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lunes 20 de enero de 2020

El conflicto catalán

Yanina Welp*

Resumen

Un análisis del conflicto en Cataluña y entre Cataluña y España no puede circunscribirse a apelar al marco jurídico –que determina la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre de 2017 y ha llevado a prisión (o a la fuga) a sus máximos responsables– como tampoco puede resumirse en el argumento de que la democracia es el poder del pueblo sin más mediaciones. Baste observar que la misma definición de pueblo plantea debates (cuál sería el demos al que se le atribuye la potestad de decidir), como también la cuestión de qué mayorías requiere un referéndum para avalar la creación de un nuevo Estado. Para colocar las piezas de este puzzle, el artículo pone en perspectiva los eventos ocurridos entre 2017 y 2019.

Introducción

Los últimos cinco años han sido de vértigo en Cataluña. Hubo una consulta popular en 2014, donde participaron dos millones de personas y por la que su organizador, el presidente del gobierno autonómico, Artur Mas, está ante los Tribunales. En 2015 tuvo lugar una elección autonómica que fue planteada por los partidos pro-independencia como plebiscitaria. Sin el margen de apoyos esperado, se puso en marcha la hoja de ruta hacia la “desconexión del estado Español”. El plan incluía la convocatoria del referéndum que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por la justicia y reprimido por las fuerzas de seguridad. El gobierno de la Generalitat, encabezado entonces por Carles Puigdemont (el ala izquierda de la coalición pro-independencia había puesto como condición innegociable enviar a Mas “a la papelera de la historia”, por haber encabezado los recortes presupuestarios de los años previos) hizo una declaración simbólica de la República, sin registro en los libros oficiales. Puigdemont huyó a Bélgica mientras se iniciaba un proceso judicial que ha determinado penas de hasta trece años para los organizadores que permanecieron en España. A esto siguió una ola de protestas pacíficas de rechazo a la sentencia judicial, algunas de las cuales terminaron con actos de vandalismo y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Las elecciones generales de noviembre –en toda España– empeoraron los resultados de las que, en abril, no habían permitido al gobierno en funciones conseguir el aval de la mayoría parlamentaria requerida. Ahora ni le otorgan más escaños ni han cambiado mucho en Cataluña. Ya no les vale, parece, seguir apostando por procesos electorales que no resuelven el impasse, ni judicializar la política ni reprimir a los manifestantes.

Para diciembre de 2019, con elevados niveles de incertidumbre, la apertura de una mesa de diálogo entre el gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (psoe) y el sector del independentismo encabezado por Esquerra Republicana de Cataluña (erc) parece tomar forma. Que llegue a buen puerto –cualquier escenario que mejore el actual y abra un camino legitimado hacia la canalización institucional del conflicto– depende no sólo de quiénes están negociando, sino también de la fuerza de quienes pretenden boicotear el diálogo. Mientras la derecha española acusa al gobierno de “entregar España” para conseguir la investidura, sectores del independentismo acusan a erc de butiflers (traidores), porque la única negociación que admiten es el reconocimiento de la República Catalana.

¿Cómo se llegó hasta aquí? Para ordenar las piezas del rompecabezas, el artículo pone en perspectiva la evolución de la demanda por la independencia, desde la transición a la democracia hasta la actualidad y analiza los eventos ocurridos desde 2017 hasta 2019.

Elecciones y referendos (1978-2015)

En España, la transición a la democracia se dio con la sucesión del referendo por la reforma política (1977), la elección de las cortes para la redacción de una nueva constitución y el referéndum de ratificación de la Constitución (ambos en 1978). Cataluña fue partícipe de dichos eventos. El referéndum para ratificar la Constitución tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978. Fue aprobado por 91.8% de los votos con una participación de 67%. En Cataluña el apoyo fue de 95% y la participación de 67.9%.[1] La Constitución entró en vigor y rápidamente la Comunidad Autónoma discutió y aprobó su Estatuto de Autonomía. Desde las primeras elecciones libres el gobierno quedó en manos de la coalición formada por Convergencia i Unió (esta coalición se rompió en 2015 y posteriormente Convergencia mutó cambiando de nombre en varias ocasiones mientras Unió se hundió electoralmente). La ideología de estos partidos se ubicaba en una derecha conservadora. Se mantuvieron en el poder hasta 2003, cuando fueron desplazados por un tripartito de izquierdas formado por el Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya-Verds.

Este gobierno tripartito promovió la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía, que ampliara competencias y derechos. En 2006 fue aprobado por mayoría parlamentaria en Cataluña y ratificado por la ciudadanía en referéndum, pero pasó al parlamento español donde sufrió numerosas modificaciones y, posteriormente, muchos de sus artículos fueron recurridos por el Tribunal Constitucional. En términos sociales, esto generó una ola de referéndums informales en centenares de municipios, creando las bases de un creciente descontento que fue azuzado por la emergente crisis económica.

Comienza entonces a transformarse el sistema de partidos español, que desde la transición se había organizado en torno a los ejes derecha-izquierda, encarnados en dos formaciones políticas mayoritarias: la derecha primero representada en la Unión del Centro Democrático (ucd), luego Partido Popular (pp) y el Partido Socialista Obrero Español (psoe). Alrededor de estos partidos pululaban otros, como Izquierda Unida (iu, excomunistas) en el ámbito nacional y partidos fuertes en determinados territorios, donde competían exclusivamente, como el Partido Nacionalista Vasco (pnv) en el País Vasco o Convergencia i Unió (ciu) en Cataluña.[2]

En 2008 el estallido de la crisis financiera y económica global comenzó a erosionar el status quo. En 2011 surgió el 15M o Movimiento de los Indignados sobre el que tiempo más tarde (de forma no lineal ni exclusiva) se construyó Podemos. Más o menos en las mismas fechas, en Cataluña la demanda independentista tomaba impulso. Hay una demanda social de fondo, que se analizará en estas páginas, pero también una estrategia partidaria no siempre legítima. Los años del ajuste son también de las fuertes denuncias de corrupción en España. En Cataluña son Convergencia y su líder histórico, Jordi Pujol, los más afectados. Dicho crudamente, para algunos de ellos la independencia fue un chivo expiatorio. En ese escenario, en 2012 y tras una fallida negociación con el presidente del gobierno Mariano Rajoy (Partido Popular), en el cual la demanda de una reforma tributaria no encontró ningún eco, el presidente Artur Mas (Convergencia) realizaría una consulta popular que tuvo lugar en 2014.[3]

Hasta 2015, ganar las elecciones en España significaba ocupar el gobierno con mayoría absoluta o con acuerdos con los partidos nacionalistas periféricos. Desde entonces hubo cuatro elecciones generales porque, alterado el sistema de acuerdos, la fragmentación partidaria hacía casi imposible pensar en mayorías absolutas mientras los partidos no han sido capaces de negociar y, si ha parecido que lo hacían, la conclusión generalizada es que hubo más performance (de cara a la siguiente elección) que negociación concreta.

Si la crisis económica explica el surgimiento de Podemos, el conflicto catalán explicará la fuerte crecida de Ciudadanos, un partido surgido en Cataluña que radicaliza el discurso contra el independentismo (esto, hasta que llegó una opción de extrema derecha, Vox, que ha desplazado a Ciudadanos capitalizando el conflicto con Cataluña en las elecciones generales del 10 de noviembre de este año). Otro tanto ha ocurrido en Cataluña, donde los partidos pro-independencia –los herederos de Convergencia, liderados por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Esquerra Republicana de Cataluña (erc) y eventualmente las Candidaturas de Unidad Popular (cup)– suelen sumar los escaños para formar gobierno, pero no alcanzan la mayoría en votos. Encima, la heterogeneidad de la coalición genera tensiones internas que amenazan con hacerla caer a cada paso (como ocurrió cuando la cup se resistió a investir a Mas).

La Gráfica 1 hace evidente la relación entre la crisis económica y el intento de aprobar un nuevo estatuto, así como el crecimiento del apoyo a la independencia. Si en 2006 sólo un porcentaje apenas superior al diez por ciento apoyaba la independencia y la mayoría aceptaba que Cataluña fuera una Comunidad Autónoma de España, esto comienza a cambiar en 2012, cuando el apoyo a la independencia supera 30% y la tendencia es a subir (a noviembre de 2019 sigue superando 40%, aunque con una tendencia a la baja, volveremos sobre esto).[4]

Regresemos a 2014. El parlamento catalán aprobó una ley de consultas que fue impugnada por el Tribunal Constitucional. El gobierno de Artur Mas siguió adelante y planteó entonces un proceso participativo. Las preguntas sometidas a consideración ciudadana eran las mismas acordadas en 2013 para la consulta original: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo: ¿Quiere que éste sea independiente? Según los datos ofrecidos por la Generalitat, 80.76% votó a favor de ambas preguntas, 10.07% apoyó la primera y en contra de la segunda y 4.54% rechazó ambas. Pese al clima de incertidumbre –falta de marco normativo, carácter consultivo del acto y rumores de un posible cierre de los centros de enseñanza habilitados como colegios electorales– 2,305,290 personas habrían asistido (incluyendo 13,573 catalanes a los 19 puntos de participación internacional). Estaban habilitados para votar los mayores de 16 años (en las elecciones regulares lo son los mayores de 18), los nacidos en Cataluña y quienes pudieran acreditar una residencia de, al menos, tres años (que no tienen derecho a voto en elecciones regulares). La participación registrada supone algo más que la suma de los votos que los partidos del frente proconsulta había obtenido en las últimas elecciones al Parlament catalán, y representa casi 36 sobre un censo estimado de 6.3 millones. Se abrieron 1,317 locales que fueron gestionados por los 40,930 voluntarios registrados en la página abierta por el gobierno catalán (algo también considerado ilegal por el Tribunal Constitucional y cuestionable para dar legalidad al proceso).

En 2015 erc y Convergencia plantearon nuevas elecciones como plebiscitarias, agrupados en Junts pel Si. Ganaron en escaños, pero no en votos. Apúntese, porque si efectivamente hubiera sido un plebiscito no hubieran triunfado. Para formar gobierno erc y ciu (sumaron 62, la mayoría absoluta requiere 68) necesitaron los apoyos de la Candidatura d’Unitat Popular (cup), con una agenda mucho más radical que la de sus socios. A partir de ahí se anunció la implementación de una hoja de ruta hacia la independencia con el consecuente efecto de profundizar la grieta en la sociedad catalana, dividida en dos. El siguiente objetivo sería el referéndum del 1 de octubre.

Referéndum

En 2017 la ansiedad se palpaba en el ambiente y alimentaba tanto entusiasmos e ilusiones desmedidas como miedos viscerales. Nadie sabía qué ocurriría. En septiembre la policía tenía órdenes de encontrar las urnas para evitar el referendo, hubo requisas, marchas y contramarchas, pero las urnas no aparecían. El gobierno de España decidió enviar un barco cargado de fuerzas de seguridad. El gobierno catalán siguió con los preparativos del referendo con gran apoyo de la sociedad civil pro-independencia.

El 1 de octubre abrieron centenares de escuelas y aparecieron las urnas. Las imágenes de la policía golpeando a ciudadanos comunes que querían votar tuvieron un coste para el gobierno de España. Ese referendo no contó con garantías, no sólo porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y perseguido por las fuerzas de seguridad, sino también porque quienes se oponían a la independencia se abstuvieron de votar y no hubo entidades de control que pudieran supervisar el proceso. Fue una impresionante demostración de apoyos (con al menos dos millones de participantes), pero que no podía dar fundamento, en el marco institucional ni europeo ni español, a la secesión.

A partir de ahí, hubo un simulacro de declaración unilateral de independencia (el 27 de octubre), la fuga de algunos líderes y la prisión para otros. Simulacro, porque hubo una declaración, pero no fue registrada formalmente. Represión y suspensión de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución fueron las respuestas del gobierno español. En diciembre de ese mismo año hubo elecciones en Cataluña. ¿Qué pasó? Aunque el partido más votado fue Ciudadanos, los partidos independentistas fueron los únicos que sumaron para formar gobierno. O sea, más de lo mismo, pero con mayor deterioro de la convivencia y la confianza en las instituciones. Desde Madrid se comenzó a insistir en que había un problema entre catalanes (evidentemente lo hay) mientras las autoridades pro-independencia lo niegan y se centran en que es un conflicto entre dos naciones. La imposibilidad de los dos relatos para imponerse es evidente y no ha hecho más que aumentar la profundidad de la grieta, en Cataluña y en España.

La sentencia

El 14 de octubre de 2019 doce dirigentes y activistas fueron condenados por los hechos ocurridos en 2017. El 20 y 21 de septiembre hubo “un alzamiento público y tumultuario”, según la sentencia, organizado para responder al operativo policial que buscaba evitar el referéndum confiscando urnas y documentos. Se juzgaba también el referéndum del 1 de octubre. Nueve de los enjuiciados, entre los que destaca el exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (erc), Oriol Junqueras, la exvicepresidenta del Parlamento Catalán Carme Forcadell y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (líderes de dos asociaciones civiles catalanistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana, anc) fueron condenados a penas de entre ocho y 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos. Otros tres fueron condenados a menos de dos años por desobediencia. El partido de extrema derecha, Vox, había participado del juicio como acusación popular, pidiendo penas mayores por rebelión. La sentencia, aprobada por unanimidad, lo desestimó porque para que haya rebelión “la violencia tiene que ser instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes” y no hay pruebas de que semejante orquestación haya tenido lugar.

En los días siguientes a la publicación de la sentencia se registraron movilizaciones masivas de rechazo en toda Cataluña, donde una parte importante de la población considera presos políticos a los condenados. En varias ocasiones estas marchas, mayoritariamente pacíficas, acabaron con enfrentamientos violentos entre decenas de manifestantes y las fuerzas de seguridad autonómicas. Las imágenes de los disturbios (como las del referéndum del 1 de octubre) acapararon por unos días el grueso de la atención pese a que no son la punta del iceberg sino apenas una más de las aristas que caracterizan una situación extremadamente compleja.

Las elecciones del 10N y el final del túnel

Cataluña fue el epicentro de la campaña para las elecciones generales, que tuvieron lugar el 10 de noviembre. Las imágenes de destrozos de espacios públicos y enfrentamientos con la policía dieron fuelle al crecimiento de Vox, partido de extrema derecha que se suma a los partidos de este tipo y que proliferan en Europa. En tan sólo un mes, bajo el efecto de la aprobación de la sentencia y las imágenes de los disturbios, 1,300,000 votos se habrían desplazado entre los partidos de la derecha favoreciendo a Vox.[5]

Durante la campaña se puso en evidencia el cálculo electoralista. A la derecha radicalizaron posiciones. A la izquierda desarrollaron discursos ambiguos. Los candidatos desfilaron por Barcelona para echar leña al fuego. Pedro Sánchez (psoe), el presidente español en funciones (tras las elecciones de abril, no hubo acuerdos para formar gobierno) hizo una visita relámpago a Barcelona para visitar a los policías heridos durante los enfrentamientos, algo muy criticado por quienes se ubican del otro lado. Pablo Casado (Partido Popular) y Albert Rivera (Ciudadanos) también estuvieron en Barcelona. Santiago Abascal (Vox) optó por un acto en el País Vasco. Sólo Pablo Iglesias (Podemos) se quedó en Madrid. Casado acusó al gobierno de ser ambiguo con los independentistas con intenciones electoralistas. Rivera pidió prisión para el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Torra pidió hablar con Sánchez, que dijo que no le cogería el teléfono mientras no “condene rotundamente la violencia”. El gobierno catalán vive sus días más aciagos incitando a la gente a movilizarse y luego enviando a los mossos (policía autonómica) a reprimir las movilizaciones. Mientras tanto, Abascal dice que las penas son ridículas y pide eliminar las autonomías (acabar con la descentralización es una de las propuestas centrales del partido de extrema derecha, que niega la relevancia de la violencia machista, entre otros elementos de un programa similar al de otros partidos europeos de su tipo).

Las elecciones dieron el triunfo al psoe, pero sin mayoría propia para formar gobierno. Esta vez ha habido un pacto relámpago con Podemos y habrá gobierno de coalición (ambos partidos tienen menos escaños que en abril). Ciudadanos tuvo una elección muy mala mientras Vox consigue entrar al parlamento por primera vez y como tercera fuerza, con 52 años, psoe y Podemos necesitan negociar y no parece haber otros socios alrededor que no sean los partidos nacionalistas, pnv y erc, en particular.

En Cataluña el independentismo ha perdido apoyos después de mucho tiempo, ubicándose en 41% (ver Gráfica 2), sin embargo, la mayoría de los catalanes opta por soluciones negociadas. Estos números indican que no hay mayorías contundentes para soluciones radicales (la independencia, por ejemplo) pero no es posible ignorarlos. Se requiere diálogo y búsqueda de soluciones. A ver si el nuevo gobierno se forma y al menos lo intenta. La Generalitat encabezada por Quim Torra no parece el interlocutor más razonable. Pero aquí también podrían vislumbrarse unas elecciones que seguramente cambiarán el escenario. Sigue sin verse el final del túnel.

* Albert Hirschman Centre for Democracy, Graduate Institute. yanina.welp@graduateinstitute.ch

Nota: Este artículo se basa en un análisis más breve y acotado, que se titula “El relato sobre la ley y la democracia en Cataluña y en España”, publicado en Suiza. Info 29 de octubre de 2019. Disponible en:
https://www.swissinfo.ch/spa/politica/an%C3%A1lisis_el-relato-sobre-la-ley-y-la-democracia-en-catalu%C3%B1a-y-espa%C3%B1a/45330142

[1] Datos del Ministerio del Interior, www.infoelectoral.mir.es
[2] Alcántara Sáez, Manuel (1992). “Las transiciones a la democracia en España, América Latina y Europa Oriental. Elementos de aproximación a un estudio comparativo”. En: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 11, enero-abril. Colomer, Joseph M. (1994). “Teorías de la transición”. En: Revista de Estudios políticos, núm. 86, oct.-dic.
[3] En El Naufragio, Lola García detalla estos procesos. También puede consultarse la obra La conspiración de los irresponsables, de Jordi Amat.
[4] Un análisis detallado de la evolución del apoyo social a la independencia puede verse en Welp, Yanina (2017). The social support. Reporte coordinado por Daniel Turp.
[5] Oriol Bartomeus “Decidir ‘de qué van’ las elecciones es empezar a ganarlas”, en Agenda Pública.

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