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Miércoles 18 de julio de 2018

Brasil, campaña enredada

Marianna Lara Otaola*

Las elecciones presidenciales de Brasil se desarrollarán en un contexto que hubiese sido inimaginable hace un par de años. Una crisis de partidos causada por los escándalos de corrupción ha llevado a investigación, juicios y a algunos hasta la cárcel, a aproximadamente 200 políticos, entre ellos ex presidentes, gobernadores, diputados y senadores de seis partidos, y empresarios. Además, derivada de estos hechos, se llevó a cabo una reforma electoral en materia de prerrogativas de los partidos políticos que tendrá repercusiones importantes en las campañas presidenciales y eventualmente en la composición del Congreso. Aunado a este escenario político-electoral, las elecciones de Brasil quizá vayan acompañadas del fantasma de lo ocurrido en las de Reino Unido (Brexit), Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda. Es decir, las campañas de desinformación al votante en redes sociales.

Este contexto era impensable a principios del verano de 2016. La entonces primera presidenta mujer de Brasil, Dilma Rousseff, seguía ejerciendo su cargo después de haberse reelegido en 2014. El Partido de los Trabajadores (PT) seguía contando con niveles de popularidad y aprobación superiores al 50 por ciento. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva contendería nuevamente por la Presidencia en octubre de 2018.

Hoy, Rousseff no se desempeña como presidenta. En agosto de 2016 comenzó su juicio político por violar normas fiscales y modificar el déficit presupuestal, lo cual la llevó a la cárcel. Por ello Michel Temer asumió el cargo, para poco después ser investigado, así como otros poco más de 200 políticos, empresarios y funcionarios públicos, por estar involucrado en la operación Lava Jato o Lavado de Autos. Esta operación implicó a ejecutivos de las constructoras más grandes de Brasil en la ejecución de contratos con Petrobras a través de sobornos, para lavar dinero y desviar bienes (tres por ciento del valor del contrato) que financiaran a los partidos políticos.

Asimismo, en abril de este año, Lula fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en la operación Lavado de Autos, y parece lejano que se resuelva favorablemente la investigación antes del registro de candidatos presidenciales, cuya fecha límite es el 15 de agosto, y 17 septiembre para que los partidos sustituyan a candidatos. Además, en caso de que Lula saliera de la cárcel, como sucedió con Rousseff, difícilmente el Tribunal Supremo Electoral aceptaría su candidatura, ya que la ley brasileña (ficha Limpa) establece que ningún candidato deberá tener antecedentes penales ni haber sido sentenciado.

En el escenario internacional, no estaba en el radar la existencia de campañas de desinformación en redes sociales. Hoy ya existe prueba de la influencia de los ciberataques y las fake news en las campañas electorales de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda, en aras de influir sobre el voto.

El caso de Lavado de Autos ha colocado a la corrupción como el principal problema de Brasil y, con ello, como tema rector de las campañas que se iniciarán el 31 de agosto. Considerando que hubo lavado y desvío de dinero en las campañas de 2010 y 2014, proveniente de las principales constructoras de Brasil, la legislación electoral se modificó. La lógica de la reforma es limitar los intereses económicos privados en la política y evitar que los corporativos sobornen a políticos para repartirse contratos millonarios en el gobierno.

Con la reforma electoral de 2015, hoy las donaciones de empresas privadas están prohibidas; los partidos políticos recibirán financiamiento público para sus campañas (se creó un fondo de 1.7 billones de reales, lo que equivale a unos 542 millones de dólares); a las donaciones de los ciudadanos se les impuso un tope de diez por ciento de sus ingresos totales declarados en el último año (aunque los candidatos pueden donarse a sí mismos sin tope alguno), y se limitó el gasto de campaña.

En cuanto al acceso a medios de comunicación, los partidos dispondrán de espacios gratuitos en televisión; se prohibió su contratación si cuentan con 1.5 por ciento de los votos válidos de la última elección general y con uno por ciento de los votos en al menos nueve estados, o si tienen al menos nueve congresistas de nueve estados diferentes. Estos umbrales irán aumentando paulatinamente hasta 2030.

Al día de hoy, las encuestas colocan a la cabeza a Lula, por el Partido de Izquierda de los Trabajadores, con 30.5 por ciento; a Jair Bolsonaro, congresista ultraconservador del Partido Social Libre (PSL), con 16.5 por ciento; a Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente con Lula, por el partido de centroizquierda Red Sustentabilidad (REDE), con 13.9 por ciento; y los otros nueve aspirantes suman menos del diez por ciento. Difícilmente en la primera vuelta algún candidato obtendrá la mayoría de los votos, ni siquiera Lula. Con estos porcentajes de preferencias electorales y con Lula como candidato, pasarían él y Bolsonaro a la segunda vuelta, que se celebrará el 28 de octubre de 2018. Sin embargo, considerando que Lula sigue en la cárcel, es más probable que Bolsonaro y Marina Silva pasen a la segunda vuelta.

De darse este segundo escenario, Silva, quien en dos ocasiones ha competido por la Presidencia, podría convertirse en la primera presidenta de descendencia afroamericana de Brasil, ya que el Partido Democrático del Trabajo tal vez apoye a REDE. Por su parte, Bolsanaro podría contar con el apoyo de la centroderecha, el Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB). Aún es incierto, será hasta septiembre, cuando los partidos hayan elegido a sus candidatos y se estén desarrollando las campañas, cuando tengamos mayor claridad sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta y quiénes se aliarán en ella. De resultar ganador cualquiera de estos dos candidatos, se daría un viraje en la costumbre política de Brasil: desde 1989, el PT y el PSDB han ocupado una y otra vez el poder.

No será fácil para los partidos rede y psl posicionarse como punteros en la primera vuelta, el 7 de octubre, dadas las nuevas condiciones de la contienda en materia de acceso a medios de comunicación y financiamiento. El PT y el psdb serán los más beneficiados de dicha legislación, por su representación y cobertura nacional. Recordemos que estos dos partidos se han alternado en el poder en los últimos 30 años, y desde 2002 el PT se encuentra en el poder. Pero considerando que las donaciones ciudadanas y el uso de plataformas de crowdfunding ha crecido en Brasil, como se vio en las elecciones locales de Río de Janeiro en octubre del año pasado, ambos candidatos, sobre todo Bolsanaro, que en las encuestas recibe el apoyo de la élite brasileña, podrían obtener apoyo financiero importante para sus campañas, sobre todo de individuos millonarios.

Otro tema relevante de la próxima elección presidencial brasileña son las redes sociales. Recientemente, durante la administración de Temer, se aprobó una ley que demanda la suspensión de la publicación en redes sociales y aplicaciones de teléfonos inteligentes por promover discursos de odio o difundir noticias falsas. Existe el temor de que haya campañas de desinformación en la elección, como sucedió ya en otros países en los últimos dos años.

Brasil no es el único que ha tratado de normar las redes sociales durante procesos electorales, sobre todo después de las investigaciones y evidencia mostrada en aquellos países.

Alemania aprobó una ley, también controversial, que obliga a las grandes empresas de redes sociales a remover discursos de odio e historias y noticias falsas en las siguientes 24 horas de haberse identificado y sido denunciados por los candidatos; aquellas que no las bajen deberán pagar una multa de hasta 50 millones de euros.

Recientemente, Francia está debatiendo una ley para prevenir la difusión de noticias falsas no solo sancionando a las empresas mediáticas que las promuevan, sino obligándolas a ser más transparentes con sus fuentes de ingresos y de contenido. De manera similar a lo hecho por los alemanes, en 48 horas las autoridades decidirían si se debe eliminar o no la historia denunciada como falsa por los candidatos, para evitar que grupos extremistas y empresas mediáticas rusas apoyen campañas de desinformación y propaganda.

Por otro lado, países como México e Italia también buscan detener la difusión de noticias falsas. Los usuarios de redes sociales pueden reportarlas y las mismas redes sociales, como Facebook, eliminan cuentas falsas y trabajan con terceros para verificar las historias.

La legislación y procuración de justicia busca limpiar la política brasileña después de la compleja operación y colusión para lavar dinero que fue a dar a las campañas de 2010 y 2014 y a las manos de políticos y empresarios. Habrá que ver si la prohibición de comprar espacio en televisión y de recibir donaciones de corporativos durante las campañas rompe con el hartazgo y desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Si bien la reforma electoral avanza en este campo, tiene aspectos (las donaciones individuales y las autodonaciones sin límite) que no atajan los intereses de privados en la esfera pública. El tiempo dirá si este nuevo modelo coadyuva a revertir la crisis de los partidos. Lo que es claro, es que la reforma muestra la tendencia de los países de la región, de tener mayores y mejores controles y supervisión del financiamiento de la política, como lo han hecho Chile y México.

Las campañas en Brasil, así como se ha visto en otras partes del mundo, muy probablemente estarán marcadas por la desacreditación de los candidatos a través de las redes. Si bien el debate sobre una legislación para controlar los contenidos que circulan por ellas ha radicado en la cuestión de que eso sea censura y violación a la libertad de expresión, en si es una extralimitación de los poderes del Estado, si se está minimizando la capacidad de los ciudadanos para discernir y tomar decisiones, y si resulta inconstitucional y antidemocrática, difícilmente se podrá limitar o eliminar la manipulación de la información para des/favorecer a uno u otro candidato. No importa si la información falsa se tiene que bajar de inmediato o en un lapso corto, porque ya habrá tenido un efecto, justo debido a la naturaleza de las redes sociales: la velocidad, alcance y facilidad de la propagación de la información.

* Maestra en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science. La autora agradece a MZN.
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