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lunes 23 de septiembre de 2019

La hora de las complacencias

Arturo Espinosa Silis*

En el imaginario político y, a veces, en el ciudadano, un buen legislador es aquel que presenta muchas iniciativas, sin importar el resultado de éstas; es decir, si son siquiera dictaminadas en comisiones o si alcanzan a ser discutidas y votadas en el pleno del órgano legislativo. Esto hace que en cada periodo los parlamentarios presenten un alud de propuestas para modificar las leyes existentes o para crear unas nuevas sobre cualquier tema o materia, las cuales, no son más que ocurrencias o forman parte de una estrategia mediática la mayoría de las veces.

En esta avalancha de iniciativas de ley, las de corte electoral son de las más populares. Pareciera que todos los legisladores tienen alguna propuesta –u ocurrencia– para reconfigurar el sistema electoral mexicano o una parte de éste. Desafortunadamente, el discurso sobre modificar las reglas de acceso al poder para solucionar los problemas estructurales del país es un lugar común en nuestra clase política y una idea que ha empezado a permear entre la ciudadanía.

Esto ocurre debido a que no existen parámetros para evaluar el trabajo legislativo, ni instancias u organizaciones que le den un seguimiento puntual al mismo. En general, la evaluación del desempeño de los legisladores se limita a usar un solo enfoque: la cantidad de iniciativas presentadas y, en menor medida, el cumplimiento de asistencias, como si estuvieran en una escuela.

Dentro del seguimiento que hemos dado en Strategia Electoral al trabajo legislativo, advertimos que en este primer año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión se han presentado al menos 118 iniciativas en las que se plantea modificar o adicionar algún aspecto de la legislación electoral. De éstas, 57% se desplegaron en la Cámara de Diputados, mientras que 43%, en el Senado de la República.

El partido que más iniciativas presentó fue Morena, con casi 40 en ambas cámaras. Los que menos han propuesto en esta materia son el PRD y el PVEM; aunque debemos señalar que este último expuso algunas en conjunto con Morena.

La temática de las iniciativas es muy variada, entre los temas más recurrentes destacan:

  1. Representación política de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero
  2. Financiamiento público a partidos políticos
  3. Violencia política de género
  4. Cuotas de postulación
  5. Paridad de género
  6. Organización electoral
  7. Candidaturas sin partido
  8. Reelección
  9. Infracciones en materia electoral
  10. Democracia directa
  11. Compromisos de campaña
  12. Diputaciones plurinominales
  13. Voto domiciliado
  14. Desaparición de institutos electorales locales
  15. Designación de autoridades electorales

En fechas recientes, la propuesta que más impacto mediático ha tenido fue del diputado Sergio Gutiérrez Luna –del grupo parlamentario de Morena–, que plantea como punto nodal la desaparición de los institutos electorales locales, lo cual supondría un cambio de fondo en el diseño del sistema electoral mexicano.

El principal argumento que sostiene el diputado Gutiérrez Luna es que para reducir el elevado costo de la democracia mexicana y materializar la –muy invocada– austeridad que ha planteado la actual administración federal, hay que eliminar la que, considera, es una doble estructura electoral: por una parte, los órganos desconcentrados (locales y distritales) del Instituto Nacional Electoral y, por la otra, los institutos electorales locales, encargados de organizar las elecciones para cargos de elección popular en las entidades. La propuesta en comento plantea desaparecer los institutos electorales locales y que el Instituto Nacional Electoral (ine) sea la instancia que asuma la organización de todas las elecciones del país, federales y locales. La propuesta aduce que, de implementarse, traerá ahorros significativos al erario, sin embargo, no señala cuál es el monto del ahorro.

Más allá de si la reconfiguración radical del sistema electoral significará ahorros o no, la propuesta del diputado Gutiérrez Luna tiene un aspecto muy cuestionable: la creación de nuevas autoridades electorales locales, dependientes, sí, de la estructura del Instituto Nacional Electoral, pero cuyos integrantes serán nombrados por la Cámara de Diputados, de manera discrecional.

En una tónica similar, el diputado César Hernández Pérez, del mismo grupo parlamentario, mostró una iniciativa para modificar la composición de los órganos de dirección de las instituciones electorales, tanto en el ámbito nacional como local, mediante la reducción de sus respectivos consejos generales. Por su parte, el diputado Pablo Gómez, también del grupo parlamentario de Morena, ha propuesto cambiar la estructura ejecutiva del ine por medio de la fusión de las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con la de Organización Electoral. Estas iniciativas también invocan como motivación la búsqueda de economizar el gasto público en temas electorales.

Estos planteamientos, junto con otros tantos en los que se proponen cambios trascendentales en las instituciones electorales, son un buen ejemplo de cómo algunos legisladores de la fuerza política mayoritaria buscan un cambio en las reglas del juego para inclinar el arreglo institucional a su favor.

Además de las iniciativas que intentan transformar dicho arreglo del sistema electoral mexicano, existe un número importante de propuestas que plantean, entre otros aspectos: reducción al financiamiento público, modificación del catálogo de delitos electorales, disminución del número de integrantes del Congreso de la Unión e inclusión de la violencia política de género como delito electoral o como causa de nulidad de una elección.

En cuanto al tema de la reducción del financiamiento público, el cual es un tópico recurrente desde 2015,1 en su mayoría han sido los legisladores que forman parte del partido en el gobierno quienes hacen este planteamiento, o bien algunos otros que aprovechan alguna coyuntura mediática para posicionarse con un tema que es sumamente popular, pues en un país donde los partidos políticos son una de las instituciones más desprestigiadas, cualquier medida que implique quitarle prerrogativas o privilegios siempre será bien vista. Basta recordar que en 2017, después de los sismos de septiembre y los posteriores reclamos de la ciudadanía, diferentes fuerzas políticas sugirieron la posibilidad de renunciar o devolver el financiamiento público que reciben para que ese dinero se destinara a los damnificados por el sismo o a la reconstrucción de viviendas, con este motivo también se presentaron diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión, sin que ninguna prosperara.

En aquel año también, el entonces diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, en conjunto con el diputado federal independiente Manuel Clouthier exhibieron en la Cámara de Diputados la iniciativa denominada #Sinvotosnohaydinero, que consistía en determinar el monto del financiamiento público que reciben los partidos políticos a partir del número de votos obtenidos en la última elección, en lugar del número de integrantes en el padrón electoral, como se hace actualmente. Aunque esta iniciativa sí se llegó a discutir en comisiones de la Cámara, al final fue desechada.

Respecto a la reducción de prerrogativas de los partidos, las propuestas muestran diferentes variantes, todas coinciden en que se debe reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos; sin embargo, difieren en el porcentaje de la disminución, el cual va de 20% hasta la desaparición de dicho financiamiento. Considero que la iniciativa más destacada en este rubro ha sido la que presentaron los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, ambos del grupo parlamentario de Morena.

En este mismo sentido, legisladores del Partido Revolucionario Institucional también han sugerido la reducción del financiamiento a partidos políticos. Los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong hablaron de cambiar la fórmula de asignar los recursos a los partidos políticos para que, en lugar de repartir la totalidad de éstos en una proporción 30-70 (30% de forma igualitaria y 70% en función de la votación recibida en la última elección de diputados), la distribución sea de 50-50. Bajo una lógica similar, el grupo parlamentario del pt indica que la distribución se haga 40% de forma igualitaria y 60% en función de la votación recibida.

Siempre el tema de reducir el financiamiento a los partidos políticos es popular y bastante mediático, lo que lo hace recurrente en cada legislatura. Sin embargo, hasta ahora ha faltado voluntad política por parte de los distintos partidos para impulsarlo y lograr la modificación, ya que primero se tendría que hacer el cambio en la Constitución −lo que supone crear un consenso de, al menos, dos terceras partes del Congreso federal− y después en la legislación secundaria.

Aunque no busca propiamente reducir el financiamiento a los partidos políticos, el diputado morenista Pablo Gómez ha esbozado cambiar la forma en que se distribuyen los tiempos oficiales de radio y televisión a los que tienen derecho los partidos políticos. La finalidad de su propuesta es que se garantice el derecho al acceso a la información, la difusión de ideas y libertad de difusión de opiniones, además de que la legislación sea acorde con la Ley General de Propaganda Oficial, misma que se crearía como parte de esta iniciativa.

La reducción del número de integrantes del Congreso de la Unión es otro de los temas favoritos. En la legislatura anterior, el PRI propuso reducir el número de legisladores que se eligen por el principio de representación proporcional, los llamados plurinominales. En la actual legislatura han sido diputados de Morena y del PAN quienes proyectan reconfigurar la Cámara de Diputados. Específicamente, el diputado morenista Juan Martínez Flores lanzó la idea de disminuir el número de miembros de la Cámara para pasar de 500 a 400. Por su parte, el diputado del PAN, Mario Mata Carrasco, hizo el mismo planteamiento, diferenciando la forma de lograr dicha reducción. El diputado de Morena, tal como en su momento lo planteó el PRI, propone restringir a 100 las diputaciones que se eligen por la vía de la representación proporcional; mientras que el legislador panista plantea una reducción de escaños tanto en la vía de la mayoría relativa como en la de la representación proporcional, de manera que para la primera se elijan a 240 legisladores de mayoría relativa y 160 de representación proporcional.

Estas iniciativas, al margen del cambio particular que propone cada una, implican modificar los distritos electorales en todo el país, lo que puede tener efectos relevantes en la representación de las fuerzas políticas dentro del Congreso, así como en la pluralidad en su composición. Sin embargo, justifican nuevamente su propuesta con la reducción de costos, lo cual es casi una constante para validar cualquier reforma electoral que se realice en el país.

Además de modificar la composición del Congreso de la Unión, los parlamentarios también sugieren cambiar los mecanismos de elección de nuestros representantes. La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Movimiento Ciudadano, apuntó a reformar la legislación electoral para elegir diputados únicamente por la vía de representación proporcional, a partir de listas cerradas y que no puedan modificarse al momento de la designación de los escaños con motivo de la aplicación de la fórmula. El diputado priista Eduardo Zarzosa Sánchez expuso que, de los 200 diputados de representación proporcional, 100 de ellos se asignen a la primera minoría, como ocurre en la Cámara alta con las senadurías de primera minoría. Por su parte, el diputado Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del pt, impulsó la creación de una sexta circunscripción para elegir diputados que representen a los mexicanos en el extranjero.

Un cambio en las reglas de elección de los miembros del Congreso de la Unión tiene varias repercusiones en el sistema electoral, pues no sólo impacta en la forma de elegir a nuestros representantes, sino que también tiene efectos en la vida interna de los partidos políticos, en particular en los procesos de selección de candidaturas.

Los temas de género son permanentes en la agenda legislativa. Varios de los avances logrados para tener condiciones un poco más equitativas respecto a la participación de hombres y mujeres en la vida pública han tenido como origen la arena electoral. Sin embargo, todavía quedan muchos pendientes, entre ellos uno de los más relevantes sigue siendo la violencia de género en el ámbito político, también denominada violencia política de género.

Sobre estos temas prácticamente todos los partidos han mostrado gran interés, ya que se cuenta con, al menos, una iniciativa por grupo parlamentario en esta materia. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, las iniciativas presentadas se han enfocado a incluir el tema de violencia de género en cada una de las leyes que rigen el proceso electoral.

Las referidas a violencia política de género proponen, en primer lugar, establecer una definición de ésta. También se ha contemplado tipificarla como delito electoral, sancionar a quien incurra en esta práctica y establecer la violencia política de género como causal de nulidad en una elección. De manera particular, las iniciativas presentadas por MC, PAN y Morena buscan cambios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los cuales tienen como finalidad focalizar el tema de violencia de género como un punto de interés para todos los actores involucrados en materia electoral, desde las instituciones que la regulan hasta los partidos políticos.

No cabe duda de que uno de los temas centrales en este primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura fue el electoral, mismo que ha tocado todos los puntos sensibles de esta materia: desde la búsqueda de un nuevo diseño institucional, pasando por un ajuste en el financiamiento público hasta la inclusión de un tema tan trascendental como la violencia de género.

El nuevo año legislativo que inicia este septiembre será, sin duda, muy relevante en cuanto al ámbito electoral, pues diferentes legisladores han anunciado que buscarán aprobar una reforma electoral. Material tienen, y de sobra, por lo que la discusión se dará al menos en comisiones y muy probablemente en el Pleno de las cámaras. Ante esto, y previo a cualquier modificación en la legislación electoral, siempre es oportuno preguntarse ¿qué es lo que se quiere cambiar?, ¿para qué lo queremos cambiar? Y, en función de esto, ¿qué tan profundo queremos que sea ese cambio?

* * Director de Strategia Electoral.
1 De ese año a la fecha se han presentado más de 40 iniciativas de ley sobre este tema.
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