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sábado 24 de agosto de 2019

Justicia electoral

Por José Woldenberg

José de Jesús Orozco Henríquez. Justicia electoral 

comparada de América Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas. unam. México. 385 pp.

Acostumbrados a visiones provincianas y a subrayar la singularidad de México, somos atraídos poco a realizar análisis comparativos con otros países. Ese (creo) es el primer mérito del libro de Jesús Orozco: ampliar el campo de visión, abrirse al mundo y, en ese contexto, observar a México en particular y a América Latina como marco.

Por otro lado, uno tiende a creer de manera inercial que lo que es, es lo natural. No solemos reparar en que si bien las legislaciones en materia electoral son construcciones singulares, marcadas por contextos específicos y retos puntuales, las necesidades que tratan de atender suelen aparecer, literalmente, en todo el mundo. De tal suerte que comparar disposiciones normativas distintas en una misma materia proporciona información válida para todos aquellos que se interesen por el tema. En este caso: políticos, funcionarios electorales, magistrados, periodistas, legisladores, académicos y quienes deseen tener una visión más allá de los clichés en boga.

Si hay algo que se ha desarrollado con fuerza en los últimos años es, precisamente, la legislación electoral y en particular aquello relacionado con la justicia electoral. No es casualidad. La llamada “tercera ola” democratizadora en (casi) todo el mundo puso en el centro de atención la regulación de esa condición necesaria (aunque no suficiente) de los sistemas democráticos. Porque lo sabemos o lo deberíamos saber: no existe democracia si no hay elecciones auténticas.

Dado que las elecciones son un terreno plagado de conflictos (como la vida misma), resulta imprescindible edificar conductos, instituciones y normas capaces de encausarlos y resolverlos. Es por ello que en todas las latitudes existe un sistema de justicia electoral propio, pero cuando expandimos el campo de visión podemos observar las similitudes y diferencias con otros sistemas equivalentes. Jesús Orozco, quien fuera magistrado de la Sala Superior del primer Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 1996 y 2006, y más tarde integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2010 y 2017, lo sabe mejor que nadie. Su larga y fecunda experiencia como juzgador y su vocación por el estudio han dado como un fruto maduro el libro Justicia electoral comparada de América Latina.

Las elecciones son (no me cansaré de repetirlo) el expediente que ha inventado la humanidad para que la pluralidad política asentada en una sociedad pueda expresarse, recrearse, convivir y competir por los cargos de representación. Es un recurso civilizatorio que no supone la negación o, peor aún, la persecución de los contarios, sino una fórmula participativa para que los ciudadanos elijan a quiénes los deben gobernar, así como quiénes y en qué proporción deben estar presentes en los órganos legislativos. Pero en su código genético está el conflicto, un conflicto regulado, natural, esperado, pero conflicto al fin. Por ello resulta una necedad (o, peor aún, negligencia) darle la espalda; lo que se requiere son normas y conductos para dirimirlo de una manera pacífica y legal.

Pues bien, eso es lo que Jesús Orozco desmenuza en su informado texto. Desde los mecanismos que pone en acto la justicia electoral, hasta los diversos tipos y características de los medios de impugnación; desde los principios y garantías que intentan tutelar las diferentes fórmulas de impartir justicia, hasta la tarea expansiva que cumple el sistema interamericano de derechos humanos.

Al final del recorrido uno sabe que la centralidad del tema es cada vez mayor, que en los últimos tiempos se ha robustecido el interés y las innovaciones en la materia, que no hay país con aspiraciones democráticas que no haya prestado atención al asunto de la justicia electoral. Asimismo, (creo yo) que no existen recetas universales, exportables. Cada legislación es fruto de una historia, forjada en coyunturas específicas que la explican. Pero conocer lo que sucede en otros países permite pensar nuestras recetas de mejor manera, quizá para refrendarlas, quizá para reformarlas y, en el extremo, para desterrarlas.

Un capítulo merece especial atención, donde se “exploran los principios y garantías de los sistemas de medios de impugnación electoral” y en el cual Orozco distingue entre las garantías “orgánicas” de la institución encargada de impartir justicia electoral y las garantías procesales. Dice el autor que entre las primeras debe apuntarse la autonomía y estabilidad del organismo: “la independencia, imparcialidad y estabilidad de sus miembros, así como el régimen de rendición de cuentas, responsabilidades, integridad y profesionalismo de estos últimos”.

En efecto, se trata de un tema central. Dado que los procesos electorales desatan las más extraviadas esperanzas, pero también las más intensas pasiones, es necesario contar con un árbitro capaz de colocarse por encima de las apuestas y triquiñuelas de los competidores. Por ello la autonomía del órgano resulta central. Porque un árbitro alineado a alguna de las fuerzas políticas no sólo daña el prestigio de la institución, no sólo inyecta desconfianza en el proceso que, por antonomasia, debe producir confianza, sino que incluso puede coadyuvar a la inestabilidad y a que la discordia no encuentre cauces para resolverse.

En 50 apretadas páginas, Jesús Orozco hace una muy pedagógica historia de la justicia electoral de nuestro país, en la cual se puede observar el paso de una justicia política a cargo de órganos legislativos a la edificación de un contencioso plenamente judicializado, pasando por los múltiples recovecos de una historia zigzagueante. Ello me da pie a recordar una época crucial para entender el tránsito definitivo hacia una justicia electoral impartida por tribunales. Todavía a inicios de la década de 1990, cuando México había experimentado con el Tribunal de lo Contencioso Electoral (1987), junto con la calificación política de las elecciones, incluso cuando ya existía el Tribunal Federal Electoral (1990), los conflictos poselectorales se resolvieron con las llamadas concertaciones: pactos políticos entre los partidos contendientes y el gobierno, realizados a espaldas del Tribunal Electoral, que tenían la virtud de desactivar espirales conflictivas, pero que contribuían al descrédito de las instituciones electorales. No fue sino hasta la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, cuando se edificó una vía y una institución capaz de resolver los conflictos en la materia.

Se trata de una pieza crucial para aceitar la competencia y convivencia de la diversidad política, de un ancla para la estabilidad, de un componente imprescindible de nuestra germinal democracia y, por ello mismo, el tema de su autonomía, de su capacidad para actuar por encima de las apuestas partidistas o gubernamentales resulta estratégica. No es un tribunal más, sino el que procesa y resuelve los enfrentamientos políticos más relevantes. De ahí su transcendental responsabilidad y su imprescindible comportamiento apegado a la Constitución y la ley.

Permítanme ahora una nota menor que me sugirió el libro. Orozco, con buen tino, dedica algunas páginas a lo que él llama métodos alternativos para la solución de conflictos electorales, entre los que encuentra mecanismos como el desistimiento. Pues bien, en las elecciones mexicanas de 1997, 2000 y 2003, el IFE, luego de calificadas las elecciones, se acercaba a los representantes de los partidos para que se desistieran de algunos recursos que claramente no tenían miga o habían sido utilizados sólo con fines publicitarios, los cuales sumaban cientos. Por supuesto, aquellas quejas importantes y centrales debían ser resueltas. Los partidos solían allanarse porque no tenía caso continuar con litigios insustanciales y ponían como condición (entendible) que los otros partidos hicieran lo mismo de manera equivalente, pero al final el IFE podía descargar cientos de recursos frívolos. Pues bien, en una jurisprudencia de 2009, el Tribunal estableció que el desistimiento no procedía tratándose de partidos. Fue un “autogol” que multiplicaba la litigiosidad inútil, al cancelar una vía de solución de conflictos no sólo legítima, sino funcional y prudente. Un llamado de atención para que los órganos jurisdiccionales actúen con visión de conjunto y no de forma miope o cortoplacista, porque su jurisprudencia se convierte en norma ineludible y, por ello, deben evaluar las derivaciones de sus resoluciones.

Cabe subrayar que las elecciones en todo el mundo hoy tienen una visibilidad que rebasa fronteras e incluso existen órganos multinacionales que tutelan los derechos políticos. Razón por la que los comicios deben desarrollarse con garantías de imparcialidad, tanto por parte de las autoridades administrativas como de los órganos jurisdiccionales. Toda la parafernalia que, de manera exacta y elocuente, narra Jesús Orozco tiene esa finalidad. Lo relativamente novedoso –como lo indica el autor– es que hoy los derechos político-electorales se consideran como derechos humanos “y varios de ellos se encuentran consagrados en diversos instrumentos internacionales”, que “han diseñado y desarrollado organismos y procedimientos encargados de reforzar, de manera subsidiaria y complementaria, los medios de protección y defensa establecidos en el ámbito nacional interno” (p. 224). De tal suerte que en la materia no se puede ni se debe aspirar a la autarquía. Por el contrario, somos parte del mundo y nuestros compromisos con él en materia electoral pueden llevar los litigios nacionales a instancias multinacionales. México es signatario de convenciones y declaraciones que establecen los estándares interamericanos aplicables y las instancias encargadas de ello (la Comisión y la Corte Interamericanas). Un candado más para refrendar en cada elección el cumplimiento de esas normas.

Termino: estamos ante un libro erudito y pedagógico. Fruto de años de trabajo y reflexión. Una contribución central al conocimiento de los diversos sistemas de justicia electoral que existen en nuestra región, aunque no sólo en ella. Los interesados tienen una fuente de consulta informada y útil. Y si recordamos lo elemental, que en ocasiones es lo fundamental, como por ejemplo: que no existe democracia sin elecciones y que, al parecer, no hay elecciones sin conflicto, entonces el tema de la justicia en la materia –espero– que siga siendo pertinente a lo largo de los años.

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