día más en un régimen de corte fascista-religioso, donde se censura la literatura gay, donde se pretende enseñar el creacionismo en las escuelas públicas y donde la ministra de la Mujer, una obispo evangélica, preconiza abrir una fábrica de ropa interior en una isla amazónica para luchar contra el flageo de las violaciones que padecen las niñas “por no usar bragas”.13 Definitivamente, política y religión no se llevan bien. Ante las tentaciones de la demagogia religiosa, nuestro marco jurídico laico, tal como es, constituye sin duda el último dique a una confesionalidad solapada de nuestra esfera política.

* Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1 “Con referencias biblícas, AMLO asume candidatura del PES”. En: Proceso, 20 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/523315/con-referencias-biblicas-amlo-asume-candidatura-del-pes
2 Carlos Martínez García, “La purificación de AMLO”. En: La Jornada, 5 de diciembre de 2005. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/12/05/opinion/026a1pol
3 “La oposición critica a Fox por llevar un crucifijo al jurar el cargo”. En: El País, 7 de diciembre de 2010. Disponible en: https://elpais.com/diario/2000/12/07/internacional/976143619_850215.html
4 “Controversia por beso de Fox al anillo papal”. En: Crónica.com.mx, 31 de julio de 2002. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2002/22684.html
5 Salazar Ugarte, Pedro (2013). “Los dilemas de la laicidad”. En: Para pensar y entender la laicidad. Colección de Cuadernos Jorge Carpizo. México: iij-unam. Disponible en: laicismo.org/data/docs/archivo_1132.pdf
6 Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2512/14.pdf
7 Sobre este tema: Blancarte, Roberto (2008). “Laicidad y laicismo en América Latina”. En: Estudios Sociológicos, vol. xxvi, núm. 76, enero-abril. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/598/59826106.pdf
8 De la Torre, Renée “Evangélicos: un nuevo protagonista en la política y un desafío para la laicidad”. En: Nexos, 9 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=39696
9https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/acecho-a-la-laicidad
10 Amedi (2019). “Las iglesias no deben tener concesiones de radio y televisión”, marzo. Disponible en: https://es.scribd.com/document/413658086/Las-iglesias-no-deben-tener-concesiones-de-Radio-y-Television
11 Al respecto, es interesante la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México, encreer/rifrem 2016. Disponible en: http://rifrem.mx/encreer/
12 “Diputados del PAN, PRI y Verde rechazan la iniciativa de Peña Nieto sobre matrimonio igualitario”. En: Animal Político, 9 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2016/11/diputados-matrimonio-igualitario/
13 “La ministra de la Mujer de Brasil afirma que las niñas pobres son violadas porque no llevan ropa interior”. En: La Vanguardia, 27 de julio de 2019. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190727/463721770700/ministra-mujer-brasil-afirma-ninas-pobres-violadas-ropa-interior.html
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