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Miércoles 18 de julio de 2018

La división del PRI y la caída del sistema

Humberto Musacchio*

Una característica del régimen posrevolucionario fue que a lo largo de su existencia –¿Todavía vive?– mantuvo un riguroso control de los procesos electorales y la asistencia ciudadana a las urnas era apenas un rito que tenía por finalidad la legitimación del sistema. Sin embargo, en 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato opositor, fue diferente.

No era cualquier cosa ser el hijo de Lázaro Cárdenas, una de las glorias del régimen, el estadista que expropió el petróleo, algo que entonces todavía se apreciaba. Cuauhtémoc, con 25 años de militancia en el PRI, ya había sido senador, subsecretario de Estado y gobernador de Michoacán, donde su periodo terminó en 1986. A partir de ese año, comenzó a buscar la candidatura presidencial, pero en unos cuantos meses se convenció de que todo estaba cocinado para que el ungido fuera Carlos Salinas de Gortari.

Eran los años ochenta y corría el sexenio de Miguel de la Madrid, con el país sumido en una de las peores crisis económicas de su historia. Las tasas anuales de inflación superaban el ciento por ciento y, para colmo, en 1985 un terremoto había costado miles de muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Los damnificados se convirtieron entonces en una fuerza que reclamaba vivienda y surgieron varias organizaciones que los aglutinaron. Un grupo de relevantes priistas, sensibles a lo que estaba ocurriendo, entendió que el país necesitaba un golpe de timón; como suele suceder, se juntó el hambre con las ganas de comer y Cuauhtémoc, que aspiraba a la candidatura, se vio apoyado por personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Rodolfo González Guevara, a quienes pronto se unieron César Buenrostro, Cristóbal Arias, Roberto Robles Garnica, Francisco Javier Ovando y otros cuadros que formaron la Corriente Democrática del PRI.

Cárdenas, Muñoz Ledo y otros dirigentes realizaron intensas giras por el país y sus apoyos fueron creciendo hasta llegar a la Asamblea del PRI de 1987, donde hubo una manifiesta hostilidad de la Nomenclatura hacia Cuauhtémoc y sus compañeros, quienes con excepción de González Guevara decidieron dejar el partido por considerar que había abandonado los principios de la Revolución Mexicana.

En un primer momento, los escindidos eran apenas un puñado de dirigentes, pero en las semanas y meses que siguieron a ese episodio fueron abandonando el PRI grupos que se unieron al hijo del Tata, en quien amplios sectores de la población veían la reencarnación de los principios nacionalistas y populares que había hecho a un lado el partido, inmerso ya en el neoliberalismo.

Estaba claro que Cárdenas sería candidato presidencial y muy pronto, todavía en 1987, Carlos Cantú Rosas, el controvertido dirigente del PARM, anunció que sus integrantes lo abanderarían. Luego lo hicieron el PPS, el PFCRN (“el partido del ferrocarril”) y grupos en busca de registro electoral como el Partido Social Demócrata, de Luis Sánchez Aguilar, y el Partido Verde, que todavía no era el emporio económico de hoy. Pronto se unieron diversos contingentes sociales y todos ellos integraron el Frente Democrático Nacional.

En 1986, pese a las protestas de la débil oposición parlamentaria, la legislación electoral fue reformada con el voto abrumador de la mayoría priista en ambas cámaras. Aumentó de 400 a 500 el número de miembros de la Cámara de Diputados y se estableció que si ningún partido alcanzaba la mitad más uno de ese medio millar, al partido con más constancias de mayoría le serían asignadas las curules necesarias (de representación proporcional) para que tuviera mayoría absoluta. Cada cámara calificaba la elección de sus miembros y no la Comisión Federal Electoral, que estaba presidida por el secretario de Gobernación e integrada de manera tal que el PRI se aseguraba en ese órgano una mayoría de 16 votos contra solo 12 de toda la oposición. Por si algo faltara, la ley ordenaba que a la CFE correspondía la “preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales”, lo que daba al PRI el control absoluto, mismo que conservó hasta 1994, con el gobierno de Salinas en una aterradora crisis y el gran Jorge Carpizo en la Secretaría de Gobernación.

Las modificaciones a la legislación electoral de 1986 instituyeron el financiamiento público a los partidos, mantuvieron la formación de coaliciones y candidaturas comunes y crearon el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, medidas todas de carácter positivo, pero que se vieron opacadas por el afán gubernamental de mantener un férreo control de instituciones y procesos electorales.

En esas condiciones se llegó a la campaña electoral de 1988, en la que el candidato del PRI era privilegiado en los medios de comunicación y aclamado en las concentraciones organizadas por la maquinaria electoral de su partido, probadamente capacitada para estas funciones. Pero enfrente había un candidato del PAN, Manuel J. Clouthier, que con un estilo desenfadado había revitalizado las fuerzas de su partido y despertaba el interés de considerables sectores sociales. Doña Rosario Ibarra de Piedra, candidata del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, recorría el país con su indeclinable exigencia de que los desaparecidos políticos fueran presentados con vida.

Al comenzar formalmente la campaña, el Partido Mexicano Socialista tenía como candidato a Heberto Castillo, pero al paso de las semanas era evidente que el voto de izquierda emigraba hacia el Frente Democrático Nacional, por lo cual, faltando poco más de un mes para los comicios, Heberto renunció a su candidatura a favor de Cárdenas, aunque el nombre del candidato pemesista apareció en las boletas porque la Comisión Federal Electoral se negó a reimprimirlas.

Cuauhtémoc Cárdenas atraía a multitudes y por todo el país se integraban comités de apoyo al Frente Democrático Nacional. Resultaba sorprendente la participación popular. El país estaba ante algo nuevo y esperanzador para una sociedad afectada por la inflación galopante, la consecuente alza de precios y una virtual congelación de salarios. El ánimo de cambio se sentía especialmente en el Distrito Federal, donde estaba la población mayormente afectada por los sismos de septiembre de 1985. Por primera vez en muchos años flotaba en el ambiente la posibilidad de derrotar al PRI y a su candidato.

Así llegó el 6 de julio de 1988, con una gran afluencia de votantes, muchos de los cuales mostraban orgullosos su boleta cruzada por el candidato del FDN.

Mientras tanto, cundía el pánico en las fuerzas oficialistas. Cuenta Martha Anaya en su libro 1988: el año que calló el sistema (Ed. Debate, 2008) que, enterado de lo que ocurría, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett llamó al presidente Miguel de la Madrid para decirle: “Oye, las cosas están saliendo muy negativas; por lo que me estoy dando cuenta, las cosas vienen mal”. La misma autora cita a Óscar de Lassé, quien dijo: “Se subestimó el nivel de escepticismo y desencanto”, no había un plan B, y “fue entonces que comenzó una desesperada carrera para llevar votantes de última hora, detener la votación con algún pretexto, robar urnas, anular boletas a escondidas o de plano quemarlas, cambiar números en las actas, falsificar firmas de representantes de casilla, hurgar en los lugares donde no hubo representantes de la oposición y meter ‘zapatos’, ¡lo que fuera!”.

En la Comisión Federal Electoral los funcionarios no ocultaban su nerviosismo. Era la primera vez que se contaba con un sistema de resultados electorales preliminares, pues desde cada distrito electoral se reportaban las cifras directamente a la Comisión. Pero algo andaba mal, pues algún funcionario decidió no dar a conocer la información, en su mayoría adversa al PRI, que llegaba de las zonas urbanas. Las terminales de la computadora permanecían apagadas y no se hicieron esperar las protestas de los representantes de los partidos: Diego Fernández de Cevallos, del PAN; Jorge Alcocer Villanueva, del PMS; Jorge Amador, del “ferrocarril”; Efraín Calvo, del PRT, e Hildebrando Gaytán, del PPS.

De repente se encendió la computadora del PAN y empezaron a fluir los resultados de Hidalgo, adversos al PRI. Los representantes de los partidos corrieron hasta esa terminal. Hacia las ocho de la noche se encendieron todas las pantallas y siguieron cayendo los números de Hidalgo. En una de las terminales aparecieron datos de Morelos y poco después se oscurecieron nuevamente las pantallas entre gritos y sombrerazos de los representantes de la oposición, que peleaban con los técnicos en computación, hasta que finalmente habló Fernández de Cevallos:

–Se nos informa que se calló la computadora, afortunadamente no del verbo caer, sino del verbo callar.

En medio de la indignación de unos y la desazón de otros, Manuel Bartlett decretó un receso “en lo que se hace la investigación”.

En su cuartel de campaña, Cuauhtémoc Cárdenas, con 50 por ciento de las casillas computadas, anunció que contaba con 42 por ciento de los votos contra 36 por ciento de Carlos Salinas, por lo que se declaró vencedor.

A media noche, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, con un interminable palabrerío a manera de preámbulo, declaró que Carlos Salinas de Gortari era el ganador con 50.4 por ciento de los votos, lo que fue recibido con la algarabía propia de una funeraria.

En 2004 apareció el libro Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia 1982-1988, de Miguel de la Madrid Hurtado, quien pone en duda el triunfo de quien fuera su sucesor. Más directo, 29 años después, en julio de 2017, Bartlett declaró al periódico Reforma que las cifras de la elección de 1988 habían sido manipuladas para dar el triunfo a Carlos Salinas.

En una comida de periodistas con José Francisco Ruiz Massieu, días antes de su muerte, entre otros temas la plática derivó hacia los procesos electorales. Alguien dijo que en 1988 el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas, a lo que el guerrerense ripostó: “No, no. El resultado oficial ya lo conocen, pero en realidad nadie sabe quién ganó. Entonces nosotros manejábamos todo”.

¿Ya no?

* Periodista
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