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lunes 23 de septiembre de 2019

Epidemia nacionalista

Marianna Lara y Susana Berruecos*

Lo que está sucediendo en España o Reino Unido es un síntoma de lo que ocurre en Europa. Hace 10 años, ya con la crisis económica encima, no se vislumbraba el auge de los nacionalismos, de los partidos de extrema derecha o izquierda o de la necesidad de reestructurar la Unión Europea (ue). Hoy, todo esto está pasando.

Grecia fue el primer país de la ue que resintió fuertemente la crisis económica y que, a raíz de la implementación de políticas fiscales estrujantes, quiso dejar el bloque. Su fallida negociación con Bruselas en 2015 sólo demostró que quien llevaba las de ganar era el bloque. Una salida le costaría carísimo, tanto que Grecia continuó poniendo en marcha políticas aún más duras que las establecidas por la Troika.

Durante esos años en Grecia, un partido de nueva creación, con visión antieuropea, Syriza, se posicionó en el electorado y mediante su parlamentario (entonces ministro de Finanzas), Yanis Varoufakis, retó a Bruselas y perdió la negociación. Además, así como surgieron nuevos partidos como éste, viejas fuerzas nacionalistas que no tenían representación lograron ocupar escaños nacionales y regionales. El partido Golden Dawn, de extrema derecha, neofascista y xenófobo, obtuvo su primer escaño en el parlamento griego en 2012 y otros tres en el europeo tras las elecciones de 2014, hoy cuenta con dos curules tras las elecciones regionales de mayo pasado.

Esto que sucedió en Grecia, ahora lo vemos en España y Reino Unido. Sin embargo, hoy el complejo contexto regional amerita prestar particular atención a los procesos políticos de estos dos países, claves dentro de la ue. Lo que acontece en ambas naciones se traduce en las instituciones regionales.

Desde 2015, España no ha logrado concretar un gobierno ante la polarización política, síntoma de su electorado dividido y la creación de partidos de extrema derecha e izquierda. En 2016 permaneció 10 meses en el limbo, cuando finalmente –tras nuevas elecciones– el Partido Popular (pp) de derecha alcanzó la investidura. Además, en este escenario fraccionado emergen fuerzas regionales que buscan la independencia de España. Recordemos que en 2017 el gobierno de Cataluña celebró un referéndum independentista.

Sin embargo, poco le duro el puesto al entonces presidente Mariano Rajoy, quien en este año perdió el voto de confianza del parlamento tras los escándalos de corrupción. El mismo día que se dio la moción de censura se invistió a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (psoe); no obstante, tras las elecciones de abril, no logró la investidura el pasado 25 de julio y nuevamente negocia con los demás partidos pequeños para formar un gobierno de coalición en septiembre próximo y evitar de esta manera que se convoque a elecciones de nuevo. De ser así, sería el cuarto proceso electoral en menos de cuatro años.

La negociación entre el psoe y Podemos se rompió cuando su líder, Pablo Iglesias, exigió que su partido estuviera al mando del Ministerio de Trabajo. Esta carta fue inaceptable para Pedro Sánchez, ya que Podemos busca reformar el sistema laboral español en pro de políticas que podrían tener impactos negativos para la economía, la cual apenas comienza a ver la luz después del túnel.

Llamar a elecciones no es deseable para la izquierda, que fue victoriosa en los comicios de abril. El psoe obtuvo 123 de los 350 curules, casi el doble del resto de los partidos; sin embargo, no logró la mayoría requerida para gobernar en solitario. El pp, que estuvo en el poder entre 2011 y 2018, obtuvo 66 curules; Ciudadanos 57 escaños y Podemos 42.

No obstante, nuevas elecciones serían una opción para los partidos relativamente nuevos, así como para los pequeños, que cada vez ganan mayor terreno en la política nacional española. Sin embargo, son precisamente estos partidos de extrema derecha e izquierda los que representan el auge de los nacionalismos y populismos, siendo una amenaza para la debilitada Unión Europea.

Este momento político y social que vive España se explica por dos factores. Primero, la sociedad española siempre ha estado muy dividida, tal es así que tuvieron una sanguinaria Guerra Civil de 1936 a 1939. Esos sentimientos de extrema derecha y extrema izquierda que estuvieron dormidos durante décadas, hoy se muestran en partidos políticos que ganan escaños en el parlamento y gobiernos locales. Segundo, la crisis económica de 2008-2009 tuvo fuertes repercusiones, recordemos que la tasa de desempleo llegó a niveles superiores a 20 por ciento.

La combinación de estos dos factores ha derivado en la ruptura del tradicional bipartidismo y el debilitamiento de los partidos que solían dominar la política. En las elecciones de diciembre de 2015, Ciudadanos (centro) y Podemos (izquierda), ambos de nueva creación, por primera vez ocuparon escaños en el parlamento. Hoy, a 10 años de la crisis, Vox, partido nuevo y ultranacionalista de extrema derecha logró obtener 24 escaños en la elección de abril pasado.

Para Alemania y Francia, países clave en la integración y diseño de la Unión Europea, es deseable la investidura de Sánchez. Ante un escenario de euroescépticos, para estos países es fundamental contar con aliados europeístas en Bruselas. Si bien la ue logró resistir el asalto de las fuerzas ultraderechistas en las elecciones europeas del 26 de mayo, debido al crecimiento de los verdes y liberales en estos comicios, algunos partidos euroescépticos lograron fortalecerse en Francia, Italia, Grecia, Dinamarca, Italia, Suecia, Reino Unido y Polonia, derrocando la mayoría absoluta que sumaron, desde hace 40 años, el Partido Popular Europeo y los socialistas.

Aunado a lo anterior, la política regional europea está permeada por el Brexit. Así como España, Reino Unido vive un momento de fragmentación política, resultado de la campaña y referéndum del Brexit en 2016 y las negociaciones del Partido Conservador con Bruselas.

Ante la ambigüedad del laborismo respecto al futuro del Reino Unido en la Unión Europea –si negocian un nuevo acuerdo o convocan un segundo referéndum–, los euroescépticos han optado por apoyar al líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, mientras que los europeístas han comenzado a abandonar las causas del laborismo por los liberaldemócratas. La participación superior a 50% en las mayores elecciones regionales del mundo, la más alta en 20 años, parece confirmar el efecto del crecimiento –y amenaza real– de las fuerzas nacionalistas, en particular del Brexit, ante lo que constituye el riesgo real de desintegración de la unidad europea con el actual primer ministro británico Boris Johnson.

Luego de años difíciles e infructuosas negociaciones con la ue para alcanzar un acuerdo en torno al Brexit, Theresa May presentó su renuncia ante la reina Isabel, siendo que desde junio había anunciado su intención de concluir su mandato y que continuará activa en la política como diputada (miembro del parlamento). Como estaba previsto, el martes 23 de julio Johnson fue electo con 66% de los votos –de los casi 160,000 afiliados del Partido Conservador–, entre los que se encuentra un gran número de euroescépticos. Después de una serie de rondas internas entre diversos candidatos, Johnson derrotó a su último rival, Jeremy Hunt, anterior Ministro de Asuntos Exteriores. A pesar de que el público en general consideraba a Hunt como un mejor primer ministro, no fue visto como la persona capaz de ejecutar el Brexit ya que, entre otras cosas, junto con Theresa May defendió a la ue en el histórico referéndum de 2016.

Dos días después de resultar electo, Johnson presidió su primer Question Time en el parlamento como jefe de gobierno, adoptando un tono firme en torno a la inminente salida del Reino Unido del bloque. En un tono digno de campaña electoral, afirmó que la misión de su gobierno es hacer del Reino Unido “el mejor lugar de la tierra” marcando el “inicio de una nueva edad de oro” y reiterando su determinación de salir de la ue el 31 de octubre a cualquier precio.

Inamovible en su postura original, Johnson integró en su gabinete al equipo que hace tres años hizo posible la victoria del Brexit en el referéndum de 2016, incluyendo además de Michael Gove y Dominic Cummings, a su propio hermano Jo Johnson en la cartera de economía, energía y estrategia industrial. De manera inmediata, instruyó a todo el gabinete para supervisar los trabajos en torno al Brexit, pero con una clara diferencia respecto a los gobiernos anteriores al encaminar prácticamente dichos preparativos reconociendo la posibilidad abierta de una salida del Reino Unido sin acuerdo con la Unión Europea, es decir, un Brexit duro.

Después de meses de incertidumbre, si algo resultó claro durante la gestión de May fue la renuencia del parlamento a aprobar un Brexit duro. Dentro del propio Partido Conservador los más moderados difícilmente votarían por una salida sin acuerdo, siendo el tema más delicado la falta de consenso sobre el futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, el llamado backstop o salvaguarda irlandesa. Mucho se ha escrito sobre las implicaciones de reinstaurar una frontera en contra de lo establecido por los Tratados de Paz del Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998 por los gobiernos británico e irlandés y bajo la aceptación de la mayoría de los partidos norirlandeses, para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte. La propuesta del backstop busca evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, pero fue rechazada en tres ocasiones por el parlamento británico, orillando a May a dimitir. En tanto, para Johnson, si la ue (que además se encuentra inmersa en una serie de cambios de dirigentes) no retira el tema de la mesa de negociación, no se reabrirá el diálogo, los socios comunitarios (incluyendo a Irlanda) han manifestado una fuerte oposición a que se retire el backstop y, en general, a una renegociación del tratado de salida.

Adicional a Irlanda, Escocia, con una histórica tradición nacionalista, puede convertirse en otro dolor de cabeza para Boris Johnson, pues ante la postura del actual gobierno, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha sido enfática en señalar la importancia de contar con una opción distinta a un Brexit duro y que seguirá presionando para realizar un segundo referéndum sobre la independencia escocesa, tras el triunfo de la permanencia en 2014. Asimismo, el primer ministro galés, el laborista Mark Drakeford, advirtió que una salida sin acuerdo sería catastrófica para su territorio y, en particular, para el sector agrícola.

La estrategia de Boris Johnson ha sido enviar un mensaje claro a Bruselas que, si en su momento no creyeron el lema de May, no deal is better than a bad deal, ahora esta posibilidad es más real que nunca. Desde hace un par de semanas, los noticiarios matutinos analizan y presentan las implicaciones en la vida cotidiana de una salida sin acuerdo en diversos sectores de la economía británica: agricultura, migración, servicios financieros, aérea, etc. Bruselas ha insistido que no dará marcha atrás a los acuerdos ya firmados, por lo que todo parece indicar que la polarización de posiciones terminará forzando una elección general en el Reino Unido, adelantando ésta un año y, eventualmente, una salida abrupta de la Unión Europea.

Además, los mercados han reaccionado ya de manera adversa a la postura del gobierno de Johnson. La economía se contrajo por primera vez en siete años y la cotización de la libra esterlina se encuentra en una espiral a la baja que la ha llevado a caer 4% en un mes, cerrando julio con el mayor desplome mensual desde de 2016.

La situación que vive Reino Unido también se explica por dos factores fundamentales. Primero, recordemos que, históricamente, este país ha tratado de mantenerse lejos de Europa, ya sea por su inherente geografía o por las decisiones de sus líderes. Su tradición aislacionista concluye con la Segunda Guerra Mundial, bajo el mando de Winston Churchill, cuando comienza a tejerse el sueño de una Europa unida que incluya a la isla en aras de promover la paz regional. Segundo, la crisis económica impactó al Reino Unido con importantes oleadas de migración de personas provenientes de Europa continental que buscaban oportunidades laborales. Por ejemplo, pese al Brexit, para los españoles, el Reino Unido sigue siendo el país preferido para emigrar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Diversos análisis coinciden en señalar que una salida desordenada de la ue tendría un efecto significativo en la economía británica, poniendo en riesgo la inversión y el empleo. Además, marcaría un precedente para que otros países del bloque busquen su salida, lo cual cada vez resuena más dentro de los euroescépticos representados en el parlamento en Bruselas.

Hoy, España y Reino Unido se encuentran en una encrucijada política, resultado de la división social, la atomización del poder político y la falta de acuerdos que promuevan la gobernabilidad en el corto, mediano y largo plazo. El detonante de ello, entre otras causas, fue la crisis económica que simplemente despertó los sentimientos existentes dentro de sus respectivas sociedades.

Por tanto, a menos de tres meses de la fecha establecida como definitiva para lograr un acuerdo entre el Reino Unido y la ue, la esperanza de los británicos se agota y reina el desasosiego. Lo mismo sucede entre los españoles, quienes deben lograr un acuerdo en septiembre, de lo contrario las Cortes Generales se disolverán por mandato constitucional si el parlamento no otorgara la confianza a ningún presidenciable. En este escenario, los partidos nacionalistas se fortalecerán en las elecciones que habrán de convocar una vez más.

El sector duro, pro Brexit critica la intransigencia europea; no obstante, era previsible y lógico que para países como Francia y Alemania resultara fundamental que la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea no constituya un precedente para otros miembros que han amenazado con acciones similares. Tan cerca y tan lejos. Lo cierto es que una salida sin acuerdo y un divorcio conflictivo con la Unión Europea fortalecería las posiciones nacionalistas que fueron precisamente las que detonaron esta situación.

* Doctora en Gobierno y maestra en Política Comparada, respectivamente, por la London School of Economics and Political Science.
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