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Miércoles 18 de julio de 2018

Editorial Abril 2018

Atemperar la voz

Debido al litigio abierto por Jaime Rodríguez El Bronco, al cerrar este número
de Voz y Voto no sabemos aún si habrá cuatro o cinco nombres en la boleta de
la elección presidencial. La decisión está en manos
de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
Es uno de los hechos inéditos que se presentan en la enrarecida contienda electoral
de este año, marcada por las acusaciones de corrupción que afectan a casi todos los candidatos
presidenciales y a no pocos de quienes aspiran a ocupar escaño o curul en la próxima
Legislatura del Congreso de la Unión.
Después de la confusión que caracterizó a las dos etapas previas (precampaña e intercampaña),
en el inicio de la competencia formal, al menos en la de ámbito federal, no se avizora
un mejor estilo ni un trato menos agresivo entre los candidatos presidenciales.
También son un enigma los efectos que en las preferencias del electorado
y el comportamiento de los otros contendientes tendrá la presencia de Margarita Zavala,
la única mujer que entró a competir en este año por la Presidencia.
Conforme avanza el proceso electoral, los defectos y graves errores de la reforma
de 2014 han quedado a la vista, lo mismo que los enormes problemas de
credibilidad y confianza que padecen los dos organismos centrales del andamiaje
electoral de México: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Tampoco abona a un mejor clima político la conducta
de varias agencias gubernamentales, empeñadas en enturbiar el de por sí enrarecido
ambiente de arranque de las campañas.
Advertir sobre este indeseable clima de encono y confrontación es necesario para sustentar
el llamado a los gobiernos –federal, estatales y municipales–, a las autoridades electorales,
a los partidos y candidatos, para cambiar tono y tonada de la contienda y construir un trato
basado en el respeto a la ley y la consideración por los adversarios.
Quien sea el ganador de las elecciones y ocupe la Presidencia de México durante los siguientes
seis años tendrá que dialogar y negociar con las oposiciones, convenir con ellas acciones
legislativas y ejecutivas, nuevas reformas o la consolidación de las ya hechas.
Nadie tiene asegurada la mayoría absoluta en las cámaras del Congreso, menos
aún la posibilidad de formar un gobierno de coalición, como ofrece el candidato Ricardo Anaya,
quien al amenazar al presidente Peña Nieto con la cárcel como destino inmediato
ha lanzado gasolina a una hoguera ya encendida.
Atemperar la voz, eliminar la estridencia, prescindir de la amenaza al otro, sin por ello
declinar el reclamo de justicia, son conductas que cabe demandar a cada uno
de los actores en el proceso electoral, obligados a cuidar que la casa de todos, que es México,
no sufra mayores daños en los tres meses de campaña y en las semanas posteriores
a la jornada comicial del domingo 1º de julio.
Al justificado reclamo por el uso faccioso de instituciones de justicia, como la PGR,
sumemos la exigencia de que todos los candidatos se abstengan de acusar sin fundamento,
de la diatriba o la calumnia como recurso propagandístico.
Una forma de alentar el cambio de estilo y mensaje podría ser propiciar la realización de
múltiples debates entre los candidatos a los diferentes cargos de elección popular,
en primer lugar entre los candidatos presidenciales. En este terreno corresponde
a López Obrador dejar de lado cálculos de conveniencia –o la soberbia–
para dar su aporte a una contienda en que el debate y el contraste de proyectos
y propuestas desplacen a la vulgaridad y la grosería que hemos estado oyendo.
Debates con todos, para beneficio de todos, es lo que vamos a requerir.

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