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domingo 19 de mayo de 2019

De consejero a fiscal
Entrevista a José Agustín Ortiz Pinchetti*

Gloria Alcocer Olmos

Consejero ciudadano en el IFE que presidió Jorge Carpizo; secretario general de Gobierno del DF con Andrés Manuel López Obrador de Jefe de Gobierno; candidato a fiscal general de la República, el doctor Ortiz Pinchetti enfrenta la que podría ser la terminal de su larga carrera. Al frente de la FEPADE él mismo reconoce que su tarea empieza por darle credibilidad a una institución que nació por una coyuntura –1994– y un cuarto de siglo después sigue sin acreditar la utilidad de su existencia.

Gloria Alcocer Olmos (GAO): Usted llega a una fiscalía que se conoce poco dentro de esta tríada electoral en la que están el INE (Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Electoral y la FEPADE (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales), piezas clave para la justicia electoral y para todo lo que tiene que ver con este andamiaje. ¿Cómo recibe usted esta fiscalía?

José Agustín Ortiz P. (JAOP): La recibo después de 25 años de fundada. Salvo el periodo de Santiago Nieto, esta fiscalía se caracterizó por ser más o menos inerte; no tuvo ningún desempeño que la acreditara como un verdadero instrumento para lograr la limpieza electoral y, con ello, el primer paso hacia la democracia.

GAO: ¿Qué pendientes heredan de la administración anterior?

JAOP: Una estructura burocrática que no está diseñada para perseguir a los delincuentes o para persuadirlos, como nosotros quisiéramos. Así fue creada y así ha venido flotando la Fiscalía.

GAO: ¿Qué podríamos esperar de esta fiscalía en un nuevo régimen de gobierno?

JAOP: Mucho, porque, ¿qué fue lo que impidió que se desarrollara a plenitud la Fiscalía? ¿Por qué no inició la judicialización en forma masiva habiendo tantos procesos dudosos, o por lo menos intentar esclarecerlos? Simple y sencillamente porque el régimen político no tenía como objetivo garantizar elecciones limpias; su objetivo era mantenerse en el poder. Ahora, el régimen toma una de sus banderas más importantes en la eliminación del fraude electoral para consumar al fin la democracia en México.

GAO: De haber una reforma electoral, ¿considera que la FEPADE debe incluir temas como los delitos electorales y sus consecuentes sanciones para darle fuerza?

JAOP: Sí. En este momento la ley sobre delitos electorales es muy débil y contradictoria; tenemos muchas figuras que se consideran delitos electorales, pero no tenemos una buena tipificación del fraude electoral. Los que trabajamos en observar las elecciones sabemos perfectamente que el fraude electoral es un delito colectivo, que es una conspiración que abarcaba distintos órdenes de gobierno, distintas clases sociales, etcétera, y que implicaba el uso masivo de recursos financieros, sin los cuales el fraude electoral no hubiera podido realizarse.

GAO: Respecto a este tema, parece que existe una confusión entre delitos electorales, fraude electoral y lo que entendemos por violencia política. Pongo un ejemplo: por años he trabajado con gente joven de la sociedad civil y cuando me toca explicarles el quehacer de la FEPADE, me peguntan: ¿cuál es la diferencia entre delito y fraude electoral? En el delito sí hay un marco normativo que lo describe, pero en el caso del fraude, no. ¿Cómo podría ayudarnos a aclarar esto?

JAOP: Efectivamente, hay delitos electorales que están previstos en la ley de delitos electorales, valga la redundancia, pero éstos tienen sanciones muy pequeñas –aunque hay algunas excepciones–, que los hacen delitos menores, no graves, y por consecuencia, fácilmente se puede escapar del control y mantener la impunidad. La prueba de que las cosas van a cambiar, es la aprobación a las reformas del artículo XIX de la ley, en el que se reclasifican muchos delitos como graves. Entre otros, uno de los delitos electorales –y quizás el de mayor peso–, es el uso para fines electorales de los programas sociales. De ahora en adelante, ese va a ser un delito grave y por lo tanto puede conducir a prisión preventiva para quien lo cometa, o al menos para aquellos que hayan cometido actos que puedan ser sospechosos de fraude electoral. Además de esta especie de colección de delitos electorales, la ley no establece como delito el fraude electoral. Como te decía, el fraude electoral es el delito de delincuencia organizada, y se ha realizado casi siempre con la dirección y autorización, o por lo menos con el encubrimiento, del poder público.

GAO: El actual Presidente habla constantemente de fraude electoral; usted nos mencionaba los programas sociales y el uso indebido de los mismos. ¿Qué otro tema considera usted, de entre los temas a los que el Presidente recurrentemente hace referencia, podría calificarse como fraude?

JAOP: El fraude se trata de una operación administrativa. César Augusto Santiago, que es uno de los que ha sido acusados de perpetrar estas conductas ilícitas, me decía –y con toda razón– que es muy difícil un buen fraude electoral. No sé si eso sea parte de una leyenda, pero en lo que sí puedo coincidir con él es en lo difícil y lo costoso que es propiciar un fraude electoral; se necesitaba, o se necesita porque estamos en un cambio, una decisión de Estado tomada por el Presidente, o por un gobernador, con el apoyo del Presidente; actuaba el secretario de Gobernación o varios funcionarios orquestados con una maquinaria en una verdadera conspiración, que les garantizaba, sobre todo, que no les pasaría nada, que saldrían impunes.

GAO: Acaba usted de decir una palabra clave: impunidad.

JAOP: La impunidad es la que mantuvo vivo tantísimos años el fraude electoral.

GAO: En su administración, ¿cómo pretende la Fiscalía pelear contra esa impunidad y sus delitos?

JAOP: Si en otras épocas no se investigaba, ahora sí vamos a investigar. Hay un punto que tenemos a nuestro favor: es el Estado mexicano y también las cámaras; eso cambia todo porque hay la voluntad política de impedir el fraude electoral; entonces hay muchas más posibilidades para evitarlo. Antes, en cada sexenio se decía: “estamos en contra de las manipulaciones injustas, del fraude, queremos la democracia y queremos que esto funcione”, pero volvían a hacerlo. ¿Por qué ha sido tan permanente el fraude? Porque era la forma de mantenerse en el poder. Las elecciones en México, cuando no había una oposición verdadera, eran un mero trámite; pero cuando la había, de modo sistemático se organizaban fraudes, entendidos éstos como un delito colectivo.

GAO: Ya mencionó usted que ahora sí van a perseguir los delitos electorales, que habrá sanciones más severas…

JAOP: Tenemos que modificar la ley.

GAO: A eso voy, pero ¿cómo inhibir el fraude electoral en el colectivo social? Por ejemplo, podría ser en una campaña de la FEPADE, en la que dijera: esto es delito, esto está mal y esto te puede pasar. ¿Están pensando en este tipo de estrategias?

JAOP: Sí, tenemos armas suficientes y el apoyo del gobierno mediante la voluntad política; no va a ser tan difícil persuadir a las personas que quieran organizar un fraude electoral, de que no lo hagan. Para empezar, el fraude electoral siempre fue perpetrado con la participación del gobierno; ahora esperamos que no se dé esa participación. Al contrario, esperamos una participación proactiva del gobierno y de muchos de sus órganos, mediante información, inteligencia y apoyo en general, para que podamos vencer el fraude.

GAO: Una percepción constante es que el fraude se va volviendo cada vez más sofisticado, no así las estrategias para combatirlo. ¿Tienen ustedes, la FEPADE, alguna estrategia innovadora, nuevos actores, nueva tecnología, para hacer esta gran campaña contra el fraude?

JAOP: El fraude electoral se volvió cada vez más sofisticado, es cierto, y si no fuera una conducta perversa, diría uno: “¡qué admirable!, ¡qué capacidad enorme para innovar!”. Pero, insisto, no sólo se necesitaba el apoyo activo del gobierno sino también mucho dinero; entonces había desplazamientos de grandes cantidades de dinero que no sólo eran desvíos del Estado sino también de la iniciativa privada, que apostaba a favor del régimen. Al perpetrarse el fraude y vencer a como diera lugar las elecciones, sabían que esas aportaciones eran inversiones, y no simples donaciones.

GAO: Parece ser que cuando termina un proceso federal, sobre todo presidencial, viene una reforma electoral de gran calado. ¿Usted considera que se requiere de una reforma de ese tipo ahora que pasamos por este proceso?

JAOP: Sí, principalmente en materia de delitos. Creo que en las demás materias, con un poco de audacia, podríamos vivir con ese régimen. El ingrediente fundamental de estos temas es la voluntad política, y si la hay, se puede. No es tanto la ley o los reglamentos, sino la voluntad de no cometer el fraude y de impedirlo a como dé lugar. Sería muy audaz atreverse a organizar un fraude electoral contra el gobierno.

GAO: Usted fue consejero del IFE (Instituto Federal Electoral). Desde esa experiencia, ¿cómo considera la relación actual entre el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE?

JAOP: Con el INE es una relación cordial, y puede ser muy fructífera porque está abocada a no permitir el fraude, ya que de eso depende la vida misma de la institución; los directivos del INE no pueden dejar de hacer lo que está en el eje de la vida política: el cambio. Como son muy inteligentes, como saben perfectamente que han cambiado las cosas, yo creo que sí podemos lograr una alianza muy fructífera. Ellos estarán interesados, indudablemente, en que las elecciones sean transparentes, porque además se llevarán una parte fundamental del crédito por ese logro.

GAO: ¿Y el Tribunal Electoral?

JAOP: Los tribunales electorales han crecido de modo exponencial. Algunas de sus resoluciones –por ejemplo la de Puebla del año pasado– son polémicas, pero el Tribunal se sentirá arrastrado por la tendencia general, apoyada por una población mucho más consciente de acabar con el fraude.

GAO: En el caso de la instancia local, usted representó a Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También se apunta en esta reforma político-electoral hacia una tendencia que es la de eliminar las instancias locales electorales, los OPLE (organismo público local electoral), pero también pasando por los tribunales locales.

JAOP: Sí hay esta tendencia de volver una institución nacional a lo que antes fue descentralizada, relativamente, porque simple y sencillamente los gobernadores habían ejercido un poder realmente efectivo sobre los órganos electorales. Ese fue el caso, a decir de muchos expertos, que observaron en la elección de Puebla de 2018; es por eso que el INE está asumiendo la administración o la organización de la elección en Puebla.

Además, hay un fenómeno que no podemos olvidar, que es la opinión popular, cada vez más intensa, a favor de la limpieza en las elecciones. Es mucho más difícil convencer a la gente de hacerse guaje y dejar que las autoridades vengan con fraudes o irregularidades electorales. Ese es el aspecto nodal; si cambia la cultura, todos esos órganos se van volviendo lentamente innecesarios; después, ¿para qué vamos a querer tener una fiscalía electoral? En muchos países del mundo no existe esta figura porque a nadie se le ocurre hacer un fraude electoral; ahí los delitos electorales ya son parte del pasado, como espero que suceda en nuestro país. Espero que la gente respete de forma natural las normas de la competencia lícita.

GAO: Dice usted que, al parecer, en muchos países este tipo de instituciones no son necesarias, pero en las últimas elecciones en Estados Unidos se comprobó que no era la gente precisamente la que hacía trampa, sino una empresa; y menciono el caso de Facebook, o toda esta información que se fue filtrando y luego manipulando. ¿Ameritaría replantearse, bajo esta sofisticación de los fraudes, la necesidad, no sé si llamarla de una fiscalía, pero sí de un órgano que garantice, o cuando menos que vigile, la justicia electoral o los procesos electorales?

JAOP: Cada país tiene su problemática. Claro que en Estados Unidos, Inglaterra o en otros países, sólidamente democráticos desde hace más de 100 años, sí pueden darse trampas y abusos. Hay otras leyes que contemplan esos abusos y los castigan.

GAO: Y podrían servir de inhibición.

JAOP: Eso es lo que esperamos que suceda en nuestro país.

GAO: Un fortalecimiento normativo más que institucional.

JAOP: Así es.

GAO: ¿Qué papel jugará la Fiscalía en el combate a la violencia política contra las mujeres en esta nueva administración?

JAOP: Estoy totalmente a favor de una reforma que contemple este fenómeno, no sólo la violencia en contra de las mujeres sino en contra de los hombres. Creo que este delito es marginal, es decir, yo no puedo concebir un partido que predique que las mujeres no pueden participar en las elecciones o no pueden ser candidatas, pero existe el fenómeno, principalmente en los lugares más alejados, en las comunidades indígenas, donde sí hay discriminación fuerte en contra de las mujeres. Hemos estado examinando desde el punto de vista sociológico qué tantos delitos se hacen en contra de la mujer, y son poquísimos en las elecciones. Aquí viene lo de la cultura: imagínate que alguien dijera que las mujeres no son aptas para practicar la política, como se decía hace 60 o 70 años.

GAO: Pero hay quien lo dice todavía, abiertamente. 

JAOP: Han de ser misóginos.

GAO: Eso es seguro; coincidimos.

JAOP: Pero esa gente, que a mí me parece que está desequilibrada, no influye en los partidos; que yo sepa, no hay un solo partido –pero me puedo llevar una sorpresa– que diga que es típicamente varonil y que deseche la posibilidad de que las mujeres participen; no conozco ningún caso, ni siquiera en partidos muy conservadores.

GAO: Delfina Gómez Álvarez, cuando fue candidata a la gubernatura del Estado de México, presentó una denuncia de violencia política, la cual, por cierto, no le aceptó el Tribunal. Le pongo un ejemplo y usted me dice qué opina. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) o el PAN (Partido Acción Nacional) tienen protocolos de atención a víctimas de violencia política dentro de sus partidos; eso querría decir que sí hay violencia, si no, no existiría el protocolo.

JAOP: Así como hay discriminación, aunque sea rara, contra las mujeres en los partidos –y yo creo que ya no es una cosa generalizada–, también la hay contra los indígenas.

GAO: O en contra de la comunidad LGBTTTIQ, contra los jóvenes que reivindican el derecho a su orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Hablamos de un problema de discriminación en general.

JAOP: Sí, no sólo se restringe a las mujeres, sino que abarca a otros grupos, a otras minorías.

GAO: Pero regresemos a la violencia política. Hubo también ciertos casos en Puebla y Oaxaca de mujeres violentadas, caso que se suma a los anteriores ya mencionados. Por eso suponemos que sí hay violencia política, la cual, como usted dice, no es exclusiva de las mujeres pero sí les pega con mucho más saña a ellas.

JAOP: Sí, y a los hombres también; hay que ver que en los delitos de sangre electoral, la mayoría de las víctimas son hombres. Esto no quiere decir que yo me oponga a que se considere un delito específico la violencia contra las mujeres en la lucha política, sobre todo si se entiende como respeto a las otras minorías. Yo tengo mi criterio en el sentido de que habría que entrar en esos temas con mucho cuidado. Sin embargo, ¿qué nos impide aprobar una ley que defienda a las mujeres y a los otros grupos de la violencia política?

GAO: En esta última administración de la Fiscalía hubo un proceso, e incluso una iniciativa de ley, para tipificar la violencia política contra las mujeres.

JAOP: La propia Fiscalía presentó esa iniciativa y está durmiendo el sueño de los justos.

GAO: ¿La van a retomar?

JAOP: Si dependiera de mí, la retomaría e impulsaría con mucho entusiasmo.

GAO: ¿Qué sello o cuál sería la firma que a usted le gustaría que esta fiscalía tuviera en su administración? Le pongo un ejemplo: antes había mesas de trabajo con la sociedad civil y había campañas de información, como una estrategia más amplia para llegar a la población. ¿Usted cómo lo plantearía?

JAOP: Lo orientaría fundamentalmente a la investigación de los delitos electorales y a la creación de un efecto de demostración de que ya no podemos tolerar el fraude electoral. Se pueden hacer grandes campañas de difusión de los ideales democráticos, pero si no estamos investigando y desterrando las prácticas ilícitas, no estamos cumpliendo.

GAO: ¿Y eso cómo lo haría?

JAOP: Nosotros intentamos participar en los procesos electorales como fiscales, y los vamos a apoyar no sólo con nuestros propios recursos –que no son muchos, no son suficientes para abarcar todo el país– sino con los apoyos que podamos recibir del gobierno federal y de otras agencias, incluido el mismo INE; actualmente hay muchas instituciones que pueden coincidir con nosotros.

GAO: Lo que hemos visto en la experiencia de otras administraciones, es que todos tienen programas muy parecidos que podrían conjuntar; quizá valdría la pena sumar esfuerzos.

JAOP: Siempre y cuando fuéramos en el mismo sentido. Se pueden hacer otras tareas si hay recursos, pero ¿cuál es la tarea fundamental de la Fiscalía?: identificar, inhibir y perseguir los delitos electorales.

* Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
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