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Lunes 12 de noviembre de 2018

Del gozo al pozo

Jorge Alcocer V.*

Aquel primero de diciembre (2012) una variopinta constelación de marchas de protesta intentó llegar al Palacio Legislativo en San Lázaro, Distrito Federal. Desde temprana hora elementos del Estado Mayor Presidencial habían sellado los accesos al recinto, en tanto que la policía capitalina estableció varios cinturones de resguardo en el perímetro aledaño. En las siguientes horas se produjeron varios contactos violentos entre los más rijosos de los manifestantes y los granaderos, hasta que los primeros optaron por avanzar hacia el Zócalo y luego a la Alameda provocando destrozos en locales comerciales que sufrieron el embate vandálico.

Mientras tanto, en el Salón de Plenos del recinto legislativo, en orden y conforme al protocolo, Felipe Calderón Hinojosa entregaba a Enrique Peña Nieto la simbólica banda presidencial. Esta vez, a diferencia de seis años antes, los legisladores del PRD y de otros grupos de izquierda guardaron compostura, los del PAN miraban tristes la ceremonia que ponía fin a 12 años de poder (o de no poder) y los del PRI apenas podían creer lo que veían. Contra viento y marea, desmintiendo predicciones y negando vaticinios, el partido al que no pocos habían diagnosticado la inevitable extinción y muerte, después de 12 años en el desierto regresaba a su terreno más conocido, casi de su exclusivo dominio, el ejercicio del poder.

Al día siguiente, 2 de diciembre, los dirigentes nacionales del PAN y PRD, acompañados de la presidenta interina del PRI, firmaron con el nuevo mandatario el Pacto por México, en el que se comprometieron a impulsar una extensa, y en varios temas inédita, agenda de reformas constitucionales que, para sorpresa de muchos, tocaba el sacrosanto tabú de la exclusividad del Estado en la exploración y explotación de petróleo y gas. Además de la anterior, la lista de reformas que se convendría, impulsaría y aprobaría, incluyó las telecomunicaciones, la educación pública, las normas laborales, la justicia penal, el combate a la corrupción y muchas otras de menor rango. La cereza en ese tempranero pastel la puso el PAN: una nueva reforma electoral.

En los meses siguientes los legisladores federales presenciaron un abierto despojo de sus facultades. Todos fueron víctimas pasivas del acuerdo cupular, pero más que otros los del PRI que, siendo la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, con posibilidad de alcanzar mediante alianzas la mayoría absoluta en ambas, se vieron reducidos a la condición de espectadores a quienes correspondía esperar que les enviaran las iniciativas de reformas, negociadas y detalladas hasta la última coma entre los dirigentes de los dos partidos supuestamente opositores y el equipo del presidente Peña, donde Luis Videgaray hacía el papel de comandante, Miguel Ángel Osorio Chong de facilitador, Aurelio Nuño y Humberto Castillejos de redactores, mientras que al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, le tocaba reservar las mesas y pagar las cuentas de alimentos y bebidas consumidos en comidas y cenas que se prolongaban por horas, no pocas veces hasta la llegada del día siguiente.

Una tras otra fueron concretándose las reformas anunciadas; lo que tres presidentes (Zedillo, Fox y Calderón) habían intentado sin resultados, al mexiquense Peña Nieto se le daba en cuestión de semanas. En la prensa extranjera se empezó a hablar del mexican moment; la conocida revista Time dedicó su portada al presidente mexicano, mientras que dirigentes de los tres partidos sentados a la mesa justificaban y festejaban lo que consideraban avances históricos.

Las primeras reformas avanzaron como cuchillo caliente en mantequilla; así llegaron, casi en cascada, las de telecomunicaciones, laboral y educativa; la de justicia penal tardó un poco más, pero salió. Sin embargo, para nadie era un secreto que había dos puntos en la agenda del Pacto que más temprano que tarde podían dar al traste con el buen ánimo de diciembre del 12.

Para el presidente Peña Nieto el objetivo mayor era la reforma energética, o mejor dicho petrolera, indispensable para abrir a la inversión privada, principalmente extranjera, la exploración y extracción de petróleo, acicateado por la bancarrota de Pemex y la brusca declinación de la plataforma diaria de producción de crudo, merced al agotamiento del megayacimiento Cantarell en la sonda de Campeche.

Gustavo Madero, jefe nacional del PAN, tenía claro que si la reforma petrolera salía antes que la electoral no tendría fichas para apostar fuerte en la mesa y alcanzar el mayor cambio que pretendía: nacionalizar las elecciones locales para impedir que los gobernadores les metieran mano.

Por su parte, los dos jefes de la tribu mayor del perredismo (Ortega y Zambrano) sabían que, siendo imposible para su partido aprobar la petrolera, en la electoral tenían que verse reflejadas sus propuestas, y en la fiscal, en la que estaban dispuestos a colaborar con el PRI, podían tomar distancia del PAN, con la mirada puesta en las elecciones intermedias de 2015.

El equipo presidencial decidió impulsar a fondo la negociación final, cedió lo que nadie hubiera pensado en el ámbito electoral, con tal de que PAN y PRD siguieran en la mesa del Pacto, y escindió la negociación de las dos reformas con mayor impacto estructural. Con el PAN cerró los términos y condiciones para la reforma petrolera, y con el PRD pagó el favor para contar con sus votos en la fiscal-tributaria. Las tres reformas fueron aprobadas entre 2013 y 2014 y con ellas se puso punto final a la fiebre pactista. Aunque el Pacto por México nunca fue oficialmente concluido, al llegar las elecciones de 2015 todos sabían que la fiesta había llegado a su fin. Era hora de pagar la cuenta.

Aunque en la política, como en la vida, de nada sirve hablar del “hubiera”, en la historia del sexenio 2012-2018 resulta casi inevitable usar ese tiempo para conjugar el verbo. Si el sexenio hubiera terminado el 1º de diciembre de 2015, Enrique Peña Nieto hoy sería un personaje reconocido. Pero empezó el 1º de diciembre de 2012 y terminará el 30 de noviembre de 2018, y al menos tres hechos determinaron la trayectoria, así como marcarán el fin de la gestión de ese mandatario, quizás el último en la historia del PRI.

El primer hecho es conocido y será recordado como “la Casa Blanca de Peña Nieto”; el segundo fue el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014; al tercero podemos llamarlo la constelación de la corrupción, en la que brillan con luz propia tres ex gobernadores del PRI, Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), quienes al inicio del mandato de Peña Nieto merecieron que este los identificara como la nueva generación de gobernadores priistas, ejemplos del relevo que encabezaba el propio mexiquense. Hoy dos de ellos están en prisión, uno es buscado por la justicia y en los tres estados que saquearon gobiernan partidos distintos al PRI.

Es posible que cuando los ánimos estén serenos y las pasiones hayan cedido paso a las reflexiones, los historiadores y analistas admitan que lo realmente insultante en el asunto de la casa de la esposa del presidente no fue su precio, sus lujosos interiores, los finos muebles; ni siquiera que haya sido construida y vendida, a precio de oferta, a la primera dama por un contratista del gobierno del estado de México. Lo que parece haber causado más enojo social fue la respuesta de la ex estrella del canal de las estrellas que en un video de triste memoria regañó a sus críticos y pretendió ser ella la ofendida.

Quizá también se reconozca que en el crimen de Ayotzinapa la mayor culpa del presidente fue su inacción primera y luego su silencio y tolerancia ante la conducta del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien Peña Nieto y los procuradores federales y estatales nunca molestaron ni con el pétalo de un citatorio a declarar. Esa inacción y tolerancia, casi complicidad, tuvo como efecto que el gobierno federal haya tenido que asumir la responsabilidad y culpa por el crimen, a lo que se sumó el desaseo de las autoridades policiales y de procuración de justicia en la investigación y difusión de sus resultados. Sin haber tenido responsabilidad directa en los hechos, el gobierno de Peña Nieto ha debido cargar durante cuatro años, y quizá por siempre, con esa culpa.

Donde la responsabilidad del presidente Peña Nieto es ineludible e imprescriptible es en su pasividad y tolerancia, que raya en la complicidad, ante la corrupción de los tres gobernadores mencionados. Los tres fueron sus colegas y amigos, sus simpatizantes y apoyadores, en el ejercicio como gobernadores y luego en la conquista de la candidatura presidencial. Los tres fueron destacados por el presidente como ejemplo del relevo generacional en el PRI y luego, cuando concluyeron su mandato y los electores de cada uno de esos estados echaron al PRI del poder local, Peña tendió a favor de cada uno de ellos un manto de protección, consistente en la ineficacia de la PGR para consignarlos ante la justicia y la sospechosa torpeza procesal para beneficiar a uno de ellos, Javier Duarte, con sentencias que de tan leves semejan casi una disculpa.

Es la corrupción, simbolizada en esos tres gobernadores pero extendida a niveles inéditos, la que explica y alimenta la inquina social en contra del presidente que está por concluir su mandato. Es una crítica aún más severa que la dirigida a otros mandatarios, como José López Portillo en 1982 o Luis Echeverría en 1976. Aunque ambos fueron señalados por corrupción, buena parte de la crítica en su contra era producto del enojo empresarial por sus decisiones de final de sexenio. Tampoco es comparable a lo ocurrido con Carlos Salinas de Gortari, que concluyó su sexenio con altos niveles de aprobación, que él mismo se encargó de demoler en los meses posteriores.

La noche de Ayotzinapa (26 de septiembre de 2014) es el punto de quiebre en la trayectoria del primer mandatario; aunque el PRI pudo sortear la prueba de las urnas en junio del año siguiente, lo hizo experimentando algunas dolorosas derrotas en el terreno local, consecuencia temprana del cambio de opinión y valoración sobre el presidente y su gobierno. Por la corrupción de los gobernadores, por su incapacidad para enfrentar de manera creíble el affaire de su Casa Blanca y por la torpeza en el manejo del crimen en Ayotzinapa, el presidente que había logrado las reformas más importantes en las últimas tres décadas navegó la segunda parte de su travesía viendo crecer la crítica por sus omisiones, sin que casi nadie reconociera sus acciones. Esas reformas alimentaron miles de spots en televisión y radio, sin convencer a nadie de los méritos del presidente.

La caída en la popularidad de Peña Nieto, y sus propios resultados, afectaron a sus dos colaboradores más cercanos y nulificaron a cualquiera de ellos como potencial candidato presidencial, al extremo de que por primera vez en su historia el PRI tuvo que admitir la humillación de postular a un candidato no inscrito en sus filas. Si para Luis Videgaray la decisión aventurera y oportunista de invitar a Donald Trump a Los Pinos fue la lápida de su fugaz carrera política, para quien se vio como todopoderoso secretario de Gobernación las ambiciones presidenciales quedaron sepultadas bajo miles de muertos y desaparecidos, y una infernal espiral de violencia que no cesa.

Enrique Peña Nieto ofreció mover a México. Lo hizo. Movió los obstáculos que impedían la modernización de sectores estratégicos de la economía, como las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad. Movió las reglas y relaciones entre el gobierno y el magisterio al impulsar una reforma educativa de la que, cualquiera que sea su destino inmediato, es innegable su imperiosa necesidad, si es que las futuras generaciones tendrán un horizonte distinto al del desempleo y la informalidad. Movió los instrumentos tributarios para evitar el colapso de las finanzas públicas, y movió, para mal, el sistema electoral, no para avanzar en la trayectoria de su perfeccionamiento, sino para pagar los favores recibidos de sus opositores.

Movió a México hacia el mayoritario rechazo a él y a su partido, pero también a los dos socios que lo acompañaron en el Pacto por México y sus efectos reformadores, el PAN y el PRD. Movió a México hacia el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal mérito fue haber intuido, a tiempo y con agudeza, que el festival reformista terminaría en rosario de recriminaciones de los opositores al gobierno.

El Pacto por México tuvo un producto inesperado: un nuevo partido político nacional, Morena, que en 2015 dividió el voto por la izquierda y tres años más tarde lo unificó y multiplicó bajo la guía y el liderazgo incuestionables de López Obrador, quien el 1º de diciembre próximo entra al relevo con el apoyo del 53 por ciento de los electores, con mayoría absoluta de su partido en las dos cámaras del Congreso y con la mayor red de poder local de que tengamos memoria desde los tiempos del sistema de partido hegemónico, casi único.

Nadie sabe para quién trabaja, dice el dicho popular. En el caso de Peña Nieto, podemos decir que nunca pensó que al mover a México lo hacía en dirección de Andrés Manuel López Obrador, beneficiario principal del Pacto que el gobierno, su partido y sus dos opositores firmaron, regocijados, aquel 2 de diciembre de hace casi seis años.

En 30 días el relevo se cumplirá, en tiempo y forma. La ceremonia del adiós, también.

* Director de Voz y Voto.
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