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jueves 21 de marzo de 2019

Discriminación electoral

Betilde Muñoz-Pogossian*

Aunque nadie puede negar los importantes avances habidos en la profesionalización de la administración de elecciones en América Latina, aún se enfrentan grandes retos, desde la garantía de condiciones de equidad y transparencia en los sistemas de financiamiento político, las situaciones de violencia y campaña sucia en la etapa preelectoral, la violencia política contra las mujeres y hasta el efectivo funcionamiento de las tecnologías de transmisión de resultados. Pero hay uno del que poco se habla y poco quieren admitir los órganos que organizan elecciones: la discriminación electoral.

La discriminación se refiere al trato desigual –y por lo general inferior– que se le da a una persona o a un grupo de personas con base en atributos que pueden ser adscritos o adquiridos.1 Estatus socioeconómico, raza, género, discapacidad física o psicosocial, identidad de género u orientación sexual son algunos de los atributos más comunes que históricamente han sido usados como argumentos con fines discriminatorios.

En el campo electoral, la discriminación toma matices particulares y se materializa en situaciones concretas. Así, podríamos definirla como la condición en la cual a una persona o un grupo de personas no se les permite gozar plenamente y en igualdad de condiciones con sus conciudadanos de sus derechos políticos en sus dos facetas, pasiva y activa –derecho a elegir y derecho a ser electo o electa–, debido a su pertenencia a uno de los grupos históricamente marginados. El resultado de esta condición es una democracia electoral con una representación imperfecta o desigual, que equivale a una democracia que no es incluyente.

Discriminación electoral en América Latina: dos facetas

Derecho a elegir. En lo que respecta a la esfera vinculada al elector (faceta activa), aunque en algunos países persisten restricciones al voto para militares en ejercicio, policías, el clero, así como para ciudadanos condenados o en espera de juicio, cada vez son menos los que mantienen esas limitaciones. Hay, sin embargo, algunos impedimentos legales para ejercer el voto. Uno de ellos es la minoría de edad; el límite más comúnmente aceptado en América Latina es tener 18 años de edad como mínimo para poder votar, excepto algunos países como Nicaragua, que han bajado el límite a los 16 años.2

Otro impedimento está asociado a las limitaciones para votar que pueden sufrir las personas con discapacidad, área donde se ha avanzado con prácticas incluyentes. Por ejemplo, en Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral implementó una serie de mecanismos para facilitar la votación a personas mayores y personas con discapacidad, usando una serie de herramientas como plantillas braille transparentes, guías para facilitar la ubicación de la línea donde se debe firmar en el padrón de registro, el cobertor de crayón, la lupa plana y la mampara móvil para su colocación en los descansabrazos de las sillas de ruedas de personas con discapacidad que así lo requieran, entre otras.3 La autoridad electoral puso estas herramientas a disposición para las elecciones presidenciales de 2018 en 6,612 juntas receptoras de votos, habilitadas dentro y fuera de Costa Rica. Sin embargo, en la mayoría de los países falta mucho por hacer, incluidas las personas con discapacidad mental o psicosocial, a quienes aún se les discrimina y no pueden efectivamente ejercer su derecho a votar. Definir el mejor mecanismo para garantizar su capacidad jurídica, y por tanto electoral, es algo que la región continúa debatiendo.4

En cuanto a los factores de raza y etnia, los datos del Latin American Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt sugieren que dichas variables podrían ser menos determinantes en el nivel de participación electoral. Sin embargo, esto no significa en absoluto que grupos como la población afrodescendiente e indígena no enfrenten obstáculos para su participación electoral, en especial dado que, abrumadoramente, forman parte de los estratos socioeconómicos de bajos ingresos y padecen discriminación estructural.

Aunque hacen falta más estudios que documenten las vinculaciones entre pobreza y participación electoral, un grupo de periodistas en Chile realizó un ejercicio para documentar los niveles de participación electoral, y demostró que la exclusión social usualmente se replica en el terreno político-electoral. Del padrón electoral, con 14,347,288 chilenos habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2017, alrededor de seis millones y medio ejercieron su voto, lo que corresponde a cerca de 46 por ciento. El ejercicio demostró, sin embargo, que en el ámbito nacional el nivel socioeconómico explica la participación electoral; es decir, las personas en zonas menos favorecidas participaron menos que sus conciudadanos de clases socioeconómicas más favorecidas.5

Para el caso particular de las poblaciones indígenas, muchas de ellas con frecuencia no están inscritas en los registros electorales y, aun estándolo, su participación en los procesos electorales se ve dificultada por problemas de logística o falta de interés en decisiones que suponen muy alejadas de sus intereses cotidianos. Vinculadas a esta realidad, las dificultades para obtener documentos probatorios de identidad o su costo, y la necesidad de desplazamiento a centros más urbanos para acceder a ellos, son otra causa de discriminación de naturaleza electoral.

Una dimensión que se hace cada vez más necesario abordar a medida que el fenómeno toma volúmenes importantes, es la garantía del derecho al voto de poblaciones migrantes. Mientras que hace diez años los países de América Latina no garantizaban a sus ciudadanos en el exterior el derecho a elegir, hoy en día solo un país, Uruguay, prohíbe el voto de sus ciudadanos en el exterior. Aunque en el caso de los refugiados la inhabilitación para votar es inherente a su estatus migratorio, en el caso de las personas migrantes son cada vez más los ejercicios para integrarlos a la votación en sus países de destino. Colombia tuvo un ejercicio interesante para las elecciones legislativas de 2018, al habilitar 234 centros de votación en 69 países, con 1,175 mesas instaladas,6 y permitir que los electores acudieran a las urnas en un periodo de una semana, con el fin de dar espacio para los traslados hacia consulados y embajadas. Otros países han realizado ejercicios similares, y se requerirá cada vez más esa posibilidad.

Para el caso particular de la crisis migratoria regional que es una de las prioridades hemisféricas, a saber, el éxodo venezolano, el sistema electoral del país tendrá que acomodar a los más de tres millones de venezolanos en la diáspora7 que querrán ejercer su derecho al voto.

Finalmente, está el caso de las personas trans e intersex, a quienes por prejuicios sociales con frecuencia no se les garantiza el derecho a votar, debido a discrepancias entre su identidad de género y la que muestran sus documentos de identidad.8 En el último proceso electoral celebrado en el Ecuador en 2018 (referéndum y consulta popular), la autoridad electoral hizo un esfuerzo por registrar las actualizaciones de género de 659 personas trans (transgénero y transexuales) en sus cédulas, facilitando así su derecho al sufragio de acuerdo con el género con el que se identifican. Sin embargo, el derecho a la identidad civil/electoral se encuentra entre los principales tipos de discriminación que enfrentan las personas trans,9 lo que tiene consecuencias directas en su capacidad de acceder al registro electoral y ejercer su derecho al voto.

Derecho a ser electo. En la faceta pasiva de los derechos políticos, el derecho a ser electo o electa, los retos más complejos tienen que ver con desigualdades materiales, sociales, así como con aquellas producto de percepciones y estereotipos que aún persisten hacia grupos históricamente marginados. En cuanto a las candidaturas, los impedimentos que pueden presentarse suelen ser los mismos aplicables a los votantes, más aquellos especificados por cada legislación electoral, que pueden indicar una edad mínima para postularse a ciertos cargos electivos o impedir la presentación de candidaturas a quienes ejerzan ciertas funciones (los militares en actividad suelen ser el ejemplo clásico) que se consideran incompatibles con la posibilidad de hacer campañas políticas.10

Sin embargo, hay una serie de manifestaciones de la discriminación electoral que tienen que ver con características inherentes de las personas. Por ejemplo, a pesar de que en los últimos veinte años los grupos de indígenas y afrodescendientes han avanzado considerablemente hacia una mayor inclusión en el sistema democrático, continúan enfrentando profundas desventajas para su participación política en puestos de toma de decisión.

En la actualidad, los indicadores políticos y electorales sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes son escasos y generalmente no provienen de las autoridades electorales. Más aún, los sistemas de información sobre cargos de elección popular (de nivel municipal y legislativo) no tienden a sistematizar quiénes se autoidentifican como indígenas o afro. De cualquier modo, en México, Nicaragua, Ecuador y Perú, por ejemplo, países para los que hay cierta información, el porcentaje de asambleístas, diputados y congresistas que son indígenas no sobrepasaba el siete por ciento según los datos disponibles en 2015 (2.8 por ciento en México, 3.3 por ciento en Nicaragua, 5.6 por ciento en Ecuador y 6.9 por ciento en Perú). Las recientes elecciones mexicanas de 2018 revelan el mismo patrón. Mientras que se garantizaron curules para las comunidades indígenas, solo se aseguraron 13 del total de 300 diputados federales por mayoría relativa (o 4.3 por ciento), aun cuando representan 21.5 por ciento de la población.

Las poblaciones afrodescendientes enfrentan una situación similar. En las recientes elecciones generales de Brasil, 27.3 por ciento del Congreso quedó compuesto por personas afrodescendientes. Aunque es una importante representación, cerca de una masa crítica del 30 por ciento, es limitada si se considera que más de la mitad de la población brasileña (55.9 por ciento) se reconoce como afrodescendiente. Patrones similares se repiten en países como Colombia, Costa Rica o Venezuela, con altos porcentajes de personas afro en sus poblaciones.11

En el caso de las mujeres, las cifras regionales revelan nuevamente una continua falta de representación política, pero también un esfuerzo más constante de mejora. En cuanto a puestos ejecutivos, vamos acercándonos a que sea cada vez más normal ver a mujeres en la presidencia o vicepresidencia. Mientras que en 1990 y 2000 solo tres mujeres eran jefas de Estado,12 actualmente seis países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tobago) han tenido a una mujer jefa de Estado, en otras palabras, 17 por ciento de los países de la región. Hoy también la región tiene a varias mujeres en las vicepresidencias o candidateando para estos puestos. En los espacios de representación legislativa y local es donde ha habido menos avance: las mujeres tienden a ser apenas un 20 por ciento de los miembros de los congresos de la región,13 aunque son también el 50 por ciento del electorado y de la militancia de los partidos políticos.

Existe un marco normativo interamericano amplio que protege los derechos políticos de la ciudadanía, incluyendo la prohibición o eliminación de acciones u omisión con la intención de excluir a personas o grupos de personas. Los principales ejes que constituyen esas protecciones son el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a elecciones libres y un sufragio universal y equitativo, así como el derecho a participar directamente en el gobierno, y el derecho al acceso al poder, entre otros. No dejemos de lado los instrumentos interamericanos que nos sirven de carta de navegación para garantizar mayor acceso a derechos, y en particular para poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) constituyen la base de estas protecciones; la Carta Democrática Interamericana (2001) y la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013), entre otros, deben ser instrumentos esenciales en nuestra lucha contra la discriminación

Referencias

Dahl, Robert A. (1989). A Preface to Democratic Theory. University of Chicago Press.

Hinton, Nicole, M. Moseley y A. E. Smith (2012). “Equality of political participation in the Americas”. En The Political Culture of Democracy in the Americas: Towards Equality of Opportunity. lapop: Vanderbilt University.

* Directora de Inclusión Social de la OEA. Los puntos de vista expresados en este artículo son personales, no representan la posición de la OEA.
1 Rial, Juan (2000). “Discriminación electoral” en Diccionario Electoral. Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)-Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Disponible en:https://www.iidh.ed.cr/multic/controles/Biblioteca/BuscadorCategoria.aspx?contenidoid=3c2b8415-35f8-418e-a3eb-acf153bb1dc5&Cat=Diccionario_Electoral&Portal=capel
2 Ibídem. En algunos países el mínimo de edad queda sin efecto si el ciudadano es casado.
3 Véase una descripción más detallada de estos mecanismos en: https://www.elpais.cr/2018/01/12/tse-presenta-mecanismo-para-facilitar-voto-de-adultos-mayores-y-personas-con-discapacidad/. Consultado el 14/01/2018.
4 La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introduce, en su artículo 12, el derecho de este colectivo a la capacidad jurídica, y hace un llamado a los Estados parte a levantar las interdicciones que afectaban la capacidad de hecho y de derecho de las personas con discapacidad para gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos. Varios países de la región están impulsando reformas legales en este sentido. En el caso particular del derecho al voto, bajo esta normativa, el Estado debería asegurar a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual las salvaguardas jurídicas que las protejan del abuso y les permitan, en la medida de lo posible, el ejercicio de su voluntad.
5 Véase una síntesis del ejercicio de medición de participación electoral LaBot en “¿Cuánto incidió la pobreza en la participación electoral en las tres regiones más pobladas de Chile?”. Disponible en: http://www.t13.cl/noticia/politica/cuanto-incidio-pobreza-participacion-electoral-tres-regiones-mas-pobladas-chile. Consultado el 12/01/2019.
6 Véase “Colombianos en el exterior ya votan por Cámara y Senado”, en: https://www.canalinstitucional.tv/noticias/elecciones-legislativas-arrancaron-en-el-exterior. Consultado el 21/01/2019.
7 Datos de Naciones Unidas. Véase “Number of refugees and migrants from Venezuela reaches 3 million”, disponible en: https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2018/11/5be4192b4/number-refugees-migrants-venezuela-reaches-3-million.html. Consultado el 21/01/2019.
8 Para más información sobre la situación de las poblaciones LGTBI en las Américas, véase el “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): violencia contra las personas LGTBI”, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf. Consultado el 10/01/2019.
9 Un estudio llevado a cabo en Perú, titulado “Estado de violencia: situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer en Lima Metropolitana”, documenta que la principal vulneración de derechos que experimentan las personas trans es el derecho a la identidad. Véase http://descarga.notengomiedo.pe/archivo/No%20Tengo%20Miedo%20-%20Estado%20de%20Violencia.pdf. Consultado el 10/01/2019.
10 Juan Rial, op. cit.
11 Htun, Mala (2014). “Political inclusion and representation of afrodescendant women in Latin America”. En Escobar-Lemmon, Maria C. y Michelle M. Taylor-Robinson, Representation: The Case of Women. Oxford University Press.
12 Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), Janet Jagan en Guyana (1997-1999) y Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997).
13 Casas Zamora, Kevin, Betilde Muñoz-Pogossian y Marian Vidaurri (2014). “Consideraciones sobre la desigualdad política en las Américas”. Desigualdad e inclusión social en las Américas: 13 ensayos. Washington, dc: Organización de los Estados Americanos.
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