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sábado 23 de febrero de 2019

INE recortado

Edmundo Jacobo Molina*

México enfrenta hoy diversos desafíos que deben atenderse de manera urgente y prioritaria. La difícil realidad que viven más de 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza1 merece una decidida y eficaz actuación del Estado mexicano en su conjunto.

El INE es sensible y consciente de esta innegable realidad. El despliegue operativo y logístico que realiza permanentemente a lo largo y ancho del país para garantizar los derechos políticos fundamentales de millones de mexicanos, así como organizar elecciones de manera transparente y confiable, le ha permitido conocer de primera mano los diferentes rostros de uno de los países más desiguales del mundo.2

Frente a esta adversidad que atañe a todos, las instituciones del Estado mexicano tienen un rol preponderante: convertirse en entes más eficientes (hacer más con menos sin menoscabo de calidad ni eficacia) y garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales e indispensables para el desarrollo individual y social.

En el caso del INE, existe el firme compromiso de continuar realizando sus tareas constitucionales y legales con eficacia y responsabilidad, y en estricta observancia de los principios de austeridad, disciplina y racionalidad en el ejercicio del gasto público, que hoy más que nunca debe ser destinado prioritariamente a los sectores más vulnerables, sin descuidar, por supuesto, aquellas funciones estatales que sigan abonando a la construcción del diálogo social, a la gobernabilidad democrática y a la paz pública.

Atender la desigualdad social con políticas públicas abona a la paz social, pero no es suficiente, ya que esta pasa también, necesaria y simultáneamente, por la política. Por eso es importante no quedar atrapados en el paradigma decimonónico de la predominancia de lo económico sobre lo político y menos aún en la consigna de que el fin justifica los medios, para poner en suspenso los derechos y el ejercicio político en libertad en tanto se resuelve “lo sustantivo”.

En este contexto, las tareas encomendadas constitucionalmente al INE, como organizar elecciones, garantizar el respeto a las reglas de la contienda democrática y con ello hacer valer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, entre muchas otras que el legislador le ha conferido a la autoridad electoral, son de impostergable realización, en un país en que aspiramos a vencer las desigualdades sin conculcar derechos y a transferir el poder público pacíficamente.

En ese rumbo, y comprendiendo la magnitud del reto que tiene México, el pasado 28 de noviembre el ine aprobó su anteproyecto de presupuesto para 2019, por un monto de 11 mil 347 millones de pesos.3 Vale la pena enfatizar que era el presupuesto más bajo de su historia. Como referente comparativo, el anteproyecto aprobado por el Consejo General del INE para este año representó una reducción en términos reales de 37.4 por ciento respecto al de 2018, 28.8 por ciento con relación al de 2017, 15 por ciento frente al de 2016 y cinco por ciento respecto de 2015.

Adicionalmente, si ubicamos dicho anteproyecto en el universo total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2019,4 es de apenas 19 centavos por cada cien pesos, es decir, 14 centavos por debajo de lo que representó el presupuesto del INE para 2018 (33 centavos) en el PEF de ese año, no obstante el incremento sucesivo de funciones, obligaciones y responsabilidades que el INE enfrenta.

Es decir, los recursos presupuestales solicitados por el INE a la Cámara de Diputados ya incluían un gran esfuerzo institucional de austeridad y racionalidad, una significativa reducción respecto de años anteriores, y fueron solicitados para cumplir estrictamente con las responsabilidades que la Constitución Política y las leyes reglamentarias le confieren a la autoridad electoral nacional, producto de la nacionalización del sistema electoral mexicano en 2014.

En otras palabras, el presupuesto que requiere el INE en 2019 para cumplir con sus fines, que en un primer momento podría parecer elevado, no lo fija arbitrariamente el Instituto, sino que es resultado de la materialización de las reglas electorales que los actores políticos se han dado para participar en la conformación e integración de los órganos representativos del Estado mexicano y en la renovación de los poderes en los distintos órdenes de gobierno.

El dinamismo propio de nuestro sistema electoral y la regulación en la materia dan muestra de ello. El diseño de las reglas del juego democrático continúa basándose en un clima de desconfianza, lo que ha sobrerregulado y encarecido enormemente la organización de las elecciones. Pero además, el legislador le ha conferido a la autoridad electoral nacional complejas atribuciones, algunas de ellas que en estricto sentido no competen a la autoridad administrativa electoral, y todas implican costos.

Tan solo con la última reforma electoral, por la que se nacionalizó el sistema electoral mexicano, al INE se le acumularon 74 nuevas atribuciones, muchas de ellas que competían al ámbito local, al replantearse la distribución de competencias entre los organismos públicos locales (OPLE) y la autoridad nacional, sobre todo en lo que corresponde al desarrollo de los procesos electorales. Para mejor comprensión, de estas 74 atribuciones, 53 se relacionan con el ámbito de las elecciones locales: mientras que antes el IFE preparaba y organizaba elecciones federales cada tres años, hoy el INE organiza elecciones federales y/o locales cada año, ordinarias y extraordinarias. Desde su creación en 2014, el INE ha organizado más de cien elecciones.

Sin embargo, aun con el esfuerzo institucional hecho por el INE para presentar un presupuesto de 2019 acorde con el contexto económico y social del país y que al mismo le tiempo le permitiera cumplir con sus atribuciones, el 24 de diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 con un recorte al INE de 950 millones de pesos: pasó de los 11 mil 347 millones de pesos solicitados a 10 mil 397 millones de pesos, el mayor recorte en la historia de la autoridad electoral nacional.

Esta disminución tiene profundas repercusiones en la operación del INE, pues en el anteproyecto de presupuesto aprobado por su Consejo General se había estimado, por ejemplo, la cantidad de 619.2 millones de pesos para la organización, en coordinación con los OPLE, de los cinco procesos electorales en curso (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas), en los que estarán en juego 142 cargos de elección popular, incluida la gubernatura de Baja California. En la siguiente tabla se muestra la información electoral básica (preliminar) de dichos procesos.

La reducción de 950 millones de pesos al INE para el ejercicio fiscal de 2019, que constituye el 78.7 por ciento de los mil 206 millones de pesos presupuestados para el desarrollo de proyectos estratégicos, compromete la viabilidad de los proyectos relacionados con la organización de los cinco procesos electorales de este año, considerando las numerosas responsabilidades del INE bajo el actual modelo nacional. Entre las actividades que corresponden al Instituto en estos cinco procesos electorales locales se encuentran, entre otras, las siguientes:

  • La ubicación, instalación y equipamiento de más de 16,100 casillas y la designación y capacitación de sus funcionarios.
  • La instalación de cinco consejos locales y 28 consejos distritales, así como de oficinas municipales, con el propósito de coadyuvar con los OPLE en los procesos electorales locales.
  • La visita domiciliaria a más de un millón 160 mil ciudadanos insaculados para integrar las mesas directivas de casilla.
  • La contratación de poco más de cuatro mil supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral, a fin de integrar el total de las casillas proyectadas.
  • La generación y producción de la lista nominal de electores definitiva con fotografía.
  • La producción de materiales didácticos necesarios para llevar a cabo la capacitación electoral.
  • La fiscalización de los ingresos y egresos de aspirantes, partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, en las etapas de obtención de apoyo ciudadano, precampaña y campaña.
  • La revisión de documentación y materiales electorales de los OPLE conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de Elecciones.
  • La verificación del apoyo ciudadano para las y los aspirantes a obtener una candidatura independiente.
  • La operación de casillas especiales, a fin de garantizar el derecho al voto de ciudadanos en tránsito.
  • La operación del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), para conocer el desarrollo de la elección e incidentes que se presenten.
  • La promoción de la participación ciudadana.

En esta difícil coyuntura, las y los consejeros electorales han solicitado que las áreas operativas hagan un esfuerzo de disminución de su presupuesto: así, de los 950 millones de pesos que no fueron aprobados para el INE, se proyecta cancelar o reducir el alcance y metas de actividades y proyectos por 330.8 millones de pesos. Del mismo modo, se ha instruido que los 619.2 millones de pesos destinados a organizar elecciones no se afecten, y al no contar con otras posibilidades de ajuste, ya que eso implicaría cancelar actividades sustantivas, el Consejo General se vería en la necesidad de aprobar un presupuesto deficitario para este año. Esta situación se ha hecho del conocimiento de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

En el INE existe la firme convicción de que la autoridad electoral nacional no puede renunciar a su mandato constitucional de organizar elecciones, ni interrumpir, cancelar o suspender sus actividades, razón por la cual, en caso de no alcanzar una ampliación presupuestal que le permita superar su déficit, nos veríamos en la necesidad de suprimir algunos gastos irreductibles que afectarían gravemente la operación de la institución para el segundo semestre del año.

En tal sentido, pareciera vislumbrarse además un indeseable camino hacia el debilitamiento institucional de la autoridad electoral nacional, que merece ser materia de reflexión y análisis. Es claro que este camino en nada favorece a nuestra democracia constitucional. La sola posibilidad de cancelar para 2019 importantes proyectos que instrumentan y dan vida a nuestra democracia, nos exige replantearnos con seriedad y mirada crítica el funcionamiento de nuestro sistema electoral.

En un primer lugar, y sin ánimo exhaustivo, es momento de evaluar nuevos modelos y procedimientos que simplifiquen la operación del Instituto y que reduzcan los costos en la organización de las elecciones. Sin duda, se debe caminar hacia la innovación, la simplificación normativa y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información. Pensar en el voto electrónico o en centros de votación electrónica, en la disminución del porcentaje de ciudadanos insaculados que deben ser visitados y notificados (hoy se visita al 13 por ciento de los ciudadanos de cada sección electoral), en la simplificación de medidas de seguridad de la documentación electoral, entre varios temas más, es hoy imperativo y debe abordarse a la brevedad y conjuntamente entre Poder Legislativo, ciudadanía, partidos políticos, académicos y autoridades electorales.

El Instituto está en total disposición de aportar su experiencia y conocimiento acumulados a lo largo de casi tres décadas, primero como IFE y después como INE, para revisar las reglas electorales vigentes y caminar hacia la desregulación normativa sin perjuicio de la calidad y confiabilidad de la organización de las elecciones.

Pero hoy debemos poner todas nuestras capacidades institucionales y humanas a favor de la vida democrática del país, aun con lo complejo y oneroso de las reglas electorales vigentes. El desempeño de nuestro régimen democrático no puede depender únicamente de aspectos financieros o presupuestales. La visión debe ser integral, amplia y de largo alcance.

* Secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Agradezco la colaboración de Carlos A. Uribe Juárez en el presente artículo.
1 Datos a 2016 del Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
2 México es uno de los diez países más desiguales del mundo, según el Informe Pobreza y prosperidad compartida 2016 del Banco Mundial.
3 Acuerdo INE/CG1428/2018 del Consejo General por el que se aprueba el Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019.
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.
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