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sábado 23 de febrero de 2019

La maquinita legislativa

Blanca E. Báez Salomón y Alberto Consejo Vargas*

¿Quién puede negar que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación comenzó el día mismo de la histórica victoria del 1º de julio de 2018? El fenómeno político del presidente López Obrador alcanzó a toda la pléyade de puestos en juego en los tres niveles de gobierno; ejemplos destacables son las victorias locales en Chiapas, Tabasco, Veracruz y desde luego la Ciudad de México. Sin embargo, nada más importante que los resultados que marcaron la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que finalmente serán las encargadas de traducir en leyes y en reformas constitucionales el proyecto de gobierno del presidente. Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta, y en asuntos que requieren la mayoría calificada, en lo que va del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, consiguieron los votos con otros partidos.

En la Cámara de Diputados

En cuatro meses (septiembre a diciembre) del primer periodo ordinario del año inicial de la LXIV Legislatura se dieron en la Cámara baja 44 sesiones; 38 ordinarias, una constitutiva, una de apertura, una de transmisión de poderes y tres solemnes. El saldo es de 718 iniciativas de ley o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM (Cuadro 1), originadas preponderantemente en los propios diputados, pero también en las legislaturas de los estados, el Senado y el presidente de la República.

En otra parte del trabajo legislativo, se turnaron a comisiones legislativas 27 minutas de proyecto de ley o decreto provenientes de la colegisladora, es decir, el Senado.

No todas las propuestas de los legisladores tienen como objeto una reforma legal o constitucional, de modo que se dieron 693 proposiciones no legislativas, de las cuales la mayoría se turnó a comisiones y algunas se aprobaron por considerarse de urgente resolución.

Finalmente, al tenor del proceso legislativo en ambas cámaras y sin tener necesariamente como origen la presente Legislatura, se aprobaron 23 proyectos de decreto, de los cuales cuatro se refieren a nuevas leyes, dos a reformas constitucionales y 17 a diversos ordenamientos (Cuadro 2). Gran parte se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cuando se agotó el proceso legislativo en ambas cámaras; en otras falta su aprobación en el Senado, ya sea porque la Cámara de Diputados en su calidad de revisora hizo modificaciones y por ello devolvió a la cámara de origen, o porque siendo la de Diputados la de origen, precisa de su aprobación por la colegisladora.

Destaca por su relevancia la nueva Ley Federal de Remuneraciones, que dispone que nadie del servicio público puede recibir un salario mayor al del presidente, además de una propuesta de actualización aprobada por la Cámara de Diputados debido a que se promulgó la ley a partir de una minuta aprobada en el Senado en 2011. También está la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reconfiguró la organización del Ejecutivo federal con la creación de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, así como la denominación y cambio de facultades de otras secretarías, entre otras medidas; las reformas constitucionales de fuero e inmunidad, de manera que ni el presidente de la República esté protegido de ser juzgado durante el tiempo de su encargo, también se aprobaron en la Cámara de Diputados pero están pendientes de aprobarse en el Senado. Se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pendiente desde la reforma política de 2014, paso necesario para declarar su autonomía constitucional, que por cierto dio origen al procedimiento de selección del fiscal general el 18 de enero pasado. Se aprobaron desde luego la Ley de Ingresos para el primer año del nuevo gobierno y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

En el Senado

En el primer periodo ordinario del año de ejercicio inicial de su primera legislatura (el Senado abarca dos legislaturas) se presentaron menos iniciativas, en total 405, pero más en proporción al número de senadores comparado con el de diputados (Cuadro 3).

Entre los asuntos aprobados destacan la Ley Orgánica de la Fiscalía General, cuyas bases fueron construidas en esta cámara; la reforma que reconoce derechos a matrimonios del mismo sexo en materia de seguridad social, con la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISSSTE, la cual fue modificada por la colegisladora y regresada al Senado; también de esta cámara salió la reforma al artículo 19 de la CPEUM en materia de prisión preventiva oficiosa, por la que se propone incorporar al catálogo de delitos los siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y en materia de corrupción.

Entre los asuntos aprobados en el Senado en uso de sus facultades exclusivas, destaca la ratificación del Convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva adoptado en 1949 por la Organización Internacional del Trabajo, instrumento remitido por el Ejecutivo federal en 2015.

El balance

La Cámara alta aprobó más asuntos que su colegisladora, con la creación de tres nuevas leyes, tres reformas constitucionales y 25 reformas a otros ordenamientos vigentes. En uso de sus facultades exclusivas aprobó cinco instrumentos internacionales y 22 nombramientos. Por su parte, en San Lázaro se reportan cuatro nuevas leyes, dos reformas constitucionales y 17 reformas a diversos decretos.

El periodo ordinario fue clausurado en sesiones iniciadas el 20 de diciembre en el Senado y el 23 de diciembre en la Cámara de Diputados. Entre los principales asuntos pendientes quedan diversas reformas constitucionales para eliminar el fuero o la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluido el titular del Ejecutivo federal; para incluir la figura de revocación de mandato y para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, los hechos relacionados con la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral. Todos ellos, compromisos asumidos por la coalición Juntos Haremos Historia en la campaña electoral para llevar a cabo como gobierno y con la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

* Economista especialista en trámite legislativo y abogado especialista en derecho electoral, respectivamente.
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