You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
martes 18 de diciembre de 2018

Gobierno sin oposición

Jorge Alcocer V.*

Durante los primeros diez años de la transición (1979-1988) dos sucesivos gobiernos de origen priista (López Portillo y Miguel de la Madrid) disfrutaron de una apabullante mayoría en la Cámara de Diputados y de un Senado monocolor a su servicio. La correlación de fuerzas cambió en 1988 como producto de la fractura interna del PRI, de la que surgió primero el Frente Democrático Nacional (FDN) y luego el PRD; sin embargo, el de Salinas de Gortari fue un gobierno que, en las dos legislaturas de su sexenio, contó con mayoría absoluta en la Cámara baja, aunque sin la notoria diferencia a su favor habida en legislaturas previas (262 diputados de 500 en la primera de ellas) y mantuvo el predominio apabullante en el Senado, pues, pese al descalabro en la elección presidencial, apenas perdió seis de los 64 escaños que entonces conformaban la Cámara alta.

En la elección de 1994 el PRI conservó mayoría absoluta en las dos cámaras, por lo que el gobierno de Ernesto Zedillo pudo sortear su complicado arranque (el error de diciembre) pagando costos de transacción política pero sin poner en riesgo la certeza de que se aprobaran leyes secundarias y presupuestos fiscales. Fue en la elección intermedia de 1997 cuando por primera vez el PRI no alcanzó mayoría absoluta en San Lázaro, lo que, sumado a la configuración del llamado G-4 (alianza de los grupos opositores), obligó a una radical transformación del gobierno interno de la Cámara de Diputados. Se producía así el ingreso de México al club de países con gobierno dividido, condición que habría de prolongarse durante las siguientes dos décadas.

Cabe recordar que de la reforma electoral de 1990, de la que surgió el Instituto Federal Electoral (IFE), también emergió una garantía política que el gobierno de Carlos Salinas y el PRI otorgaron a sus opositores: la cláusula constitucional conforme a la cual ningún partido político podría tener por sí mismo en la Cámara de Diputados un número de curules superior a 300, lo que imposibilita que se aprueben reformas constitucionales sin el concurso de dos o más grupos parlamentarios. Esa cláusula, que algunos consideramos fundacional, no existe para la integración del Senado.

Los presidentes que condujeron a México en la transición y durante los 18 años siguientes a la primera alternancia (2000) se relacionaron con el Poder Legislativo federal a partir de la existencia de partidos que tenían estructuras internas sólidas y presencia legislativa con un definido sentido de su lugar en el tablero. Aunque las oposiciones de izquierda (PCM-PSUM-PMS) y derecha (PAN-PDM) en las legislaturas de predominio priista eran minorías condenadas a dar el debate y perder las votaciones, su influencia en el trabajo parlamentario y el aprecio de una parte de la opinión pública fueron ingredientes indispensables para la construcción de un Poder Legislativo digno de llevar ese nombre.

Durante la segunda mitad de su sexenio el presidente Ernesto Zedillo, y luego tres presidentes en línea (Fox, Calderón y Peña Nieto), enfrentaron el reto de la convivencia con un Congreso federal no solo plural, como el de los años previos a la elección de 1997, sino con la novedad del gobierno dividido, que se instaló de sólida forma a partir de la primera alternancia (2000), cuando en las dos cámaras ningún partido tuvo mayoría absoluta. Aunque en medios periodísticos, sobre todo electrónicos, con frecuencia esa etapa fue considerada, erróneamente, de “parálisis legislativa”, lo cierto es que en los años del gobierno dividido (1997-2018) se aprobó y promulgó el mayor número de reformas constitucionales que la centenaria Carta Magna de Querétaro haya experimentado desde 1917; otro signo de la falacia de la supuesta parálisis es que, año con año, en los 21 transcurridos desde que el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro, no hubo un solo ejercicio fiscal sin presupuesto de gastos federales aprobado en tiempo y forma. El inédito escarceo entre el presidente Vicente Fox y la Cámara de Diputados (2004) por las facultades de veto presidencial en materia presupuestaria fue resuelto por la Corte con salomónica sentencia.

Lo que estamos viendo desde el 1º de septiembre de 2018, como producto de la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador (53 por ciento de los votos en la elección presidencial) y de un diseño constitucional y reglamentario que se reveló desafortunado para la aplicación efectiva e imparcial del llamado “tope a la mayoría” (o “cláusula de gobernabilidad”), es el regreso, la restauración, del predominio de un solo partido en ambas cámaras del Congreso, con dos agravantes: en la de Diputados la nueva mayoría (Morena) rompió de facto la norma supuestamente pétrea del tope de 300 diputados, ya que con la suma de sus propios diputados, que hacen mayoría absoluta, y sus aliados (PT y PES) alcanza 314 votos, y en veinte legislaturas estatales cuenta con mayoría absoluta (sumados sus aliados), lo que coloca al nuevo presidente, que este 1º de diciembre inicia su mandato constitucional, en la posibilidad de ver aprobadas reformas a la Constitución por su designio unilateral.

En efecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a la debilidad numérica de los opositores, que ni juntos pueden evitar que la mayoría apruebe leyes que a su leal saber y entender convengan, se añade el pragmatismo de otros grupos parlamentarios, como el de Movimiento Ciudadano, y la conocida postura del PVEM de poner a sus legisladores y votos al servicio del mejor postor, con lo cual Morena y el presidente pueden disponer en San Lázaro de la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales (que requieren dos terceras partes de los votos presentes, hasta un máximo de 333), y están a nada de obtenerla en el Senado (disponen de 70 de los 86 votos requeridos para ese propósito). De alcanzar la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso federal, la aprobación en los estados sería un paseo sin sobresaltos, por el número de legislaturas locales en las que Morena, más aliados, cuenta con mayoría absoluta (veinte).

A su contundente predominio numérico, Morena y el presidente López Obrador suman la debilidad, cuantitativa pero sobre todo cualitativa, en que han quedado sumergidos los tres partidos que protagonizaron la transición y las dos alternancias previas. PRI, PAN y PRD son, desde el 1º de septiembre de 2018, partidos marginales al borde de la extinción.

En el cuadro siguiente se muestra el cambio en el número de diputados y senadores de los grupos parlamentarios federales de la Legislatura inmediata anterior a la actual.

El más dañado por el castigo de los electores, en cantidad y calidad, es el Partido de la Revolución Democrática, cuyo peso en las cámaras federales ha retrocedido al estado anterior al año de su fundación (1989). Para ser más precisos, la influencia del partido que nació el 6 de julio de 1988 es hoy semejante a la que tuvieron en su momento partidos como el PST o el PPS e inferior a la que llegaron a tener el PCM y sus herederos inmediatos (PSUM-PMS), cuyos grupos parlamentarios, aunque pequeños y sin capacidad para definir el sentido de las votaciones, eran reconocidos por la calidad política y la capacidad en el debate parlamentario de la mayoría de sus integrantes.

En el Senado la bancada del PRD es de apenas cinco integrantes (el mínimo requerido para constituir grupo parlamentario), mientras que en San Lázaro a la precariedad cuantitativa se agregan la inexperiencia o cuestionables antecedentes de no pocos de sus integrantes. La fuga de militantes y dirigentes del partido del sol azteca hacia Morena e incluso hacia MC y PT no se detuvo después del desplome electoral, sino que ha proseguido en los meses siguientes hasta amenazar la sobrevivencia del registro legal de ese partido, de manera que los pleitos por el control de lo que queda de prerrogativas y prebendas son descarnados e ilimitados. Ello se asemeja, de muchas formas, a lo ocurrido al PST-PFCRN durante la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado.

El Partido Revolucionario Institucional entra a su segunda travesía por el desierto en extrema e inédita debilidad. Con grupos parlamentarios federales y locales reducidos a minorías sin influencia cuantitativa, su peso cualitativo es restringido, tanto por la dramática disminución de su número de integrantes como por los conflictos internos que cruzan a la antaño monolítica organización, así como la inexperiencia o baja calidad política de no pocos de sus diputados y senadores. El ADN presidencialista del PRI explica que entre julio y noviembre no se hayan producido enfrentamientos públicos entre los grupos que se disputan los restos del poder perdido, pero cuando la tercera alternancia quede concretada este 1º de diciembre, ya no habrá presidente que atempere los caldeados ánimos. Podríamos ver una cruenta batalla tanto por la dirección nacional del PRI como por las coordinaciones de sus mermados grupos parlamentarios.

A la debilidad legislativa del PRI hay que agregar la reducción de su peso e influencia en el concierto de gobernadores. Concluidos los relevos en ejecutivos estatales como resultado de los comicios del primer domingo de julio de 2018, el partido tricolor quedará con un total de doce gobernadores, de los cuales seis son los de mayor peso demográfico y económico (México, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y Guerrero) mientras que los otros seis no hacen contrapeso para frenar el poder presidencial (Colima, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala). La debilidad se extiende al ámbito municipal, donde el tricolor quedó prácticamente borrado de las presidencias de municipios que son capital de sus estados o de aquellos de mayor población. Aunque mantiene presencia casi en la totalidad de los cabildos municipales del país y en los nuevos concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, el PRI será, en los siguientes años, un partido con influencia reducida en el conjunto de los tres órdenes de gobierno.

A diferencia de la situación que vivió después de su primera derrota presidencial (2000), en este segundo descalabro el PRI carece del grupo dirigente con capacidad para conducirlo y aprovechar las ventajas que aún le dan su implantación territorial y su probada experiencia en la política de masas y la gestión gubernamental. La dialéctica que une y confronta cantidad y calidad esta vez opera en contra del viejo partido. Aunque no imposible, es muy difícil tener lo segundo si se carece de lo primero.

En 2000 la fortaleza cuantitativa y cualitativa de los grupos parlamentarios priistas en ambas cámaras federales, la mayoría de la que aún podía presumir en el total de gobernadores y la cohesión que le confirió la conducta de su ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, aunadas a la continuidad en la dirigencia a cargo de Dulce María Sauri y las decisiones adoptadas por el presidente Ernesto Zedillo en los meses posteriores a la derrota electoral, hicieron del PRI el partido del que el PAN no pudo prescindir para asegurar la gobernabilidad, aunque algunos integrantes del gabinete foxista se hayan propuesto liquidarlo al inicio de aquel gobierno. Algo similar ocurrió en 2006, tras la debacle electoral que produjo la candidatura presidencial de Roberto Madrazo, que para muchos priistas fue como el descenso al averno. Como en casi todo, en 2018 los priistas han aprendido que siempre puede haber algo peor.

A partir de este 1º de diciembre el PRI entrega el poder presidencial sin contar con el grupo dirigente que pueda conducirlo en el peor momento de su casi nonagenaria existencia (el año que entra se cumplirán 90 años de la fundación del PNR por Plutarco Elías Calles). El ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, que logró las reformas económicas que Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron alcanzar en sus respectivos mandatos, resultó el de menor aprecio de la sociedad al final de su mandato y el que provocó en buena medida la catástrofe electoral no solo de su partido, sino también de los dos partidos opositores que le brindaron su colaboración y le otorgaron los votos para posibilitarle “mover a México”. Enrique Peña Nieto, como Ernesto Zedillo, concluyó su sexenio con tremendo déficit de votos en el balance final, pero a diferencia del segundo, el mexiquense deja al PRI en estado de coma.

Acción Nacional, el segundo partido más antiguo del país (el año que entra arribará a los 80 años), es otro de los damnificados por el tsunami electoral de julio de 2018. Al igual que el del PRI, su retroceso en las cámaras federales es mayúsculo y lo coloca en situación similar a la que tuvo antes de 1988. Una cifra da cuenta del tamaño de la debacle: en la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados (1985-1988) 41 diputados integraban la bancada panista en San Lázaro el 10.2 por ciento de un total de 400; en la LXIV Legislatura, la bancada panista representa apenas el 15.6 por ciento de un total de 500. Aunque las pérdidas blanquiazules no son del tamaño de las que sufre el PRI, su peso e influencia en los ámbitos de gobierno local y municipal también disminuyó de manera importante, al igual que su número de diputados en legislaturas estatales.

Sin la dimensión de la sangría que el PRD ha vivido por las fugas de militantes y dirigentes hacia otros partidos, las del PAN hacia Morena, al nuevo gobierno federal o de ámbito estatal, han sido poco notorias si hablamos de figuras nacionales, pero al parecer son significativas en los terrenos legislativos y de gobiernos locales y municipales.

El enfrentamiento interno y la arriesgada política de alianzas electorales con el PRD explican, en gran medida, la catástrofe que el PAN sufrió en julio pasado. De forma casi inevitable el enfrentamiento derivó en virulento conflicto entre el grupo de Ricardo Anaya que, de la mano de Gustavo Madero, a quien traicionó, se apoderó de la dirigencia nacional y de casi la totalidad de las estatales y municipales, y el grupo del ex presidente Felipe Calderón y otros de menor peso, liderados por figuras sin la dimensión nacional como para articular un frente con capacidad de disputar al grupo de Anaya el control del blanquiazul. La victoria de Marko Cortés en la reciente elección interna para jefe nacional del partido que fundó hace casi 80 años Manuel Gómez Morin, padre del aspirante a jefe nacional derrotado de manera humillante en noviembre pasado, así como la renuncia del ex presidente Calderón a su militancia en el PAN, del que fue jefe nacional, son el canto del cisne del viejo panismo que se bate en retirada, unos a buscar en un nuevo partido los espacios que en el de sus juveniles amores se les niegan casi con saña, otros al retiro silencioso.

PRI, PAN, PRD, los tres protagonistas principales del sistema de partidos que acompañó la transición mexicana a la democracia y las tres alternancias en el Ejecutivo federal producto de esa larga travesía (1977-2018), entran a una nueva etapa, ahora en condición de partidos casi marginales. No están muertos, pero sus signos vitales indican estado de coma, o algo cercano, que afecta y condiciona su peso e influencia en las dos cámaras del Congreso federal y en la totalidad de las legislaturas estatales.

Así como en 1997 las oposiciones en el ámbito legislativo de ese entonces constituyeron en San Lázaro el G-4 para obligar al PRI a que reconociera en los hechos el resultado electoral, en 2018 la única posibilidad de que las oposiciones no terminen reducidas a la simbólica presencia de sus discursos es que constituyan un G-3, aunque sea solo para no morir. Los tres partidos opositores y sus grupos parlamentarios no podrán evitar que López Obrador alcance la aprobación de sus iniciativas de reforma legal, pero sí pueden impedir que Morena imponga cambios constitucionales que pretendan restaurar la presidencia autoritaria o liquidar las bases de la pluralidad y la viabilidad de futuras alternancias.

En la nueva geografía del poder político, los terrenos legislativo y municipal quedaron cubiertos por la ola de votos a favor de Morena. Queda el espacio del poder estatal, fragmentado en 32 partes de las que, por ahora, López Obrador y Morena controlan solamente cuatro, aunque con la ventaja que significa que, por vez primera desde que en 1997 se produjo la primera elección directa del jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, la titular de ese cargo, que lo asumirá el 5 de diciembre, pertenece al mismo partido que el presidente de la República.

Es en el ámbito de los gobiernos estatales donde el nuevo presidente podría encontrar un contrapeso interno; los otros estarán en la prensa y otros medios de comunicación, así como en los poderes económicos o espirituales.

Andrés Manuel López Obrador ya cruzó la banda presidencial sobre su pecho; esta vez es la auténtica, la que simboliza el poder que tendrá por los siguientes seis años. Los tres primeros, al frente de un gobierno sin oposición.

* Director de Voz y Voto.
error: Alert: Content is protected !!