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domingo 16 de junio de 2019

La paz es posible

Rubén Moreira Valdez*

El país vive, exceptuando sus años de guerra civil, el mayor momento de violencia en su historia. Llevamos más de una década de espiral de homicidios que parece nunca cesarán.1 En el ambiente que ha generado la inseguridad, encontramos a muchos políticos y líderes de opinión plantear todo tipo de análisis y recomendaciones; no pocas de ellas disparatadas y violatorias de los derechos humanos.

En el debate es común encontrar acusaciones y reproches. Hay quienes culpan a Felipe Calderón del desastroso momento de violencia en el que nos encontramos; otros, al prohibicionismo de algunas drogas, y unos más al sistema económico.

Me atrevo a mencionar a Calderón porque él hizo de la política en seguridad su obra de gobierno; sin embargo, es claro que desde muchos años antes se habían incubado las condiciones para el estallido de la violencia.2 Más allá de su eficacia, fue su decisión de enfrentar el crimen lo que a mi juicio precipitó lo que tarde o temprano se iba a desencadenar. En mi opinión, el motivo del fracaso radica en la nula capacidad política del entonces presidente para lograr, con gobernadores y alcaldes, acuerdos de respaldo a su agenda.

No estamos en las condiciones de un Estado fallido, pero sí de uno disfuncional. Para sostener lo anterior, valgan cuatro datos: 1) son muchas las zonas del país donde los ciudadanos no pueden transitar libremente e incluso las autoridades no se atreven a hacerlo; 2) las cifras de homicidios crecen y las políticas públicas nacionales han fracasado en su intención de disminuirlas; 3) no son pocos los grupos de autodefensa que patrullan y someten parte del territorio nacional; 4) los principales capos de la delincuencia son juzgados en otros países.3

En los elementos arriba escritos, es fácil identificar los síntomas de un Estado claramente disfuncional. En el cuarto de ellos vale la pena hacer un comentario que ilustra la afirmación. ¿Por qué un país extradita a quien le ha hecho tanto daño? La lógica nos dice que la respuesta a la pregunta está relacionada con la capacidad del país para garantizar una sanción efectiva y la certeza de que la misma se cumpla. En el sistema penitenciario también somos disfuncionales.4

¿La paz es posible? La respuesta es sí. La solución en sí misma es muy simple, pero compleja y difícil al momento de ser instrumentada. Se requiere que los tres órdenes de gobierno demuestren una clara voluntad de actuación en contra del crimen, con políticas públicas adecuadas y un espacio de tiempo razonable para su aplicación. El lector seguramente me cuestionará sobre el segundo de los elementos, argumentando que con él se puede decir todo y nada; al respecto, basta comentar que si revisamos los pocos lugares del país donde ha mejorado la seguridad, nos daremos cuenta de que su éxito pasó por aplicar fórmulas muy conocidas e incluso de bajo costo.

La violencia disminuyó en lugares donde se limpiaron las policías y se les aumentó el salario; se crearon cuerpos élite; se construyó, aun modestamente, un sistema de inteligencia; se golpearon los ingresos del crimen; se generó empleo y se invirtió en educación, deporte y cultura. Como se observa, no se trata de descubrir el hilo negro.

Entre una comunidad violenta y una en paz hay un factor que hace la diferencia, y consiste en la voluntad de actuar que asumieron las autoridades que se convirtieron en exitosas. Los gobiernos locales con buenos resultados enfrentaron al crimen, incluso en áreas en las cuales pudieron haber objetado falta de competencia. Donde hubo logros no se realizaron grandes reformas legales: se aplicaron las normas existentes, se diseñaron políticas de seguridad inteligentes, pero sobre todo se mostró el compromiso por mejorar indicadores.

El éxito llegó al sistematizar procedimientos y evaluar resultados. Lo último parece sencillo, pero en mi experiencia, la autoridad al escuchar y procesar reclamos, críticas y opiniones, tiene que distinguir las legítimas e informadas y, por lo tanto, aprovechables, de aquellas desinformadas o malintencionadas. En materia de seguridad son muchos más los que opinan que aquellos que en realidad saben.

La violencia se ha convertido en un problema de seguridad nacional y, por consiguiente, afecta la estabilidad económica, política y social del país, además de que coloca en un grave riesgo a sus habitantes.

Si ustedes me preguntan sobre la pertinencia de la Guardia Nacional, no dudo en reconocer que es un elemento que requiere el nuevo gobierno; pero, también, puedo afirmar que por sí misma es insuficiente para traer la paz; lo es como lo han sido muchas otras acciones aisladas de los últimos gobiernos federales.

El presidente López Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo que sometió a la consideración de la Cámara de Diputados, incluye, además de la guardia nacional, elementos novedosos dentro de su propuesta de seguridad. Entre ellos sobresale la justicia transicional y la posibilidad de indultos y amnistía, la despenalización del uso de drogas y el fin de lo que llaman “la guerra contra el narcotráfico”. Visto lo que ha sucedido con otros intentos del Estado, éste que tiene características muy particulares, sólo podrá avanzar si los gobiernos subnacionales y municipales lo asumen y se corresponsabilizan de su cumplimiento.

En suma, para lograr el éxito se requiere una política de Estado, una voluntad de Estado y una conducta de Estado que se refleje en la coordinación que no hemos tenido en los últimos doce años. El nuevo Ejecutivo federal rendirá buenas cuentas, en la medida en que los gobernadores y alcaldes se involucren en la lucha contra el crimen y asuman su corresponsabilidad en el territorio bajo su jurisdicción.

* Diputado federal. Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.
1 Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada (eds.) (2017), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, México: Instituto Belisario Domínguez (Senado de la República)-CASEDE, pp. 249-253; Luis Alfonso Bruccet Anaya (2001), El crimen organizado: origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en México, México: Editorial Porrúa, pp. 31-76; Miguel A. Cumplido Tercero (2015), Evolución del crimen organizado en México: más allá del narcotráfico, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, pp. 1-5.
2 La única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. Véase Jean Claude Chesnais (2016), “La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio”, en Revista Política y Cultura, núm. 46, UAM Xochimilco, p. 8; Gustavo Robles et al. (2013), Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México, México: Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 50-52.
3 Jorge Chabat (2009), El narcotráfico en las relaciones México-Estados Unidos: las fuentes del conflicto, México: Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),  pp. 1-22; Leonardo Curzio (2007), La seguridad nacional de México y la relación con Estados Unidos, México: Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM, pp. 181-182; Eduardo Guerrero Gutiérrez (2011), Security, Drugs, and Violence in Mexico: A Survey, 7th North American Forum Washington, DC, México, pp. 145-146; Omar Hurtado y Rosa María García Paz (2013), “El narcotráfico en México como problema transnacional”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 97, México, pp. 35-64.
4 Miguel Carbonell (2012), “(Re) pensar en la cárcel”, en Iter Criminis-Revista de Ciencias Penales, Quinta época, núm. 5, marzo-abril, Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 113-126; Miguel Ángel Martínez Rodríguez, “Homologación de los programas de reinserción en el sistema penitenciario”, ídem, pp. 127-150.
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