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Jueves 18 de octubre de 2018

La SS

José Luis Vázquez Alfaro*

La idea de contar con un órgano unificador de las funciones de seguridad pública en la administración federal tiene ya casi veinte años. Antes de la creación de la policía federal preventiva existían algunos agrupamientos dispersos con funciones especializadas de policía en el ámbito federal, la más notoria de ellas, la “federal de caminos”.

Un decreto publicado el 4 de enero de 1999 creó la Ley de la Policía Federal Preventiva, para unificar bajo un solo mando a las corporaciones antes adscritas a diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, así como diversas funciones relativas al sistema penitenciario y de orden administrativo, por ejemplo, el registro y control de las empresas de seguridad privada. El mismo decreto reformó el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para dar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad de “organizar y dirigir la Policía Federal Preventiva” (fracción XXXIV). Para atender ese mandato, en el ámbito de la Segob se formó el cargo de comisionado de la Policía Federal Preventiva. 

Fue en el sexenio del presidente Vicente Fox cuando se creó una dependencia –la Secretaría de Seguridad Pública federal, SSP– que concentraría no solamente los trabajos de prevención, sino también los de investigación policial y administración del sistema penitenciario. La reforma de 2000 a la LOAPF, que adicionó el artículo 30 bis (DOF 30 de noviembre), retiró a la Segob las funciones en la materia para llevarlas a la nueva Secretaría. 

En 2006, el presidente Felipe Calderón reestructuró la Secretaría. La reforma se centró en la reorganización de la SSP, a la que se dotó de un mayor presupuesto (que a lo largo del tiempo se duplicó). La Policía Federal Preventiva cambió su denominación a la de Policía Federal y fue concebida como institución dotada de un servicio civil de carrera (DOF 1º de junio de 2009).

Uno de las acciones más importantes y ambiciosas de ese periodo fue la introducción de tecnologías de la información, con la creación del proyecto Plataforma México, para facilitar la colecta y el intercambio de información con las policías locales y municipales. El funcionamiento de este sistema partió del uso de una robusta red de telecomunicaciones y la gestión y explotación de las bases de datos de distintos sistemas de información policial, criminal y de seguridad, para mejorar la función policial. 

Curiosamente, aunque se afinó el sistema de coordinación policial entre la Federación y los otros órdenes de gobierno, y se dieron avances en la certificación y capacitación de los policías, la SSP federal dejó el control del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DOF 2 de enero de 2009), a favor de la Segob, cuyo titular, además de ser miembro del Consejo Nacional del Sistema, suple al presidente de la República en sus ausencias. 

Hacia finales del sexenio de Felipe Calderón, no obstante los avances logrados en el plano administrativo y tecnológico, se percibió una preocupante falta de coordinación entre las dependencias y organismos civiles y militares que colaboran en el ámbito de la seguridad pública en el gobierno federal. Además, el sistema Plataforma México fue cuestionado, en parte por la caída en la generación de reportes que alimentaban una parte del sistema (denominados Informe Policial Homologado, IPH), en parte por la detección de fallas tecnológicas y de ciertos contratos con proveedores. 

Por esas razones se propuso regresar las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. El decreto respectivo (DOF 2 de enero de 2013) derogó el artículo 30 bis –que regulaba las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública– y adicionó diversas fracciones al artículo 27, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para operar el traspaso. En la iniciativa que sirvió de base a la reforma (Gaceta del Senado 15 de noviembre de 2012) se expresó la nueva función del secretario de Gobernación como garante de la “coordinación del gabinete”, y ello iría acompañado de un “nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes”. 

En el reglamento interno de la Segob, con algunos cambios, se sumaron las subsecretarías que integraban la SSP, y derivado del mandato del artículo 27 de la LOAPF, se creó el cargo de comisionado nacional de Seguridad para auxiliar al titular de la Segob en la dirección de la Policía Federal y en el ejercicio de las funciones del ámbito policial, penitenciario y de coordinación en la materia. 

Sin embargo, después de casi seis años, el cambio de la dependencia responsable de la seguridad en el ámbito federal no tuvo el éxito deseado. Varias son las causas, entre las más importantes, a nuestro parecer se encuentra el abandono de algunas estrategias heredadas de la administración anterior (por ejemplo, los cambios en la administración de Plataforma México, el limitado resultado que tuvo la creación de la Gendarmería Nacional que se integró como una división de la Policía Federal –cinco mil de un total de 56,650 efectivos–, entre otras razones). 

El incremento de hechos delictivos y la percepción de inseguridad entre la población,1 así como la pérdida de capacidad de reacción en todo el territorio nacional, han llevado a creer que es necesario desvincular las funciones de seguridad de la dependencia encargada de la gobernación y la gobernabilidad. En abono de esa propuesta se podrá decir que permitirá una atención especializada de uno de los problemas que más preocupan a la sociedad. 

Aunque a la fecha no se ha presentado formalmente la iniciativa con proyecto de reforma a la Ley Orgánica, Alfonso Durazo, quien ha sido designado como próximo encargado de la Seguridad, el 5 de septiembre anunció que espera que se presente “a más tardar en un par de semanas, en un principio, en la Cámara de Diputados”. 

Aunque aún no hay nada definido, se ha comentado que en el equipo de transición se propone, además de trasladar a la renacida Secretaría de Seguridad las funciones de seguridad pública y de administración del sistema penitenciario, conferirle las relativas a la seguridad nacional –incluido el traspaso del CISEN, que reorientaría sus funciones para reforzar la capacidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad– y la coordinación de protección civil. El “gigantismo” al que se atribuyó –entre otras causas– la escasa efectividad de la Segob, ahora se podría reflejar en la Secretaría de Seguridad, cuya estructura comprendería tramos de control demasiado largos. 

El buen éxito de la nueva dependencia depende en gran parte de nuevas estrategias para la prevención del delito en su esfera de competencia. Habrá que recordar que cuando se creó la policía federal preventiva en 1999 (artículo 3º de la Ley de la Policía Federal Preventiva, DOF 4 de enero), no se concibió como una corporación que patrullara toda la geografía nacional, sino como un cuerpo que garantizara la integridad de las instalaciones, la infraestructura y las vías federales, y tuviera capacidad de reacción para restablecer el orden cuando se suscitara algún hecho que requiriera la intervención federal, mas no para sustituir las competencias de las autoridades policiales de los estados y municipios. 

Además de la reforma a la Ley Orgánica y leyes conexas, hay mucho por mejorar en el aparato de seguridad en el país. La carrera policial es uno de los aspectos cruciales para el éxito a mediano plazo de cualquier programa en el sector de la seguridad federal, por lo que habrá que proseguir con este esfuerzo que ya lleva décadas. 

Por otro lado, es de particular importancia señalar que gran parte de los hechos delictivos que alimentan las estadísticas no es competencia de la Federación, sino de los estados y de la Ciudad de México. De ahí que el abatimiento del número de delitos dependa en buena medida de la consolidación y efectividad de las instituciones policiales locales y municipales. 

Por último, la discusión pendiente sobre “mando único” o “mando mixto” de las policías municipales es otro punto central, sobre el cual se debe tomar una decisión lo más pronto posible; en idéntica situación está la regulación de la participación de la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad pública, que desde hace muchos años pende de la interpretación judicial del artículo 129 constitucional2.

* Investigador del CEPNA, S.C.
1 Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI), la percepción de inseguridad pasó del 68.0 por ciento en septiembre de 2013 al 75.9 por ciento en junio de 2018.
2 Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la Constitución). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo xi, abril de 2000, pág. 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000.
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