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sábado 24 de agosto de 2019

Justicia enredada

Gabriela Villafuerte Coello*

Después de cada proceso electoral viene la tentación, seducción o provocación de hacer reformas, empezando, desde luego, con la Constitución Federal.

Entonces, una vez que terminó el pasado proceso electoral federal de 2017-2018, como se acostumbra, los legisladores del Congreso de la Unión nos exponen la posible e inminente Reforma Constitucional en Materia Electoral.

A mí me parece que, más que reformar, deberíamos reforzar o apuntalar la Constitución, las Leyes, las Instituciones, los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que –sin duda– tienen áreas de oportunidad; la idea que planteo es, darle más fuerza a lo que ya tenemos.

Los aspectos que se pueden mejorar, desde mi óptica y con base en mi experiencia en Sala Superior y como Magistrada de la Sala Regional Especializada, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son:

  1. Fortalecer el artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Federal

Estos párrafos se incluyeron después del proceso electoral de 2006, en la Reforma Constitucional en materia político-electoral de 2007, para evitar que factores ajenos a la contienda influyeran en ella; se estableció un nuevo modelo de comunicación político-electoral, que prohibió la difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campañas y el uso indebido de recursos públicos.

El artículo 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Federal, establecen patrones de conducta y actuación para el servicio público; los principios rectores son: la mesura, neutralidad e imparcialidad; en pocas palabras, la Constitución dispone que los funcionarios se mantengan al margen de los procesos electorales.

La finalidad de esta adición es que los recursos públicos no se usen con fines político-electorales y se evite la promoción personalizada para que exista una sana contienda, pero no sólo durante el proceso electoral, sino también en los periodos ordinarios o en todo momento; es decir: mesura constante.

Las obligaciones y fines del servicio público con relación a la materia electoral pareciera que son claros, sin embargo, mi labor como jueza me revela lo contrario; pues, al no existir Ley Reglamentaria, se ha dejado la tarea de interpretar y dar lógica a estas obligaciones a los órganos jurisdiccionales.

No ignoro que existe la Ley General de Comunicación Social publicada en 2018 y las Prácticas de Comunicación Social de 2019, pero considero que no es suficiente con esta reglamentación.

Porque, en el día a día del trabajo en la Sala Regional Especializada, las denuncias por violación a este artículo son constantes y consecutivas. Se ponen a discusión, por dar algunos ejemplos, estos temas:

  • Es válido o no que los servidores públicos asistan y participen en eventos proselitistas.
  • Pueden incluir temas personales u opiniones político-electorales en una red social que utilizan para informar a la ciudadanía sus actividades públicas.
  • Pueden o no dar más informes que los que contempla la Ley.
  1. Sanción o vista, cuando se trata del servicio público

Ahora voy a hablar de las sanciones cuando se trata del servicio público, la Sala Especializada sólo puede dar vista a quien sea superior jerárquico, expediente que muchas veces se archiva o, simplemente, no sabemos qué sucede; al no haber una sanción que inhiba la realización de este tipo de conductas, se sigue violando el artículo 134.

Al respecto, la Sala Superior ha dicho que se pueden crear procesos específicos para atender estas vistas, no obstante, a partir de la experiencia planteo otra posibilidad: dotar de competencia a la Sala Especializada para que pueda sancionar a los funcionarios públicos; lo que ahorraría la creación de otro procedimiento, máxime cuando la determinación de la responsabilidad en que incurrieron es un hecho real que no puede variarse (salvo cuando así lo decida Sala Superior).

  1. Reelección

Otro tema relacionado que me parece importante reflexionar es la reelección; recordemos que esta figura se incluyó en la pasada reforma electoral de 2014, la cual entrará en vigor en todo el país a partir de las elecciones de 2021.

Con la posibilidad de reelegirse, las obligaciones que prescribe el artículo 134 ya no resuenan, me atrevo a decir que no cabe la reelección en el 134, tal como está diseñado, porque los servidores tendrán recursos públicos bajo su responsabilidad y, al mismo tiempo, la doble calidad en ese encargo y como candidatos/as; lo que, por sí solo, los situaría en una situación de ventaja respecto a otros contendientes que no cuenten con esa calidad.

Por medio de la reelección la ciudadanía puede premiar o castigar con su voto al servidor público respecto a su desempeño, que se traduce en una vertiente a la continuidad del cargo; la solución, para mí, no es la separación de éste, porque es un contrasentido a la reelección.

  1. Redes sociales

Finalmente, creo que debemos poner especial atención a internet y las redes sociales, porque en estos espacios han tenido un crecimiento exponencial cuando hablamos de propaganda político-electoral, incluso es un medio para trasmitir en vivo eventos, reuniones y todo tipo de actos.

Sabemos que el modelo de comunicación distribuye y regula a los medios informativos tradicionales, como radio, televisión y prensa impresa, entre otros, pero no contempla las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Por la propia naturaleza de internet y las redes sociales, los usuarios, actores políticos y ciudadanía interactúan y se comunican en un plano de igualdad. La información, fotografías, videos y todo tipo de contenidos fluyen de manera masiva, continua y en tiempo real, lo que trae consigo diversas implicaciones jurídicas.

Estos nuevos escenarios no se regulan en norma mexicana alguna, pero la regla general es proteger y salvaguardar la difusión de ideas y opiniones, las cuales se han potencializado gracias a las oportunidades de fácil acceso que permiten las redes sociales, la excepción debe ser siempre restringirlas.

Las restricciones o excepciones sólo pueden darse en circunstancias extraordinarias y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos, ya que mediante estos espacios digitales la ciudadanía encontró una vía para ejercer su libertad de expresión e información (para los usuarios que los siguen).

Por ello, se debe considerar, en caso de pretender regular estos ámbitos, que no debe ser de manera indiscriminada, porque el hecho de sentir la vigilancia del Estado, por medio de sus diferentes autoridades, puede generar en los usuarios de estos espacios digitales un acto de molestia, censura, intimidación o invasión a un espacio libre para la difusión de ideas y opiniones, que protege el artículo 6° constitucional.

Precisamente por ello la regla general es proteger la libertad de expresión, pero debo hacer notar que no puede quedar al margen de la Ley el uso perverso que se dé a las redes sociales e internet, porque son sitios donde hay casos de:

  • Ciberviolencia
  • Violencia política por razón de género
  • Violencia por razón de género
  • Uso indebido de la imagen de niños, niñas  y adolescentes
  • Desinformación
  • Noticias falsas o fake news
  • Anonimato
  • Monedas digitales
  • Estrategias de manipulación de buscadores de datos e información, entre otras

Entonces, se deben establecer parámetros específicos para estudiar la internet y las redes sociales, sin juzgarse siempre y en todo momento de forma automática; hay que verificar cada caso para definir si se analiza o no; el hecho de sentir la vigilancia desproporcionada del Estado, encarnada en sus diferentes autoridades, puede violar el derecho humano a la libertad de expresión.

Debo hacer énfasis en que es indispensable sumarnos todos y todas en este esfuerzo por madurar ahora mismo nuestra democracia y abatir la gran deuda que existe con los principios y valores que la nutren.

* Magistrada Presidenta de la Sala Regional Especializada del TEPJF. Licenciada en Derecho por la UNAM. Abogada desde hace 30 años, actualmente trabaja como jueza en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Facebook Gabriela Villafuerte Coello. Twitter @GaVillafuerteC
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