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lunes 20 de enero de 2020

Bolivia en su laberinto

Sofía Cordero Ponce*

El 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que se debía elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. En éstas, se postulaban por tercera vez, luego de aprobada la nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009, el binomio del Movimiento al Socialismo (mas) con Evo Morales y Álvaro García Linera. Sin embargo, tras fuertes conflictos a partir de sospechas de un fraude electoral, los acontecimientos se sucedieron de tal manera que los resultados nunca fueron oficializados y, en su lugar, el presidente Evo Morales renunció a su cargo el domingo 10 de noviembre frente a la sugerencia del Comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, quien en un comunicado en nombre del Alto Mando militar expresó “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.[1]

Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre se configuró una coyuntura crítica que puso fin al llamado “proceso de cambio” de manera violenta y precipitada. Para comprender mejor el actual desenlace y lo que termina con la renuncia de Morales en Bolivia, se presentan algunas características fundamentales de los tres periodos de gobierno del mas, bajo la hipótesis de que, por la conformación de los acontecimientos y sus actores, podría tratarse del fin de un ciclo estatal para ese país.

El fin de un ciclo: de la democracia pactada al proceso de cambio

En diciembre de 2005 se puso fin al ciclo estatal iniciado en 1985, que se asentó en un modelo económico de corte neoliberal y un sistema político denominado democracia pactada, el cual consistió en un esquema de gobiernos de coalición formados con base en pactos entre los principales partidos con representación congresal. La segunda vuelta electoral se definía en el Congreso conforme a un artículo constitucional que derivaba a esta instancia la elección de presidente entre los dos candidatos más votados, si es que ninguno obtenía la mayoría absoluta en las urnas.

Este ciclo terminó con las elecciones generales de 2005, cuando Evo Morales llegó al poder con mayoría absoluta de votos (53.72%), dando inicio a la denominada revolución política y cultural. El giro en el papel del Estado dentro de la economía, el reconocimiento de su caracter plurinacional y la inclusión de pueblos indígenas y campesinos mediante su instrumento político en la política formal y, a partir de ahí, en el manejo del Estado, fueron los factores que con intensidad variable y conflictividad se desplegaron a lo largo de los 14 años de gobierno.

La elección de Evo Morales en 2005 fue el resultado de un proceso de movilización y descontento popular iniciado en el año 2000 con la llamada “guerra del agua”, que culminó en 2003 con la “guerra del gas” y la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de ese año. Como resultado de ese periodo, se forjaron reformas constitucionales que permitieron canalizar las demandas planteadas en las movilizaciones, por medio de nuevas reglas del juego democrático. En febrero de 2004 se realizó una reforma constitucional, en la que se incorporaron las figuras de referéndum, iniciativa ciudadana legislativa y Asamblea Constituyente. En la misma reforma se eliminó el monopolio partidista de la representación política, reconociendo a pueblos indígenas y organizaciones ciudadanas como canales legítimos de participación electoral (Mayorga, 2007). El periodo entre octubre de 2003 y diciembre de 2005 fue la transición que dio paso al nuevo ciclo estatal. Los acontecimientos lo evidencian: el 18 de julio de 2004 se llevó a cabo el referéndum sobre hidrocarburos, el cual tenía como objetivo redefinir la política para éstos y, el 1 de mayo de 2006, Evo Morales los nacionalizó. Pocos meses después, el 6 de agosto de 2006, se instaló la Asamblea Constituyente en Bolivia, con sede en la ciudad de Sucre.

Elecciones bolivianas

Despliegue de un ciclo estatal en tres escenas

Durante su primer periodo (2005-2009), el mas gobernó al frente de una coalición opositora que actuó desde la Asamblea Legislativa plurinacional, ya que contaba con mayoría en la Cámara de Diputados (72 de 130 curules), pero no controlaba la de Senadores, y también desde el nivel departamental, porque el mas sólo dominaba tres de nueve departamentos.

El periodo estuvo marcado por conflictos y tensiones alrededor de la redacción de la nueva Constitución, dado que ahí se definieron los alcances y la profundidad de la reforma hacia el Estado plurinacional; esto generó el descontento de sectores que no vibraban tanto por el aspecto étnico ni por las causas reivindicadas por los sectores campesinos e indígenas. El trabajo del legislativo, con su capacidad de veto en el Senado, fue cuestionado varias veces por grupos afines al gobierno que, por su carácter indígena campesino, recurrieron al cerco como una forma de presión. En octubre de 2008, tras la aprobación del nuevo texto constitucional en la Asamblea Constituyente, se generó una profunda crisis debido a que la oposición parlamentaria condicionó la aprobación de la convocatoria a referéndum, para ratificar en las urnas el texto constitucional, así como a la modificación de varios artículos del mismo. Las bases sociales del mas cercaron la Asamblea estableciendo una vigilia de varios días. Tras arduas negociaciones y la modificación de cerca de cien artículos del texto original, se logró el acuerdo político. La Constitución se aprobó en enero de 2009 mediante consulta popular, con 61% de apoyo (Órgano Electoral Plurinacional, 2017).

En el segundo periodo de gobierno (2010-2014) el mas alcanzó la mayoría con dos tercios de los escaños en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también obtuvo la mayoría de gobernadores afines. Esto provocó que los conflictos se trasladaran a otros escenarios, planteando nuevos desafíos para el gobierno.

Esta etapa estuvo marcada por la puesta en marcha del Estado plurinacional en sus diversas dimensiones; esta vez el gobierno debió enfrentar pugnas y disputas desde sus bases sociales. En diciembre de 2010, el gasolinazo, que consistió en la eliminación de la subvención a los precios de los hidrocarburos, provocó el descontento de sectores populares, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto, reductos de apoyo electoral del mas. Sin haber logrado acuerdos, el 31 de diciembre el gobierno derogó la medida. En septiembre de 2011 volvió a enfrentar un conflicto de gran alcance por el proyecto para construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis). Los pueblos indígenas articulados en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (cidob) rechazaron el proyecto y realizaron una marcha hacia La Paz, la cual duró 60 días y reunió amplios sectores de las clases medias urbanas, las cuales se sensibilizaron ante la demanda por su sentido ecológico, abriendo amplios debates respecto al modelo de desarrollo que propiciaba el mas desde su gestión. Para el Movimiento significó uno de los momentos más conflictivos de sus 14 años de gestión, porque los pueblos indígenas que se movilizaron eran parte fundamental del Estado plurinacional, en tanto configuraban el sujeto de derechos colectivos reconocido en la Constitución, denominado Pueblos y Naciones Indígenas Originarios Campesinos.

El Estado plurinacional se basa en dos elementos clave: por un lado, el reconocimiento del nuevo sujeto colectivo y, por otro, el establecimiento de un régimen de autonomías, donde se incluye la posibilidad de incorporar las formas de autogobierno indígena en la institucionalidad estatal mediante la creación de las llamadas Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. El presidente Evo Morales, por medio del Decreto Supremo 231, emitido el 2 de agosto de 2009, convocó a referendos para iniciar la conversión de municipios en autonomías indígenas, que se celebrarían conjuntamente con las elecciones generales del 6 de diciembre de ese año, en las cuales él y Álvaro García Linera fueron reelegidos con 62% de los votos. Hasta el momento existen tres municipios que han adoptado la condición de autonomías indígenas: Charagua, en el departamento de Santa Cruz; Uru Chipaya en el de Oruro y Raqaypampa en el de Cochabamba.

Así culminó el segundo periodo del gobierno del mas, con la experiencia de haber enfrentado conflictos en los que el desafío fue mantener la articulación de sus bases. La puesta en marcha de las autonomías indígenas implicó el reto de incorporar las demandas por autodeterminación de los pueblos indígenas, por la vía de procesos institucionales inéditos en Bolivia, demostrando que la construcción del Estado plurinacional es un proceso incremental y complejo.

La tercera gestión del mas se desenvolvió en un escenario político más pluralista porque, a pesar de que el mas tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la esfera nacional se rodeó de múltiples fuerzas opositoras con discursos y agendas muy diversas. En las elecciones subnacionales de 2015, el mas triunfó en seis departamentos, pero perdió las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija. Las principales ciudades eligieron alcaldes opositores (Órgano Electoral Plurinacional, 2017).[2] En el ámbito económico, el gobierno se enfrentó al desafío de mantener la estabilidad conseguida en sus dos gestiones anteriores, a pesar del contexto internacional adverso.

Tema esencial de este periodo fue la continuidad y profundización del Estado plurinacional, siendo el eje central las autonomías departamentales, municipales e indígenas. Sin embargo, todos esos temas estructurales perdieron visibilidad por la coyuntura crítica que se inició a partir del referéndum constitucional de febrero de 2016 para aprobar o rechazar la reforma del artículo 168 de la Constitución, que limitaba la reelección indefinida de autoridades estatales. El No ganó con 51.3% y el Sí perdió con 48.7% en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba (Órgano Electoral Plurinacional, 2017).

Durante la campaña para el referendo surgieron nuevos actores y fuerzas políticas, principalmente de la clase media urbana y extrapartidarias, que se identificaron como plataformas y cuyos discursos se enfocaron en la defensa de la democracia y la no postulación de Morales en las elecciones de 2019. En ese espacio surgió Comunidad Ciudadana, con el liderazgo de Carlos Mesa, quien quedaría en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre. Estos sectores protagonizaron las movilizaciones en rechazo de la sentencia constitucional que, en noviembre de 2017, dio curso a la demanda del mas, permitiendo la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y, por ende, habilitando a Morales para su postulación en 2019.

Durante la conmemoración del segundo año del referendo constitucional, los comités cívicos, gremios profesionales, plataformas e iglesias, con apoyo de partidos de oposición, protagonizaron la movilización del 21 de febrero de 2018, cuyo lema fue la renuncia de Morales a su candidatura, donde se evidenció una aguda polarización en torno al clivaje étnico entre sectores populares, campesinos e indígenas (base social del mas) y la clase media urbana movilizada, en combinación con la disociación democracia/autoritarismo. En septiembre de 2018 se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional la nueva Ley de Organizaciones Políticas, misma que aceleró el cronograma electoral, forzando a los partidos a presentar sus candidatos para las elecciones primarias, un proceso inédito en la democracia boliviana. Sin embargo, la oposición no fue capaz de consolidar la unidad y mostró a sus candidatos de manera dispersa. Después de una fase de fortalecimiento, la oposición encaró el inicio de 2019 sumida en la incertidumbre.

El desenlace: elecciones del 20 de octubre y renuncia de Evo Morales

Para explicar el crítico desenlace de las elecciones del 20 de octubre de 2019, es necesario vislumbrar la coyuntura crítica que se desarrolló desde la noche del domingo 20 de octubre hasta la renuncia de Morales, el domingo 10 de noviembre. Se identificó una primera fase de incertidumbre, donde sectores medios urbanos se levantaron para rechazar la amenaza de fraude; idea que tomó fuerza la misma noche de las elecciones, cuando la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (trep) se detuvo tras la emisión de los resultados en 83% de las actas escrutadas. En ese momento, el candidato opositor, Carlos Mesa, ocupaba el segundo lugar y dio por sentado que iría a segunda vuelta, mientras que Morales confiaba en que el voto rural le daría el triunfo en la primera. El lunes 21 de octubre se publicaron los resultados de la trep con 95.22% de las actas escrutadas, que descartaban la segunda vuelta y daban el triunfo a Morales. En un comunicado, la oea declaró que existía un cambio drástico, difícil de justificar en los resultados electorales, entonces llamó a la calma y a esperar los resultados del cómputo oficial. Desde entonces las protestas de sectores medios urbanos se expresaron mediante la quema de Tribunales Electorales Departamentales en las principales ciudades, al igual que en una serie de bloqueos que se extendieron durante semanas. El martes 22 de octubre, el presidente Morales hizo un pedido a la oea para que realizara una auditoría al proceso electoral con resultados vinculantes. Paralelamente, el dirigente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, anunció que desconocerían el nuevo mandato de Morales y que posicionarían a otro presidente, sin aclarar a quién. Por su parte, las bases sociales del mas empezaron las movilizaciones en defensa de su voto. Ante la escalada de violencia, la oea recomendó ir a segunda vuelta como la mejor salida para la crisis; Carlos Mesa denunció un fraude gigantesco en marcha y Evo Morales advirtió sobre la amenaza de un golpe con el liderazgo de los comités cívicos y las Fuerzas Armadas. El jueves 24 de octubre se anunciaron los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral: Morales obtuvo 47.08% de los votos, seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (cc), con 36.1%, lo cual descartaba la segunda vuelta.

Para Carlos Mesa se había confirmado el fraude, mientras que Morales anunció que acataría los resultados de la auditoría de la oea. El domingo 27 de octubre los campesinos e indígenas articulados en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, base social y electoral del mas, informaron del bloqueo nacional en rechazo al golpe de Estado. La noche del martes 29 de octubre Luis Fernando Camacho exigió, en un mitin multitudinario a los pies del Cristo Redentor, la anulación de las elecciones. Desde entonces Camacho pasó a liderar la oposición y Carlos Mesa se replegó, lo que llevó a la configuración de una oposición radicalizada, con tintes racistas y evocaciones religiosas. Tras una escalada de violencia, inédita durante los 14 años de gobierno del mas, y sin haber recurrido a las fuerzas policiales ni militares para reprimir las protestas, el domingo 10 de noviembre por la mañana el presidente Morales anunció, en rueda de prensa, la renuncia a su candidatura y la convocatoria a nuevas elecciones. Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, sugirió al presidente que renunciara y la policía apoyó la decisión, logrando que, en la tarde del domingo, el binomio Evo Morales y García Linera renunciara: “Toda esa situación llevó a Evo Morales a presentar su renuncia y refugiarse en el Chapare, frente al temor de que se cumpliera la orden de aprehensión en su contra. Ha sido un golpe de Estado con características distintas: no ha sido un golpe de las Fuerzas Armadas para implantar una junta militar ni ha habido un cambio de régimen de gobierno, pero sin duda se ha producido el derrocamiento de un presidente constitucional mediante la fuerza” (Fernando Mayorga, entrevista personal, 15 de noviembre de 2019).[3]

Los hechos que se sucedieron a partir de la renuncia de Morales constituyeron una fase autoritaria, donde las fuerzas militares y policiales salieron a reprimir provocando un saldo de más de 30 muertos, cientos de heridos y detenidos. Actualmente se estableció un gobierno transitorio para convocar a elecciones, pero cuya legitimidad ha sido altamente cuestionada porque Jeanine Añez, exsenadora por el Partido Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, se autoproclamó como presidente en una sesión irregular, sin que existiera el quorum que determina la ley. Fue investida por un militar, para luego festejar su triunfo saliendo al balcón del Palacio de Gobierno junto con los líderes cívicos de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y, de Potosí, Marco Pumari, con la Biblia en la mano, mientras los manifestantes quemaban la wiphala en los exteriores.

Los primeros días de gobierno se emitieron dos decretos que han sido cuestionados por instancias de derechos humanos, especialmente por la cidh, porque liberaron a las Fuerzas Armadas de responsabilidades tras la represión y entrega de aportes económicos que no estaban contemplados en el gobierno anterior. Así terminaron los 14 años de gobierno del mas y de los sindicatos campesinos e indígenas de Bolivia, sin un informe definitivo por parte de la oea, con la renuncia forzada del presidente por las dos fuerzas coercitivas del Estado. El derrotero de la política boliviana depende de las siguientes elecciones, a convocarse en las próximas semanas; por las características de los actores, los discursos desplegados y las estrategias del gobierno de transición, parecen anunciar el fin de un ciclo estatal.

* Instituto de Altos Estudios Nacionales (iaen). Red de Politólogas-#nosinmujeres

[1] Consultado el 12 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50365697
[2] Órgano Electoral Plurinacional (2017). Atlas Electoral de Bolivia, La Paz.
[3] Entrevista a Fernando Mayorga, Director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad de San Simón de Cochabamba (cesu-umss), 15 de noviembre de 2019.

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