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martes 18 de diciembre de 2018

La Gobernación

Diódoro Carrasco Altamirano*

El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno en circunstancias inéditas. Ha sido el candidato presidencial con mayor votación en términos relativos y demográficos, con el mayor número de sufragios. Esto le otorga una inobjetable legitimidad, respaldada también al haber obtenido su partido el control mayoritario en ambas cámaras en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos estatales.

La agenda del nuevo gobierno debe atender desafíos, algunos prioritarios y otros estratégicos, para la gobernabilidad: inseguridad pública y violencia; estado de derecho y corrupción; desigualdad y pobreza; protección civil y cambio climático; fenómenos migratorios, entre otros, sin olvidar que siempre habrá sucesos imprevistos.

Inseguridad y violencia

La gobernabilidad está en riesgo por la incapacidad para contener la violencia, lo que genera inseguridad en todo el territorio nacional. Las múltiples causas de la misma hacen muy complejo diseñar estrategias efectivas y con resultados en el corto plazo.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es un acierto en tanto coordine efectivamente la estrategia y las políticas públicas y construya un nuevo modelo de seguridad que disminuya la violencia. Es imprescindible atender las circunstancias variadas y muy diversas de cada entidad federativa y de cada municipio del país.

Por otra parte, la creación de la Guardia Nacional, como está anunciada en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, integrada por policía militar, naval y federal, sostiene y mantiene la estrategia de que sean fundamentalmente las fuerzas armadas las que realicen las tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada en el territorio nacional, hoy insustituibles. Es entendible la urgencia de que las fuerzas armadas permanezcan en estas tareas, pero también es indispensable que la excepción no se torne costumbre.

Esta Guardia Nacional debe complementarse con las policías estatales y municipales para que los gobiernos de las entidades federativas asuman cabalmente su responsabilidad frente a sus ciudadanos. Es imperioso homologar políticas, protocolos, tecnología, equipamiento y servicio civil de carrera entre los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La Policía Federal Civil debe crecer, profesionalizarse y recuperar gradualmente su espacio de actuación: carreteras y vías federales de comunicación, puertos, fronteras e instalaciones estratégicas, para permitir que las fuerzas armadas retornen gradualmente a sus funciones para la seguridad y defensa de la soberanía nacional.

Estado de derecho y corrupción

La credibilidad y la confianza son sustento de la gobernabilidad. El respeto al estado de derecho es la mejor vía para construir tanto una como la otra. La corrupción daña esa confianza y esa credibilidad, deteriora la capacidad de un gobierno para actuar.

La transparencia, la rendición de cuentas, una fiscalía con la autoridad y la fuerza para aplicar la ley por encima de poderes de cualquier índole y evitar la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones de justicia, son algunas de las piezas que se requieren en los niveles federal y estatal para afianzar la gobernabilidad.

Desigualdad y pobreza

Entender que la desigualdad y la pobreza son resultado de la discriminación ha sido un proceso de difícil conceptualización. Suponer que hay colectivos superiores y que por ello deben ser favorecidos, además de injusto, ocasiona graves daños a los derechos humanos.

Las mujeres, las y los jóvenes, las personas integrantes de la comunidad LGBTTI y quienes forman parte de pueblos y comunidades indígenas, entre otros, han visto truncadas sus oportunidades de desarrollo. Las políticas públicas deben diseñarse con la participación real de quienes viven la discriminación y considerando sus muy variadas situaciones.

Garantizar el acceso a sus derechos evita que busquen por otras vías las oportunidades que injustamente se les niegan. Prevenir la inestabilidad y evitar conflictos sociales, a través del diálogo y la conciliación política, es un mandato de la gobernabilidad.

Migración

La mutación del fenómeno migratorio de Centro y Sudamérica rumbo a los Estados Unidos de América, del tránsito individual u “hormiga” a la transmigración masiva y, como se prevé, continua y sin plazos definidos, constituye un nuevo reto en materia de política interior.

Los grupos migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que hoy se desplazan por el territorio nacional hacia la Unión Americana huyendo de la pobreza y la violencia, transfieren al gobierno de México problemas de seguridad, riesgos sanitarios, delincuencia, así como presión en el empleo y servicios públicos en general, cuando no pueden pasar a Estados Unidos.

Sin disminuir la importancia de ciertas agresiones a manos de los connacionales o de los migrantes, el reto más delicado para la gobernabilidad será el impacto de la migración en la relación con el gobierno de los Estados Unidos y sus efectos por el cierre de la frontera, las amenazas en la cooperación y las presiones políticas en general, que afectan la relación bilateral.

Protección civil y cambio climático

Un reto creciente para la gobernabilidad ocurre como consecuencia de los desastres naturales, dimensionados ampliamente por el cambio climático, que ponen en riesgo continuamente la seguridad y las pertenencias de la población especialmente vulnerable.

Año con año las lluvias torrenciales aumentan, hay mayor número de huracanes, el periodo de secas e incendios forestales se amplía; las amenazas volcánicas, sismos y terremotos son cada vez más temibles. Además de pérdidas de vidas humanas, estos fenómenos causan costosos daños a la infraestructura social, con grandes implicaciones económicas y culturales que producen evidentes riesgos para la paz y la gobernabilidad.

Lo imprevisible

Finalmente, siempre ocurren imprevistos que afectan de manera profunda, modifican escenarios y proyectos o, incluso, cambian el rumbo de un gobierno, como sucedió con el levantamiento zapatista y los crímenes políticos de 1994; los trágicos accidentes de altos servidores públicos; los escándalos de corrupción y negligencia gubernamental; hechos de violencia irresolutos, como el caso de Ayotzinapa o las crisis financieras provocadas por factores externos del mercado global o equivocadas e inoportunas decisiones del gobierno.

Para fines de la gobernabilidad, la forma de reaccionar ante este tipo de fenómenos, la oportunidad, la decisión política, la coordinación y operación institucional, el cuidado del marco legal y la comunicación, siempre hacen la diferencia.

La atención de la agenda de riesgos para la gobernabilidad exige toda la voluntad política, pero esta no será suficiente si no va acompañada de medidas concretas, de protocolos de coordinación oportuna y eficaz de las instancias gubernamentales, y de instituciones sólidas y funcionales.

* Fue subsecretario y secretario de Gobernación (1998-2000).
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