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domingo 16 de junio de 2019

¿Ciudadanía y/o electorado?

Víctor Alarcón Olguín*

Introducción

La presente reflexión surge a partir de preguntarse cómo en un país como México persiste una cultura cívica y política tan desconectada de los demás componentes que le permitan arribar a niveles de confianza  característicos de una sociedad plenamente democrática y ajena a cualquier tipo de tutelaje o paternalismo, como los que han definido a nuestra historia. ¿Qué nos hace retornar una y otra vez al mismo punto de partida, al pie de la montaña cual Sísifo cargando la pesada piedra? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos institucionales desplegados en este ámbito, especialmente por parte de las autoridades electorales, persiste la presencia de indicadores y actitudes negativos en torno a la percepción y calidad de la democracia existente en el país? ¿Por qué existe la sensación creciente de que más que ciudadanos, tenemos clientelas que parecen sólo moverse de un lado a otro al mejor postor?

Lo anterior no son preguntas menores a la luz de las condiciones que fueron desarrollándose en forma concreta a partir de los procesos de apertura y reformas político–electorales  de 1977, cuando por primera vez se incluyó dentro de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales1 una definición puntual de las tareas que debían desarrollar los partidos políticos más allá del ámbito electoral, como las establecidas en el artículo 20, que remitían a cumplir cuatro objetivos específicos: “I. Propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudadanos; II. Promover la formación ideológica de sus militantes; III. Coordinar acciones políticas conforme a principios y programas, y IV. Estimular discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos”.

Hasta ese momento, las actividades de formación asignadas a los partidos políticos se reducían a la obligación de poseer un órgano de difusión para sus actividades, que provenía de la Ley Electoral de 1946. Con el tiempo se fueron agregando tareas muy relevantes, como la formación de liderazgos –especialmente dentro de las comunidades juveniles y de mujeres, y más recientemente, en el contexto de los pueblos originarios–, con lo cual se tiene que demostrar el ejercicio de recursos para tales fines, aunque ha sido muy común encontrar actividades poco relevantes, pese a que, también por ley, los partidos deben patrocinar espacios dedicados a los procesos de capacitación de sus militantes.

Construido como un gran proyecto rector en materia de promover la educación cívica en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en 2016 la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017–2023 (ENCCIVICA).2 Con este documento rector, cuyo objetivo es dar continuidad a ejercicios anteriores surgidos en forma más sistemática desde el presente siglo con el Plan Trianual de Educación Cívica 2001–2003 (que se extendió en los hechos hasta el año 2004, cuando fue reemplazado por el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005–2010, y éste a su vez por la ENCCIVICA 2011–2015, todas ellas bajo la responsabilidad del entonces IFE), el INE ha asumido que su mandato legal debe orientarse por acciones encaminadas a generar en México una cultura política, cívica y electoral, si bien resulta evidente la imposibilidad de lograrlo si no se cuenta con un alto componente de involucramiento y participación por parte de la propia población y, de manera muy directa, de actores concretos –como lo son los partidos políticos, las diversas instancias del Estado en todos los niveles y ramas del gobierno–, y si no se hace a partir de una articulación fuerte con las organizaciones sociales de rango intermedio –como los sindicatos, las asociaciones familiares y grupos diversos de la sociedad civil.

¿Construyendo ciudadanía y/o electorado?

Sin un empoderamiento efectivo que a la vez otorgue un acceso al ejercicio cotidiano de los derechos y las libertades más esenciales, difícilmente puede aspirarse a un país cuyos habitantes cuenten con un nivel adecuado de comprensión de los deberes y obligaciones, a partir de los cuales se puedan ver a sí mismos como ciudadanos y ciudadanas con profundas bases culturales de adhesión respecto de las decisiones que definen los espacios de tipo político–representativo, como es el hecho de elegir a quienes nos gobiernen o representen por un periodo establecido.

Lo anterior se vuelve especialmente relevante si se aduce que dicho tipo de procesos debe sustentarse en valores, información y deliberación. Esto es, que a ningún individuo se le condicione o limite su libre ejercicio de pensamiento, ni tampoco se vea restringido para enterarse y comparar las propuestas que se le presenten; sólo así  será capaz de manifestarse por aquellas alternativas y/o candidaturas con las cuales se sienta identificado, aquellas que considere las más viables para producir una mejora sustancial dentro de la sociedad.

En este sentido, una trayectoria de ciudadanía implica entonces fomentar y alentar tres acciones en el ámbito cotidiano, reforzadas y complementadas entre sí: 1) la sensibilización y socialización cívica primaria; 2) la adquisición de hábitos y competencias sociales participativas, y 3) la acción política concreta que le permita al individuo relacionarse y participar dentro de los partidos o  cualquier otro tipo de organizaciones sociales cuya intención sea influir en el acontecer público.

Impulsar este tipo de agenda en una nación con la diversidad y desigualdad que posee México no es nada sencillo, considerando la estructura de oportunidades y las condiciones bajo las cuales el tema de la educación cívica se fue modificando (e incluso apartando y excluyendo) dentro de las prioridades de las agencias del Estado, con las que debería existir  una alianza lógica; en primer lugar serían las secretarías de Educación Pública y Gobernación, en tanto instancias interesadas en promover una cultura democrática, primero desde el espacio curricular (especialmente entre la niñez y la adolescencia), para luego avanzar en la consolidación de una participación ciudadana que haga impacto en la toma de decisiones diarias en asuntos de relevancia que involucran de forma inmediata a las comunidades, como la aprobación de obras y la gestión de presupuestos para desarrollarlas; la elección de representantes vecinales que propicien la interlocución eficaz con las autoridades desde los ámbitos de atención más directos, y desde luego, alienten a la ciudadanía a adquirir un compromiso cada vez mayor en lo relativo a asistir a las convocatorias electorales con plena libertad e información para designar por la vía del voto a sus autoridades y representantes populares.     .

Si tuviéramos que valorar sintéticamente la evolución de las políticas y acciones desplegadas en materia de educación cívica en nuestro país, resultaría claro que la autoridad administrativa (IFE/INE) ha desplegado a lo largo de las dos últimas décadas un esfuerzo que inició con las acciones y proyectos (como se puede observar en el contenido del Plan Trianual 2001–2003) con los cuales se procuraba dar cumplimiento directo al mandato constitucional marcado en el artículo 41, en el que se señala que además de organizar las elecciones federales, la autoridad electoral debe asumir el compromiso de promover y desarrollar la educación cívica en el país, entendida como promoción del voto y difusión de la cultura democrática. Especialmente importante era el trazo de su articulación mediante programas, proyectos y estrategias que buscaban un ejercicio abierto de acciones conjuntas entre los actores y la ciudadanía desde el ámbito escolar.3

Ya con el Programa Estratégico de Educación Cívica, 2005–2010 se comienza a desplegar un esfuerzo teórico más significativo por tratar de construir un marco lógico de política pública de comprensión de las acciones y propósitos que debían estar vinculados con la construcción de una cultura política democrática, además de haber acompañado su diagnóstico con algunos estudios e indicadores ad hoc. Como esfuerzo es notable su interés en generar alrededor suyo informes de seguimiento y un informe final que diera una idea puntual de lo logrado con la implementación del programa.4

Para el caso de la llamada Estrategia Nacional de Educación Cívica 2011–2015 (mejor conocida como ENEC), el referente y desarrollo de sus acciones continuaron bajo una concepción de que la autoridad electoral debía emprender un enfoque de incidencia en el desarrollo de políticas públicas que ayudaran, por una parte, a entender puntual y profundamente las condiciones en las que se sustenta la cultura política y, por otra, el porqué se han dado prácticas y situaciones que han reforzado el contexto de desconfianza y apatía por involucrarse en los asuntos de interés colectivo. A partir del trazo de sus objetivos y estrategias, podemos darnos cuenta de que su proceso se orienta más hacia el emprendimiento de programas y proyectos –como el Sistema Nacional de Información para la Construcción de Ciudadanía, y muy especialmente la elaboración del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México–, a la par de proseguir acciones insignia del IFE/INE –como las consultas infantiles y juveniles–,  incrementar estudios en materia de equidad entre géneros, e introducir por vez primera referencias más expresas sobre grupos en situación de discriminación hasta ese entonces invisibles –como los relativos a la diversidad sexual o a los pueblos originarios. Asimismo, la ENEC tuvo informes de seguimiento semestral durante todo el proceso de su implementación.5

ENCCIVICA: ¿otra vuelta de tuerca?

Tanto en sus versiones extensa como ejecutiva, la actual Estrategia Nacional de Cultura Cívica, 2017–20236 se caracteriza, de entrada, por un objetivo de arco temporal más extenso en comparación con las experiencias anteriores. Su diagnóstico nuevamente se sustenta en un enfoque centrado en la idea de ver que la construcción de la ciudadanía y la cultura democráticas en México corresponda con un entorno de desarrollo institucional que no avanzó de manera sustancial en el cumplimiento de las promesas y acciones surgidas a partir  del proceso de transición y alternancia  que comenzó en el año 2000. Esa situación en específico sin duda genera un nivel de afectación creciente para la consolidación de prácticas y acciones participativas, aunque ello no ha eliminado el crecimiento de nuevas expresiones sociales, que justamente muestran la importancia por trazar alianzas estratégicas con estos sectores para intentar avanzar tanto en la ampliación del espacio público de participación política en general, como en el mejoramiento de las condiciones de incidencia en el desarrollo de las contiendas electorales con mayores garantías y equidad.

La ENCCIVICA parte de dos factores sin duda sustantivos: asumir la continuidad aportada por un comité de expertos (bastante parecido en su composición a quienes diseñaron el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México) para ubicar la educación cívica como un problema de índole pública, y abordarlo desde esta concepción. Es decir, definir la ENCCIVICA como un instrumento que permita diagnosticar primero y atender después, mediante acciones de incidencia programática específica, las causas profundas que sustentan la presencia de la desconfianza y desafección crecientes observadas a lo largo del territorio nacional con respecto a la participación política.

Para hacer dicho diagnóstico y emprender a su vez los programas y proyectos que se vinculan con su implementación, la ENCCIVICA traza tres ejes articuladores de tipo transversal, denominados:  diálogo,  verdad y exigencia. Éstos a su vez se despliegan en diez componentes sustantivos: 1) información pública; 2) Estado de derecho y derechos humanos; 3) gobernanza y construcción de redes; 4) perspectiva de género; 5) interculturalidad; 6) igualdad y no discriminación; 7) participación ciudadana como empoderamiento ciudadano; 8) el binomio partidos políticos–gobierno; 9) medios de comunicación, y 10) espacios del Estado para el fomento de la cultura cívica.

Ciertamente, como en toda propuesta de diagnóstico, resulta importante pensar en dos elementos en el diseño que pueden poner en cuestión sus alcances y propuestas: 1) se parte de una población  “idealizada”, es decir, que sin bien hay una base sustancial y seria apoyada en estudios e indicadores, el carácter agregado de los mismos no permite ver matices regionales que podrían ser muy útiles para particularizar, desde un inicio, acciones de incidencia con aquellos grupos y espacios que demandan mayor atención que otros, a efectos de lograr alianzas más rápidas entre los actores sociales y las instancias de autoridad con las que se pretendería cooperar, y 2) los contextos de diálogo, verdad y exigencia demandarían revisar con mayor detalle la presencia actual de habilidades y competencias dentro de los sectores de la población, con el fin de generar estrategias puntuales para alentar, según sea el caso, rutas de acción dirigidas al empoderamiento ciudadano más allá del voto,  en las que destacaría, en primera instancia, la acción concreta de los partidos políticos y las agencias del Estado para lograr una modificación de sus criterios actuales en lo relativo a la formación y capacitación cívico–política.

Esto último resulta crucial en virtud de que dichas instancias disponen (más que ninguna otra) de medios y espacios encaminados precisamente a generar esos procesos de articulación, y en caso necesario,  ilustrar a la propia ciudadanía para que pueda hacerse de dichos recursos y acciones mediante la exigencia diaria. Sin embargo, cabría señalar con cierta inquietud, que las acciones propuestas no pueden ser suficientes y que, por el contrario, éstas pueden irse decantando (tanto por carencia de recursos como por las resistencias propias del statu quo, tal y como lo reconoce el diagnóstico de la propia ENCCIVICA) al plano de la promoción del voto. De ahí la necesidad prioritaria de reforzar la búsqueda de mecanismos que se remitan a mantener vigentes los componentes reales de la educación cívica, como lo es el incremento de  los contenidos de la educación democrática en las escuelas y en los espacios vecinales. En este caso específico, vale la pena pensar en la acción de los OPLE (organismo público local electoral), cuyo papel sería muy importante para generar una acción más focalizada y desconcentrada, gracias incluso a la presencia de las leyes de participación ciudadana vigentes en todas las entidades del país, mecanismo legal muy desaprovechado hasta ahora en los hechos.

Crear una cultura política de individuos libres y competentes para ejercer sus derechos en todo momento sin cortapisas resulta un objetivo sustancial si se pretende dar un salto de calidad como país. Sin embargo, votar no será suficiente si dicho acto no se encuentra anclado en valores firmes y sustanciales que puedan ser promovidos desde ámbitos como la familia, la escuela, la convivencia vecinal o el trabajo. De lo contrario, México seguirá siendo un exponente claro de una ciudadanía de baja intensidad o, en los hechos, inexistente. De ahí que emprender un ejercicio profundo de evaluación de las políticas de educación cívica y de la cultura política en México sería una tarea que nos obligaría a salirnos de los moldes académicos y colocarnos en la idea de alentar programas y acciones más directas.

* Politólogo. Profesor–investigador Titular “C”. Departamento de Sociología, UAM–Iztapalapa.
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977.
2 Dicho documento, en sus versiones ampliada y ejecutiva, se puede consultar directamente en el portal del INE.
3 El plan se puede consultar en <https://portalanterior.ine.mx/documentos/TRANSP/docs/consejo-general/acuer-resol/abr01/EducacionCivicaPLANTRIANUAL300301.doc>.
4 Puede consultarse en <https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYECSeguimientoDePRogramas/DECEYEC-ProgramaEstrategicoEducacionCivica/DECEYEC-peec-docs/peec¬2005-2010.pdf>.
5 La ENEC se puede consultar en <https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/ENEC_DocRector.pdf>.
6 Remitimos al lector a la versión ejecutiva de la ENCCIVICA: <https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-ResumenEjecutivo.pdf>.
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