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jueves 21 de marzo de 2019

La mirada del otro género

Mauricio Huesca Rodríguez*

Las pasadas elecciones recibieron el calificativo de históricas por diversas razones, entre ellas, las novedosas reglas electorales que se echaron sobre la mesa con motivo de las reformas de 2014 que, si bien fueron puestas a prueba en las elecciones intermedias de 2015, tendrían su verdadera prueba en 2018. También recibieron ese calificativo por la dimensión de cargos de elección en juego (18,299 federales y locales); por el dilema nacional respecto de continuar con, o cambiar, un modelo social, político y económico del país, entre otras razones. Sin embargo, una de las particularidades que volvió histórico a este proceso fue la cantidad de mujeres que contendieron por cargos de elección popular y que lograron acceder a puestos de toma de decisión. Un total de 1,752 mujeres contendió en el ámbito federal y 40,143 en el local.1

Si bien ese proceso electoral reportó un incremento de la participación de las mujeres, esta lucha por el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales trajo consigo múltiples actos de violencia política por razones de género.

A fin de dimensionar lo anterior, es preciso establecer que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluido el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y feminicida.2

Con las reglas diseñadas bajo la estructura patriarcal de poder vertical dentro de los partidos políticos, se obstaculizaron el registro de candidaturas, el financiamiento de precampañas, las condiciones de equidad en las contiendas internas, etc. Ya en las campañas, la violencia escaló a otro nivel, que iba desde la descalificación, la discriminación, la cosificación del cuerpo y hasta el rechazo social, mucho de ello, a través de las redes sociales, lo cual alzó barreras, obstáculos y limitantes que hicieron que las contiendas no se llevaran en igualdad de condiciones, pero también respondió a la pretensión de instalar en el subconsciente situaciones y contextos de peligro y miedo tendentes a la inhibición de la participación política de las mujeres, replicando estereotipos y roles que minimizaban y despreciaban sus capacidades, entre otros efectos nocivos que no debemos permitir en una sociedad igualitaria e incluyente.

Ejemplos de la violencia que ocurrió en el pasado proceso electoral se encuentran documentados en distintos reportes que publicaron algunas instituciones electorales tanto federales como en la Ciudad de México, relacionados con la atención de casos que fueron denunciados con motivo de los procesos electorales en las entidades federativas cuyas elecciones fueron concurrentes con la federal de 2017-2018. En la tabla de la página 23 se muestra el total de denuncias presentadas o medios de impugnación resueltos por las instancias electorales jurisdiccionales, administrativas y de persecución del delito, donde presuntamente estuvieron involucrados actos constitutivos de violencia política de género.

Por otro lado, desde la sociedad civil se reportó que por medio de las tecnologías se registró un total de 85 agresiones asociadas con violencia política de género en contra de 62 candidatas de diversos partidos políticos en 24 estados del país. Entre las principales agresiones se encontró que 41 por ciento eran expresiones discriminatorias; el 20 por ciento amenazas, el 16 por ciento desprestigio, el siete por ciento suplantación o robo de identidad; difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, acoso y extorsión, el dos por ciento cada uno; difusión de información personal sin consentimiento, monitoreo y acecho, uno por ciento cada uno.3

Si bien las redes sociales constituyen canales de confianza consolidada que permiten la construcción de tejido social, también desempeñan un papel importante para perpetuar y replicar realidades de estereotipos de género, violencia y discriminación. Esta modalidad de la violencia es difícil de perseguir, ya que se hace desde una plataforma en la cual la libertad de expresión y el anonimato son principios clave.

La violencia política en contra de las mujeres puede presentarse de diversas maneras y contextos, y en la mayoría de los casos se ha normalizado tanto que no es fácilmente perceptible. La violencia en razón de género forma parte de un problema estructural que permea en toda la sociedad y cuya vacuna es la formación de valores democráticos a través de la educación cívica, a fin de inhibir la reproducción de prácticas machistas.

Es necesario tener en consideración que este tipo de violencia se diferencia de cualquier otro tipo de violencia genérica cuando la descalificación y la desconfianza sistemáticas e indiferenciadas hacia las mujeres se basan en estereotipos que históricamente se han establecido sobre sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.4

Así, aunque en el discurso pudiera ser tentador calificar ciertos hechos como constitutivos de violencia política de género, es importante no agotar ese concepto y apropiarse de los términos normativos correctos, para valorar en su justa dimensión cuándo una mujer está inmersa en una práctica constitutiva de violencia por razón de género e imponer las medidas reparadoras, disuasivas, preventivas y sancionatorias correctas, que tiendan no solo a erradicar ese tipo de conductas sino a dar la atención adecuada a las víctimas.

Lo hasta aquí expuesto pone en relieve que, aun cuando existan normas para garantizar la mayor participación de las mujeres en espacios públicos y que pretenden prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, las mujeres no pueden acceder completamente a espacios de ejercicio de poder y toma de decisiones, pues generalmente ocupan cargos de elección popular de naturaleza colegiada, donde el debate y la votación se diluyen fácilmente entre la multitud de voces, es decir, no se ha logrado garantizar que las mujeres obtengan cargos públicos unipersonales como el de gobernadora o presidenta municipal, en los cuales potencien el ejercicio de sus derechos.

Los partidos políticos continúan funcionando bajo un esquema patriarcal y machista en el cual los hombres son los únicos que tienen el poder de decidir y elegir a quién se postula para un cargo de elección popular. En muchas ocasiones se selecciona a candidatas que se consideran manipulables o controlables, a veces familiares directas, y se deja de lado a mujeres que, durante su trayectoria partidista, han demostrado que son las más aptas para contender por los cargos.5 Se les sigue violentando con amenazas o retención de recursos para que actúen correctamente, “como se espera que actúe una mujer en la política”.

Aunque la violencia política de género tiene componentes multifactoriales, el presente escrito pretende esbozar una causa de su existencia, relacionada con la construcción de la masculinidad.

En efecto, existen distintas relaciones de poder en sociedad que tienden a intensificar la suprasubordinación a partir de la distribución de los bienes. De esta suerte, cuando los bienes que hay para distribuir implican el ejercicio del poder público, la competencia puede tornarse más agresiva y usualmente se agrava contra las personas de quienes se cree que, en una relación de poder, están colocadas jerárquicamente por debajo, o cuando se cree que se trata del eslabón más débil de la sociedad. De modo que el hecho de que las mujeres continúen desarrollándose bajo un mundo y reglas de hombres, fuerza a que las relaciones de poder las limiten y violenten constantemente, porque no permiten que se produzcan nuevas realidades, diferentes a las que históricamente se han impuesto.

Es importante concientizar de que la mayoría de las actitudes violentas en contra de las mujeres es consecuencia directa del sistema patriarcal en el que se ha forjado nuestra sociedad occidental. A partir de visibilizar el efecto pernicioso que tiene la convivencia en un sistema patriarcal sobre el ejercicio de derechos y libertades de las mujeres, se puede contribuir a generar una sociedad igualitaria e inclusiva, para lo cual es necesario desaprender todos los conceptos y reglas de poder que se ejercen desde una condición androcéntrica, implantada por un sistema cuyo eje ha sido la figura del hombre.

Por tanto, es necesario eliminar la masculinidad tóxica en las reglas de convivencia. Para ello se propone deconstruir la concepción de lo masculino, para lo cual deben ocurrir tres cosas. Primero, eliminar todas aquellas creencias limitantes que la sociedad ha impuesto como características del hombre (fuerte, proveedor, líder, no emocional, competitivo, etc.).

Segundo, visibilizar y concientizar a los hombres que históricamente han vivido en una situación de privilegio estructural en detrimento del ejercicio libre y de una vida plena para las mujeres, pues hoy por hoy los hombres siguen sin entender esta posición de ventaja social, de roles y estructuras que tienen sobre las mujeres.

Como tercer paso, es importante la voluntad de transitar a una sociedad igualitaria e inclusiva, para lo cual es necesario que desde el ejercicio mismo de los privilegios masculinos generados por la estructura social vertical patriarcal, se busque abrir espacios a las mujeres y se reviertan las condiciones históricas de desigualdad basadas en estereotipos sexogenéricos.

La masculinidad ejercida como hasta el momento ha abierto diversas brechas de género que difícilmente pueden ser cerradas si no se comienza a pensar en una masculinidad con perspectiva de género.

Consecuentemente, es necesaria la deconstrucción masculina con el fin de reducir, desde los privilegios androcentristas, los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio político y de poder. Asimismo, se debe repensar la manera en que se construyen realidades. Nuestro lenguaje y acciones son la base para el desarrollo de estructuras que forjen sociedades discriminatorias o en condiciones de igualdad. Si no se modifica la manera en que concebimos las relaciones de género y la posición de las mujeres en la vida política y pública, la violencia política de género seguirá presente en el ejercicio de cualquier proceso democrático.

* Consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Artículo elaborado con la colaboración de Amanda Alemán Angelini.
1 Luchadoras (2018). Violencia política a través de las tecnologías en México. Ciudad de México: José E. Yañez, pág.11.
2 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (2017). Ciudad de México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3 Luchadoras, op. cit., págs. 37-42.
4 CNDH (2018). Violencia política contra las mujeres en razón de género. Ciudad de México, pág. 2.
5 INE (2017). Los partidos políticos y la violencia política contra las mujeres, Ciudad de México: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, pág. 2
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