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sábado 24 de agosto de 2019

De Guatemala a…

Jeraldine del Cid*

  • I. La elección

El pasado 16 de junio se realizaron las elecciones generales en Guatemala, donde las y los guatemaltecos empadronados eligieron las próximas autoridades para la administración 2020-2024. Junto a la elección de la fórmula presidencial, también se eligieron 160 diputados para el Congreso de la República y el Parlamento Centroamericano, así como alcaldes para las 340 municipalidades del país.

En un clima de incertidumbre electoral, los resultados oficiales se anunciaron luego de dos semanas de revisión y resolución de denuncias sobre anomalías. En este proceso, el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador de la primera vuelta al binomio presidencial de Sandra Torres (candidata a presidente) y Carlos Raúl Morales (candidato a vicepresidente), de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 25.73% de votos válidos (equivalentes a unos 1,113,470) y, en segundo lugar, a Alejandro Giammattei (candidato a presidente) y Guillermo Castillo (candidato a vicepresidente), del partido Vamos, con 13.89% (unos 601,082 votos). Con dichos resultados, según lo establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el proceso requiere de un balotaje (segunda vuelta), convocado para el 11 de agosto de 2019.

Este artículo describe la lucha de diversos actores políticos y sociales por defender la frágil institucionalidad democrática guatemalteca, la cual tiene en el proceso electoral una de sus mayores expresiones. También revisa tres momentos específicos: antes, durante y después del proceso eleccionario. Dinámica que debe analizarse a la luz de un contexto político e institucional caracterizado por una arraigada corrupción, desconfianza ciudadana y la rearticulación de poderes fácticos conservadores, ante los avances de procesos judiciales de los últimos años contra estructuras paralelas de crimen organizado que se entremezclaban con el Estado. Esas actuaciones institucionales fueron impulsadas desde la coalición formada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público, con la anterior Fiscal General, Thelma Aldana, y la presión ciudadana, además de diversas organizaciones sociales e internacionales.

  • II. La instrumentalización de las instituciones antes de las elecciones

Estas son las octavas elecciones desde que se reanudaron los procesos electorales en 1985, tras la aprobación de una nueva Constitución Política de la República, que permanece vigente en el país. Apenas han pasado 23 años de haberse firmado los Acuerdos de Paz que, en 1996, pusieron fin al denominado Enfrentamiento Armado Interno, el cual duró 36 años. En la actualidad, el sistema de partidos se considera como un “sistema fluido de partidos” o un “no sistema de partidos” (Martínez, 2016), en el que la mayoría de las agrupaciones tienen menos de diez años y muchos de ellos son el reciclaje de élites políticas que emplean “partidos taxi” de unas contiendas electorales a otras. Por ejemplo, en este último proceso electoral, participaron 29 partidos, de los cuales 19 presentaron binomios a la presidencia (TSE, 2019).

Las elecciones guatemaltecas acontecen en medio de una dinámica sociopolítica que presenta profundos y variados retos institucionales, con altos niveles de polarización política e ideológica, que suponen modelos diferenciados de país. De acuerdo con V-Dem (2019), en una escala de cero a cuatro (donde el valor inferior representa seria polarización y cuatro, la ausencia de la misma), Guatemala evidencia una sociedad dividida y fragmentada por las cuestiones de orden público y político (0,7). Este tipo de panorama contrasta con la alta desigualdad que enfrentan los respectivos grupos políticos acerca del goce efectivo de sus libertades. El país centroamericano muestra, en ese sentido, un valor de 2,12 (donde cero representaría total desigualdad y cuatro, igualdad) (V-Dem, 2019).

En el proceso electoral anterior, Guatemala mostró ciertos avances en la construcción de una nueva era democrática, enfocada en desmantelar la corrupción estatal. Las múltiples protestas ciudadanas y el compromiso de algunos funcionarios del Poder Judicial, junto con el rol importantísimo del Ministerio Público y la CICIG lograron retirar la inmunidad al entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, así como a otros miembros del partido oficial (Partido Patriota), quienes enfrentaron los procesos judiciales correspondientes. Asimismo, se consiguieron varias sentencias y, en la actualidad, están en prisión diversos funcionarios y empresarios por distintos casos de corrupción.

La experiencia reciente de las instituciones guatemaltecas da cuenta de una serie de arreglos institucionales que dificulta la garantía de los más mínimos derechos políticos para poder elegir y ser elegido; todo lo cual se encuentra en contravía del bloque de constitucionalidad y las normas básicas de los derechos humanos internacionales. El indicador de respeto a los derechos políticos en el país reportaba 0,5 para 2017 (donde cero era igual a no libertad, en tanto que uno representaba libertad total) (V-Dem, 2019). Guatemala, además, es uno de los países de Latinoamérica peor calificados en materia de corrupción; en una escala de cero a uno (donde el máximo valor es igual a una alta corrupción) presenta 0,84, superando a países como Honduras (0,83), Venezuela (0,75), Paraguay (0,75) o Brasil (0,66) (V-Dem, 2019).

El proceso electoral de 2019 aconteció, además, en el marco de una administración errática del gobierno del cómico outsider, Jimmy Morales, señalada por actos de corrupción y múltiples contradicciones en su postura y gestión. Uno de los puntos críticos fue su actitud respecto a la renovación del mandato de la CICIG. Los primeros meses del gobierno de Morales y su compromiso expreso con la actuación de la Comisión generaron un escenario en el que la institucionalidad guatemalteca apuntaba a sostener que los políticos y figuras poderosas no estaban por encima de la ley. Dicha Comisión se llegó a plantear como un ejemplo a seguir en diversos países de la región; sin embargo, este escenario cambió con la rearticulación de los intereses que habían sido afectados. El hecho de que Morales y su familia se vieran involucrados en asuntos de financiamiento ilícito, así como que la CICIG impulsara un proceso a su hermano e hijo, tuvo un impacto central en el cambio de posición del mandatario acerca de dicha institución.

Las elecciones se realizaron en el contexto del reposicionamiento de grupos conservadores, algunos vinculados con el ejército, el crimen organizado y el narcotráfico, cuyos intereses se habían visto amenazados por la lucha contra la corrupción. Lo anterior originó una reacción de estas estructuras, que tienen cooptada la institucionalidad pública, además de que sus estrategias se evidenciaron en el proceso electoral, en particular, con la cancelación de la candidatura de Thelma Aldana a la presidencia, quien representaba una lucha frontal contra dichas estructuras; pero también con la inscripción de aquellos que tenían impedimentos legales por transfuguismo o que enfrentan proceso de antejuicio.

A inicios de este año, la CICIG presentó pruebas sobre las acusaciones de corrupción contra quien, en estas elecciones, ha resultado ser la candidata presidencial más votada: Sandra Torres. Con la nueva fiscal al frente del MP y la CICIG “fuera” de los procesos judiciales, este proceso prosiguió hasta que ya se había oficializado la candidatura de Torres y, por tanto, gozara de inmunidad. En este mismo escenario, al menos 30 diputados en funciones también resultaron exentos, muchos de los cuales lograron nuevamente su inscripción como candidatos para ser reelectos en estas elecciones.

Una expresión más de la instrumentalización de las instituciones fue la manera en que impidieron la participación de Thelma Aldana como candidata a la presidencia por Movimiento Semilla. Luego de anunciar que entraría a la contienda, presentaron múltiples denuncias en su contra, hasta lograr una orden de captura que, al no contar con el registro como candidata oficial por el Tribunal Supremo Electoral, la despojaba de inmunidad; finalmente, una Corte le prohibió la candidatura. En ese momento, las encuestas daban a Semilla el segundo lugar en intención de voto a la presidencia. De esta manera, el presidente Morales, funcionarios del Poder Judicial y el “Pacto de Corruptos” han manipulado este proceso electoral con la intención de sostener la impunidad que ha caracterizado al sistema político y judicial de Guatemala.

  • III. Anomalías y sorpresas durante el proceso electoral

El día de las elecciones, e incluso una semana antes, se reportaron las mismas anomalías y malas prácticas que en otras contiendas: denuncias de compra de votos, esta vez con bonos emitidos en cheques con el logo del gobierno, acarreo de votantes, amenazas a juntas electorales y persecuciones judiciales (como la de Aldana), entre otras. La participación electoral bajó 62.16% respecto a los últimos procesos electorales (68.86 % para la primera vuelta de 2011 y 71.33% para las de 2015) (TSE, 2019), lo que se ha interpretado como resultado del rechazo de la ciudadanía a las anomalías e instrumentalización de las instituciones previo a las elecciones.

Los resultados de la primera vuelta derivaron en la convocatoria para una segunda vuelta electoral en agosto, dado que ninguna de las candidaturas consiguió más de 50% de los votos en la primera, como señala el sistema electoral guatemalteco. En esta segunda ronda se enfrentará Sandra Torres y Giammattei, candidato respaldado por militares relacionados con el presidente Morales. Edmond Mulet, del Partido Humanista, ocupó el tercer lugar con 11.15% y el cuarto puesto fue para Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), quien obtuvo 10.4% de los votos. Esta última se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones, ya que nunca antes una candidata indígena, de izquierda y de un partido campesino, había logrado tanto apoyo del electorado.

Otro aspecto relevante es la diferenciación territorial en el comportamiento del electorado. En el área metropolitana, Giammattei (20%) tuvo el doble de intención de voto que Torres (10%). Por el contrario, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) en el resto del país cuenta con un importante apoyo de las áreas rurales (27 contra 8%), lo cual se asocia con los programas sociales que fueron impulsados desde el gobierno de la UNE en la administración 2008-2012, cuando Sandra Torres fungía como primera dama (era esposa del entonces presidente Álvaro Colom, de quien se divorció para buscar la candidatura al final de dicha administración, dado que la ley prohibía que personas vinculadas a quienes ejercían el gobierno pudieran ser candidatas).

El comportamiento electoral relacionado con la votación a diputados por el listado nacional comporta una dinámica que presenta matices importantes acerca de lo observado en la elección presidencial. En este rubro, se registraron 5,066,030 votos válidos. Los dos primeros lugares repitieron el patrón de preferencias en la elección para presidente: la UNE con 17.92% de los votos (724,562) y el partido VAMOS, que alcanzó 7.96% (321,816), respectivamente. A diferencia de lo anterior, el tercer puesto lo ocupó la Unión del Cambio Nacional, con 5.46% (220,728 votos). Mientras que en la elección presidencial, el cuarto puesto lo ocupó el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y, en la diputación nacional, este lugar fue para la nueva fuerza progresista Movimiento Semilla, con 5.24% de los votos. Es una paradoja que, a pesar del éxito electoral relativo alcanzado por el MLP en la carrera presidencial, esto no se corresponda con el apoyo en el Legislativo, pues apenas logró 2.96% de los votos (119,096), lo que da cuenta del liderazgo de Cabrera y la personalización del voto (más que de su organización o sus propuestas programáticas).

  • IV. La defensa de la institucionalidad

Tras el proceso electoral, se presentaron múltiples denuncias de anomalías, incluso declaraciones de sospecha de fraude por parte de diversos actores políticos. Esto se puede analizar por los hechos durante el día de la votación, debido sobre todo a la discrepancia entre los resultados de las actas manuales y la digitación. Ante esto, el TSE efectuó una revisión completa de las actas de los manuales de cada mesa de votación y lo cotejó con lo digitado en el centro de recolección de los datos nacionales, lo que causó la tardanza en la publicación de los resultados oficiales.

En todo caso, este proceso electoral enfrenta el desafío de sostener su legitimidad debido a los múltiples reclamos y denuncias por parte de diversos partidos políticos y organizaciones sociales. Cualquiera que obtenga la victoria será señalado de haber ganado sorteando múltiples anomalías que dejan un sinsabor respecto a la ausencia de un proceso limpio y democrático. Aun cuando Torres lidera los resultados de la primera vuelta, también encabeza las encuestas de lo que se suele denominar como el antivoto. Para abril de 2019, 49% de los encuestados por Prensa Libre respondió que “nunca votaría” por dicha candidata (Prensa Libre, 2019).

De cara a la segunda vuelta de esta elección en agosto, Guatemala se enfrenta a diversos retos. Primero, el electorado deberá mantener una vigilancia activa del proceso, involucramiento constante en los conteos y acompañar la oficialización de los resultados. Gracias a las juntas receptoras de votos y a las anomalías encontradas durante la primera vuelta, se han revisado los resultados. Segundo, el país debe continuar afianzando las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que se aprobaron en 2016. Sobre todo, en lo relativo al financiamiento electoral y los medios de comunicación. Esto, a su vez, también implica fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para que los magistrados den prioridad a la agenda institucional e implementación de las reformas. Finalmente, hay que ver en qué medida se robustecen los nuevos partidos políticos surgidos en fechas recientes y si son capaces de canalizar el descontento de la ciudadanía.

Referencias

Martínez Rosón, María del Mar (2016). “La institucionalización del cambio en el sistema de partidos
de Guatemala (1985-2015)”. En: Freidenberg, Flavia (Ed.) El sistema de partidos en América Latina (1978-2015). México: UNAM/INE, pp. 161-232.

Prensa Libre (2019). “La mitad de los encuestados nunca votaría por Sandra Torres”. Disponible en: https://www.prensalibre.com/tribuna/plus/la-mitad-de-los-encuestados-nunca-votaria-por-sandra-torres/ (Consultado el 20 de junio de 2019).

Tribunal Supremo Electoral, Guatemala (2019). Resultados preliminares, presidente y vicepresidente. Disponible en: https://resultados2019.tse.org.gt/201901/ (Consultado el 20 de junio de 2019).

V-Dem. (2019). Global standards, local knowledge. Disponible en https://www.v-dem.net/es/analysis/ (Consultado el 20 de junio de 2019).

* FLACSO-México y Red de Politólogas
@JeraldinedelCid
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