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Lunes 12 de noviembre de 2018

Del mexican moment a la desilusión

Jesús Zambrano Grijalva*

El gobierno de Enrique Peña Nieto se inició con un sorprendente boom y está terminando en una desilusión y enorme rechazo social.

Con el regreso del PRI a la Presidencia en 2012, con Peña Nieto a la cabeza, se auguraba una vuelta al autoritarismo, con el agravante de que llegaba cobijado por –y de la mano de– los grandes poderes fácticos: las televisoras (especialmente Televisa), los grupos empresariales más importantes, el charrismo sindical, principalmente el de Elba Esther Gordillo, y todo lo que oliera a corrupción.

Ese era el discurso de la oposición, además de la acusación de fraude y la amenaza hecha por López Obrador de reeditar el 2012: declarar ilegítimo el triunfo de Peña y asumirse como “presidente legítimo”, lo cual no sucedió debido a la ventaja de más de cinco puntos que obtuvo la coalición priista sobre la encabezada por el PRD.

Aun así, ningún partido tuvo por sí solo mayoría en ninguna de las dos cámaras legislativas. Ni el partido del presidente ni nadie podría imponer su voluntad sobre los demás para sacar adelante sus iniciativas.

El PRD acompañó a Andrés Manuel durante toda la campaña y hasta la calificación de la elección sin regateo alguno, a pesar de que una parte significativa de la dirección del partido en su momento había simpatizado con la precandidatura de Marcelo Ebrard.

Convencidos de que debíamos acatar el veredicto del Tribunal, el reto era cómo aprovechar el capital político obtenido en la contienda. Marcelo Ebrard y Manuel Camacho nos propusieron que elaboráramos un documento que condensara las acciones y decisiones de gobierno a las que debiera comprometerse el próximo presidente de la República, independientemente del fallo del TEPJF. Jesús Ortega, Carlos Navarrete y yo estuvimos de acuerdo en que Camacho hiciera la propuesta inicial. Después, debía presentársele a liderazgos como Cuauhtémoc Cárdenas y Juan Ramón de la Fuente, para luego llevarla, entre todos, a una reunión con Andrés Manuel, lo cual sucedió hacia mediados de julio de 2012.

Manuel Camacho, como redactor original, leyó el texto ante López Obrador. La reacción inmediata de este fue: “¡Eso es lo que Peña quiere!, ¡alguien que le haga el trabajo sucio! No estoy de acuerdo. Y de una vez les digo: no voy a aceptar la resolución del Tribunal, la voy a desconocer. Yo seguiré en mi ruta y no les pido ni los obligo a que me acompañen”.

Después de una dura respuesta de Camacho, concluyó la comida-reunión y López Obrador se retiró. Los demás coincidimos en que debía continuarse en la idea de hacer un llamamiento a un acuerdo nacional para evitar la parálisis del país, con puntos fundamentales que permitieran el desarrollo, la consolidación democrática, el combate a la creciente desigualdad social y a la inseguridad.

En esa línea el PRD convocó a una reunión nacional de los dirigentes del PT, MC y los legisladores entrantes de los tres partidos que habíamos apoyado a López Obrador, para suscribir un llamado a los demás actores políticos, que denominamos la Declaración de Acapulco y que leyó Marcelo. Andrés Manuel, aunque fue invitado, no quiso asistir; cuando el Tribunal calificó la elección y reconoció el triunfo de Peña, anunció la conformación de Morena como partido político que iría por su registro legal.

En ese contexto se dieron los primeros contactos con el equipo de Peña Nieto (por allá a finales de julio de ese año), solo con un servidor y Jesús Ortega del lado del PRD, y Luis Videgaray por el lado del PRI. El primer encuentro duró más de cuatro nocturnas horas. Seguro de que el Tribunal Electoral fallaría a favor de ellos, Videgaray planteó el interés de que hubiera un puente de comunicación para “un buen entendimiento con la oposición, particularmente con la izquierda (el PRD)”.

Nosotros de inmediato dejamos claro que el interés del PRD era una relación diferente a la que el PRI estaba acostumbrado cuando era gobierno, más ahora que el electorado había decidido no darle mayoría absoluta a nadie, lo cual nos obligaba a buscar y alcanzar acuerdos trascendentales para la vida del país: que el Estado mexicano debía recuperar la rectoría sobre los resortes fundamentales de la economía (sin regresar al viejo estatismo), en política fiscal, en las telecomunicaciones y la educación, secuestrada por el caciquismo de Gordillo, para así elevar su calidad. Es decir, pusimos sobre la mesa lo que habíamos iniciado en el PRD, con Ebrard y Camacho, plasmado luego en la Declaración de Acapulco.

Estuvimos de acuerdo en que ese debía ser el tenor de nuestras futuras posibles reuniones; Videgaray manifestó su satisfacción y prometió platicarlo con Peña.

La respuesta del PRI fue positiva, acordamos que se incorporara Miguel Ángel Osorio Chong y, necesariamente, el PAN, lo cual sucedería a principios de septiembre.

También acordamos mantener las pláticas en el mayor de los sigilos a efecto de no estar trabajando bajo la presión de los reflectores mediáticos. Así lo hicimos hasta finales de noviembre, cuando llevamos el documento a las direcciones nacionales de los tres partidos.

El método fue que, cuando los grandes temas empezaron a estar maduros en sus contenidos, formamos una Comisión Redactora que fuera poniendo en blanco y negro lo que íbamos acordando. Esa Comisión fue integrada por Carlos Navarrete (PRD), Aurelio Nuño (PRI) y Juan Molinar Horcasitas (PAN). Después confirmamos un Consejo Rector del Pacto, al que se incorporó Pablo Gómez, del PRD.

Las reformas en telecomunicaciones, energética y hacendaria-fiscal se presentaron como aquellas que suponían la mayor complicación.

Hago este relato de lo que viví como presidente nacional del prd porque muchas versiones han distorsionado los hechos con el afán de descalificar el Pacto por México, que hicimos pensando en el país, no en cómo sacarles jugo a intereses partidistas.

Hubo reacciones radicales dentro del PRD (los identificados con Bejarano, así como, para nuestra sorpresa, de Ebrard y Camacho, a pesar de que habían sido coautores intelectuales de un acuerdo nacional), que cuestionaban desde la discreción en las conversaciones hasta la firma de un pacto con el PRI, lo que se caracterizaba como traición a los principios de la izquierda. Además, últimamente me he encontrado con textos de una pobreza intelectual como el de Saúl López Noriega (Pacto por México, editado por el Fondo de Cultura Económica, marzo de 2018), que llega a hablar de “la posibilidad de que el incentivo principal de la participación opositora haya sido el bálsamo de la corrupción”.

En los 95 acuerdos firmados el 2 de diciembre de 2012 no hay nada que sea contrario al programa y principios del PRD. Lo “pecaminoso” era romper el paradigma de que la oposición no podía ni debía acordar con sus adversarios políticos; la tradición en la política mexicana era identificar cualquier pacto como “transa”, como “venta de algo”.

Por ejemplo, lo plasmado en el Pacto sobre reforma energética es totalmente acorde con el programa del PRD. Incluso, terminó siendo una redacción propuesta por nosotros.

Para el tema de las telecomunicaciones, las mayores reservas vinieron del lado del PRI. Pero ni el PAN ni el PRD cejamos en la necesaria democratización y apertura del espacio radioeléctrico del país, subrayando el configurar disposiciones antimonopólicas, lograr una verdadera competencia económica, bajar precios, modernizar el sector, ampliar la capacidad y extensión de internet y transmisión de datos, con énfasis en lo social. Al final todos reconocíamos que no se trataba de perjudicar a ningún grupo económico para beneficiar a otros.

Y en lo correspondiente a la reforma fiscal, las presiones provinieron de algunas cámaras del Consejo Coordinador Empresarial, que llegaron a decir que “primero muertos” antes que se aprobara eliminar o acotar la consolidación fiscal, mediante la cual se facilitaba la evasión del pago de impuestos. El PAN terminó votando en contra de algunas de estas disposiciones. Pero la importancia de esas decisiones fiscales está a la vista: con esa reforma se permitió al Estado mexicano disponer de grandes recursos que no solo provinieran del petróleo, sin los cuales hoy la situación del país sería de grandísimas complicaciones.

Muchas reformas de gran calado fueron aprobadas, aunque a la postre el Pacto haya sido denostado por importantes actores políticos.

¿Qué falló? ¿Por qué no todo lo plasmado en el Pacto se llevó a cabo? Y lo que se avanzó, ¿por qué no aterrizó como se esperaba, a efecto de que las reformas tuvieran un visible impacto positivo para el país y así hubieran contado con un amplio respaldo social? ¿Por qué no se publicitaron los logros? Tiene razón Rodrigo Velázquez López Velarde (en el libro ya citado, editado por el FCE) al formular este tipo de interrogantes.

En cuanto empezaron a dar fruto las primeras reformas, el PRD y el PAN planteamos la necesidad de que los tres partidos firmantes elaboraran piezas de comunicación para difundirlas y que se contara con tiempo oficial. Lamentablemente esto no se concretó, lo cual fue sin duda una falla grave que llevó a que el Ejecutivo se adjudicara los méritos y los partidos opositores solo nos lleváramos los costos de los reclamos y, a la postre, compartiéramos injustamente el descrédito ulterior del gobierno federal.

A principios de 2013 surgieron problemas en los procesos electorales, en especial en Veracruz, cuando se sorprendió in fraganti a funcionarios de Sedesol usando programas sociales para beneficiar al PRI. Tras la denuncia pública y el reclamo al gobierno, el PRD y el PAN suspendimos nuestra participación en el Pacto. El gobierno tuvo que admitir una adenda con puntos sobre medidas y reformas electorales, para continuar en la ruta de los acuerdos.

Otra crítica reiterada ha sido “la suplantación del Legislativo por las cúpulas”. En lo esencial, de ninguna manera fue así. Desde el principio los coordinadores empezaron a participar activamente, además suscribieron públicamente el Pacto; nos mantuvimos en comunicación y discusión con las plenarias de los grupos parlamentarios y en muchas reuniones contamos con reconocidos especialistas de la sociedad en los distintos temas.

Quienes estamos convencidos del papel del Legislativo y de los contrapesos institucionales y políticos, nos preocupamos por un papel más protagónico de este poder. Pero en un régimen presidencialista como el mexicano, la fórmula del Pacto fue la que ideamos para hacer valer nuestra agenda opositora.

No sin forcejeos ni sin largas discusiones se dieron muchos acuerdos sustanciales, hasta que llegamos a los puntos de mayor controversia: el energético y el hacendario.

El PRD había elaborado, junto con especialistas y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una amplia propuesta de reforma energética integral que planteaba la urgente modernización de Pemex y FCE, con mayores recursos que se debían obtener mediante la disminución de la enorme carga fiscal, sin oponernos a la participación de la iniciativa y capitales privados, pero manteniendo la rectoría del Estado mexicano y la propiedad de la nación sobre sus riquezas energéticas, hasta como un asunto de seguridad nacional.

En el PRD teníamos claro que este era un punto de definición y segura ruptura del Pacto si no se cumplía lo firmado y el gobierno insistía en sacar adelante su propuesta de privatización, ya publicitada, sin discutir y valorar la propuesta perredista. Así se lo expresé en esos días al presidente Peña y le advertí de que se vendría abajo todo el valor político y ético que había tenido nuestra participación en el Pacto, que había funcionado como un mecanismo de amortiguamiento de tensiones y proyección de una imagen positiva del país en el plano internacional.

Lamentablemente, al final se pusieron por encima las visiones y muy probablemente los compromisos previos del gobierno. No midieron las consecuencias de la ruptura del Pacto con la salida del PRD al aprobarse las reformas constitucionales en la materia el 28 de noviembre de 2013.

Luego, como si fuese una maldición, en 2014 se suscitaron dos hechos que marcarían negativamente al gobierno de Peña. Uno, los acontecimientos de Iguala, Guerrero, en la noche del 26 de septiembre, con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de grupos delictivos coludidos con las autoridades. Y dos, los escándalos de corrupción conocidos como la “Casa Blanca” de Peña Nieto y la casa en Malinalco (estado de México) de Luis Videgaray, construidas con recursos de la empresa Higa, consentida del gobierno.

Puedo afirmar que ahí empezó el final de un sexenio que, en sus inicios, había dado muestras de que el regreso del PRI a la Presidencia de la República no era una tragedia. Bien decía Marx, parafraseando a Hegel, que “la historia se presenta dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”.

El Pacto por México fue cumplido en todo o en parte en 65 de los 95 compromisos iniciales, así como en un 50 por ciento de su adenda electoral; quedaron pendientes puntos de gran importancia, como el sistema anticorrupción, el acceso universal a los servicios de salud, el uso legítimo de la fuerza pública, la protección a periodistas y la atención al campo, entre otros.

Los compromisos cumplidos comprenden el seguro de vida para jefas de familia, pensión para adultos mayores de 65 años, reforma a la Ley de Amparo, Código de Procedimientos Penales Único, policías estatales coordinadas, creación de una instancia federal para dar seguimiento a la instrumentación de la reforma en materia de derechos humanos; reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley General de Víctimas, en materia de transparencia, financiera, hacendaria, política nacional y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de telecomunicaciones y educativa. La reforma energética, tal como se aprobó, no fue resultado del Pacto, sino causa de su muerte.

Paradójicamente, con toda la importancia de estas reformas para el país, el sexenio termina en el descrédito, descalificado y con desilusión social, por su incapacidad de implementarlas de manera adecuada y por su cobarde complicidad al no combatir la corrupción.

Finalmente, como para subrayar la farsa de la historia, el próximo presidente López Obrador, que hizo de lo que llamó el “Pacto contra México” una de sus principales banderas de campaña, con la promesa de que echaría para atrás todas sus reformas, ahora las está defendiendo.

El Pacto por México es un antecedente insoslayable que expresa qué son capaces de lograr los líderes políticos cuando ponen por delante el genuino interés del país. Las fallas y los errores no deben repetirse.

* Presidente del PRD de marzo de 2011 a octubre de 2014.
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