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Miércoles 18 de julio de 2018

El México después del 1º de julio

Lorenzo Córdova Vianello*

Llegamos al 1º de julio después del mayor despliegue logístico del que se tenga memoria en materia electoral. Nunca nuestro país había tenido que instalar tantas casillas (157 mil), ni capacitar a tantas ciudadanas y ciudadanos ni imprimir tantos materiales electorales como lo ha hecho el INE en 2018 para garantizar, en condiciones de igualdad, el ejercicio de los derechos políticos de 89.1 millones de electores. Estamos hablando del mayor desafío institucional para asegurar que las diferencias políticas sobre las prioridades públicas y el futuro de nuestra nación se confronten y se resuelvan en las urnas mediante el ejercicio de un voto libre.

Para que las elecciones cumplan con esa función civilizatoria, es decir, que sean el espacio privilegiado para dirimir las diferencias políticas de una sociedad de manera pacífica, es indispensable la universalización del sufragio, que la competencia electoral sea equitativa y que se garantice el principio democrático de una cabeza un voto.

Estos tres factores están garantizados, mediante la actualización y depuración del padrón electoral, que en esta contienda tiene una cobertura de 98.3 por ciento (la más alta de nuestra historia); el monitoreo a la propaganda en medios impresos y electrónicos; la revisión de los ingresos y gastos de partidos, candidatas y candidatos; el equilibrio poblacional obtenido con las distritaciones realizadas en 2016 y 2017, y mediante el interés que ha puesto el ine por contribuir a que la información que cursa en los medios digitales esté verificada y evitar con ello que la desinformación afecte el ejercicio del sufragio, entre otros.

La universalización del sufragio, el derecho a la información y asegurar el ejercicio del voto libre nos recuerdan que uno de los grandes momentos de una democracia es la jornada electoral. No solo porque ese día se evalúa a los gobernantes y se elige a sus sustitutos en las urnas, sino porque esa decisión, determinante para la vida en comunidad, se da en condiciones de igualdad.

La jornada electoral es indudablemente un momento igualador de la vida social. En ningún otro momento de nuestras vidas, en las sociedades modernas que son complejas y desiguales por definición, todas y todos somos tan iguales como cuando depositamos nuestro voto en las urnas. Ese día, todas las diferencias sociales, económicas, raciales, de género, desaparecen. Todos valemos lo mismo para decidir el futuro de nuestra nación.

No importa que seamos estudiantes o profesores, empresarios, trabajadores, campesinos o funcionarios. No importa cuánto dinero ganemos ni la condición social en que nos encontremos o el origen de nuestras familias. El día de la votación todos somos iguales para influir en la distribución del poder político. Todos contamos con los mismos derechos y con la misma posibilidad de ejercerlos: un sufragio vale lo mismo en Mérida que en Hermosillo; en Guanajuato que en Veracruz.

El sufragio es una decisión que nos iguala en las urnas y que se refleja en el valor de cada voto, en el cómputo de la votación y en los resultados definitivos, y que se materializa en la integración de los órganos de representación del Estado.

Ese es el poder igualador de las elecciones en una democracia. Un día en que valemos lo mismo, no solo porque cada elector tenga el derecho de emitir un voto por cada cargo de elección en disputa, sino porque ese día no existe criterio ni decisión política que cuestione la igualdad de cada persona inscrita en la lista nominal. Valemos lo mismo y punto.

En las casillas, no importa lo que digan nuestros vecinos ni nuestros jefes, amigos o familiares, todos somos libres y autónomos. En esa jornada, cada uno de nosotros posee el derecho de decidir el futuro de nuestra sociedad en condiciones de igualdad. Nadie decide por nosotros. Nadie puede obligarnos a orientar nuestra voluntad en un sentido u otro, ni puede saber por quién votamos. Miente quien diga lo contrario: solo se sabrá por quién votamos si nosotros mismos lo decimos. De ahí la responsabilidad que tenemos como electores, como copartícipes de la recreación de la democracia.

El 1º de julio cada votante es coautor del futuro colectivo que configurará nuestro país, del futuro que las mayorías decidirán en las urnas. Por eso debemos respetar las reglas, y el apego a la legalidad cuenta tanto para ejercer el sufragio como para el día posterior a las votaciones.

Ciertamente el 1º de julio es un momento para que la sociedad decida en igualdad de circunstancias; pero el 2 de julio y en los días y meses que sigan, todos regresaremos a nuestras rutinas. Las escuelas, los negocios y las familias seguirán con sus dinámicas cotidianas; los trabajadores irán a sus empleos, y las y los empresarios, campesinos y profesionistas continuarán con sus actividades productivas.

Por ello hay que pensar que habrá un 2 de julio. El día después de la votación, los problemas que aquejan a la sociedad ahí van a estar. Resolverlos va a implicar que los ganadores necesiten a los perdedores para resolver los problemas. Las mayorías y minorías, en democracia, no se excluyen, se necesitan.

Gane quien gane, nuestro país tendrá un mañana después de la votación y de los rangos de los conteos rápidos que demos a conocer. Y será así porque la renovación del poder en clave democrática implica un procedimiento previsto por las leyes, en el que la jornada electoral no es un punto final.

La jornada es, para decirlo en una nuez, una parada más en la ruta de evolución de una sociedad. Que es relevante e indispensable para la convivencia democrática, sin duda; pero al final es una estación más. De ahí que el 2 de julio los problemas estructurales (la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad) ahí vayan a seguir, esperando decisiones políticas y compromisos de Estado que los puedan erradicar.

Sin importar quién gane o quién pierda, recordemos que el poder en una democracia es temporal y tiene un ciclo. Ese ciclo es justo el que les otorga el rol civilizatorio a las elecciones, porque desde que una fuerza política obtiene el poder o lo pierde, empieza la cuenta regresiva que culminará en la siguiente jornada electoral, en el siguiente momento igualador para la redistribución del poder político. Ello explica que, en una democracia, como lo he dicho una y otra vez en diferentes foros y espacios, nadie gana todo el poder ni lo pierde todo, ni ello ocurre de una vez y para siempre.

Nadie en nuestro país, ni contendientes o empresarios, ni medios de comunicación u organizaciones de la sociedad, puede pensar que una fuerza política o un candidato lo va a ganar todo el 1º de julio. Ese es un aprendizaje de nuestra historia electoral en las últimas dos décadas: el pluralismo político ha cruzado el país y todos los ámbitos de competencia.

Por eso es necesario ser leal a los principios de la contienda democrática, porque para gobernar un país plural y diverso como lo es México, se necesita de mayorías y minorías, y porque de la calidad de las campañas dependen las bases para la construcción de consensos parlamentarios para la gobernabilidad y el establecimiento de las prioridades legislativas en los próximos meses y años.

En el México del nuevo siglo, como en cualquier democracia, el poder se distribuye en las urnas. La alternancia, los gobiernos divididos y la falta de mayorías predefinidas en los poderes legislativos son posibilidades reales en manos de los electores, que construyen en función de sus expectativas, y, de tanto recrearse en diferentes contextos, han adquirido carta de naturalización en nuestra democracia.

Reconocer que el destino de nuestra nación es responsabilidad de mayorías y minorías no solo fue una premisa del diseño del sistema electoral mixto que se configuró desde 1977 y que en lo esencial sigue vigente, sino que explica la importancia que tienen para la legitimidad del poder obtenido en las urnas, la difusión del pluralismo político en la radio y la televisión; la libertad de expresión de contendientes y medios de comunicación, así como la integridad física de opositores y militantes, de organizaciones de la sociedad y de todos quienes ejercen el periodismo.

Así es la democracia: una contienda entre rivales que respetan las reglas del juego. Por ello debo insistir en que las elecciones del domingo 1º de julio no son el final del camino sino una estación más dentro del ciclo de vida de nuestra convivencia en clave democrática.

* Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
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