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Miércoles 18 de julio de 2018

El sistema que no cayó

Leonardo Valdés Zurita*

¿Qué pasó?

En la noche del 6 de julio de 1988 se calló el sistema. Lo explicó un representante del PAN, en la sesión de la Comisión Federal Electoral. El sistema de comunicación de resultados de la elección presidencial que, a sugerencia de los representantes de los partidos opositores, había instalado la dirección del Registro Nacional de Electores (única instancia que dependía directamente de ese órgano colegiado), se silenció. Con el paso del tiempo supimos que fue una decisión presidencial; que la operó el entonces secretario de Gobernación; que esa decisión estuvo determinada por el hecho de que uno de los candidatos de la oposición aparecía ganando en las actas de cómputo de las primeras casillas que fueron transmitidas. Se puede presumir que esas casillas eran de la Ciudad de México, donde efectivamente ganó la elección presidencial ese candidato opositor. También la ganó en Baja California, Michoacán y Morelos, si la memoria no me falla.

En los medios de comunicación, así como en ciertos círculos políticos y académicos, se pensó que el sistema político mexicano se había caído (como se dice en el argot de los sistemas de cómputo) e incluso se dijo que se había colapsado. Lo primero sucedió solo parcialmente. Lo segundo, por lo visto históricamente, no sucedió ni ha sucedido. Me explico.

La caída del sistema informático se produjo por lo menos en el tramo de recepción de la información en las pantallas que estaban instaladas en las oficinas de las representaciones de los partidos en el edificio del Registro Nacional de Electores (RNE). Se suponía que esas pantallas estaban conectadas con una computadora que el Registro Nacional de Población (Renapo) le prestaba al RNE para procesar la información del padrón electoral; que físicamente estaba en el Palacio de Lecumberri, el cual desde 1976 había dejado de ser penitenciaría y empezaba a albergar al Archivo General de la Nación y a otras dependencias de la Secretaría de Gobernación (cuyo titular, por cierto, presidía la Comisión Federal Electoral).

No obstante, se puede suponer que la presunta conexión fallida entre las pantallas en el RNE y la computadora del Renapo nunca existió. Luego de enorme presión de los candidatos presidenciales opositores, los representantes de los partidos que los postularon accedimos, en los sótanos de la Secretaría de Gobernación, a un sistema de transmisión y procesamiento de datos que era el verdaderamente silenciado. Se trataba de un equipo de 300 mesas de recepción de resultados por medio de teléfonos, desde cada uno de los distritos electorales a los que estaban llegando las actas de resultados de los cómputos de las elecciones en las casillas de votación. Esos resultados, porque así lo establecía la ley, eran “cantados” por el presidente del órgano distrital. Se transmitían y verificaban, para luego ser capturados en la computadora ubicada en ese sótano. Se nos dijo que era un respaldo de la computadora del Renapo, pero a esa nunca tuvimos acceso.

¿Qué nos pasó?

El colapso del sistema político no se produjo. Solo entró en crisis el peculiar sistema de partidos que surgió luego de la Revolución Mexicana y se consolidó a lo largo del siglo XX. ¿Por qué peculiar? Porque logró amalgamar la hegemonía con el pragmatismo político. Ambos estuvieron presentes desde que, en 1929, en el marco de la crisis producida por el asesinato del presidente electo, el presidente en funciones convocó a la creación del partido de los revolucionarios. Este fue un matiz importante: en su inicio no era el partido de la revolución. Cuando se transformó en 1934, con una visión totalitaria (en el sentido de pretender representar a la totalidad de los sectores importantes de la sociedad), en Partido de la Revolución Mexicana, dejó de ser el partido de los revolucionarios.

El pragmatismo era evidente: se trataba de resolver la situación crítica producto del asesinato; se requería que, al margen de diferencias y matices ideológicos, los revolucionarios (con mando de tropa y armamento) aceptaran la intervención de una mediación política para decidir las candidaturas a los cargos de elección popular. La hegemonía tenía que ver con el hecho de que los candidatos postulados por esa alianza difícilmente perderían la elección.

El sistema tendría un largo periodo de consolidación. El pragmatismo y la hegemonía no eran suficientes para lograr una de las condiciones centrales de esa consolidación. Ante cada elección presidencial (pero no solamente), algún miembro destacado del partido se inconformaba con la designación del candidato oficial y, en consecuencia, decidía apartarse y correr como candidato independiente, de otro partido, o bien, de una coalición de partidos opositores al régimen. El partido hegemónico-pragmático no tenía aún la disciplina interna que terminara con las constantes fugas y la consecuente incertidumbre en los procesos electorales.

Solo hasta 1958 se logró la férrea disciplina interna del partido. Ninguno de los precandidatos se inconformó con la designación del candidato oficial presidencial. Así que se llegó al formato clásico del sistema de partido hegemónico-pragmático: un partido muy fuerte y disciplinado, rodeado de partidos débiles que no estaban en condiciones de ganar las elecciones. Además, el sistema electoral no era equitativo y la autoridad encargada de organizar los comicios no era imparcial. Por eso el poder político no estaba en juego en las elecciones y, en el extremo, se podía hacer fraude para que ganaran los candidatos del partido oficial.

¿Eso implica que el fraude de 1988 cambió el resultado de esa elección presidencial? Pienso que no. Las modificaciones de los resultados asentados en las actas de las casillas en las que la oposición fue incapaz de tener representación, sirvieron para que el hasta entonces partido hegemónico alcanzara la mayoría simple de los miembros de la Cámara de Diputados. Ese órgano era el encargado de calificar la elección presidencial; por ese motivo no se podían permitir el lujo de perder su control. Ganar la mayoría de los diputados, en ese contexto, significaba ganar la elección presidencial. La llamada alquimia elevó el voto presidencial y de diputados hasta asegurar la mayoría para el partido oficial, pero la estructura corporativa y las prácticas clientelares que acompañaron al partido hegemónico-pragmático por largo tiempo, le dieron suficientes votos para ganar la elección, quizá con mayoría simple.

Lo que sí sucedió en ese proceso electoral fue que se rompió la disciplina en el partido y eso puso en crisis su hegemonía. El presidente electo tuvo que reconocer que la etapa del partido casi único había llegado a su fin. La salida de un importante grupo de dirigentes, molestos por la designación del candidato oficial, así como de grupos y estructuras en diversos estados, y el voto opositor mayoritario en cuando menos cuatro entidades de la República, habían marcado la ruta de la conformación de un nuevo sistema de partidos.

Por su lado, la tradicional oposición (que en esa elección presidencial fue relegada al tercer sitio a pesar de haber postulado a un carismático candidato) entendió que era la oportunidad para impulsar reformas al sistema electoral que lo hicieran equitativo y permitieran el establecimiento de una autoridad imparcial. Así se profundizó el camino de las reformas político-electorales, que se inició (¿en 1953, con el voto a las mujeres?, ¿en 1963, con los diputados de partido?) en 1977, luego de la anticlimática elección de 1976, en la que se presentó un solo candidato a la Presidencia: el oficial.

Como producto de las negociaciones legislativas entre los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, se promulgó un nuevo código electoral y se creó el Instituto Federal Electoral. No se resolvieron, desde luego, todas las deficiencias que tenía el sistema electoral mexicano, pero se abrió una ruta de reformas sucesivas que terminarían por constituir un sistema equitativo, imparcial y, ciertamente, complejo y costoso.

La implantación del pluralismo en la sociedad corrió en paralelo a esas reformas. Por eso se puede afirmar que nuestro cambio político no fue producto de una mente o un conjunto de mentes iluminadas. Esas se encargaron de las reformas; a veces dando pasos hacia adelante, otras hacia atrás, sin que faltaran los laterales. La otra parte estuvo en manos de los ciudadanos que, con su voto, impulsaron la alternancia en los municipios, en los estados y en la Presidencia de la República. Decidieron, además, no darle mayorías legislativas cómodas (como antaño) al partido en el gobierno. Eso, para bien o para mal, obligó a abrir la ruta de las negociaciones entre los diversos grupos parlamentarios.

Construir consensos y alcanzar acuerdos no siempre fue fácil. Algunos tuvieron que moderar su pragmatismo; otros, dejar al lado sus ideologías. Así se constituyó un sistema plural y equitativo de partidos que, de tanto en tanto, se vio obligado a enfrentar los retos de la gobernabilidad democrática. El voto se fragmentó: de 1988 a la fecha transitamos a un sistema de partidos competitivos.

Por ese motivo, surgió la propuesta de implantar un sistema de mayoría absoluta, con segunda vuelta. Su operación sería relativamente sencilla: si ninguno de los muchos contendientes lograra la mitad más uno de los votos, se realizaría una segunda vuelta en la que participarían los dos candidatos con mayor votación. Así, de manera natural, el ganador de la segunda vuelta alcanzaría más de la mitad de los sufragios emitidos, lo que legitimaría su elección.

Por supuesto que para hacer funcional un sistema tan plural como el que llegamos a tener luego de 2015, son necesarias otras reformas en el diseño institucional, con el objeto de impulsar la gobernabilidad democrática. Esa donde la pluralidad está representada, la mayoría gobierna, pero respeta e incluye a las minorías en los procesos de toma de decisiones y de conformación de políticas públicas.

Pero la propuesta no alcanzó el consenso necesario. En su lugar, las fuerzas políticas con mayor capacidad competitiva echaron mano del pragmatismo, que no dejó de existir con la hegemonía. Formaron tres coaliciones en las que resulta difícil encontrar líneas ideológicas de ordenamiento. En el proceso electoral de este año, al parecer, los partidos políticos dejaron de ser ideológicos y se volvieron pragmáticos todos. Algunos dirán que las nuevas coaliciones pretenden ser antihegemónicas. No obstante, es difícil percibir la hegemonía en los términos en que existía antes. Así como el pluralismo, el pragmatismo, al parecer, llegó para quedarse.

¿Qué nos puede pasar?

Son dos los escenarios que alcanzo a vislumbrar. Uno en el que se desarrollan las capacidades de negociación política para crear consensos en la ruta de buscar soluciones a los problemas que cotidianamente enfrenta nuestra sociedad. Por supuesto, en esa agenda la inseguridad, la impunidad y la desigualdad deberán ordenar las prioridades de la negociación. Para que eso suceda, los actores políticos deberán moderar su pragmatismo y evitar que su ideología se vuelva protagónica. No será fácil, pero no es imposible.

En el segundo escenario podrían dominar la ideología y el pragmatismo extremos e impedir la construcción de cualquier consenso. Volveríamos, entonces, a la rutinaria administración de los problemas sin plantear soluciones de fondo y de largo plazo. En consecuencia, el desencanto ciudadano con la democracia no cedería; en cambio, podría aumentar. En ese contexto, se podría pensar que lo que se requiere es volver a la hegemonía. Se podría pretender atemperar el carácter equitativo de nuestro sistema electoral y, quizá, se buscaría volver a un modelo parcial de autoridad electoral. Eso sería un intento de darle vuelta a la historia que dejamos atrás hace ya treinta años. Como dijo una vez un alemán: a veces la historia se repite; primero como tragedia, luego como farsa.

* Profesor titular del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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