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lunes 22 de julio de 2019

La soga y el ahorcado

Jorge Alcocer V.*

En un artículo publicado el año pasado, “La próxima reforma electoral” (en México 2018. La responsabilidad del porvenir (2018), México: ij/UNAM; idic, COLMEX, tomo II, pp. 131-157) propuse un conjunto de medidas, algunas que requieren cambios en las leyes, orientadas a lo que he llamado desde hace tiempo “desmontar la pirámide”, lo que significa transformar leyes, instituciones y prácticas para arribar, antes de 2024, a un sistema electoral federal simplificado, sencillo, transparente y que cueste mucho menos a los contribuyentes.

Como es usual, en las cámaras del Congreso han sido presentadas por diputados de todos los grupos parlamentarios iniciativas sobre los más diversos tópicos del sistema electoral, con énfasis, si al número atendemos, en el financiamiento de partidos, tema en el que de manera demagógica todos dicen coincidir pero nadie está dispuesto a predicar con el ejemplo (salvo el Partido Revolucionario Institucional –PRI–), que de manera casi suicida fue llevado por su entonces presidente y hoy diputado federal al absurdo de devolver al erario federal más de 200 millones de pesos, justo antes del inicio de las campañas electorales del proceso federal inmediato anterior.)

El tema del financiamiento público a partidos políticos y la recurrente idea de desaparecer los organismos electorales locales, institutos y tribunales, para centralizar la función electoral en el ine (Instituto Nacional Electoral), son los dos rieles por los que desde julio de 2018 corre el desvencijado ferrocarril reformador, exhausto después de cuatro décadas de subidas y bajadas. Mi sugerencia es retirar de las vías de la futura reforma electoral la extenuada locomotora, abrir un espacio para el análisis y el balance del sistema electoral mexicano, y luego, inmediatamente después de las elecciones intermedias de 2021, proceder a la elaboración y presentación de una iniciativa integral para dar paso a un sistema electoral sencillo, transparente y que cueste mucho menos de lo que hoy se gasta en esa materia.

El grave defecto de las iniciativas, tanto las presentadas como las actuadas en foros que van y vienen sin resultado alguno, es que carecen de una guía temática y metodológica. Es decir, no se precisa qué discutir ni cómo hacerlo. Desde los partidos políticos parece casi imposible que la carencia quede subsanada; los de oposición se encuentran aún en estado de shock, por sus resultados del domingo 1°. de julio de 2018. Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) no es un partido y no está en curso de serlo; sus aliados son conocidos por ser grupos en los que se mezclan intereses familiares, empresariales y un poco de política. Los grupos parlamentarios en las cámaras del Congreso son espejo distorsionado de lo que ocurre en los partidos, con el agravante de que los canales de comunicación entre las dirigencias partidistas y los legisladores están azolvados o simplemente no existen.

Un reciente foro celebrado en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma electoral da cuenta de la proliferación de intereses y visiones que están presentes y pueden provocar ya sea que el esfuerzo fracase o, peor aún, que del Congreso emerja un nuevo Frankenstein, todavía más deforme que el entregado en 2014 como mazacote legislativo al amparo del Pacto por México.

Aunque desde el INE su presidente, el doctor Lorenzo Córdova, ha intentado inyectar una dosis de cordura a la dinámica reformista, lo cierto es que teniendo como centro de la crítica el tamaño del ine y sus gastos, se antoja cuesta arriba que los legisladores, en especial los de Morena, acepten otorgar a los consejeros del Consejo General del ine un papel protagónico en la reforma que viene. Algo semejante ocurre con los magistrados de la Sala Superior del tepjf (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), que por sus sentencias han caído en uno de los niveles de descrédito más elevados de que se tenga memoria desde que ese órgano jurisdiccional fue puesto en el ámbito del Poder Judicial Federal (1996).

En perspectiva comparada, la reforma que viene puede nacer en el terreno menos propicio para dar frutos positivos. Viendo hacia atrás podemos constatar que de 1977 a 1990 las reformas corrieron la suerte que determinó el secretario de Gobernación en turno. La de 1994 también fue conducida por el secretario de Gobernación, pero éste –Jorge Carpizo– tenía una verdadera convicción democrática, que lo condujo a incorporar a las dos oposiciones de aquel entonces, pan y prd (Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática), como interlocutores decisivos en el diseño que finalmente se adoptó. Habiendo sido la de 1994 la reforma que “ciudadanizó” al ife (Instituto Federal Electoral), de los seis consejeros ciudadanos que relevaron, de manera anticipada, a los designados en 1990, tres fueron propuestos por el prd, dos por el pan y solamente uno por el pri. Esa fue, por cierto, la mayor aportación a la legitimidad del resultado de la elección presidencial de aquel año.

La de 1996 fue la última reforma conducida desde la Secretaría de Gobernación, primero por Esteban Moctezuma, que la inició en enero de 1995, y luego por Emilio Chuayffet, que la concluyó en octubre de 1996. La parte constitucional recibió aprobación casi unánime, mientras que la reforma a la ley reglamentaria fue aprobada solamente con el voto del pri. El motivo de la ruptura con las dos oposiciones (pan y prd) fue el generoso modelo de financiamiento público a partidos políticos. Por cierto, detalle curioso, los dirigentes nacionales de los partidos opositores que negaron su voto a la reforma del Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) eran Felipe Calderón (pan) y Andrés Manuel López Obrador (prd).

La de 2007 fue una reforma conducida por vez primera desde el Senado, con una participación simbólica de la Secretaría de Gobernación, aunque supervisada de manera directa por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Fue una reforma de gran calado, que cambió radicalmente las condiciones de acceso de los partidos y sus candidatos a la televisión y la radio, al mismo tiempo que modificó, de manera insuficiente, el esquema de financiamiento público a los partidos. La reforma fue posible por la combinación de dos factores, quizás irrepetibles: uno fue la presencia de liderazgos fuertes en el Senado, y el otro, la necesidad del presidente de legitimar su mandato, después del controversial resultado de las elecciones de 2006.

La de 2014 fue, en alto contraste, un grosero intercambio (“cambalache” lo llamé en varios artículos publicados en el diario Reforma en esos meses) entre el gobierno de Enrique Peña Nieto (pri) y sus dos opositores más destacados (pan y prd). El interés del gobierno estaba en la reforma petrolera para permitir que la inversión privada tuviera acceso a la exploración y explotación de crudo, así como al mercado de energía eléctrica, en tanto que el interés opositor se concentró en la supuesta ruptura del control de los gobernadores sobre las elecciones locales. El resultado no pudo ser más lamentable. Un mazacote legislativo y el sacrificio del ife, institución símbolo de la transición a la democracia, fueron el producto de un cambio del que hoy, a cinco años de distancia, nadie se hace cargo.

 Sin una guía orientadora y un método para la negociación, la reforma que viene corre el riesgo de empantanarse en su etapa constitucional, que es el único momento en que, al menos hasta la renovación de la legislatura de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2021, las oposiciones cuentan con el número de votos que frena los cambios constitucionales que propone la mayoría. Recordemos que toda reforma a la Carta Magna requiere de, al menos, dos terceras partes de los votos de los legisladores en cada cámara, y de la aprobación, por mayoría simple, de al menos la mitad más una de las 32 legislaturas estatales. Es previsible que el llamado “bloque de contención” en el Senado negaría el voto aprobatorio para un cambio que permita a Morena tomarse el control de las instituciones electorales y remodelar a su arbitrio el financiamiento público, la fiscalización, los instrumentos y prácticas comiciales.

Como lo enunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en su participación en el Foro sobre Reforma Electoral, el método del consenso y la claridad en los objetivos son los dos rieles por los que puede correr el tren reformador. Así como el gobierno de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo aceptaron el método del consenso, a pesar de tener la mayoría para imponer las reformas, es llegado el momento en que el presidente López Obrador y su “partido”, Morena, correspondan con la historia y repliquen la conducta democrática imprescindible para que cualquier reforma en ese ámbito tenga sentido y permanencia.

Las reformas electorales por mayoría fueron efímeras (como la de Manuel Bartlett en 1986); las que perduraron tuvieron en cuenta los intereses de todos los partidos y corrientes ideológicas. Es por ello que los dos primeros pasos son definir el consenso como método de la negociación y la construcción de acuerdos, y establecer la agenda de temas por despejar, de este año al 2023, de forma tal, que la elección presidencial de 2024 se realice con instituciones, instrumentos y prácticas renovados, adecuados y transformados para los objetivos del sistema electoral mexicano en la segunda década del siglo xxi.

La reforma debe servir para dar solución a tres asuntos:

La distribución de competencias entre la Federación y los estados. Tema en el que me pronuncio por el retorno al federalismo electoral.

La indispensable reducción del costo de las elecciones, en sus dos componentes: el financiamiento a partidos y el costo de las instituciones electorales.

La introducción de la urna electrónica y la emisión del documento de identidad ciudadana, componentes indispensables para la modernización de nuestro vetusto procedimiento para la emisión del sufragio ciudadano.

Otros temas, pienso que no muchos, serán incorporados en la agenda. La discusión estará menos cargada de prejuicios y desconfianzas si de entrada se establece un compromiso político, un pacto de Estado, consistente en respetar la renovación escalonada de los actuales consejeros y consejeras del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación merece ser objeto de otro tratamiento, ya que el escalonamiento de sus actuales magistrados fue falsificado y distorsionado con el concurso o complacencia de los así beneficiados.

La reforma se puede convertir en un juego en que la soga persiga al ahorcado; rechazar el asalto a las instituciones electorales es condición primera para su realización. La reforma debe compadecerse de nuestra transición a la democracia y evitar la restauración autoritaria.

* Director fundador de Voz y Voto. (El contenido de este artículo es de la exclusiva responsabilidad del autor. No representa de ningún modo la posición del Gobierno Federal o de alguna de sus dependencias.)
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