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Miércoles 20 de junio de 2018

Democracia  y clientelismo

Héctor Díaz Santana*

La legitimidad de la democracia está vinculada con los resultados que el gobierno y el régimen político le ofrecen a la sociedad. Los resultados podrían relacionarse con el nivel de vida de la población, el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y del ingreso, la tasa de empleo y desempleo, o con alguna otra variable social o económica.

También podría evaluarse la legitimidad de la democracia por sus efectos en la gobernabilidad del país, en la realización pacífica de elecciones, el acceso legal al poder y el cambio estable en la composición y titulares de los poderes públicos; por el clima de tensiones sociales, las divisiones y coincidencias de las élites políticas, el tipo y número de acuerdos en el parlamento, y las coincidencias entre este y el gobierno. Si la democracia no cumple razonablemente con las expectativas que genera su instauración y desarrollo en cada periodo de gobierno, termina desprestigiándose.1

El espectro de temas de carácter político e institucional que podrían vincularse con el desempeño eficaz de la democracia como régimen político es muy amplio.

Para acceder al poder los actores políticos despliegan toda suerte de acciones y estrategias políticas, que con frecuencia rozan los límites legales y procedimentales de la democracia. Al hacerlo, ocasionan riesgos que tienden a debilitar y deslegitimar la democracia. Por ello es importante diferenciar entre los problemas que se relacionan con aspectos específicos de la democracia, y los que suscitan crisis de legitimidad sobre el conjunto del sistema democrático que regula los procedimientos básicos para acceder y mantenerse legítimamente en el ejercicio del poder público.

La instauración y desarrollo de la democracia constituye un avance civilizatorio que debe ser preservado y cuidado especialmente de sus enemigos y riesgos internos, si se quiere conservar el patrimonio producido por el esfuerzo de las generaciones de ciudadanos que hicieron posible el advenimiento del régimen democrático.2

Factores de riesgo 

La democracia como régimen político puede albergar las expresiones más disímbolas de la política, pero más allá de ciertos límites, es inevitable que las expresiones ilegales y antisistémicas impongan tensiones que podrían ocasionar graves crisis.

Las expresiones que traen consigo riesgos para la democracia son aquellas que por su singularidad se resisten a aceptar y respetar las reglas del juego democrático, que las instituciones y los actores políticos en sede parlamentaria han adoptado.

Cuando se producen expresiones y comportamientos colectivos o individuales que se mueven en los límites de la legalidad o fuera de ella, se convierten en factores de riesgo para la credibilidad y persistencia de la democracia. Esos factores provienen de distintas fuentes, todas ellas, larvadas en los viejos y nuevos componentes del régimen.

Los riesgos también se derivan del comportamiento reiterado e ilegal de los actores políticos que por conveniencia y de manera coyuntural aceptan las reglas del juego, cuando manifiestan desdén recurrente a las instituciones al no conseguir sus propósitos, o cuando reaccionan ante los obstáculos legales que les impiden mantenerse en el poder. Este tipo de comportamientos, asociados con otros de nueva manufactura, denota una escasa lealtad a las instituciones del Estado y en particular a las instituciones democráticas, por lo que constituyen un factor de riesgo para la democracia y por extensión para el país.

Pero también implican riesgos los comportamientos de los actores políticos que conforman las tramas partidistas y no partidistas, que en cada coyuntura electoral despliegan todo género de acciones ilegales para inducir y condicionar el voto de los electores.

El clientelismo persistente

Uno de los vectores que mayores riesgos representa para la democracia es el clientelismo político, que alberga una amplia gama de comportamientos políticos, sociales, económicos y culturales, que con prodigiosas mutaciones sobrevive a los constreñimientos que el régimen político mexicano ha establecido, y que con nuevas máscaras y artificios se sigue reproduciendo.

El clientelismo es premoderno y antidemocrático. Las nuevas reglas, instituciones y procedimientos democráticos que se han desarrollado desde 1977 no han sido suficientemente eficaces para desterrar el clientelismo del panorama político nacional. Se trata de un fenómeno dúctil y escurridizo que se ha adaptado a las condiciones más adversas.3

Para confirmar el carácter volátil y gatopardista de las prácticas asociadas con ese fenómeno político y social, recupero la referencia clásica que formuló Barbara Schröter, y que sirve para contrastar la realidad del clientelismo mexicano:

El fenómeno del clientelismo, es un fantasma. A primera vista es invisible, pero se supone que está presente en todos lados. Tiene muchas caras, pero nadie sabe exactamente cuál es su apariencia, así que con los rumores cada quien inventa un aspecto nuevo. Finalmente es percibido como algo negativo. ¿Vive o está muerto? ¿O nada más cambia de lugar o de vestido? Nadie lo sabe, pero cada quien inventa un aspecto nuevo del fantasma.4

El clientelismo es un gran paraguas que cobija toda suerte de prácticas y relaciones sociales, que lo mismo se caracterizan por su connotación tradicional o moderna, e incluso posmoderna; en esta última la despersonalización y la volatilidad de las relaciones sociales son su sello distintivo. Pero en cualquier caso, como refiere Caciagli:

… el clientelismo denota una categoría analítica para la investigación de las relaciones informales de poder… que sirven para el intercambio mutuo de servicios y bienes entre dos personas socialmente desiguales o entre dos grupos… Se trata de una relación diádica, en la cual una persona poderosa (el patrón) pone su influencia y sus medios en juego para dar protección o ciertas ventajas a una persona socialmente menos poderosa (el cliente) que le ofrece respaldo y servicios al patrón.5

La compra y la coacción del voto se cuentan entre las prácticas más relevantes que caracterizan al clientelismo que recorre el país. Estas prácticas adquieren diversas modalidades que se combinan, entretejen y agazapan entre las acciones permitidas por la legalidad electoral. No son exclusivas de ningún partido político, y ningún territorio o escenario de la política mexicana está blindado lo suficientemente para darle la espalda a su corrosiva y sigilosa expresión, en especial en los espacios más sensibles del régimen democrático: aquellos que delimitan a los segmentos sociales que son susceptibles de intercambiar y negociar su voto.

Las prácticas del clientelismo, en las múltiples facetas en que se manifiestan, se perciben por todas partes, pero se mueven como fantasmas que no dejan huellas. Estas prácticas no aparecieron con la alternancia ni son exclusivas del tiempo actual, vienen desde la época del predominio hegemónico del PRI e incluso hunden sus raíces en tiempos más remotos. Bajo las más inverosímiles formas han reaparecido en los escenarios de la lucha política competitiva posterior a la segunda alternancia presidencial.

Riesgos para la democracia constitucional

La transición a la democracia con su nuevo andamiaje institucional y legal no borró el clientelismo, este se adaptó e incrustó en los viejos y nuevos ganglios del régimen político, y agazapado en las zonas oscuras y enclaves autoritarios que aún persisten, sale de caza en cada periodo electoral.

El régimen político democrático coexiste con expresiones políticas que les prodigan escaso respeto y baja lealtad a las instituciones y procedimientos de la democracia constitucional. Estas expresiones políticas representan un riesgo para la viabilidad de la democracia cuando, en su propósito de mantenerse en el poder por encima y a pesar de la densa normatividad electoral, reproducen las prácticas del viejo y nuevo clientelismo.

El cambio en las reglas del juego político no ha coincidido con el desplazamiento de las viejas maneras de relación formal e informal que siguen incidiendo sobre los comportamientos electorales de los ciudadanos en las elecciones locales y federales.

Las tensiones provocadas por la lucha política y por los resultados electorales de la democracia, cuya legalidad y legitimidad han sido puestas en duda por los actores políticos en distintas coyunturas, constituyen un vector de razones que explica la creación y funcionamiento de la Fepade, en el contexto de un proceso de cambio político democrático que ya acumula más de tres décadas desde su impulso inicial en 1977, y que ha sido lastrado por las viejas prácticas que persisten y por las nuevas prácticas clientelares que se han desplegado en los últimos años para influir en el sentido final del voto de los electores.

El caldero de lo viejo y lo nuevo

La política no tolera el vacío. Los espacios que sirven de escenario a los procesos y acciones múltiples que despliegan los actores políticos y los ciudadanos en el marco de la campaña electoral también son portadores de pasado, albergan y expresan prácticas, conductas y expresiones simbólicas históricas, que se combinan con las formas nuevas que propicia el incremento de la competencia electoral.

La lucha política competitiva que suele caracterizar a los regímenes democráticos se manifiesta en un caldero híbrido en que se mezclan lo viejo y lo nuevo, lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno. El subsuelo que sirve de soporte a la base sobre la que danzan los actores políticos y sociales en la democracia está hecho de composta, en la que los componentes autoritarios no han desaparecido, y mucho menos los rasgos asociados con el clientelismo en cualquiera de sus modalidades.

Las viejas prácticas de la política mexicana que se expresaron a sus anchas en la época dorada del autoritarismo, se reiteran con reciedumbre en muchas regiones del país y en innumerables tramas organizativas, sociales, corporativas e institucionales. Los incentivos a la persistencia del clientelismo siguen siendo más atractivos que el riesgo que les podría representar a quienes despliegan acciones para inducir el voto que puedan ser objeto de sanciones penales, no obstante que se trata de conductas que ya han sido tipificadas como delitos electorales, pero que son esquivas para documentarse y comprobarse en el marco de un proceso de investigación acucioso.

La Fepade nació para defender la democracia

En el contexto de la persistencia de las viejas y nuevas estructuras y estrategias clientelares que suelen incidir sobre la lucha política, combinado con la trama de reglas creada para acotar las disparidades estructurales y de coyuntura que existen entre los actores políticos, así como para inhibir las prácticas ilegales y sus efectos sobre el ánimo de los electores, se justifica la existencia y funcionamiento de la Fepade.

La Fiscalía se encuentra en un cruce de caminos de la lucha política, por lo que también suele ser una referencia instrumental de los actores políticos, ya que para desplegar estrategias electorales y reafirmar posicionamientos frente a los adversarios y ante ciertos segmentos del electorado, difunden por todos los medios a su alcance que acudirán o han acudido a presentar una denuncia sobre la presunta comisión de un delito electoral.

En esta tesitura sensible, la Fiscalía tiene el imperativo democrático de preservar la sobriedad institucional y republicana, y evitar hasta donde le sea posible que se le utilice como instrumento de lucha entre los actores políticos.

La Fiscalía es un ente del Estado mexicano que cumple funciones especializadas para investigar y prevenir delitos, pero eso no significa que esté autorizada para trastocar los procedimientos establecidos en la Constitución y en el bloque de convencionalidad, que todas las instituciones del Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno y divisiones funcionales, están obligadas a respetar, como es el caso del debido proceso, de la presunción de inocencia, así como el principio pro persona, que de manera taxativa se ha inscrito en la narrativa constitucional vigente.

Mientras los incentivos para acceder y mantenerse en el poder sean superiores al imperativo de acatar la ley y someterse a los procedimientos establecidos por las instituciones del Estado en su vertiente democrática, seguirán vivas las prácticas clientelares. Mientras no se acote el margen para usar de manera discrecional las prerrogativas y prebendas que implica el ejercicio del poder, y se encuentren resquicios para eludir las exigencias de rendición de cuentas y respeto a la ley, la Fepade seguirá enfrentándose a un universo complejo y difícil de documentar en materia de acciones ilícitas. Por ello tendrá sentido su existencia y funcionamiento, pero al mismo tiempo siempre serán desmesuradas las expectativas sobre el tamaño de los esfuerzos que tendría que realizar y los resultados que tendría que ofrecer en materia de prevención, investigación y consignación de casos.

Lo deseable para la salud de la vida democrática del país es que la Fiscalía cumpla un papel sobrio, republicano y democrático.

La instauración y desempeño bajo el método de ensayo y error del entramado institucional relacionado con el combate a la corrupción se conecta directamente con el imperativo de preservar la democracia de los riesgos y enemigos internos que la deterioran y desprestigian. Ninguna institución puede considerarse prescindible de manera precipitada y coyuntural, hasta en tanto no se reconduzcan y pacifiquen las pretensiones de los actores políticos, y el proceso de acceso al poder pase la prueba de las tensiones y polarización a la que inevitablemente se expone en un escenario democrático y altamente competitivo. Ese es el rasgo distintivo de la democracia y no la excepción. Incertidumbre en los resultados y certidumbre en las reglas.

Nada es más peligroso para la estabilidad del país que las expresiones políticas ilegales que se manifiestan bajo el manto del clientelismo encuentren resquicios para persistir, como es el caso de la compra del voto, el soborno, las presiones para emitir el voto, el flujo de efectivo, la distribución de regalos y favores personales, que discurren en la corriente torrencial de las campañas electorales. Estas prácticas estrechan el margen de la libertad para elegir que tienen los ciudadanos en una democracia.

Se desprestigia la democracia, sus enemigos se envalentonan y en cada revés que le propinan las conductas reprochables de quienes desde su interior la debilitan, se agrandan las grietas y la corrosión de sus procedimientos e instituciones. Eso les abre paso a las coartadas autoritarias que suelen allanarle el camino a la regresión despótica, antidemocrática y antiliberal.

En la coyuntura actual del país, tan importantes son el apego a la ley, el cumplimiento riguroso y documentado de las funciones constitucionales de las instituciones democráticas, la perspectiva de Estado, la adopción de los principios de la democracia constitucional, el respeto a la división de poderes, como el respeto a los derechos fundamentales, pero todo ello complementado por el comportamiento ético de los titulares de las instituciones.

Coda

La noción de los límites constitucionales y legales, entre los que señaladamente se encuentran los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de los datos personales, constituye un marco de referencia que debe ser atendido de manera puntual por la institución que tiene la función de investigar las denuncias que presumen la existencia de responsables de la comisión de delitos electorales.

Además del apego al enfoque de la democracia constitucional, es fundamental que la institución evite contribuir a incendiar la pradera. La democracia propicia que quien aspira al poder y reúna los requisitos de elegibilidad, acceda a él, siempre que obtenga la mayoría de los votos de los ciudadanos; pero no presupone ni es ético suponer que la instancia del Estado responsable de la investigación de presuntas conductas delictivas precipite el desenlace de los casos bajo su cuidado y resguardo en la arena pública, solo para responder a la presión mediática y política.

La Fepade no fue creada para incentivar juicios mediáticos. Evita difundir prejuicios, ya que su función no consiste en judicializar la política. Se diseñó y debe funcionar para realizar investigaciones consistentes, para que una vez que cumplan con los parámetros de legalidad y plausibilidad investigativa, se pongan a disposición de los jueces que corresponda.

Así de clara, simple y a la vez compleja es la tarea fundamental de la Fepade en los tiempos que corren.

* Titular de la Fepade.
1 Véase Maravall, José María (1995). Los resultados de la democracia. Madrid: Alianza Editorial.
2 Woldenberg, José (2012). Historia mínima de la transición democrática en México. México: El Colegio de México.
3 Hernández Corrochano, David (2002). “El clientelismo posmoderno”, en Revista Perfiles Latinoamericanos núm. 20, junio, Flacso México, págs. 131-156.
4 Schröter, Barbara (2010). “Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?”, en Revista Mexicana de Sociología 72, núm. 1 (enero-marzo), México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, págs.141-175.
5 Caciagli, Mario (1996). Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
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